José Guillermo Limón Ceniceros
Expediente 1179/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- José Guillermo Limón Ceniceros
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió el auto de cuatro de octubre del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Guadalupe Victoria, Durango y otra autoridad; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho proveído. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Notifíquese.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Guadalupe Victoria, Durango y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1179/2022. III. Decisión sobre la demanda. En la especie, se advierte que la demanda de derechos fundamentales es notoriamente improcedente, por las siguientes consideraciones: El artículo 112 de la Ley de Amparo dispone: "Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." Por su parte el numeral 113 de la propia legislación establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que lo que se reclama es el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 323/2022, mediante el cual se abrió a prueba dicha controversia; respecto de ello, el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Al respecto, se estima que el acto controvertido, carece de la característica material y formal de imposible reparación y, por ello, no procede su estudio conforme al texto actual de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, señalan. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los numerales transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, los efectos adversos que, en su caso, podrían producirse con el acto combatido son sólo formales (no materiales), ya que pueden desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable, sin que por el momento se esté en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al inconforme, por lo que en caso de que esta violación procesal trascienda a su resultado y les resulte desfavorable, podrán reclamarla por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva, en la que se alegue la falta de personalidad de quien promueve en el juicio de origen; en términos de lo dispuesto por los numerales 170, 171 y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se puede determinar si se vulneraron las defensas del promovente, trascendiendo la violación al resultado del fallo, ya que de lo contrario, si obtienen un fallo favorable a sus intereses, finalmente no habría violación alguna en su perjuicio. En ese sentido, el acto que por esta vía se reclama no genera una violación directa a los derechos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, entre otros. Lo anterior, en virtud de que conforme a lo ya apuntado, en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se encuentra señalado de manera precisa qué es lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando de manera clara que corresponde a aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; y que para ser calificados como irreparables se precisa que la afectación sea de gravedad tal que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; precisándose además que la afectación incida sobre derechos o bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de leyes adjetivas, sino que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; característica que, evidentemente no se actualiza en el acto reclamado. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 7, Junio de 2014, página 39, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios" Como se ve en la jurisprudencia anteriormente transcrita, el Pleno del Máximo Tribunal estableció de manera clara que conforme al texto de la actual Ley de Amparo y tratándose de actos en juicio que sean de imposible reparación, el juicio de amparo biinstancial sólo procederá cuando se afecten materialmente derechos sustantivos; sin que sea ya aplicable la directriz anteriormente sustentada relativa a que eran combatibles en amparo directo "los actos procesales que afectaban de modo predominante o superior", pues conforme a lo preceptuado por la ley de la materia en vigor, cuando se reclamen actos de imposible reparación en la vía indirecta, para que éste pueda prosperar, es menester que la afectación que cause el acto reclamado incida en forma material en un derecho sustantivo. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio constitucional a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: ********. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****. b. Autorizados. S*****. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Notificación a las partes. En estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autorizan las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VIII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO: PROMOVENTE. ACUERDO 04-OCTUBRE-2022I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Guadalupe Victoria, Durango y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1179/2022. III. Decisión sobre la demanda. En la especie, se advierte que la demanda de derechos fundamentales es notoriamente improcedente, por las siguientes consideraciones: El artículo 112 de la Ley de Amparo dispone: "Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." Por su parte el numeral 113 de la propia legislación establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que lo que se reclama es el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 323/2022, mediante el cual se abrió a prueba dicha controversia; respecto de ello, el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Al respecto, se estima que el acto controvertido, carece de la característica material y formal de imposible reparación y, por ello, no procede su estudio conforme al texto actual de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, señalan. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los numerales transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, los efectos adversos que, en su caso, podrían producirse con el acto combatido son sólo formales (no materiales), ya que pueden desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable, sin que por el momento se esté en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al inconforme, por lo que en caso de que esta violación procesal trascienda a su resultado y les resulte desfavorable, podrán reclamarla por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva, en la que se alegue la falta de personalidad de quien promueve en el juicio de origen; en términos de lo dispuesto por los numerales 170, 171 y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se puede determinar si se vulneraron las defensas del promovente, trascendiendo la violación al resultado del fallo, ya que de lo contrario, si obtienen un fallo favorable a sus intereses, finalmente no habría violación alguna en su perjuicio. En ese sentido, el acto que por esta vía se reclama no genera una violación directa a los derechos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, entre otros. Lo anterior, en virtud de que conforme a lo ya apuntado, en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se encuentra señalado de manera precisa qué es lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando de manera clara que corresponde a aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; y que para ser calificados como irreparables se precisa que la afectación sea de gravedad tal que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; precisándose además que la afectación incida sobre derechos o bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de leyes adjetivas, sino que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; característica que, evidentemente no se actualiza en el acto reclamado. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 7, Junio de 2014, página 39, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios" Como se ve en la jurisprudencia anteriormente transcrita, el Pleno del Máximo Tribunal estableció de manera clara que conforme al texto de la actual Ley de Amparo y tratándose de actos en juicio que sean de imposible reparación, el juicio de amparo biinstancial sólo procederá cuando se afecten materialmente derechos sustantivos; sin que sea ya aplicable la directriz anteriormente sustentada relativa a que eran combatibles en amparo directo "los actos procesales que afectaban de modo predominante o superior", pues conforme a lo preceptuado por la ley de la materia en vigor, cuando se reclamen actos de imposible reparación en la vía indirecta, para que éste pueda prosperar, es menester que la afectación que cause el acto reclamado incida en forma material en un derecho sustantivo. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio constitucional a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: ********. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****. b. Autorizados. S*****. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Notificación a las partes. En estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autorizan las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VIII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
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