José Guadalupe Terrazas Muñoz
Expediente 239/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2019
Partes del expediente
- José Guadalupe Terrazas Muñoz
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 12153/2019 signado por el Juez Primero de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, por medio del cual hace del conocimiento que aceptó la competencia que se le planteó mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve, la que registró bajo el número de juicio de amparo 357/2019-VII; en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Conforme a lo anterior, es de sostenerse que este asunto se encuentra debidamente integrado, ya que no existe mandato alguno por cumplimentar; en consecuencia con fundamento en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese como concluido, el cual, no se considera de relevancia documental, en virtud de que no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario. Dado que este asunto se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el punto Primero, inciso XX, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y que no existen documentos originales agregados al expediente, con apoyo en lo establecido en el punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo general invocado, podrá ser destruido a partir del veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Remítanse a la autoridad de cuenta el telegrama mediante el cual diversas autoridades responsables rindieron su informe relativo a la suspensión de plano decretada en este asunto, a afecto de que provea lo que estime correspondiente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el 372/2019 firmado por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, a través del cual remite diligenciado nuestro exhorto 116/2019-I (orden 131/2019-I), ya que notificó al quejoso José Guadalupe Terrazas Muñoz, el auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve; acúsese el recibo de estilo únicamente vía fax. Dése de baja la comunicación que se recibe en la estadística respectiva. Notifíquese conforme a derecho. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 9289/2018-5 dirigido a la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, a través del cual se le envió copia certificada de la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por este Juzgado de Distrito. En tal razón, requiérase a la citada autoridad responsable vía telegrama, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de quedar debidamente notificada del presente auto, remita vía fax (01-868-811-04-40 EXT 1163), vía telegráfica (avenida Pedro Cárdenas y Longoria, número 2015, quinto piso, código postal 87390, Fraccionamiento Victoria, en Matamoros, Tamaulipas), o por correo electrónico 1jdo19ctoAJ@correo.cjf.gob.mx), el acuse de recibo correspondiente. En la inteligencia que de no hacerlo en el plazo establecido, o de no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se hará acreedora a una multa de $4,224.50 (cuatro mil y doscientos veinticuatro pesos, 50/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor diario de la indicada unidad de medida; lo anterior, con fundamento en el artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de nuestra Carta Magna, y de conformidad con los numerales 237, fracción l, y 259 de la Ley de Amparo; aunado a ello, se hará del conocimiento a sus superiores jerárquicos, para que tomen las medidas necesarias respecto al incumplimiento a lo solicitado por este Juzgado Federal, con lo que se obstaculiza la administración de justicia, la cual debe ser pronta y expedita. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava , secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el 4426/2019-V signado por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, al que adjunta el escrito de demanda signado por José Guadalupe Terrazas Muñoz, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango" con sede en Gómez Palacio, Durango, y otras autoridades, regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 239/2019-I, y fórmese expediente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la inadecuada atención médica otorgada al quejoso José Guadalupe Terrazas Muñoz, respecto de los padecimientos que presenta, con motivo de que no le han otorgado la dieta hipercalórica que necesita, esto es, las autoridades responsables deberán, en forma inmediata, prestar los servicios requeridos de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello a fin de preservar su derecho humano a la salud. Las autoridades responsables deberán informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión, apercibidas cada una, que de no dar cumplimiento a lo anterior se harán acreedoras a una multa de $8,060.00 (ocho mil pesos, sesenta centavos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro Hómine. Por tanto, a fin de que las citadas autoridades se impongan del contenido del presente auto, se ordena a la actuaria judicial adscrita a este juzgado para que de inmediato proceda remitirlos vía fax. En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, se declara incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, del estudio del escrito de cuenta, el cual carece por completo de forma en cuanto a los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la falta e inadecuada atención médica, (la cual se traduce, en la omisión de proporcionarle la dieta hipercalórica que les ha solicitado, pues con motivo de ello se ha sentido mareado y débil) por parte del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango" con sede en Gómez Palacio, Durango, y otras autoridades de dicho centro penitenciario, lugar en que se encuentra recluido, debido a que evade proporcionarle la atención que requiere para atender su padecimiento. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que la ejecución del acto reclamado, que se hace consistir en la falta de otorgamiento de la dieta hipercalórica que necesita por parte de las responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", en Gómez Palacio, Durango, tiene ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. En efecto, la falta de otorgamiento de esa dieta tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentra privado de su libertad el quejoso José Guadalupe Terrazas Muñoz, por lo que es obvio que la misma se está llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito, en turno, en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, con jurisdicción en el lugar de reclusión del agraviado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial XXIV.2º/J/1, del Semanario Judicial de la Federación, décimo época, visible a página 1982, libro 27, del mes de febrero de dos mil dieciséis, tomo III, que a la letra dice: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado. De igual forma, se cita, la tesis II,2º.P.16 K (10ª), de la Décimo Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2016, tomo III, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea, y estima competente al Juez de Distrito, en turno, en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango" en Gómez Palacio, Durango, en el que se encuentra recluido el peticionario de garantías. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito, en turno, en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, a fin de que continúe con el trámite del juicio, dada la competencia que se le plantea. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito, en turno, en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente auto (inserto en la comunicación oficial) al quejoso José Guadalupe Terrazas Muñoz. Se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
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