José Guadalupe Zarza Sanchez

Expediente 1545/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1545/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • José Guadalupe Zarza Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, no desahogó los requerimientos formulados en el auto de prevención de quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 06 a 08), en tales condiciones, con apoyo en lo anotado en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente y dada la naturaleza del acto que por esta vía se tilda de inconstitucional, se hace efectivo el apercibimiento inserto en la providencia de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    III. Toluca, Estado de México; nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el documento de cuenta, en el que la Juez Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 513/2018-III, del índice de este órgano federal, derivado del juicio en que se actúa, en el cual se encomendó notificar al quejoso José Guadalupe Zarza Sánchez el proveído de quince de octubre pasado en atención a lo ordenado el veinticinco siguiente; por tanto, se tiene por notificado del auto de mérito para los efectos a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los presentes autos se evidencia que se notificó a la parte quejosa por lista la determinación de quince de octubre de dos mil dieciocho; sin embargo del contenido de dicho auto se advierte que se previno al impetrante de garantías con respecto a la demanda instaurada; por tanto, al estimar que el auto por el cual se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia publicada con el número 2a./J. 24/2004, en la página 321 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, Materia Común, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO". Y en virtud de que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción de este órgano de control de la constitucionalidad, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al personal adscrito a su órgano jurisdiccional para el efecto de que se sirva notificar al quejoso José Guadalupe Zarza Sánchez, la determinación de quince de octubre de dos mil dieciocho. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, de la Ley de Amparo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que para el caso de no hacer se tendrá como tal la lista que se fija en este recinto judicial. Para ello, se faculta al juez exhortado a efecto de que con plenitud de jurisdicción lleve a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda y para que de ser necesario se realice la diligencia en días y horas inhábiles, en términos de lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo; y hecho lo anterior, remita las constancias respectivas. Notifíquese, y por exhorto a la parte quejosa.

  4. Principal

    III Toluca, Estado de México; quince de octubre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Nancy Berenice Regalado León quien se ostenta apoderada legal del quejoso José Guadalupe Zarza Sánchez, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1545/2018-III. PREVENCIÓN. De conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima procedente requerir a la promovente por el plazo de cinco días para que por escrito, con cuatro copias de éste, y entendido de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, para que realice lo siguiente: ÚNICO. Deberá acreditar con documento fehaciente la calidad con la que se ostenta, esto es, como apoderada del quejoso José Guadalupe Zarza Sánchez, ello, en razón de lo siguiente: Que el documento con el cual pretende acreditar su personalidad se encuentra fundado en la Carta Poder de cuatro de junio de dos mil tres, en la cual se advierten las facultades concedidas otorgadas por el quejoso José Guadalupe Zarza Sánchez, como se observa del documento que se adjuntó al escrito de cuenta. Ahora bien, de la copia certificada de la Carta Poder, se advierte que la misma fue signada únicamente por Jesús Alberto Ramírez García persona a la cual el quejoso José Guadalupe Zarza Sánchez le concedió el poder conferido en dicho documento, sin que se advierta que la promovente haya firmado dicha carta; por tanto, es evidente que únicamente Jesús Alberto Ramírez García se encuentra legitimado para instar el juicio de amparo, además de ser un presupuesto procesal el que se demuestre inicialmente la personalidad en el juicio. Lo anterior, en razón de que del análisis del citado poder con que la promovente pretende acreditar su personalidad, no se desprende que se le hubiera conferido poder alguno para promover la instancia constitucional al carecer de la firma de la promovente, lo cual no es suficiente que su nombre aparezca al inicio de dicho documento, sin embargo, como se estableció esta no fue signada por aquélla lo que evidencia que la misma no está facultada para promover en esta instancia. Lo anterior es así pues, el artículo 17 Constitucional prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, éstos adquieren matices propios cuando se trata del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. Es decir, que si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla al considerar que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo cual explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia 2ª./J. 1/96, visible en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1996, Tomo III, Novena Época, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO". Por ende, analizar la personalidad de la promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promovente que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantía para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes son partes en juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción P./J.23/2009 visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 2009, Materia Común, Novena Época, que establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento inserto en este proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. En otro orden, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional, hasta en tanto la quejosa señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias que en el caso debe ser un inmueble, casa o despacho en donde las personas que deban notificarse residan, habiten o tengan el principal asiento de sus negocios, dado que el que indicó se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. AUTORIZADOS. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas a las personas referidas en el ocurso de amparo. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.4 Notifíquese personalmente a la promovente.

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