José Guadalupe Pedro y Carvajal
Expediente 36/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- José Guadalupe Pedro y Carvajal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. CÚMPLASE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia dictada el nueve de enero cursante; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó y no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. (...) Notifíquese.
- Principal
I. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 36/2022-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***, por conducto de su entonces defensor particular ***, contra actos de la Jueza del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia Progreso y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El tres de agosto de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió vía electrónica la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de su entonces defensor particular ***, contra actos de la Jueza del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia Progreso y otra autoridad, consistente en la determinación de veintidós de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa penal ***, por medio de la cual negó la solicitud de la defensa de decretar el sobreseimiento en dicho proceso penal, así como de diversas omisiones del Fiscal investigador. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, en providencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó pedimento; al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y a ****, en representación de la adolescente de identidad reservada ***, terceros interesados en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto y turnó los autos para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia [...] SEGUNDO. Precisión del acto reclamado [...] En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] TERCERO. Certeza de los actos reclamados El Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Progreso, aceptó la existencia del acto reclamado al rendir su informe con justificación (foja 33 del juicio de amparo). Por su parte, si bien el Fiscal Investigador en Turno de la Decimo Primera Fiscalía Investigadora, con sede en Progreso, Yucatán, negó la existencia de los actos que se le atribuyen, a continuación, realiza manifestaciones que evidencian su certeza, pues indica los actos que llevó a cabo en la investigación complementaria; por tanto, se desvirtúa dicha negativa y se tienen por ciertos los actos que se le reclaman. [...]. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo [...] QUINTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente en las omisiones atribuidas al Fiscal Investigador en Turno de la Decimo Primera Fiscalía Investigadora, con sede en Progreso, Yucatán, en investigar, en la fase complementaria, los hechos relativos a las pruebas de descargo, se aprecia que no tienen sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación; por lo cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: De la literalidad del último artículo se obtiene, que el legislador determinó que, por regla general, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera. Por ende, de la intelección de los numerales antes indicados, el último interpretado en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no tengan una ejecución de imposible reparación. Como única excepción, tratándose de violaciones procesales, la legislación de amparo, en la fracción VIII del ordinal en estudio, refiere que el amparo indirecto será procedente únicamente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Ahora bien, las omisiones a que hace alusión la parte quejosa, en concreto, devienen de que con fechas veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, veintiséis de enero (foja 28 del legajo II) y cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 109 y 110 del legajo II), ofreció diversos datos de prueba para acreditar la disfunción eréctil que padece el imputado, por lo que el Fiscal responsable tuvo conocimiento de la pretensión de la defensa de preparar las pruebas de descargo, sin que haya realizado las gestiones necesarias para agilizar la obtención del análisis de sangre y del ultrasonido doppler de pene con inyección de caverjet para sustentar el padecimiento. Dichas actuaciones se ubican en la etapa de investigación complementaria, por lo que es inconcuso que no afectan derechos sustantivos, de manera que pudieron impugnarse, como violaciones intraprocesales, al reclamarse la determinación que inicia la etapa intermedia, esto es, el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, en la que se tuvo por formulada la acusación (fojas 133 a 135 del legajo I); sin que la parte quejosa lo haya tildado de inconstitucional. [...] De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; razón por la cual, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento, de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Como ya se dijo, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse los actos u omisiones de la etapa de investigación complementaria, una vez iniciada la fase intermedia, al dictarse el auto correspondiente, esto es, justo en el cierre definitivo de la investigación. En esa tesitura, si se reclaman omisiones del Fiscal responsable dentro de la investigación complementaria, esos actos sólo generan consecuencias de índole procesal, pues no producen una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. En todo caso, se insiste, la parte quejosa debió impugnar las omisiones reclamadas, como violaciones intraprocesales, al controvertir el auto de apertura a la fase intermedia, es decir, el cierre definitivo de la etapa de investigación, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento; sin que en el presente juicio de amparo la parte quejosa lo hubiere impugnado de manera destacada y autónoma. [...] Así como, por analogía en su razonamiento, la tesis IV.1o.P.27 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, visible a página 3502, del rubro y texto siguientes: [...] Más aún, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, el imputado o su defensor solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso o desestimar los cargos de la Fiscalía, denunciados en su contra, de conformidad con el artículo 340, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante los acuerdos reparatorios y, en su caso, el debate del descubrimiento probatorio, como se señala en el diverso ordinal 344 de la indicada legislación. [...] Por tanto, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, es que se actualiza el motivo de inejercibilidad en estudio; por tanto, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. [...] Así como, por analogía en su razonamiento, la tesis I.4o.P.2 P (11a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, visible a página 3363, del rubro y texto siguientes: [...] Máxime que las omisiones del Fiscal responsable que en esta vía reclama, ya fueron materia de debate ante el juzgado de control respectivo, pues con fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, la propia defensa solicitó control judicial de los datos de prueba en comento, empero, el juzgador responsable resolvió que no era procedente la reapertura de la investigación por las razones ahí indicadas (fojas 127 y 128 del legajo I); sin que tampoco se advierta que la parte quejosa haya impugnado dicha determinación en el presente sumario constitucional. Expuesto lo anterior, este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia que impida analizar el fondo del asunto, sin que sea necesario realizar un estudio de cada una las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Previo a iniciar el estudio, se precisa que aunque procede la suplencia de la queja deficiente en favor del quejoso, dado que tiene el carácter de imputado en la causa penal de origen, el estudio del asunto se concretará a los aspectos alegados en los motivos de inconformidad, haciéndose innecesario emitir un pronunciamiento específico respecto de todos los apartados vinculados con el acto reclamado, en la parte que no se avizore vulneración de derechos fundamentales, pues tal suplencia no significa que deba quedar plasmado en la sentencia el por qué no le afectan cuestiones que éste no planteó, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo que le es adverso. [...] Bajo ese contexto, resultan infundados los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa. Ésta señala, en esencia, que la determinación de veintidós de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa penal ****, por medio de la cual la responsable negó su solicitud de decretar el sobreseimiento en dicho proceso penal, transgrede los artículos 14, párrafo tercero, 16 y 20, apartado A, fracciones I y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: a) La jueza no debió restar valor probatorio a la interpretación médica que ofreció la defensa, respecto de la cual señaló que es insuficiente porque no menciona cuál de todas las enfermedades fueron las causantes de la disfunción eréctil, ya que debió tomar en cuenta los demás datos ofrecidos, en aplicación estricta de la ley penal. b) Con los datos de prueba aportados, se desvirtuaron los diversos aportados en el auto de vinculación a proceso. c) La víctima y su asesor jurídico, no se opusieron al sobreseimiento de la causa penal. Para demostrar lo infundado de los conceptos de violación, es necesario señalar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: [...] Ordinal que impone a las autoridades la obligación constitucional de fundar y motivar los actos que emitan dentro del ámbito de sus competencias, entendiéndose por fundamentación, la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se consideraron para emitir el acto; siendo necesaria, además, la adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables, para estimar configurada la hipótesis normativa. Así, conforme al citado precepto constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley y especifiquen la normativa de que se trata y los artículos que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, así como los motivos y razones que tomen en consideración para emitir su fallo en determinado sentido, para así cumplir con los requisitos formales contenidos en dicho derecho humano. Lo que es así, ya que tal exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos o no fueron acordes con la motivación expuesta; lo que tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios por parte de las autoridades. De manera que este derecho fundamental constriñe el deber que tiene la autoridad de expresar sus actos por escrito, así como los preceptos legales que regulen el hecho, las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, y la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera legal su acto. Es decir, no sólo es necesario que exprese sus actos por escrito sino que debe fundarlos y motivarlos, estableciendo sobre bases objetivas su racionalidad y legalidad a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a actos de autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico, y así asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En tales condiciones, se concluye que toda resolución jurisdiccional debe cumplir con el principio de legalidad, que es esencia del régimen jurídico de un Estado de derecho, específicamente con su elemento esencial consistente en que debe estar debidamente fundada y motivada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, novena época, que dice: [...] En el entendido que para cumplir con la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. [...] [...] Ahora bien, del análisis integral del acto reclamado, se desprende que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, no adolece del principio de debida fundamentación y motivación, pues la jueza responsable señaló las consideraciones que estimó para determinar el sentido del acto reclamado, adecuando las hipótesis normativas a los hechos expuestos por las partes. Al respecto, del disco compacto exhibido por el juzgado responsable, se advierte que, en audiencia de veintidós de julio de dos mil veintidós, la responsable señaló lo siguiente: [...] De lo anterior se aprecia que la responsable resolvió que no ha lugar a actualizar las causales invocadas por la defensa, pues señaló, en primer término, que con motivo de que la defensa, aquí parte quejosa, no acreditó los extremos de la fracción I del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a que el delito no existió, basó el estudio de su determinación en la diversa fracción III del ordinal en comento, es decir, en cuanto a que se estableciera la inocencia del aquí quejoso ****, la cual tampoco fue demostrada. [...] Sin embargo, restó valor probatorio a la indicada interpretación médica porque: 1. En ésta no se señaló si fue el espolón, la hipertensión, el sedentarismo o la diabetes la causa de la disfunción eréctil, ni el nexo científico que existe entre estos padecimientos con el indicado impedimento sexual. 2. Tampoco se hizo referencia, en dicho dato de prueba, por qué la extracción de un quiste inguinal realizada al aquí quejoso pudo haber tenido una consecuencia que afectara de manera directa su desempeño sexual. 3. Se advirtió una contradicción, pues en el examen Doppler de pene con inyección caverjet se indicó que no se pudo concretar una erección, probablemente por las condiciones ambientales, no obstante que el examinado tiene un flujo arterial cavernoso con velocidades e índices de resistencia en rangos de la normalidad; sin embargo, en la indicada interpretación médica, se advirtió que existen daños en los vasos sanguíneos y en los cuerpos cavernosos del aquí quejoso. 4. En dicho estudio no se advirtió que el impedimento eréctil haya sido por una causa anormal o diversa, entendiéndose por ésta como una causa biológica u orgánica. 5. Es un médico quien debió hacer esa interpretación y no solamente un radiólogo (*****). 6. Tampoco se precisó cómo es que llegó a la conclusión de que la disfunción eréctil tiene un antecedente de cinco años atrás, siendo necesario que se indicaran los motivos y razones por los cuales se puede afirmar ello, a efecto de poder justificar que el día en el que acontecieron los hechos acusados (quince de enero y veintiséis de agosto de dos mil veintiuno), el aquí quejoso ya parecía la indicada afección por lo que no podría ser considerado como probable responsable de la violación agravada que le fue imputada por la representación social. De ahí que la jueza responsable haya indicado que la defensa no acreditó, aunque sea de manera inferencial, que existiera dentro de la carpeta de investigación, algún dato de prueba que demostrara la indicada disfunción eréctil, pues únicamente realizó esas afirmaciones sin probar su dicho; además que no demostró que la Fiscalía conocía de ese impedimento sexual, por lo que precisó la indicada juzgadora que se limitó a resolver con los datos que se dieron a conocer por las partes en la audiencia que originó el acto reclamado. Argumentos que comparte este juzgador, ya que, por una parte, la juzgadora responsable, en uso de su facultad de libre valoración de los datos de prueba, justificó de manera lógica por qué mermó el valor probatorio de la indicada interpretación médica, como lo dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al señalar, entre otras cosas, la falta de nexo científico entre los padecimientos del aquí quejoso con la disfunción eréctil alegada, así como la contradicción entre los resultados de esa interpretación y la falta de sustento en la acreditación de la antigüedad de la impotencia sexual. Esto, relacionado con los diversos datos de prueba como el estudio Doppler de pene con inyección caverjet, el estudio de química de sangre y el historial clínico de hipertensión y espolones. Además, porque los motivos de sobreseimiento que establece el artículo 327 del indicado código procedimental penal, deben ser demostrados con datos supervenientes que acrediten de manera evidente e indiscutible la necesidad de hacer cesar los efectos del auto de vinculación de proceso, por lo que, contrario a lo que manifestó la parte quejosa, los datos de prueba en los que sustentó su solicitud de sobreseimiento no desvirtuó la sujeción penal a que fue sometido el aquí quejoso. [...] Finalmente, el argumento relativo a que la víctima y su asesor jurídico, no se opusieron al sobreseimiento de la causa penal, debe decirse que ello es insuficiente para decretar la inejercibilidad de la acción penal, pues si bien el artículo 330, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone expresamente: "De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir", lo cierto es que ese requisito no es el único que dispone la legislación procedimental para arribar a la indicada determinación, pues para tal efecto, respecto a las fracciones I y III del artículo 327 de la indicada legislación, se insiste, es necesario demostrar indudablemente que el elemento fáctico que dio origen a la imputación ni siquiera existió y que existen pruebas de que el imputado no lo cometió. Para ello, es necesario que de las pesquisas realizadas en la investigación complementaria por el Fiscal correspondiente, se revele sin duda alguna que el elemento fáctico que dio origen a la imputación no llegó a existir o que sobrevenga alguna prueba que desvincule al imputado de la probabilidad que se le atribuye en la comisión de la conducta antijurídica. Esto es, en concreto, que se demuestre de manera indiscutible que el delito de violación no existió y que el imputado no participó de forma alguna en su consumación; circunstancias que no fueron demostradas por la parte quejosa en el expediente de origen, ya que, como se señaló en párrafos precedentes, los datos de prueba con los que se resolvió la negativa del sobreseimiento, no fueron suficientes para demostrar, de forma irrefutable, la inocencia del imputado. [...] Aunado a que, tal y como lo señaló la jueza responsable, el hecho de que la denunciante, en su carácter de representante de la víctima directa, haya señalado que ambas no quieren dar más seguimiento a la causa penal de origen, no se traduce en que el hecho antijurídico no haya acontecido. Esto último cobra especial relevancia, si se toma en consideración que el artículo 314 del Código Penal del Estado de Yucatán, por exclusión, exceptúa el delito de violación -cuando no sea cometido entre cónyuges o entre concubina o concubinario- como un antijurídico seguido por querella, es decir, que su investigación se persigue de oficio, por lo cual no le es aplicable lo dispuesto por el diverso ordinal 115 de esa legislación sustantiva, relativo a que el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, extingue la acción penal, pues dicho beneficio sólo es aplicable a los delitos que se persiguen por querella. [...] Con lo anterior, es claro que la responsable no transgredió el principio de exacta aplicación de la ley penal, contemplado en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ajustó su determinación a lo que dispone expresamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto al sobreseimiento de la causa y la valoración probatoria; ni lo dispuesto en el diverso ordinal 20, apartado I, fracciones I y V de la Norma Suprema, relativo al esclarecimiento de los hechos y la igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, pues se tomaron en cuenta los datos de prueba que aportó con su petición. Ante ello, conforme a lo antes expuesto, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que en el presente caso se aprecie que existe alguna otra circunstancia por analizar que obligue a este juzgador a suplir la queja deficiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, por conducto de su entonces defensor particular ****, contra actos del Fiscal Investigador en Turno de la Decimo Primera Fiscalía Investigadora, con sede en Progreso, Yucatán, por el motivo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, contra el acto del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Progreso, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. [...]
- Principal
I. Se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA ****, la sentencia de nueve de enero de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 36/2022-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***, por conducto de su entonces defensor particular ***, contra actos de la Jueza del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia Progreso y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El tres de agosto de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió vía electrónica la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de su entonces defensor particular ***, contra actos de la Jueza del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia Progreso y otra autoridad, consistente en la determinación de veintidós de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa penal ***, por medio de la cual negó la solicitud de la defensa de decretar el sobreseimiento en dicho proceso penal, así como de diversas omisiones del Fiscal investigador. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, en providencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó pedimento; al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y a ****, en representación de la adolescente de identidad reservada ***, terceros interesados en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto y turnó los autos para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia [...] SEGUNDO. Precisión del acto reclamado [...] En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] TERCERO. Certeza de los actos reclamados El Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Progreso, aceptó la existencia del acto reclamado al rendir su informe con justificación (foja 33 del juicio de amparo). Por su parte, si bien el Fiscal Investigador en Turno de la Decimo Primera Fiscalía Investigadora, con sede en Progreso, Yucatán, negó la existencia de los actos que se le atribuyen, a continuación, realiza manifestaciones que evidencian su certeza, pues indica los actos que llevó a cabo en la investigación complementaria; por tanto, se desvirtúa dicha negativa y se tienen por ciertos los actos que se le reclaman. [...]. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo [...] QUINTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente en las omisiones atribuidas al Fiscal Investigador en Turno de la Decimo Primera Fiscalía Investigadora, con sede en Progreso, Yucatán, en investigar, en la fase complementaria, los hechos relativos a las pruebas de descargo, se aprecia que no tienen sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación; por lo cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: De la literalidad del último artículo se obtiene, que el legislador determinó que, por regla general, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera. Por ende, de la intelección de los numerales antes indicados, el último interpretado en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no tengan una ejecución de imposible reparación. Como única excepción, tratándose de violaciones procesales, la legislación de amparo, en la fracción VIII del ordinal en estudio, refiere que el amparo indirecto será procedente únicamente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Ahora bien, las omisiones a que hace alusión la parte quejosa, en concreto, devienen de que con fechas veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, veintiséis de enero (foja 28 del legajo II) y cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 109 y 110 del legajo II), ofreció diversos datos de prueba para acreditar la disfunción eréctil que padece el imputado, por lo que el Fiscal responsable tuvo conocimiento de la pretensión de la defensa de preparar las pruebas de descargo, sin que haya realizado las gestiones necesarias para agilizar la obtención del análisis de sangre y del ultrasonido doppler de pene con inyección de caverjet para sustentar el padecimiento. Dichas actuaciones se ubican en la etapa de investigación complementaria, por lo que es inconcuso que no afectan derechos sustantivos, de manera que pudieron impugnarse, como violaciones intraprocesales, al reclamarse la determinación que inicia la etapa intermedia, esto es, el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, en la que se tuvo por formulada la acusación (fojas 133 a 135 del legajo I); sin que la parte quejosa lo haya tildado de inconstitucional. [...] De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; razón por la cual, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento, de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Como ya se dijo, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse los actos u omisiones de la etapa de investigación complementaria, una vez iniciada la fase intermedia, al dictarse el auto correspondiente, esto es, justo en el cierre definitivo de la investigación. En esa tesitura, si se reclaman omisiones del Fiscal responsable dentro de la investigación complementaria, esos actos sólo generan consecuencias de índole procesal, pues no producen una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. En todo caso, se insiste, la parte quejosa debió impugnar las omisiones reclamadas, como violaciones intraprocesales, al controvertir el auto de apertura a la fase intermedia, es decir, el cierre definitivo de la etapa de investigación, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento; sin que en el presente juicio de amparo la parte quejosa lo hubiere impugnado de manera destacada y autónoma. [...] Así como, por analogía en su razonamiento, la tesis IV.1o.P.27 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, visible a página 3502, del rubro y texto siguientes: [...] Más aún, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, el imputado o su defensor solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso o desestimar los cargos de la Fiscalía, denunciados en su contra, de conformidad con el artículo 340, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante los acuerdos reparatorios y, en su caso, el debate del descubrimiento probatorio, como se señala en el diverso ordinal 344 de la indicada legislación. [...] Por tanto, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, es que se actualiza el motivo de inejercibilidad en estudio; por tanto, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. [...] Así como, por analogía en su razonamiento, la tesis I.4o.P.2 P (11a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, visible a página 3363, del rubro y texto siguientes: [...] Máxime que las omisiones del Fiscal responsable que en esta vía reclama, ya fueron materia de debate ante el juzgado de control respectivo, pues con fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, la propia defensa solicitó control judicial de los datos de prueba en comento, empero, el juzgador responsable resolvió que no era procedente la reapertura de la investigación por las razones ahí indicadas (fojas 127 y 128 del legajo I); sin que tampoco se advierta que la parte quejosa haya impugnado dicha determinación en el presente sumario constitucional. Expuesto lo anterior, este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia que impida analizar el fondo del asunto, sin que sea necesario realizar un estudio de cada una las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Previo a iniciar el estudio, se precisa que aunque procede la suplencia de la queja deficiente en favor del quejoso, dado que tiene el carácter de imputado en la causa penal de origen, el estudio del asunto se concretará a los aspectos alegados en los motivos de inconformidad, haciéndose innecesario emitir un pronunciamiento específico respecto de todos los apartados vinculados con el acto reclamado, en la parte que no se avizore vulneración de derechos fundamentales, pues tal suplencia no significa que deba quedar plasmado en la sentencia el por qué no le afectan cuestiones que éste no planteó, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo que le es adverso. [...] Bajo ese contexto, resultan infundados los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa. Ésta señala, en esencia, que la determinación de veintidós de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa penal ****, por medio de la cual la responsable negó su solicitud de decretar el sobreseimiento en dicho proceso penal, transgrede los artículos 14, párrafo tercero, 16 y 20, apartado A, fracciones I y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: a) La jueza no debió restar valor probatorio a la interpretación médica que ofreció la defensa, respecto de la cual señaló que es insuficiente porque no menciona cuál de todas las enfermedades fueron las causantes de la disfunción eréctil, ya que debió tomar en cuenta los demás datos ofrecidos, en aplicación estricta de la ley penal. b) Con los datos de prueba aportados, se desvirtuaron los diversos aportados en el auto de vinculación a proceso. c) La víctima y su asesor jurídico, no se opusieron al sobreseimiento de la causa penal. Para demostrar lo infundado de los conceptos de violación, es necesario señalar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: [...] Ordinal que impone a las autoridades la obligación constitucional de fundar y motivar los actos que emitan dentro del ámbito de sus competencias, entendiéndose por fundamentación, la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se consideraron para emitir el acto; siendo necesaria, además, la adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables, para estimar configurada la hipótesis normativa. Así, conforme al citado precepto constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley y especifiquen la normativa de que se trata y los artículos que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, así como los motivos y razones que tomen en consideración para emitir su fallo en determinado sentido, para así cumplir con los requisitos formales contenidos en dicho derecho humano. Lo que es así, ya que tal exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos o no fueron acordes con la motivación expuesta; lo que tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios por parte de las autoridades. De manera que este derecho fundamental constriñe el deber que tiene la autoridad de expresar sus actos por escrito, así como los preceptos legales que regulen el hecho, las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, y la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera legal su acto. Es decir, no sólo es necesario que exprese sus actos por escrito sino que debe fundarlos y motivarlos, estableciendo sobre bases objetivas su racionalidad y legalidad a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a actos de autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico, y así asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En tales condiciones, se concluye que toda resolución jurisdiccional debe cumplir con el principio de legalidad, que es esencia del régimen jurídico de un Estado de derecho, específicamente con su elemento esencial consistente en que debe estar debidamente fundada y motivada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, novena época, que dice: [...] En el entendido que para cumplir con la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. [...] [...] Ahora bien, del análisis integral del acto reclamado, se desprende que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, no adolece del principio de debida fundamentación y motivación, pues la jueza responsable señaló las consideraciones que estimó para determinar el sentido del acto reclamado, adecuando las hipótesis normativas a los hechos expuestos por las partes. Al respecto, del disco compacto exhibido por el juzgado responsable, se advierte que, en audiencia de veintidós de julio de dos mil veintidós, la responsable señaló lo siguiente: [...] De lo anterior se aprecia que la responsable resolvió que no ha lugar a actualizar las causales invocadas por la defensa, pues señaló, en primer término, que con motivo de que la defensa, aquí parte quejosa, no acreditó los extremos de la fracción I del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a que el delito no existió, basó el estudio de su determinación en la diversa fracción III del ordinal en comento, es decir, en cuanto a que se estableciera la inocencia del aquí quejoso ****, la cual tampoco fue demostrada. [...] Sin embargo, restó valor probatorio a la indicada interpretación médica porque: 1. En ésta no se señaló si fue el espolón, la hipertensión, el sedentarismo o la diabetes la causa de la disfunción eréctil, ni el nexo científico que existe entre estos padecimientos con el indicado impedimento sexual. 2. Tampoco se hizo referencia, en dicho dato de prueba, por qué la extracción de un quiste inguinal realizada al aquí quejoso pudo haber tenido una consecuencia que afectara de manera directa su desempeño sexual. 3. Se advirtió una contradicción, pues en el examen Doppler de pene con inyección caverjet se indicó que no se pudo concretar una erección, probablemente por las condiciones ambientales, no obstante que el examinado tiene un flujo arterial cavernoso con velocidades e índices de resistencia en rangos de la normalidad; sin embargo, en la indicada interpretación médica, se advirtió que existen daños en los vasos sanguíneos y en los cuerpos cavernosos del aquí quejoso. 4. En dicho estudio no se advirtió que el impedimento eréctil haya sido por una causa anormal o diversa, entendiéndose por ésta como una causa biológica u orgánica. 5. Es un médico quien debió hacer esa interpretación y no solamente un radiólogo (*****). 6. Tampoco se precisó cómo es que llegó a la conclusión de que la disfunción eréctil tiene un antecedente de cinco años atrás, siendo necesario que se indicaran los motivos y razones por los cuales se puede afirmar ello, a efecto de poder justificar que el día en el que acontecieron los hechos acusados (quince de enero y veintiséis de agosto de dos mil veintiuno), el aquí quejoso ya parecía la indicada afección por lo que no podría ser considerado como probable responsable de la violación agravada que le fue imputada por la representación social. De ahí que la jueza responsable haya indicado que la defensa no acreditó, aunque sea de manera inferencial, que existiera dentro de la carpeta de investigación, algún dato de prueba que demostrara la indicada disfunción eréctil, pues únicamente realizó esas afirmaciones sin probar su dicho; además que no demostró que la Fiscalía conocía de ese impedimento sexual, por lo que precisó la indicada juzgadora que se limitó a resolver con los datos que se dieron a conocer por las partes en la audiencia que originó el acto reclamado. Argumentos que comparte este juzgador, ya que, por una parte, la juzgadora responsable, en uso de su facultad de libre valoración de los datos de prueba, justificó de manera lógica por qué mermó el valor probatorio de la indicada interpretación médica, como lo dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al señalar, entre otras cosas, la falta de nexo científico entre los padecimientos del aquí quejoso con la disfunción eréctil alegada, así como la contradicción entre los resultados de esa interpretación y la falta de sustento en la acreditación de la antigüedad de la impotencia sexual. Esto, relacionado con los diversos datos de prueba como el estudio Doppler de pene con inyección caverjet, el estudio de química de sangre y el historial clínico de hipertensión y espolones. Además, porque los motivos de sobreseimiento que establece el artículo 327 del indicado código procedimental penal, deben ser demostrados con datos supervenientes que acrediten de manera evidente e indiscutible la necesidad de hacer cesar los efectos del auto de vinculación de proceso, por lo que, contrario a lo que manifestó la parte quejosa, los datos de prueba en los que sustentó su solicitud de sobreseimiento no desvirtuó la sujeción penal a que fue sometido el aquí quejoso. [...] Finalmente, el argumento relativo a que la víctima y su asesor jurídico, no se opusieron al sobreseimiento de la causa penal, debe decirse que ello es insuficiente para decretar la inejercibilidad de la acción penal, pues si bien el artículo 330, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone expresamente: "De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir", lo cierto es que ese requisito no es el único que dispone la legislación procedimental para arribar a la indicada determinación, pues para tal efecto, respecto a las fracciones I y III del artículo 327 de la indicada legislación, se insiste, es necesario demostrar indudablemente que el elemento fáctico que dio origen a la imputación ni siquiera existió y que existen pruebas de que el imputado no lo cometió. Para ello, es necesario que de las pesquisas realizadas en la investigación complementaria por el Fiscal correspondiente, se revele sin duda alguna que el elemento fáctico que dio origen a la imputación no llegó a existir o que sobrevenga alguna prueba que desvincule al imputado de la probabilidad que se le atribuye en la comisión de la conducta antijurídica. Esto es, en concreto, que se demuestre de manera indiscutible que el delito de violación no existió y que el imputado no participó de forma alguna en su consumación; circunstancias que no fueron demostradas por la parte quejosa en el expediente de origen, ya que, como se señaló en párrafos precedentes, los datos de prueba con los que se resolvió la negativa del sobreseimiento, no fueron suficientes para demostrar, de forma irrefutable, la inocencia del imputado. [...] Aunado a que, tal y como lo señaló la jueza responsable, el hecho de que la denunciante, en su carácter de representante de la víctima directa, haya señalado que ambas no quieren dar más seguimiento a la causa penal de origen, no se traduce en que el hecho antijurídico no haya acontecido. Esto último cobra especial relevancia, si se toma en consideración que el artículo 314 del Código Penal del Estado de Yucatán, por exclusión, exceptúa el delito de violación -cuando no sea cometido entre cónyuges o entre concubina o concubinario- como un antijurídico seguido por querella, es decir, que su investigación se persigue de oficio, por lo cual no le es aplicable lo dispuesto por el diverso ordinal 115 de esa legislación sustantiva, relativo a que el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, extingue la acción penal, pues dicho beneficio sólo es aplicable a los delitos que se persiguen por querella. [...] Con lo anterior, es claro que la responsable no transgredió el principio de exacta aplicación de la ley penal, contemplado en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ajustó su determinación a lo que dispone expresamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto al sobreseimiento de la causa y la valoración probatoria; ni lo dispuesto en el diverso ordinal 20, apartado I, fracciones I y V de la Norma Suprema, relativo al esclarecimiento de los hechos y la igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, pues se tomaron en cuenta los datos de prueba que aportó con su petición. Ante ello, conforme a lo antes expuesto, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que en el presente caso se aprecie que existe alguna otra circunstancia por analizar que obligue a este juzgador a suplir la queja deficiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, por conducto de su entonces defensor particular ****, contra actos del Fiscal Investigador en Turno de la Decimo Primera Fiscalía Investigadora, con sede en Progreso, Yucatán, por el motivo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, contra el acto del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Progreso, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. [...]
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