Jose Guadalupe de Jesus Ramirez Castillo

Expediente 1370/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1370/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Guadalupe de Jesus Ramirez Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa********************en contra de la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintitrés, formándose el toca ********************/2023. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, contra de la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en Turno, del Decimocuarto Circuito: El original del expediente 1370/2023. El escrito original de expresión de agravios. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. CÚMPLASE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, parte quejosa en el presente asunto, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el siete de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del referido escrito del recurso de mérito, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en Turno, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En tal virtud, se pone a disposición del Tribunal de Alzada, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del siete de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario CERTIFICA: que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y no se encuentra promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia que en derecho corresponda; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, el auto de admisión, los informes con justificación rendidos por las responsables; asimismo, se hace constar que no existe tercero interesado, pues aun cuando el acto reclamado emana de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, éste no se admitió a trámite, por lo que no se integró la relación procesal. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con el los autos del expediente 40/2023, que envió el Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que el quejoso no los formuló y que el Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. El Juez acuerda: No habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1370/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, en Mérida, promovido por **************, contra actos del Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintidós de mayo de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, consistente en diversas determinaciones dictadas dentro de un expediente administrativo. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, en Mérida, conoció de la demanda, en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1370/20203, y se previno al promovente para que precisara los antecedentes y los actos reclamados. Una vez cumplida la prevención, el seis de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se dio intervención a la representante social federal de la adscripción, quien no formuló pedimento. Además, el ocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación a la demanda en la que se introdujo a la controversia a la Actuaria del Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. Se recibieron los informes con justificación de las responsables. Finalmente, hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama una resolución emitida por una autoridad administrativa dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. Las resoluciones dictadas en el procedimiento administrativo *****, siguientes: El auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual tuvo por no presentada la demanda promovida por ***********. El auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, que declaró firme el diverso de treinta de marzo. El auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, por medio del cual no se accedió a ampliar la demanda inicial. Actuario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. La falta de notificación del auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza del acto reclamado, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado Si bien el Juez y Actuaria, ambas adscritas al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, fueron imprecisos en manifestar sobre la certeza del acto reclamado, de su contenido se evidencia su existencia; ello, ya que la calificativa de su constitucionalidad, es el objeto de estudio en el presente asunto, por lo que no corresponde efectuarla en este apartado, que sólo tiene como finalidad verificar la certeza del acto. Además, la existencia de los actos reclamados, se corrobora con fotocopia certificada del procedimiento administrativo natural que adjuntó a su informe con justificación el Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida; documental que tiene pleno valor probatorio por disposición de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes Previo a continuar con el estudio del resto de los apartados, es necesario contextualizar el acto reclamado, para lo cual se reseñan los antecedentes siguientes: > Demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, *********promovió recurso de revisión en contra de las determinaciones emitidas por la Subdirección de Asuntos Jurídicos de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida. > Por no presentada. El treinta de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Municipal registró la demanda en el expediente******, y determinó tenerla por no presentada, ya que el promovente no adjuntó el acto impugnado y su notificación, incumpliendo con los requisitos exigidos en las fracciones III y V del artículo 19 del Reglamento de lo Contencioso Administrativo de Mérida. Resolución que se notificó personalmente al promovente el trece de abril de dos mil veintitrés. > Causa estado. El veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, el Juez Municipal declaró firme el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, porque no se interpuso el recurso de reclamación procesal previsto en el artículo 76 del Reglamento de la materia. Determinación que se notificó por medio de lista de estrados publicada el veintiséis de abril de dos mil veintitrés. > Ampliación. El veinte de abril de dos mil veintitrés, ********** promovió ampliación a la demanda; sin embargo, en auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, el Juez Municipal no accedió a tener por ampliada la demanda, porque la tuvo por no presentada el treinta de marzo de dos mil veintitrés, y ese proveído quedó firme el veinticuatro de abril siguiente. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo anterior, este juzgador considera que existen diversas causas de improcedencia que impiden el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Acto consentido. Respecto al auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual tuvo por no presentada la demanda, el quejoso ejerció la acción constitucional fuera de término, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Es decir, el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, esto es, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; (3) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Los supuestos descritos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición del quejoso respecto del acto que reclama, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Una vez expuesta la configuración de la causa de improcedencia, a continuación, se demostrará su constatación en el juicio que se resuelve. En primer término, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, pues el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, fue dictado dentro de un procedimiento administrativo, regulado en por el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. El referido plazo debe computarse a partir del día siguiente al que haya surtido efectos la notificación conforme al artículo 84 Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, que dispone que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas. En el caso, el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se notificó personalmente al quejoso el trece de abril de dos mil veintitrés, como consta en la diligencia glosada en autos, la cual no fue impugnada, y que incluso, en la demanda de amparo, el quejoso reconoce que se realizó en esa fecha; por lo que surtió efectos el catorce de abril siguiente. Así, sin incluir los días inhábiles que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo, el plazo para ejercer la acción de amparo trascurrió del quince de abril al nueve de mayo de dos mil veintidós; luego, si la demanda de amparo se ejerció el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se hizo fuera del plazo legal. En consecuencia, respecto del auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Actos derivados de otro consentido. En relación a los autos de veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia que nace de la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 217 de la misma ley y la jurisprudencia 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que son consecuencia de otro consentido. En efecto, en palabras de la Segunda Sala del Alto Tribunal el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé ese precepto legal, no son las únicas hipótesis que la generan, sino que existen otras causas, previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal, de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por otra parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, prevé en forma expresa, que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al funcionar en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas al tratarse de las decretadas por el Pleno y, además, para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, y demás tribunales militares, judiciales, administrativos y del trabajo, del orden común, locales o federales. Sobre esa base, la causa de improcedencia advertida tiene su fundamento en la jurisprudencia 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Cuya aplicación en términos del artículo sexto transitorio del decreto de dos de abril de dos mil diecisiete, es aceptable a pesar de que fue emitida con anterioridad a la legislación de la materia vigente, toda vez que su contenido no se contrapone con ésta. Establecido el fundamento legal de la causa de improcedencia que se considera actualizada, ahora debe precisarse su naturaleza. Acorde a la interpretación dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende por actos derivados de actos consentidos -de los que refiere es improcedente el juicio de amparo-, aquellos que son una consecuencia directa de otros refutados por la ley como consentidos. En otras palabras, son acciones u omisiones de la autoridad, que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros, los cuales, en su momento, la parte quejosa consintió, pues a pesar del evidente perjuicio ocasionado, omitió controvertirlos en el momento correspondiente. Así, al ser el origen del concepto de improcedencia la práctica jurisdiccional, se pueden fijar como requisitos para su actualización los siguientes: A. El acto origen del reclamado debió ser notificado a la parte quejosa. B. El acto debe ser susceptible de impugnarse, al menos por vía de amparo, o en su caso mediante algún ordinario de defensa. C. El acto debe causar perjuicios. D. El acto derivado del consentido sea: repetición de éste o consecuencia legal y necesaria; o bien, estaba implícito o comprendido en él. E. Su constitucionalidad depende de forma exclusiva del acto del que deriva y éste se omitió impugnarlo por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Una vez asentado el fundamento legal y la naturaleza de los actos derivados de otros consentidos como motivo de improcedencia del juicio de amparo, a continuación se explicará porqué su actualización en el asunto que se resuelve. Los actos reclamados emanan del procedimiento administrativo ******, del índice del Tribunal de lo Contencioso de Mérida, en el que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso promovió el recurso de revisión en contra de las determinaciones emitidas por la Subdirección de Asuntos Jurídicos de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida. El treinta de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Municipal registró la demanda en el expediente *********, y determinó tenerla por no presentada, ya que el promovente no adjunto el acto impugnado y su notificación. Resolución que se notificó personalmente el trece de abril de dos mil veintitrés, y causó estado el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, porque no se interpuso el recurso de reclamación procesal previsto en el artículo 76 del Reglamento de la materia. Después, el Juez Municipal emitió el auto de veinticinco de abril dos mil veintitrés, en el que no accedió a tener por ampliada la demanda, porque el treinta de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada y ese proveído quedó firme el veinticuatro de abril siguiente. Acorde a lo narrado se actualizan los elementos para estimar que los autos de veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, son consecuencia del diverso de treinta de marzo de dos mil veintidós, que el quejoso consistió. Se afirma lo anterior, porque el impetrante conocía el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, pues se le notificó personalmente el trece de abril pasado. Además, estuvo en aptitud de controvertido, ya sea a través del juicio constitucional o el recurso de reclamación procesal previsto en el artículo 76, fracción I, del Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida; sin embargo, no lo hizo. Además, es notorio que al tenerse por no presentada la demanda, el provisto de treinta de marzo pasado, no le causó perjuicios al impetrante. En esa directriz, los autos de veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, son consecuencia legal y necesaria del auto de treinta de marzo pasado, pues al no recurrirse este quedó firme y con ello impidió, la continuación del procedimiento. De esta manera, no es posible analizar la constitucionalidad de los actos reclamados ya que depende de forma exclusiva del acto del que deriva y éste se omitió impugnarlo. Por tanto, queda manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, al actualizarse la referida causa de improcedencia, se sobresee en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Subsistiendo el acto reclamado no puede surtir efecto. En relación a la falta de notificación del auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el citado precepto legal prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de éste. En la citada porción normativa, el legislador consideró que existen situaciones en las que subsistiendo el acto de autoridad cuya inconstitucionalidad se alega, en caso de concluirse que es inconstitucional, sería imposible restituir al gobernado en el goce del derecho que estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia que conceda la protección constitucional. En ese contexto, puede decirse que la causa de improcedencia se actualiza en los supuestos en que: a) El derecho afectado por el acto de autoridad se encontró incorporado temporalmente a la esfera jurídica de aquél. b) La situación jurídica de la que emanaba el derecho afectado se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. c) Por cualquier otro motivo que, jurídicamente, impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del gobernado. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. XCVIII/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse". Expuesto lo anterior, en el caso que se analiza, el suscrito considera que debido a que la quejosa consintió el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, aun ante eventual sentencia de amparo en contra de la notificación del auto veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, no podría surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto, toda vez que el procedimiento administrativo concluyó. Además, la parte quejosa debió interponer el incidente de nulidad de notificaciones que prevé el artículo 50, fracción III, del Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, al resultar el medio de defensa ordinario procedente en contra de la notificación. Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, es que debe sobreseerse en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, al no haberse combatido por vicios propios, ya que su ilegalidad la hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, contra actos del Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, consistente en diversas determinaciones dictadas dentro de un expediente administrativo ******, por las razones expresadas en el último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

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