José Guillermo Bejarano Leal

Expediente 845/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
845/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • José Guillermo Bejarano Leal

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta de la que se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de garantías promovida Guillermo Martínez Sosa en carácter de representante del quejoso José Guillermo Bejarano Leal; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, se advierte que ese expediente se encuentra debidamente integrado, por lo que no existe mandato alguno por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Martínez Sosa en carácter de Representante del quejoso José Guillermo Bejarano Leal, contra actos del Juez de Control del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad. Regístrese la misma bajo el número 845/2019-IVen el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. A continuación, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a efectuar el análisis correspondiente de la misma. Dicho numeral establece, que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3° y 6°, todos de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] De la disposición transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otra parte, los artículos 3° y 6° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevén: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del estudio del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo transcrito, se desprende que el procedimiento de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y, en el supuesto que emane de un procedimiento penal, podrá ser promovido por la defensa de la parte quejosa o cualquier persona, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese aspecto, la disposición legal transcrita en primer término, sustancialmente dispone que las promociones que sean presentadas para la tramitación del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa (vía indirecta), deberán hacerse por escrito; excepcionalmente, podrán ser orales, siempre y cuando sean formuladas en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley de Amparo. Por otra parte, en cada una de las promociones o escritos presentados por las partes, deberá constar la firma autógrafa o huella digital de quien promueve el juicio de amparo. Adicionalmente, la Ley de Amparo, en su artículo 3°, confiere el derecho a las partes de presentar promociones en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar el ocurso de derechos fundamentales que nos ocupa, puesto que habrá de desecharse de plano, toda vez que del escrito de demanda de amparo promovida por Guillermo Martínez Sosa en carácter de Representante del quejoso José Guillermo Bejarano Leal, que se atiende, fue recibida vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, asentándose que la misma fue presentada en línea, firmada electrónicamente por Osvaldo Olguín Ávila, lo cual se corrobora previo análisis del mencionado escrito, como de la evidencia criptográfica que al efecto se exhibe como anexo al ocurso que se analiza. De lo anterior, se concluye que al no haber estampado directamente el quejoso su firma electrónica o, en su caso, huella digital, la promoción que se atiende deviene en un ocurso en el que no se incorpora la voluntad del directamente agraviado José Guillermo Bejarano Leal, ello en relación con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, en el aspecto de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona jurídica individual o colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado (principio de agravio personal y directo), por lo que se concluye que no existe manifestación de voluntad expresa, ya que no está firmada por éste (José Guillermo Bejarano Leal) ni por quien se ostenta su representante; de ahí que, no puede ser admisible un escrito carente de autenticidad por parte interesada. Sin que se soslaye que obra la firma electrónica del autorizado Osvaldo Olguín Ávila, pues ello no es motivo suficiente para tener por acreditada la voluntad del promovente, pues como se dijo, si bien es cierto, la firma electrónica produce efectos de firma autógrafa, cierto es que de la evidencia criptográfica que se exhibe anexa a la promoción que se analiza, no se advierte que José Guillermo Bejarano Leal, ni quien se dice su representante, tengan autorizada firma electrónica para el efecto de tener por satisfecho el requisito que prevé el artículo 3° de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte que reclame algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, en cuyo caso la demanda de amparo podría ser firmada incluso por cualesquier persona a su favor, o en su caso por la defensa de la parte quejosa tratándose del caso previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis Jurisprudencial P.J./8/2019/10ª, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue publicada el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación Gaceta, Libro 65, Tomo I, Décima Época, pagina 79, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de garantías antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por Guillermo Martínez Sosa en carácter de Representante de José Guillermo Bejarano Leal Toda vez que la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se ordena que las notificaciones, aún las de carácter personal, se le hagan por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. De igual manera, no ha lugar a tener como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, ya que como se dijo en párrafos precedentes la falta de firma electrónica por parte de Ramos Juárez, conlleva a que no existe manifestación de su voluntad expresa; y, por tanto no procede dicha designación. El promovente solicita en su escrito de demanda la opción de enviar y recibir promociones, notificarse y consultar acuerdos por correo electrónico mediante firma electrónica (FIREL), al presente asunto, así como para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, y consultar acuerdos, resoluciones y sentencias emitidas en esta contienda. Atento a lo anterior, en términos del artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se autoriza al promovente de esta contienda constitucional, quien se encuentra registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario OOLGUIN, para que tenga acceso y para los efectos mencionados en el párrafo que antecede, únicamente en relación al expediente electrónico del juicio que nos ocupa. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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