Jose Guillermo Gutierrez Cruz
Expediente 1183/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Guillermo Gutierrez Cruz
Actuaciones
- Principal
Se agrega el oficio de la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del cual hace del conocimiento que el quejoso omitió inconformarse a través del recurso de reclamación respecto del acuerdo de ocho de enero del año en curso, que desechó por improcedente la demanda de amparo, por lo que quedó firme dicha determinación. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento y se ordena devolver al archivo este cuaderno como fue ordenado en proveído de diez de enero de dos mil diecinueve.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio de la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual acusa recibo del oficio al que se adjuntó la demanda de amparo promovida por +++z, por declinación de competencia de este juzgado e informa haber aceptado la competencia para conocer del mismo. Así mismo, se advierte que en proveído de ocho de enero del año en curso, dictado en el amparo directo + desechó por improcedente la citada demanda de amparo. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. En consecuencia de lo anterior y al inexistir alguna diligencia o actuación pendiente de desahogar, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este cuaderno de antecedes como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.
- Principal
-----Vista la demanda de protección de derechos signada por **, por propio derecho, contra actos del Juez Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos Puebla y otra autoridad. Ahora, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la sentencia condenatoria dictada en su contra el once de marzo de dos mil dieciséis por el Juez Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, dentro del proceso ** de su índice. Precisado lo anterior, es menester señalar que la Ley de Amparo en sus artículos 107 y 170 , dispone de modo expreso los casos en los que el juicio de amparo debe pedirse ante los jueces de distrito y cuándo ante los tribunales colegiados de circuito, dicho en otras palabras, precisa la procedencia del juicio de garantías ya sea en la vía directa o en la indirecta. Y, en torno a este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 51/2004, señaló que de conformidad con los indicados artículos, así como de lo dispuesto en el diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede establecer que por exclusión, cuando los actos de autoridad que se reclamen sean ajenos a los previstos en el artículo 158 de la Ley de Amparo anterior a la vigente (hoy artículo 170 de la Ley de Amparo), que enumera a las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que, a contrario sensu, hace concluir que cuando se reclamen esos actos (sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos), procederá el amparo directo. Bajo tales argumentos la sala en comento, definió los supuestos que demarcan la procedencia del amparo directo, de la siguiente manera: 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, (es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías) y, 3) Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. La jurisprudencia aludida es del tenor literal siguiente: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Al cobijo de los anteriores razonamientos, en opinión del infrascrito, el acto que por esta vía reclama el quejoso y que ha quedado precisado en líneas anteriores, es de aquéllos contra los cuales procede el amparo directo, pues se trata de una sentencia definitiva que puso fin a un juicio de naturaleza penal. Luego, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del amparo directo, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para resolver este asunto, por lo que se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno del Sexto Circuito, por considerarse que es a un tribunal de dicha materia a quien corresponde resolver este asunto, salvo que la superioridad determine lo contrario. Por tanto, se ordena formar cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias; y hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase la remisión ordenada y solicítese de manera atenta al tribunal de mérito, se sirva acusar recibo del mismo y haga saber a esta autoridad la resolución que tenga a bien dictar respecto a la competencia que se le declina. Además, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Vista la demanda de protección de derechos signada por **, por propio derecho, contra actos del Juez Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos Puebla y otra autoridad. Ahora, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la sentencia condenatoria dictada en su contra el once de marzo de dos mil dieciséis por el Juez Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, dentro del proceso ** de su índice. Precisado lo anterior, es menester señalar que la Ley de Amparo en sus artículos 107 y 170 , dispone de modo expreso los casos en los que el juicio de amparo debe pedirse ante los jueces de distrito y cuándo ante los tribunales colegiados de circuito, dicho en otras palabras, precisa la procedencia del juicio de garantías ya sea en la vía directa o en la indirecta. Y, en torno a este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 51/2004, señaló que de conformidad con los indicados artículos, así como de lo dispuesto en el diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede establecer que por exclusión, cuando los actos de autoridad que se reclamen sean ajenos a los previstos en el artículo 158 de la Ley de Amparo anterior a la vigente (hoy artículo 170 de la Ley de Amparo), que enumera a las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que, a contrario sensu, hace concluir que cuando se reclamen esos actos (sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos), procederá el amparo directo. Bajo tales argumentos la sala en comento, definió los supuestos que demarcan la procedencia del amparo directo, de la siguiente manera: ". 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, (es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías) y, 3) Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral." La jurisprudencia aludida es del tenor literal siguiente: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Al cobijo de los anteriores razonamientos, en opinión del infrascrito, el acto que por esta vía reclama el quejoso y que ha quedado precisado en líneas anteriores, es de aquéllos contra los cuales procede el amparo directo, pues se trata de una sentencia definitiva que puso fin a un juicio de naturaleza penal. Luego, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del amparo directo, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para resolver este asunto, por lo que se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno del Sexto Circuito, por considerarse que es a un tribunal de dicha materia a quien corresponde resolver este asunto, salvo que la superioridad determine lo contrario. Por tanto, se ordena formar cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias; y hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Hágase la remisión ordenada y solicítese de manera atenta al tribunal de mérito, se sirva acusar recibo del mismo y haga saber a esta autoridad la resolución que tenga a bien dictar respecto a la competencia que se le declina. Además, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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