José Hernández González

Expediente 390/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
390/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • José Hernández González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, respecto del cumplimiento al fallo protector que la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el presente expediente. En ese tenor, a fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar lo siguiente: Por resolución de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se determinó en su primer punto resolutivo conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Hernández González. En el caso, destaca que el fallo protector se otorgó para que la Junta responsable, realizara lo siguiente: En mérito de lo anterior, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: ? Dictar de inmediato los acuerdos relativos a los escritos presentados por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil veintiuno y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 649/2004 de su índice, toda vez que ha fenecido el término establecido para ese efecto por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo." Posteriormente, en cumplimiento al fallo protector en proveído de cuatro de los cursantes, se acordó el oficio signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; sin embargo, en virtud que aún no causaba ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, se reservó respecto de su contenido. Después, mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto, y se proveyó respecto del oficio reservado que fuera remitido por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al que anexó copia certificada del proveído de veintiocho de abril del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 649/2004, de su índice; documentales con las que se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniere, sin que hayan hecho manifestación al respecto. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, la suscrita juzgadora federal estima que la autoridad responsable HA DADO CUMPLIMIENTO a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que el veintiocho de abril del año en curso, dicto un proveído en el cual se pronunció respecto a los escritos presentados por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil veintiuno y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 649/2004 de su índice. Omisiones que constituyeron los puntos primordiales del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, de rubro y texto siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el precepto 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger los documentos originales que aportó al procedimiento, consistente en el escrito de trece de septiembre de dos mil veintiuno, con sello original de recibido en esa misma fecha y escrito de dieciocho de febrero del año en curso, con sello original de recibido el veintiuno siguiente; con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale; bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se le devolverán los citados documentos. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con la circular SECNO/6/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso José Hernández González; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, de la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de cuatro de mayo del año en curso, se reservó acordar el oficio signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remitió copia certificada del proveído veintiocho de abril del año en curso, dictado en el expediente laboral 649/2004, de su índice, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia emitida dentro del presente asunto; en consecuencia, en virtud que ello acontece en el presente acuerdo, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista y córrase traslado a las partes con la citada constancia, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, se resolverá lo relativo respecto del cumplimiento al fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    mesa 6VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, remite entre lo que destaca, copia certificada del acuerdo de veintiocho de abril del año en curso, dictado en el expediente laboral 649/2004, de su índice. Atento a lo anterior, y toda vez que de la certificación de cuenta se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo de diez días que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga el recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; por tanto, se reserva acordar respecto del contenido del oficio de cuenta, hasta en tanto fenezca dicho término. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 390/2022-6, promovido por **********, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el veintitrés siguiente, y turnada a este órgano jurisdiccional el veinticuatro de marzo posterior, José Hernández González, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS 1 ".1.- La OMISIÓN DE ACORDAR PROMOCIONES DONDE SE SOLICITA LA EJECUCION DEL LAUDO EMITIDO POR LA JUNTA. Escritos presentados el 13 de septiembre de 2021 y 21 de febrero de 2022, respectivamente, ante la autoridad responsable. 2- LA OMISION DE EJECUTAR EL LAUDO DICTADO POR LA JUNTA LA CUAL PRESIDE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EL INCUMPLIMIENTO REITERADO Y SISTEMATICO DE LO QUE LE ORDENA AL PRESIDENTE EJECUTOR EL ARTICULO 940 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Por lo que, ante esos actos reclamados se violan las garantías constitucionales de obtener justicia pronta y expedita y el derecho de acceso a la justicia, así como al derecho de justicia completa, al no realizar las medidas necesarias para que él accionante obtenga lo que se determinó en una sentencia." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 390/2022-6, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción; dada la naturaleza de la cuestión planteada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de acordar los escritos presentados el trece de septiembre de dos mil veintiuno y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el expediente laboral 649/2004, de su índice, mediante los cuales peticiona la ejecución del laudo emitido en el citado juicio. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado y remitió diversas copias certificadas deducidas del expediente laboral 649/2004, de su índice, con las cuales acredita dicha circunstancia; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Sustancialmente, la parte quejosa alega la omisión de la junta responsable de acordar sus escritos presentados ante dicha autoridad el trece de septiembre de dos mil veintiuno y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 649/2004, de su índice, a través de los cuales peticiona la ejecución del laudo emitido en el citado juicio. Sobre el particular, la parte quejosa aduce que la junta responsable viola en su perjuicio los artículos 8, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, refiere que las autoridades en cuestión vulneran su derecho fundamental a que se le administre justicia pronta y expedita. En ese tenor, supliendo la deficiencia de los aludidos conceptos de violación, se hará el análisis relativo únicamente por lo que respecta al numeral 17 constitucional, el cual tutela el referido derecho fundamental, prescindiéndose el examen de los restantes por ser ajenos a su planteamiento. Con base en lo anterior, la suscrita considera fundado el concepto de violación propuesto por el quejoso. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El derecho fundamental contenido en el precepto constitucional precitado, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Así, el precepto constitucional en comento señala, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a la administración de justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Dichos atributos del derecho a la administración de justicia (prontitud, imparcialidad y gratuidad), han sido explicados por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En ese tenor, la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da" Al respecto, la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte, para lo cual las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que se ha dejado de observar lo previsto en los ordinales 771 y 838 del citado ordenamiento jurídico, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 771.- Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos". "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". Como se puede advertir, en el artículo 771 transcrito, el legislador impuso a los Presidentes de las Juntas y a los Auxiliares el deber de cuidar bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, lo cual es congruente con el derecho fundamental de justicia pronta a que se refiere el numeral 17 segundo párrafo de la Constitución General de la República. Asimismo, en el aludido artículo 838, se observa que la Junta debe dictar sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. Lo anterior se ha incumplido por parte de la junta responsable, porque a la fecha no le ha recaído acuerdo alguno a los escritos presentados por la parte actora, aquí quejosa el trece de septiembre de dos mil veintiuno y veintiuno de febrero de dos mil veintidós. De ahí que se concluya que la omisión y dilación aludida vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental a que se le imparta justicia pronta y expedita, consagrado en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues a la fecha de la audiencia constitucional la junta responsable no ha dado respuesta a los escritos presentados por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil veintiuno y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en los cuales solicitó la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral de origen; lo anterior, patentiza la violación constitucional señalada, pues resulta que su actuar no se ha ajustado a los términos y plazos previstos en la legislación laboral, tal y como lo decreta el artículo 17 de la Ley Fundamental. Cabe mencionar, que si bien es cierto que la responsable al rendir el informe justificado respectivo, manifestó que la parte demandada interpuso juicio de amparo directo 871/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, contra actos de dicha autoridad, consistente en el laudo de treinta de abril de dos mil veintiuno; también lo es, que ello no es motivo suficiente o impedimento para que acuerde lo que en derecho corresponda, respecto de las peticiones presentadas por la parte quejosa. En las relatadas circunstancias, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Dictar de inmediato los acuerdos relativos a los escritos presentados por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil veintiuno y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 649/2004 de su índice, toda vez que ha fenecido el término establecido para ese efecto por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6º, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos QUINTO y SEXTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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