José Gustavo Rosales Bretón

Expediente 271/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
271/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • José Gustavo Rosales Bretón

Actuaciones

  1. Principal

    Se aclara destrucción de expediente. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído del cinco de diciembre de dos mil dieciocho se ordenó el archivo del presente cuaderno de antecedentes, por lo que se determinó su destrucción una vez transcurridos cinco años de su archivo, al considerar que encuadraba en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el punto primero, fracción XX del referido acuerdo, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes constituye un cuaderno auxiliar, por lo que encuadra en el supuesto previsto en el diverso punto vigésimo, fracción I del citado ordenamiento legal. Por ende, se aclara que el presente cuaderno de antecedentes debe destruirse una vez transcurridos seis meses de su archivo, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Finalmente, toda vez que el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho materialmente se remitió el presente expediente al archivo de este Juzgado, hágase su devolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por ***, través de su apoderado legal ***, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo ***. En el caso concreto, la parte quejosa solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades ordenadoras: 1. [.] Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía. 2. [.] Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía. 3. [.] Jefe de la Unidad de Electricidad de la Comisión Reguladora de Energía. 4. [.] Secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía. Autoridades ejecutoras: Director General de la Subsidiaria de Suministro de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad. ACTOS RECLAMADOS: Autoridades ordenadoras: 1. Del [.] Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, la omisión normativa consistente en la falta de expedición de las disposiciones administrativas de carácter general que exigen el artículo 138, fracciones II y III, de la Ley de la Industria Eléctrica, así como el artículo 47 de su reglamento que, para mayor claridad, nos permitimos (sic) transcribir: (.) 2. Del H. Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, se reclama lo siguiente: a) La omisión normativa consistente en la falta de expedición de las disposiciones administrativas de carácter general que exigen el artículo 138, fracciones II y III, de la Ley de la Industria Eléctrica, así como su artículo 47 de su reglamento, que para mayor claridad nos permitimos (sic) transcribir: (.) b) La expedición del acuerdo A/058/2017, de fecha 23 de noviembre de 2017, por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, durante el período que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, el cual jamás ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación; por lo tanto, no puede surtir efectos jurídicos frente a terceros, como lo dispone claramente el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que nos permitimos (sic) transcribir: (.) c) La expedición del acuerdo A/074/2015, de fecha de 31 de diciembre de 2015, por el que la Comisión Reguladora de Energía expide las tarifas que aplicará la Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de distribución de energía eléctrica durante el período que comprende del 1 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018, el cual jamás ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación; por lo tanto, no puede surtir efectos jurídicos frente a terceros, como lo dispone claramente el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que nos (sic) permitimos transcribir: (.) 3. Del Jefe de la Unidad de Electricidad de la Comisión Reguladora de Energía, se reclama la indebida aplicación mensual de un "acuerdo privado", pero cuyo contenido es de interés público en perjuicio de la quejosa como lo es el acuerdo A/058/2017, de fecha 23 de noviembre de 2017, el cual se reitera, jamás ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por lo tanto, no puede surtir efectos jurídicos frente a terceros, como lo dispone claramente el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que nos (sic) permitimos transcribir: (.) 4. Del Secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía, se reclama la falta de publicación de los Acuerdos A/074/2015 y A/058/2017, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación [.] Autoridad ejecutora: Del Director General de CFE Suministrador de Servicios Básicos, se reclama el cobro mensual de las tarifas finales por el servicio público de suministro eléctrico a la quejosa, determinadas ilegalmente en base a "acuerdos privados", cuando las tarifas debieron determinarse con base disposiciones administrativas de carácter general, como lo exige expresamente la legislación aplicable (.)" A partir de lo expuesto, se desprende que la parte quejosa atribuye al Comisionado Presidente y al Órgano de Gobierno, ambos de la Comisión Reguladora de Energía, la omisión de expedir la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas que regulen el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro eléctrico en las modalidades de suministro básico y de último recurso. De igual manera, reclama al Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, la emisión de los acuerdos A/074/2015 y A/058/2017, a través de los cuales se expidió la metodología para fijar las tarifas finales que, en su caso, aplicaría CFE Suministrador de Servicios Básicos por la prestación del suministro básico de energía eléctrica durante los ciclos tarifarios del dos mil dieciséis al dos mil dieciocho. Asimismo, reprocha al Jefe de la Unidad de Electricidad y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía, la omisión de publicar dichos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación, así como su aplicación mensual, respectivamente. Finalmente, también atribuye al Director General de CFE, Distribuidor de Servicios Básicos, el cobro mensual de las tarifas finales por el servicio público de suministro eléctrico, con base en los acuerdos A/074/2015 y A/058/2017. Presupuesto procesal de competencia. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, ya que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia. Ahora bien, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a. Competencia por territorio; b. Competencia por materia; c. Competencia por razón de la vía; y, d. Competencia auxiliar. Una vez establecido lo anterior y después de analizar en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, este juzgado federal estima carecer competencia por subespecialización para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente. Para demostrar lo anterior, es necesario señalar que el once de junio de dos mil trece se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 94, que en la parte que interesa, actualmente dispone lo siguiente: El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por su parte, en el artículo Décimo Segundo Transitorio de la reforma constitucional mencionada se estableció lo siguiente: El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. (.) El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. Con motivo de la reforma constitucional referida, el Consejo de la Judicatura emitió el Acuerdo General 22/2013 en el que estableció la creación de Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, pero especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En torno al tema de la competencia de los órganos subespecializados en esas materias, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el objetivo de su creación fue dirimir las controversias suscitadas en esas materias mediante la aplicación de conocimientos técnicos que se estiman de alta complejidad, razón por la cual, aun cuando en un juicio de amparo se reclamara una vulneración al derecho de acceso a la información, si se relacionaba con los temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, debían conocer de él los órganos jurisdiccionales subespecializados en esas materias. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 que dispone lo siguiente: ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. En la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se planteó la necesidad de crear órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en atención a la complejidad de los aspectos técnicos que involucran a esas materias y para dar consistencia y homogeneidad a su marco regulatorio y evitar criterios distintos y contradictorios. En ese sentido, si bien es cierto que el derecho de acceso a la información encuadra dentro de la materia administrativa en general, también lo es que cuando una solicitud de acceso a la información entraña cuestiones relacionadas con la materia de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo o sus recursos cuando el acto reclamado consiste en la decisión adoptada respecto a dicha solicitud es el especializado en esas materias, pues su resolución no implica que sólo se abordarán aspectos relativos a ese derecho, como pueden ser el propio acceso a la información, los medios por los que se ejerce aquél o las limitaciones que al respecto pueden determinarse, sino que también debe resolverse si la información fue completa y congruente, así como si las reservas fueron fundadas y motivadas, entre otras cuestiones relacionadas con la materia especializada, lo cual es compatible con la competencia de los órganos jurisdiccionales en esas materias. Ahora, para determinar a qué órgano le corresponde el conocimiento del asunto, conviene reproducir los artículos 28 y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece: Artículo 28. (.) El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. (.) La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: (.) VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales (.) Artículo 94. (.) El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito (.) De los supuestos normativos transcritos se desprende que corresponde al Estado, a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros objetivos, garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen el propio ordenamiento y las demás leyes aplicables. En relación con lo anterior, la Constitución Federal precisa que los actos relacionados con esas materias sólo podrán impugnarse a través del juicio de amparo substanciado ante jueces y tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Lo expuesto permite concluir que, a partir de la reforma constitucional de junio de dos mil trece, se creó en el ámbito jurisdiccional de los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación una subespecialidad inmersa en la materia administrativa, consistente en el derecho económico regulatorio, vinculado con temas en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, cuyo conocimiento compete a los referidos tribunales especializados. En esa medida, como primera conclusión, se obtiene que la competencia de los asuntos vinculados con las subespecialidades apuntadas corresponde a los jueces especializados cuando se trata de actos emitidos expresamente por la Comisión Federal de Competencia Económica y por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Empero, el análisis integral del mandato constitucional en estudio también permite concluir que el presupuesto de conocimiento de los órganos especializados puede actualizarse atendiendo al contenido material de los actos u omisiones reclamadas, esto es, tratándose de aquéllas determinaciones que estén vinculadas con las materias de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, con independencia del carácter formal de la autoridad administrativa a quien se le atribuye. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.) del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. Asimismo, es aplicable, por su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 33, agosto de dos mil dieciséis, tomo II, página 1092, del siguiente rubro y texto: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado. Atento a lo anterior, para definir la actualización de ese presupuesto procesal, tratándose de autoridades distintas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, es necesario valorar el contenido material de los actos reclamados, los cuales en el caso concreto se hicieron consistir en lo siguiente. i) La omisión de expedir la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas que regulen el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro eléctrico en las modalidades de suministro básico y de último recurso. ii) La emisión de los acuerdos A/074/2015 y A/058/2017, a través de los cuales se expidió la metodología para fijar las tarifas finales que, en su caso, aplicaría CFE Suministrador de Servicios Básicos por la prestación del suministro básico de energía eléctrica durante los ciclos tarifarios del dos mil dieciséis al dos mil dieciocho. iii) La omisión de publicar dichos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación, así como su aplicación mensual; y, iv) El cobro mensual de las tarifas finales por el servicio público de suministro eléctrico, con base en los acuerdos A/074/2015 y A/058/2017. De un análisis objetivo de la naturaleza de los actos reclamados es posible establecer que se involucran con la subespecialidad de competencia económica, toda vez que la flexibilización de los precios y tarifas del suministro básico de la industria eléctrica obedece a cuestiones de esa naturaleza. En efecto, tal como se precisó con anterioridad, en el acuerdo A/058/2017 se expidió la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como de las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, durante el período que comprende del uno de diciembre de dos mil diecisiete y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. A continuación, se reproduce el acuerdo referido en la parte que interesa: (.) (.) (.) (.) (.) De lo anterior se advierte que la Comisión Reguladora de Energía emitió la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales y de operación de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, para finales de dos mil diecisiete y todo el dos mil dieciocho, de conformidad con lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, con el objetivo, entre otros, de que el régimen tarifario del suministro básico garantice el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la citada ley y su reglamento, procurando una transición ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista, para asegurar: (i) la estabilidad de precios y su predictibilidad, (ii) la transparencia, (iii) la recuperación de costos, (iv) la factibilidad y la (v) eficiencia en la regulación tarifaria. De esa manera se destaca en el acuerdo reclamado que dentro de los objetivos de la aplicación de las metodologías y tarifas reguladas es promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales, así como determinar tarifas que permitan a los suministradores de servicio básicos obtener ingresos necesarios para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento, impuestos aplicables y una rentabilidad razonable. Tarifas que deben regirse bajo los principios que permitan el desarrollo eficiente de la industria y de mercados competitivos. Los elementos apuntados, a juicio de este órgano jurisdiccional, denotan que los actos reclamados están vinculados directamente con la materia de competencia económica, ya que se trata de la regulación del cálculo de diversas tarifas relacionadas con los servicios prestados por la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, en aras de transitar de forma ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo, lo que de suyo lleva implícito la aplicación y comprensión de los alcances de postulados que son propios de la subespecialización en materia de competencia económica. Por ende, es inconcuso que el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones, dado que los actos reclamados tienen incidencia en la ordenación de mercados y en la regulación de actividades y servicios de interés general y prioritario, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios. Cabe destacar que la decisión adoptada por este juzgado federal, además resulta congruente con la exposición de motivos de la reforma constitucional de junio de dos mil trece, de la que se advierte que la intención del Constituyente consistió en crear tribunales especializados, entre otras cosas, con la finalidad de que existan órganos judiciales con conocimientos técnicos especializados que le permitan aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica, lo que hace razonable, que al estar en presencia de un asunto vinculado con temas regulatorios de competencia económica, con independencia del sector al que está destinado, éste sea resuelto por un órgano jurisdiccional especializado en la materia. Lo anterior, se advierte del texto de la iniciativa con proyecto de decreto que el Poder Ejecutivo Federal y los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Congreso de la Unión, y que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el doce de marzo de dos mil trece, a saber: (.) 2.1. Extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos. - - - Se intensificará la competencia económica en todos los sectores de la economía, especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía. Ello es fundamental ya que la competencia permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. Para profundizar la competencia económica de México, se instrumentará una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dote de fuerza y permanencia. Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones: - - - (.) - - - Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. - - - Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. (Compromiso 38). - - - (.) - - - La presente iniciativa responde a los compromisos señalados y constituye una suma de esfuerzos entre el Ejecutivo Federal, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Se trata de un proyecto inédito, acorde con la importancia y trascendencia de su contenido, que conjunta la visión de las principales fuerzas políticas del país y el Gobierno Federal, y que parte de la apremiante necesidad de lograr reformas que proyecten a México hacia un futuro más próspero, en beneficio de los mexicanos. - - - (.) - - - 4. Tribunales especializados y efectividad de las resoluciones. - - - Una parte importante de la regulación en materia de competencia y de telecomunicaciones es su aplicación efectiva. La mejor regulación será incapaz de lograr sus objetivos si no se puede aplicar por la interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para eludir la regulación u obtener un beneficio económico. - - - El tiempo que pasa entre la emisión de la regulación y su aplicación es vital para la efectividad de la misma. Una sanción contra una práctica monopólica o una declaración de poder dominante en el mercado requiere una aplicación eficaz y ágil, para detener las prácticas monopólicas antes de que las mismas eliminen a los competidores y ocasionen que el mercado sea acaparado por el monopolista en forma irremediable. - - - En los últimos años, ha existido una alta cantidad de litigios sobre las resoluciones en esta materia, lo que ha impedido en la práctica una mayor competencia en los mercados. Al respecto, la OCDE, en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, consideró que 'Puede decirse que el actual sistema jurídico, aunado al frecuente uso del amparo, constituye el principal factor que impide la aplicación de la regulación en México. La consecuencia, como explica el informe, es una entidad reguladora incapaz de regular, pues la responsabilidad de la implementación efectiva de la regulación queda en manos de los tribunales. Esta estructura es sin duda ineficiente y su resultado insostenible'. - - - El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad. - - - (.) - - - Por lo anterior, es urgente dotar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios. - - - Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. - - - Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. - - - Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, a juzgados y tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. - - - Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas (.) Además, este tópico ya ha sido dilucidado por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, pues al resolver la contradicción de tesis 3/2018 determinó que los Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra el acuerdo A/058/2017 emitido por la Comisión Reguladora de Energía, tal como se refleja en el siguiente criterio jurisprudencial: ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CONTRA EL ACUERDO A/058/2017 EMITIDO POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. El Acuerdo citado, por el que se expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE (Comisión Federal de Electricidad), Suministrador de Servicios Básicos, durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, está vinculado directamente con la materia de competencia económica, ya que se trata de la regulación del cálculo de diversas tarifas relacionadas con los servicios prestados por la Comisión mencionada, en aras de transitar de forma ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo, lo que lleva implícitas la aplicación y la comprensión de los alcances de postulados que son propios de la subespecialización en materia de competencia económica. Consecuentemente, los órganos jurisdiccionales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra el Acuerdo A/058/2017 emitido por la comisión reguladora de energía. Aunado a que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica deben conocer de los asuntos que impliquen fomentar la libre competencia y concurrencia en ese sector, con independencia del carácter formal de la autoridad administrativa que los haya emitido, tal como lo revelan los siguientes criterios jurisprudenciales: ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN COMO OBJETIVO CREAR CONDICIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE LOS PETROLÍFEROS, COMO LO SON LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIÉSEL. El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, y la legislación ordinaria derivada de éste provocaron el establecimiento de un modelo constitucional y legal que reconoce la participación de terceros en actos posteriores a la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos; por ello, esa reforma tiene, entre otros objetivos, crear las condiciones adecuadas para un mercado abierto y competitivo de combustibles, mediante un orden jurídico que busca fomentar la libre competencia y concurrencia en la comercialización y expendio al público de las gasolinas y el diésel. Por tanto, de los juicios de amparo o sus recursos en los que se reclamen actos de autoridad relativos a la determinación de precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, deberán conocer los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, ya que esos actos tienen como finalidad fomentar la libre competencia y concurrencia en ese sector, con independencia del carácter formal de la autoridad administrativa que los haya emitido, en virtud de que forman parte de toda una política de competencia tendente a lograr una mayor participación de los agentes económicos en ese mercado. Cabe agregar que este criterio no implica que deje de tener aplicación el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2017. ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA NÚMERO A/051/2016. La reforma constitucional en materia de energía contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y la legislación que de ésta derivó tienen, entre otros objetivos, crear las condiciones que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados en ese sector. Por tanto, de los juicios de amparo o sus recursos promovidos contra el Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece los formatos y medios para reportar la información referida en el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, aplicable a los permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano, identificado con el número A/051/2016, publicado en el medio de difusión oficial indicado el 30 de noviembre de 2016, deben conocer los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, porque si bien contiene los formatos y medios para reportar la información de los precios de venta al público y a distribuidores de gas licuado de petróleo y de propano, así como de los volúmenes comprados y vendidos, también lo es que esa información, al tratarse de precios, incide en el derecho de la competencia económica, pues la información recabada servirá, dependiendo de la evolución de los mercados, para establecer o no regulación de precios, incluso de precios máximos, cuando no existan condiciones de competencia efectiva. Cabe agregar que este criterio no implica que deje de tener aplicación el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2017. ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO RES/998/2015. La reforma constitucional en materia de energía contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y la legislación que de ésta derivó tienen, entre otros objetivos, crear las condiciones que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados en ese sector. En consecuencia, de los juicios de amparo o sus recursos promovidos contra la resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, identificada con el número RES/998/2015, publicada en el medio de difusión oficial indicado el 15 de febrero de 2016, deben conocer los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, pues contiene una regulación de carácter asimétrico que es la forma en la que se pretende asegurar una competencia efectiva en el mercado del gas natural, la cual debe prevalecer hasta en tanto se logra una mayor participación de los agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de ese mercado; máxime que el sector energético es de interés general y prioritario para el Estado Mexicano. Cabe agregar que este criterio no implica que deje de tener aplicación el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2017. No se soslaya que, en el caso concreto, también se reclama en forma destacada la omisión de expedir la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas que regulen el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro eléctrico en las modalidades de suministro básico y de último recurso, y la emisión del acuerdo A/074/2015. Sin embargo, los actos reclamados, en su conjunto, se encuentran relacionados con la subespecialidad de competencia económica, toda vez que la flexibilización de los precios y tarifas del suministro básico de la industria eléctrica obedece a cuestiones de esa naturaleza, ya que se trata de la regulación del cálculo de diversas tarifas relacionadas con los servicios prestados por la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, en aras de transitar de forma ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo, lo que de suyo lleva implícito la aplicación y comprensión de los alcances de postulados que son propios de la subespecialización en materia de competencia económica. Además, es importante hacer notar que el acto que se atribuye al Director General de la Subsidiaria de Suministro de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, que se hizo consistir en el cobro mensual de las tarifas finales por el servicio público de suministro eléctrico, con base en los acuerdos A/074/2015 y A/058/2017, no se reclama por vicios propios, sino derivado de la normatividad administrativa cuya regularidad constitucional se cuestiona. Por lo tanto, este Juzgado Federal debe declinar competencia para conocer de la demanda de amparo planteada y remitirla al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, a quien se estima competente para conocer y resolver del asunto planteado. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se declina la competencia para conocer de la demanda de amparo, con independencia de que el juicio de amparo sea o no procedente y se reúnan o no los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, se ordena remitir la demanda con sus anexos respectivos al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, en turno, a quien se estima competente para conocer de la misma, por los motivos apuntados con anterioridad; solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. No procede suspender el acto reclamado. El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, se declina la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Consulta electrónica. En otro contexto, la parte quejosa solicita que el presente juicio de amparo se substancie en la modalidad de Juicio en línea y se le realicen notificaciones por esa vía mediante el nombre de usuario ***; en consecuencia, y vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario antes mencionado correspondiente a ***; de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción IV, del citado ordenamiento legal, así como en términos del numeral 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet, haciéndole de su conocimiento que las notificaciones le serán practicadas de forma electrónica. Domicilio. Dado que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, para tal efecto éstas le serán practicadas en los términos del párrafo anterior. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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