Jose Guillermo Gutierrez Cruz

Expediente 103/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
103/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Jose Guillermo Gutierrez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega al cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo citado al rubro, el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual informa que: ? Dicho tribunal aceptó la competencia para conocer del presente juicio, mismo que fue radicado con el número de expediente ** de su índice; ? Remitió la demanda original a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para la rendición del informe justificado como autoridad responsable y, hecho lo anterior acordará lo procedente; ? Desechó la demanda respecto al acto que reclama el quejoso en contra del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos Libres, Puebla. En relación a lo anterior, se da por enterado este órgano jurisdiccional y, en consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Ello porque este cuaderno de antecedentes corresponde a un cuaderno auxiliar que contiene actuaciones procesales vinculadas al juicio de amparo D-25/2019 del que conoce el tribunal colegiado oficiante, al haberse declarado la incompetencia legal de este juzgado para conocer de la demanda de amparo y haberse avocado al conocimiento de la misma el referido órgano jurisdiccional. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de verificar que el cuaderno físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y en forma posterior la certificación que corresponda.

  2. Principal

    Vista la razón asentada por la actuaria de la adscripción, se advierte la imposibilidad para notificar de manera personal al quejoso ** el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve. Lo anterior porque al verificar el domicilio indicado para tal efecto, se percata de que el quejoso omitió señalar la colonia y localidad donde se ubica la calle ** (domicilio señalado en la demanda de garantías). En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria de la adscripción, notificar por medio de lista al quejoso ** el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio procesal para tal efecto.

  3. Principal

    Vista la demanda de protección de derechos signada por ** por propio derecho con un anexo, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Puebla y otra autoridad. Ahora, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil dieciocho, dentro del toca número ** emitida por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Conforme a lo señalado en su primer concepto de violación, en dicha sentencia definitiva se confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia sin tomar en cuenta las violaciones al debido proceso de la causa penal instruida en su contra. Precisado lo anterior, es menester señalar que la Ley de Amparo en sus artículos 107 y 170 , dispone de modo expreso los casos en los que el juicio de amparo debe pedirse ante los jueces de distrito y cuándo ante los tribunales colegiados de circuito, dicho en otras palabras, precisa la procedencia del juicio de garantías ya sea en la vía directa o en la indirecta. Y, en torno a este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número ** señaló que de conformidad con los indicados artículos, así como de lo dispuesto en el diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede establecer que por exclusión, cuando los actos de autoridad que se reclamen sean ajenos a los previstos en el artículo 158 de la Ley de Amparo anterior a la vigente (hoy artículo 170 de la Ley de Amparo), que enumera a las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que, a contrario sensu, hace concluir que cuando se reclamen esos actos (sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos), procederá el amparo directo Bajo tales argumentos la sala en comento, definió los supuestos que demarcan la procedencia del amparo directo, de la siguiente manera 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, (es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto) deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías) y 3) Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral La jurisprudencia aludida es del tenor literal siguiente: APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural. Al cobijo de los anteriores razonamientos, en opinión del infrascrito, el acto que por esta vía reclama el quejoso y que ha quedado precisado en líneas anteriores, es de aquéllos contra los cuales procede el amparo directo, pues se trata de una sentencia definitiva de segunda instancia que puso fin a un juicio de naturaleza penal. Luego si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del amparo directo, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para resolver este asunto, por lo que se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno del Sexto Circuito, por considerarse que es a un tribunal de dicha materia a quien corresponde resolver este asunto, salvo que la superioridad determine lo contrario Por tanto, se ordena formar cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias; y hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Hágase la remisión ordenada y solicítese de manera atenta al tribunal de mérito, se sirva acusar recibo del mismo y haga saber a esta autoridad la resolución que tenga a bien dictar respecto a la competencia que se le declina. Además, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dentro del presente juicio a las personas que menciona en el mismo, dado que así fue solicitado por el quejoso. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, de la demanda se advierte la posible comisión del delito de tortura en agravio del quejoso ** en el trámite de la causa penal de origen, por lo tanto se ordena desde este momento dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado con la demanda de amparo. Ello, a fin de que conforme a los extremos del artículo 21 de la constitución federal de estimarlo procedente realice la investigación efectiva de delitos a su cargo. Sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que el derecho a la integridad personal es absoluto y genera una prohibición respecto de cualquier acto de tortura de personas De ahí que nuestro máximo tribunal hubiese delimitado escenarios autónomos para las manifestaciones de tortura: a) El control de las autoridades frente a los postulados de la constitución federal (en la vía de amparo) y b) El esclarecimiento de los hechos conforme al deber estatal de investigación (a cargo del Ministerio Público) Es más, en el amparo directo en revisión ** la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la sola declaración del imputado en el proceso es insuficiente para acreditar el supuesto de tortura, pero obliga a que se realice una investigación bajo el estándar probatorio de las causas penales, hasta esclarecer si se cometieron actos de tortura A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente entregar al Agente del Ministerio Público de la Federación una copia de la demanda de amparo, de lo cual deberá dejar constancia legal en el expediente.

  4. Principal

    En cumplimiento al auto al auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, se notifica por lista al quejoso el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve: Vista la demanda de protección de derechos signada por ** por propio derecho con un anexo, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Puebla y otra autoridad. Ahora, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil dieciocho, dentro del toca número ** emitida por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Conforme a lo señalado en su primer concepto de violación, en dicha sentencia definitiva se confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia sin tomar en cuenta las violaciones al debido proceso de la causa penal instruida en su contra. Precisado lo anterior, es menester señalar que la Ley de Amparo en sus artículos 107 y 170 , dispone de modo expreso los casos en los que el juicio de amparo debe pedirse ante los jueces de distrito y cuándo ante los tribunales colegiados de circuito, dicho en otras palabras, precisa la procedencia del juicio de garantías ya sea en la vía directa o en la indirecta. Y, en torno a este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número ** señaló que de conformidad con los indicados artículos, así como de lo dispuesto en el diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede establecer que por exclusión, cuando los actos de autoridad que se reclamen sean ajenos a los previstos en el artículo 158 de la Ley de Amparo anterior a la vigente (hoy artículo 170 de la Ley de Amparo), que enumera a las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que, a contrario sensu, hace concluir que cuando se reclamen esos actos (sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos), procederá el amparo directo Bajo tales argumentos la sala en comento, definió los supuestos que demarcan la procedencia del amparo directo, de la siguiente manera 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, (es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto) deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías) y 3) Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral La jurisprudencia aludida es del tenor literal siguiente: APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural. Al cobijo de los anteriores razonamientos, en opinión del infrascrito, el acto que por esta vía reclama el quejoso y que ha quedado precisado en líneas anteriores, es de aquéllos contra los cuales procede el amparo directo, pues se trata de una sentencia definitiva de segunda instancia que puso fin a un juicio de naturaleza penal. Luego si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del amparo directo, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para resolver este asunto, por lo que se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno del Sexto Circuito, por considerarse que es a un tribunal de dicha materia a quien corresponde resolver este asunto, salvo que la superioridad determine lo contrario Por tanto, se ordena formar cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias; y hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Hágase la remisión ordenada y solicítese de manera atenta al tribunal de mérito, se sirva acusar recibo del mismo y haga saber a esta autoridad la resolución que tenga a bien dictar respecto a la competencia que se le declina. Además, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dentro del presente juicio a las personas que menciona en el mismo, dado que así fue solicitado por el quejoso. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, de la demanda se advierte la posible comisión del delito de tortura en agravio del quejoso ** en el trámite de la causa penal de origen, por lo tanto se ordena desde este momento dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado con la demanda de amparo. Ello, a fin de que conforme a los extremos del artículo 21 de la constitución federal de estimarlo procedente realice la investigación efectiva de delitos a su cargo. Sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que el derecho a la integridad personal es absoluto y genera una prohibición respecto de cualquier acto de tortura de personas De ahí que nuestro máximo tribunal hubiese delimitado escenarios autónomos para las manifestaciones de tortura: a) El control de las autoridades frente a los postulados de la constitución federal (en la vía de amparo) y b) El esclarecimiento de los hechos conforme al deber estatal de investigación (a cargo del Ministerio Público) Es más, en el amparo directo en revisión ** la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la sola declaración del imputado en el proceso es insuficiente para acreditar el supuesto de tortura, pero obliga a que se realice una investigación bajo el estándar probatorio de las causas penales, hasta esclarecer si se cometieron actos de tortura A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente entregar al Agente del Ministerio Público de la Federación una copia de la demanda de amparo, de lo cual deberá dejar constancia legal en el expediente.

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