José Guillermo Pacheco Valenzuela

Expediente 709/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
709/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • José Guillermo Pacheco Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega oficio. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, testimonio de la ejecutoria que acompaña, en la que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés y autos originales del juicio de amparo número 709/2023, promovido por **** contra actos del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración documental. IV. Se glosan solo constancias originales. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ******************** contra el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés; habiéndole correspondido el recurso de queja número ***. Notifíquese.

  3. Principal

    I. Interposición de recurso de queja. Téngase por recibido el escrito del promovente **********, mediante el cual con fundamento en lo establecido en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. II. Se rinde informe. En aras de dilaciones procesales innecesarias, al no notificarse a tercero interesado alguno en el presente juicio, ríndase el informe, en el sentido de que es cierto el auto recurrido de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. A guisa de informe, transcríbase el presente acuerdo para ser comunicado, por conducto del secretaria de juzgado, a quien se autoriza suscribir el oficio correspondiente. III. Cuaderno de antecedentes. De conformidad con el artículo 3 de la citada legislación reglamentaria, toda vez que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, de manera que las actuaciones del cuaderno físico se encuentran integradas en aquél, entre ellas, la demanda, la resolución de doce de abril de dos mil veintitrés y escrito de revisión, es innecesario formar el cuaderno de antecedentes relativo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025908 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 73/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Febrero de 2023, Tomo III, página 2704 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES INNECESARIO QUE OBRE SU COPIA EN EL CUADERNO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si es necesario que en el cuaderno principal del juicio de amparo obre agregada copia del recurso de revisión, llegaron a posturas contrarias, pues mientras uno de ellos concluyó que sí es necesaria dicha reproducción en el expediente, el otro estimó lo contrario. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que es innecesario que la reproducción del recurso de revisión obre en el cuaderno principal del juicio de amparo, dado que no es indispensable para la tramitación y solución del recurso. Justificación: El artículo 88, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, establece como requisito para el trámite del recurso de revisión que se anexe una copia de los agravios al expediente principal, además de las necesarias para correr traslado a las partes; en caso de no hacerlo, no obstante que medie requerimiento al respecto, se tendrá por no interpuesto. Tal imperativo tiende a que quede constancia del recurso de revisión en el cuaderno principal del juicio de amparo. Sin embargo, no es necesario que la copia del recurso obre agregada en el expediente de amparo, ya que el recurso no se resuelve en el indicado cuaderno principal, sino que se hace por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito en el respectivo toca a su cargo, donde obra el original, por lo que el hecho de que no quede en el sumario la reproducción aludida no afecta el trámite y la solución de ese medio de defensa. De ahí que no sea forzoso que en el expediente del juicio de amparo quede constancia de los agravios, pues su ausencia nada afecta para la debida integración y solución del asunto, por lo que entonces no debe ser requerida por el órgano jurisdiccional respectivo. Contradicción de criterios 223/2022. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito y Segundo en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 16 de noviembre de 2022. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. Criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver la queja 29/2016, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 178/2022. Tesis de jurisprudencia 73/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos mil veintidós. Nota: De la sentencia que recayó a la queja 29/2016, resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, derivó la tesis aislada I.2o.A.E.7 K (10a.), de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN, COPIA PARA EL EXPEDIENTE. EL ARTÍCULO 88, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE AMPARO, VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de agosto de 2016 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo IV, agosto de 2016, página 2694, con número de registro digital: 2012220. Esta tesis se publicó el viernes 3 de febrero de 2023 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 7 de febrero de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. IV. Remisión de constancias. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en turno, el escrito original de agravios, copia certificada del auto recurrido, de la constancia de su notificación y las demás que se consideren necesarias para apoyar el referido informe, para lo que tenga a bien determinar respecto del recurso de que se trata. V Acceso al expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Finalmente, del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el quejoso solicitó la consulta del expediente electrónico y, que las notificaciones se efectuaran por la misma vía,; por tanto, se acuerda de conformidad y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 35 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio con el usuario "********************", así como las notificaciones que deban ser personales, se le practiquen por la misma vía. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y por medio de oficio a las diversas autoridades responsables.

  4. Principal

    Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 709/2023. III. Desechamiento. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juzgado de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que la persona juzgadora haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Registro digital: 186605********************Instancia: Segunda Sala********************Novena Época********************Materias(s): Común********************Tesis: 2a. LXXI/2002 ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 448********************Tipo: ********************islada****************************************DEM********************ND******************** DE ********************MP********************RO. DE NO EXISTIR C********************US******************** DE IMPROCEDENCI******************** NOTORI******************** E INDUD********************BLE, O TENER DUD******************** DE SU OPER********************NCI********************, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ********************DMITIRL******************** ******************** TRÁMITE Y NO DESECH********************RL******************** DE PL********************NO.****************************************El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia ********************dministrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. ********************usente: José Vicente ********************guinaco ********************lemán. Ponente: José Vicente ********************guinaco ********************lemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.". Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. sí, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.****************************************hora, de la lectura integral del escrito inicial, se advierte que el acto reclamado consiste en:****************************************El acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, inserto en el comunicado de veinte de abril del mismo año, mediante el cual, se hace saber al promovente, en su carácter de asociado titular del certificado de aportación número ********************, del Club Campestre de Durango ********************sociación Civil, la exclusión definitiva e inapelable de dicha decisión.****************************************En cuanto a dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de ********************mparo, en tanto no son equiparables a los de autoridad para efectos del juicio de amparo.********************Conforme a dichos numerales, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridad, entendida ésta como aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.****************************************hora, la autoridad para efectos del juicio de amparo, debe reunir ciertas notas distintivas definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: ********************1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; ********************2. Que esa relación tenga un nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; ********************3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular: y, ********************4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.****************************************sí lo informa la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:********************"Registro digital: 161133********************Instancia: Segunda Sala********************Novena Época********************Materias(s): Común********************Tesis: 2a./J. 164/2011 ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089********************Tipo: Jurisprudencia************************************************************UTORID********************D P********************R******************** LOS EFECTOS DEL JUICIO DE ********************MP********************RO. NOT********************S DISTINTIV********************S.****************************************Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.****************************************Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia ********************dministrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. ********************usente: Sergio Salvador ********************guirre ********************nguiano. Ponente: José Vicente ********************guinaco ********************lemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.****************************************Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia ********************dministrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez.****************************************Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y ********************dministrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y ********************dministrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador ********************guirre ********************nguiano. Secretario: ********************lberto Miguel Ruiz Matías.****************************************Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano ********************zuela Güitrón. Secretario: José Eduardo ********************lvarado Ramírez.****************************************Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro ********************uxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado ********************uxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador ********************guirre ********************nguiano. Secretaria: ********************malia Tecona Silva.****************************************Tesis de jurisprudencia 164/2011. ********************probada por la Segunda Sala de este ********************lto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.".****************************************En ese sentido, es preciso tener en cuenta la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación.********************Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral.********************En estas relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.********************Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.********************Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado.********************De acuerdo con esa clasificación, se estima que el acto combatido consiste en el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, inserto en el comunicado de veinte de abril del mismo año, mediante el cual, se hace saber al promovente, en su carácter de asociado titular del certificado de aportación número ********************, del Club Campestre de Durango ********************sociación Civil, la exclusión definitiva e inapelable de dicha decisión, signado por el Consejo de Directores del Club Campestre de Durango ********************sociación Civil, no es un acto de autoridad al ubicarse las partes en un plano de coordinación.********************Lo anterior, incluso, se evidencia de las documentales que anexó el peticionario a su escrito de demanda, las cuales con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza.********************Tales documentales, consisten en ********************i. Copia certificada del documento identificado como certificado de aportación Serie "********************" ********************, expedido por el Club Campestre de Durango ********************sociación Civil, capital en giro $******************** (********************.), a favor de ********************, que lo reconoce como socio activo, pasada ante la fe del Notario Público Número veinticinco de esta ciudad.********************Constancia de veinte de abril de dos mil veintitrés, dirigido a ********************, asociado membresía ********************, mediante el cual se hizo de su conocimiento que el Consejo de Directores del Club Campestre de Durango, ********************sociación Civil, en acuerdo tomado con fecha dieciocho de abril del presente año, determinó con fundamento en las cláusulas Quincuagésima, Trigésima Segunda Bis inciso 6, Quincuagésima Primera inciso a) de los Estatutos de la ********************sociación, excluir definitivamente al ********************sociado ********************, aplicándola desde el momento de la notificación, signada por el licenciado en administración José Manuel Reyes ********************guado, Gerente General, con copia para el Consejo Directivo de ********************tención al Socio.********************Recibo de pago número ********************, folio interno ********************, expedido por el Club Campestre de Durango, ********************sociación Civil, de fecha de emisión tres de abril de dos mil veintitrés, de la misma fecha de pago, del usuario ********************, clave de socio ********************, por la mensualidad de abril de dos mil veintitrés, que ampara la cantidad de $******************** (********************).********************Copia de los estatutos del "Club Campestre de Durango, ********************sociación Civil, de diez de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual, en el capítulo tercero, apartado "De las obligaciones y derechos de los asociados", cláusula décima novena, en lo que interesa dice:********************"Clausula Décima Novena.- El "Club Campestre de Durango" ********************.C., es una corporación de derecho privado, con personalidad distinta a la de sus ********************sociados, por lo tanto, éstos no serán responsables en lo individual, de los compromisos contraídos por el Club, como persona moral. Los ********************sociados ********************ctivos, en cambio, si son responsables de las obligaciones que ellos hayan contraído para con el propio Club, por cualquier concepto y ésta podrá exigir su cumplimiento."****************************************De lo que se colige, que en el propio estatuto de "Club Campestre de Durango, ********************sociación Civil, expresamente se reconoce como corporación de derecho privado, ante el cual, el peticionario, en su calidad de socio se encuentra frente a una relación de coordinación, como particulares. ********************En las relatadas condiciones, es dable concluir que en este asunto nos encontramos frente a una relación de coordinación, es decir, la autoridad señalada como responsable no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación contractual de coordinación; por lo que, el acto que se le pretende combatir a través de esta instancia constitucional, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de ********************mparo. ********************Por otro lado, el quejoso reclamó los artículos 2552, 2553, 2556 fracción I y 2561 de Código Civil; ahora, de la lectura integral de la demanda puede advertirse que el quejoso combate esos numerales en virtud de su acto concreto de aplicación, el cual vincula al comunicado de veinte de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se le hizo saber al promovente la exclusión definitiva e inapelable en su carácter de asociado titular del certificado ********************, signado por el Consejo de Directores del Club Campestre de Durango ********************sociación Civil -acto destacado-.****************************************l respecto, no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, debido a que su estrecha vinculación impide examinar al uno prescindiendo del otro, de modo que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley.********************Sirve de sustento la jurisprudencia 221 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente:******************** "LEYES O REGL********************MENTOS, ********************MP********************RO CONTR********************, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU ********************PLIC********************CIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación".****************************************Por tanto, debe hacerse extensivo el desechamiento al acto reclamado consistente en el comunicado de veinte de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual, se hace saber al promovente, en su carácter de asociado titular del certificado de aportación número ********************, del Club Campestre de Durango ********************sociación Civil, la exclusión definitiva e inapelable de dicha decisión.********************Conforme a lo expuesto, se reitera, se actualiza la causa de improcedencia en estudio de forma indudable y manifiesta, pues aun cuando se diera trámite al asunto y se recabaran las constancias del acto reclamado no se llegaría a una conclusión diversa.********************Por tanto, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de ********************mparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo.********************IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ********************. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial de demanda. b. b. ********************utorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de ********************mparo, al licenciado ********************, toda vez que tiene su cédula profesional de abogado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************. c. Proporciona correo electrónico. ****************************************simismo, se le tiene proporcionando un correo electrónico, a fin de que se establezca contacto en los casos que se estime pertinentes.********************d. Usuario electrónico y notificación electrónica.********************Téngasele proporcionando como usuario electrónico "********************", el cual se encuentra debidamente dado de alta en el sistema, en términos del ********************cuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, además, para que las notificaciones se realicen vía electrónica. V. Habilitación de días y horas.********************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y ********************cceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VI. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de ********************mparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". VII. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del ********************cuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte promovente ********************.

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