José Guadalupe Zarza Sanchez

Expediente 330/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
330/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • José Guadalupe Zarza Sanchez
  • SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    IV Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, acusa recibo del diverso por el que se le devolvieron las constancias que se adjuntaron al presente juicio de amparo, circunstancia de la que se toma conocimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atento a lo anterior, mediante oficio devuélvase al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, las constancias que adjuntó a su informe. Por otro lado, el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el auto de doce de marzo del año en curso, en el cual determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por los apoderados legales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; y remite lo siguiente: 1. Oficio 1653. 2. Juicio de amparo directo 245/2019. 3. Expediente 554/2003, en tres tomos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 330/2019-IV; acúsese el recibo correspondiente. IMPROCEDENCIA. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la quejosa reclama: el auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral 554/2003, en el cual señala fecha para la reinstalación de José Guadalupe Zarza Sánchez en los mismos términos y condiciones que venía desempeñando citándose entre otros a la ahora parte quejosa para que esté presente en dicha diligencia, con apercibimiento de multa. Ahora, es importante destacar que el acto reclamado por la parte quejosa, se emitieron en la etapa de ejecución de laudo en el juicio laboral 554/2003 del índice del Tribunal responsable, el cual no puede considerarse como la última actuación en dicha etapa de ejecución. Lo anterior se considera así porque nuestro máximo Tribunal ha establecido que el significado de la expresión "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, lo cual, no es el caso que nos ocupa, ya que el proveído que se combate no cumple con esa exigencia. Subrayado lo anterior, en atención a lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de demanda, se concluye que los actos que reclama forman parte del procedimiento de ejecución de laudo, ya que de lo que se duele medularmente, como ya se dijo, es el auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral 554/2003, en el cual señala fecha para la reinstalación de José Guadalupe Zarza Sánchez en los mismos términos y condiciones que venía desempeñando citándose entre otros a la ahora parte quejosa para que esté presente en dicha diligencia, con apercibimiento de multa. Por lo anterior se advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 107, fracción IV, del ordenamiento citado en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo los cuales establecen: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Del artículo transcrito en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. En ese sentido, se advierte que en el juicio del cual emana el acto reclamado la parte quejosa es parte (demandada); ha comparecido al procedimiento, y en dicho procedimiento se dictó laudo, el cual se encuentra en la etapa de ejecución del mismo. De lo cual se sigue que el acto reclamado está encaminado al cumplimiento del laudo emitido en el expediente 554/2003 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; por ende, al ser actuaciones realizadas en ejecución del mismo quedan regidas por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia antes transcrito, es decir, no pueden analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; se insiste, aquélla que tenga por cumplida la sentencia en comento o declare la imposibilidad para ello. En otras palabras, el acto que por esta vía combate reviste con el carácter de intermedio, pues no se advierte que se haya dictado auto en que se tenga por cumplido el laudo, por lo que será seguido de otros actos procesales encaminados a tener por cumplido dicho laudo dictado en el procedimiento de origen; de modo tal, que las violaciones que hayan podido cometerse en esa etapa, de ser el caso, podrían plantearse en el juicio que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, debe atenderse a si el acto reclamado constituye o no la última resolución, que como se ha visto en forma genérica, es la que declara cumplida la sentencia o convenio o que establece la imposibilidad para ello. Las determinaciones efectuadas por la autoridad responsable, que reclama la ahora quejosa van encaminadas a la ejecución del laudo en el juicio de origen, y las mismas no pueden ser consideradas la última resolución dictada en tal procedimiento, pues al emitirse el auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral 554/2003, en el cual señala fecha para la reinstalación de José Guadalupe Zarza Sánchez en los mismos términos y condiciones que venía desempeñando, no constituye la última resolución con la que culmina el procedimiento de ejecución en el juicio de origen; por ende, se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. También es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/27, visible en la página 435, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Septiembre de 1995, Novena Época, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, sustenta en lo conducente la tesis ejecutoria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Página: 676, Tesis: I.8o.C.46 C, que reza: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. ÚNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ULTIMA DETERMINACIÓN DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL. Si en el convenio que celebraron las partes y que se pretende ejecutar, éstas señalaron un procedimiento convencional, ello en nada puede variar las reglas fijadas por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías, pues independientemente de que el procedimiento convencional difiere en forma y términos al procedimiento de ejecución señalado en la ley aplicable, de cualquier manera culminará con una resolución que le pondrá fin y, en contra de ésta, se podrá interponer el amparo, previo el recurso ordinario que se promueva; por lo tanto, el hecho de que la ejecución del convenio se lleve a cabo conforme al procedimiento convencional, no excluye la aplicación de la regla establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues si esa pretensión fuera legalmente correcta, conduciría al extremo inadmisible de que por un simple acuerdo entre particulares el amparo indirecto sería procedente en contra de cualquier determinación que se dictara en el procedimiento pactado al efecto, lo cual resulta contrario al espíritu de la citada Ley Reglamentaria, que es de orden público." Así como la diversa tesis aislada número I.3°.C.765C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 1345 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, pues como ya se precisó, los actos reclamados no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, y 113 de la ley de la materia. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. AUTORIZADOS. En otro orden, en atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan de Dios Castañeda Consuelos. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO. Por otra parte, en conformidad con en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el diverso 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Juan Carlos Gómez Gómez, a través del cual solicita la devolución de la factura número A 42969, que adjunto a su escrito de demanda. Corolario a lo anterior, dígase al promovente que se esté a lo ordenado en proveído de seis de septiembre del año pasado (fojas 30 y 31). Notifíquese.

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