Jose Gustavo Tenorio Camarillo
Expediente 2092/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2092/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/04/2023
Partes del expediente
- Jose Gustavo Tenorio Camarillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de abril de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído del trece de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el uicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Tomando en consideración que el juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla remitió tres legajos de pruebas a este órgano jurisdiccional, en consecuencia, se ordena su devolución. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de marzo de dos mil veintitrés. Juzgado homologo informa. La secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, da cumplimiento a lo solicitado el pasado tres de marzo, e informa que dicho juzgado ya emitió sentencia el dos de marzo de la presente anualidad en el juicio de amparo 2133/2022-IV-B, de su índice; sentencia que anexa al oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza, de oficio, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)." Asimismo, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia aludida, se transcribe el contenido de la fracción X, del citado precepto legal, que dice lo siguiente: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Los numerales transcritos previenen la improcedencia del juicio constitucional en caso de que los actos reclamados hayan sido materia de otro juicio de amparo promovido por los mismos quejosos, contra los mismos actos de las mismas autoridades; para explicar con mayor detalle los relieves de esta institución jurídica, es conveniente recordar lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión del veinticinco de septiembre de dos mil siete, la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004: "El planteamiento formulado en este medio abstracto de control constitucional consiste, esencialmente, en que la introducción de la acción de nulidad de juicio concluido en el ordenamiento adjetivo civil del Distrito Federal, vulnera la "cosa juzgada"; sin embargo, lo trascendente es verificar si a través de esa violación alegada se transgrede o no alguno o diversos preceptos de la Constitución Federal. Así pues, la cosa juzgada es una forma que las leyes procesales han previsto, como regla que materializa la seguridad y la certeza jurídicas que resultan de haberse seguido un juicio que culminó con sentencia firme. En efecto, la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio de los Jueces. En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da seguridad y certeza jurídica a las partes. Así también la cosa juzgada se encuentra en el artículo 17 de la propia Constitución Federal que, en su tercer párrafo, establece: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, sólo en cuanto la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas. Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además de que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto de la cosa juzgada, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus formalidades esenciales. En contraposición a ello, la autoridad de la cosa juzgada no puede invocarse y confirmarse cuando ese debido proceso no tuvo lugar en el juicio correspondiente. El valor que la seguridad y la certeza jurídica tienen para el Estado no está a discusión, como tampoco lo está el hecho de que las sentencias definitivas establecen, con carácter rígido, la verdad legal del caso concreto. Esta última, en su inmutabilidad, eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto a quienes fueron parte en el juicio, sus garantías de seguridad y certeza jurídica. A través del sistema jurídico debe buscarse proveer de certeza a los litigantes, de modo tal que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva y firme, por lo cual no debe consentirse la impugnación de la cosa juzgada y no debe abrirse, por tanto, una nueva relación procesal respecto de una cuestión jurídica que ya está juzgada y cuyas etapas procesales se encuentran definitivamente cerradas; de ahí que la impugnación de la cosa juzgada es irracional, pues la autoridad de esta última, en nuestro sistema, debe estimarse absoluta, sin que pueda considerarse que la cosa juzgada se establezca sólo por razones de oportunidad y utilidad, y que puedan también por excepción justificar su sacrificio, en aras de dotar de eficacia a la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, así como para evitar el desorden y el mayor daño que podría derivarse de la conservación de una sentencia que, como acto jurídico, contenga algún vicio de nulidad que la torna ilegal. De ahí que, en nuestro medio, los principios que inspiran la inmutabilidad de las sentencias son absolutos, y no deben ceder frente a algunos otros de origen también constitucional, como el derecho de acceso efectivo a la jurisdicción, pues éste se encuentra debidamente garantizado, en la medida que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados, impugnar oportunamente las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio del que las decisiones judiciales pudieran adolecer. Entonces, como ya se dijo, la institución de la cosa juzgada se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, al descansar precisamente en dicha inmutabilidad, los principios de seguridad y certeza jurídica. La cosa juzgada formal en realidad constituye una expresión de la institución jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva; por ello, la cosa juzgada en sentido estricto es la que se califica como material e implica la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse en cualquier proceso futuro, sin desconocer que la formal es condición necesaria para que la material se produzca. La cosa juzgada se configura sólo cuando una sentencia debe considerarse firme, es decir, cuando no puede ser impugnada por los medios ordinarios o extraordinarios de defensa; sin embargo, existen fallos que no obstante su firmeza no adquieren autoridad de cosa juzgada, ya que pueden ser modificados cuando cambien las circunstancias que imperaban cuando se emitió la decisión, como ocurre, verbigracia, con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual, las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que las leyes prevean, como aquéllas pronunciadas en los interdictos y acerca de las medidas precautorias, pueden alterarse cuando se modifiquen las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. Aun cuando el concepto de autoridad de la cosa juzgada se aplica a todas las ramas procesales, su regulación adquiere algunos aspectos peculiares en los ordenamientos procesales civiles y los de carácter penal, aunque se utiliza también en la materia administrativa." De la ejecutoria de mérito, derivó la jurisprudencia 86/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 590 del tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros." De lo transcrito se desprende que la institución jurídica de la cosa juzgada pretende dar seguridad jurídica a los gobernados, proporcionando firmeza e inmutabilidad a las cuestiones que ya fueron materia de debate en un juicio anterior, disposición que responde a la necesidad de que los aspectos litigiosos no sigan de forma perpetua e indefinida, sino que eventualmente tengan un fin, contribuyendo de esa suerte a alcanzar la estabilidad y seguridad jurídica a la que aspira la sociedad, pues de lo contrario nunca se tendría certeza sobre la firmeza de las situaciones jurídicas. Con base en lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aun cuando las violaciones reclamadas sean diversas. En ese tenor, cabe sostener que los requisitos que deben actualizarse para que opere la causa de improcedencia aludida son los siguientes: Que el acto reclamado sea el mismo que fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; Que lo haya promovido el mismo quejoso; y Que se haya promovido contra las mismas autoridades. Así, con el propósito de establecer si en el caso concreto se cumplen tales requisitos, se toman en cuenta los datos que se advierten de la demanda de amparo materia de este juicio y del diverso amparo 2133/2022-IV-B del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, los cuales son visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, en el apartado relativo a los expedientes relacionados al presente asunto, que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo y de los que se agrega impresión al juicio de amparo en que se actúa, para que obren como en derecho corresponda Sirve de apoyo, por analogía, el siguiente criterio jurisprudencial: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Datos que son los siguientes: Expediente Juzgado 2092/2022 Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla 2133/2022 Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla Parte Quejosa José Gustavo Tenorio Camarillo. José Gustavo Tenorio Camarillo. Autoridades Responsables Juzgado Primero Auxiliar de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Juzgado Primero Auxiliar de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Actos Reclamados La sentencia interlocutoria dictada el tres de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente 257/2021-6FAP/1AUX0448/2022, del índice del Juzgado Primero citado. La sentencia interlocutoria dictada el tres de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente 257/2021-6FAP/1AUX0448/2022, del índice del Juzgado Primero citado. Como se ve, el diverso juicio de amparo 2133/2022-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, lo promovió la parte quejosa José Gustavo Tenorio Camarillo, y se le tuvo reclamando la resolución de tres de octubre de dos mil veintidós, en el que declaró infundado el incidente de petición de herencia promovido por la parte quejosa, en el juicio sucesorio 257/2021-6FAP/1AUX0448/2022. Entonces, es evidente que el referido juicio de amparo y el presente se promovieron por la misma persona, en contra de las mismas autoridades y se reclamó el mismo acto, con independencia de que los conceptos de violación varíen en cada demanda, por lo que es válido sostener que el acto ya fue materia del primer amparo, lo que torna improcedente el segundo, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio. En efecto, en el citado juicio de amparo 2133/2022-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se advierte que mediante sentencia de dos de marzo de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, Lo anterior pone de manifiesto que el acto que se controvierte en este juicio ya fue materia de una resolución dictada en el diverso juicio de amparo ********************lo que conlleva a que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues interpretarlo de otra manera implicaría una vulneración frontal al principio de cosa juzgada, en tanto que ya existe un pronunciamiento firme en los términos apuntados con anterioridad, aunado a que se trastocaría la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, lo que resulta inaceptable. Es aplicable la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 142, Volumen 205-216 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Además, encuentra sustento, en lo conducente, la diversa jurisprudencia 90/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 291 del tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 2010, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado." En ese orden de ideas, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con cuarenta minutos del catorce de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de marzo de dos mil veintitrés. Juzgado homologo informa. La secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla informa el contenido del acuerdo del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ********************, de cuya lectura se desprende que el veintitrés de febrero del año en curso se celebró la audiencia constitucional, y se está en espera de que se dicte sentencia definitiva. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia, se solicita atentamente al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que una vez que dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo ********************, comunique dicha determinación a este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Se informa a Juzgado Federal la coincidencia de actos. Se difiere la audiencia constitucional Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que de este juicio de amparo se desprenden los siguientes datos: Parte quejosa. ********************. Tercero interesado. ********************. Autoridades responsables: Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Juez Primero Auxiliar de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Actos reclamados: La interlocutoria del tres de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de petición de herencia interpuesto por la parte quejosa en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Auxiliar de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Asimismo, se observa que por auto del nueve de febrero de dos mil veintitrés se tuvo a la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, informando que vinculó a este asunto el expediente electrónico relativo al juicio de amparo ********************, de su índice, del que se desprenden los datos que a continuación se detallan: Parte quejosa. ********************. Tercero interesado. ********************. Autoridades responsables: Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Diligenciario adscrito al Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Juez Primero Auxiliar de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Actos reclamados: La declaratoria de herederos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ********************. La interlocutoria del tres de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de petición de herencia interpuesto por la parte quejosa en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Auxiliar de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. La falta de notificación de la interlocutoria en cuestión. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en el presente medio de control constitucional, esto es, la interlocutoria del tres de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de petición de herencia interpuesto en el expediente ********************, también figura como uno de los actos reclamados en el diverso juicio de amparo ********************, que también promovió el quejoso ********************. Lo anterior adquiere especial importancia, y para justificar tal afirmación es necesario traer a colación lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 49. Cuando la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por la misma quejosa o quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos. En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio." De lo transcrito se desprende que cuando una Jueza o Juez de Distrito, ante quien se promueva un juicio de amparo, tenga conocimiento que otro juzgado está conociendo de un diverso amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y el mismo acto reclamado, debe comunicarlo mediante oficio a dicho órgano jurisdiccional, anexando la certificación del día y hora de la presentación de la demanda, así como la primera actuación. Recibido el oficio, el Juzgado Federal deberá resolver dentro de las veinticuatro horas si se trata de mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, debiendo comunicar su decisión, en el entendido de que estima que quien debe conocer del juicio es el Juez oficiante, remitirá los autos de su expediente. Lo anterior, a fin de que un solo Juez conozca de los juicios y, en caso de resolver que se trata del mismo, sobresea en uno de ellos. Caso concreto. Con base en lo expuesto, se estima procedente girar atento oficio al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a fin de comunicarle que el presente juicio de amparo se reclama uno de los actos que también se reclaman en el diverso amparo ********************, de su índice, consistente en la interlocutoria del tres de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de petición de herencia interpuesto en el expediente ********************, aunado a que ambas demandas fueron promovidas por ********************. Asimismo, como se certificó al inició de este proveído, se le hace saber que la demanda de amparo en este expediente se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós a las nueve horas con treinta y tres minutos. Además, se ordena Oficial Judicial respectivo para que realice las acciones necesarias para vincular el expediente electrónico del presente juicio al ********************, a fin de que el Juez Sexto de Distrito pueda consultar sus actuaciones. Lo anterior con la finalidad de que el Juez Federal esté en aptitud de pronunciarse en términos del artículo 49 de la Ley de Amparo, solicitándole respetuosamente que comunique su determinación. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Notifíquese; y electrónicamente al quejoso.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- José Guillermo Perez Monroy1532/2021
- Jose Guillermo Urbina Rosales30/2023
- José Guillermo Urbina Rosales42/2020
- Jose Guillermo Urbina Rosales1957/2023
- Jose Gustavo Becerril Lopez1645/2022
- José Gustavo Rosales Bretón271/2018
- Jose Gutierrez Herrera2221/2022
- José Gutiérrez Herrera1058/2020
- Jose Henos Baltezar Dorado1432/2023
- Jose Heriberto Eric Perez Morales449/2022
- José Heriberto Eric Pérez Morales1377/2021
- Jose Heriberto Gonzalez Paniagua1495/2022