José Guadalupe Orozco Coria

Expediente 359/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
359/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • José Guadalupe Orozco Coria

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Acuse de recibo. Agréguese el oficio de cuenta, que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por medio del cual, acusa recibo del oficio por el cual le fue remitido el informe respecto de la suspensión de plano rendido por el Director General del Centro de Readaptación Social número diecisiete, de Buenavista Tomatlán. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Se remite oficio a la autoridad competente. Se tiene por recibido el oficio telegráfico de cuenta, signado por el Director General del Centro Federal de Reinserción Social número 17 de Buenavista Tomatlán, Michoacán; sin embargo, mediante oficio que al efecto se libre previa copia simple que se deje en autos, remítase al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por ser este quien aceptó la competencia planteada y lo registró con el número de amparo 209/2018-I. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Acuse de incompetencia. Agréguese el oficio de cuenta, que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por medio del cual, informa que acepta la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ana María Orozco Guillen, en favor de José Guadalupe Orozco Coria. Archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se aceptó la competencia declinada por el juzgado de distrito diverso, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 359/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, es necesario realizar la precisión del acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo con el análisis integral de la demanda. Al efecto, se tiene como acto reclamado: La falta de atención médica, de José Guadalupe Orozco Coria, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 17 de Buenavista Tomatlán, Michoacán. SUSPENSIÓN DE PLANO. En virtud de que el acto reclamado pudiera poner en peligro la vida del quejoso con apoyo en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para que las autoridades responsables, de inmediato proporcionen la atención médica, para lo cual deberán realizar las gestiones pertinentes y necesarias para ese efecto. Es decir, se concede la medida cautelar solicitada para el efecto de que las autoridades de INMEDIATO OTORGUEN EL SERVICIO MÉDICO a la parte quejosa, lo anterior, en el entendido de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias deberán realizar todas aquéllas gestiones y acciones encaminadas a que José Guadalupe Orozco Coria, cuente con el servicio de salud que requiere de acuerdo a su estado actual, es decir, debe recibir la atención médica de los especialistas necesarios y que le sean suministrados todos los medicamentos que pudiera necesitar, así como el diagnóstico integral y estudios clínicos necesarios. Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 2660, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad." De lo anterior, se concluye que el derecho a la protección de la salud de una persona implica que cuando éste padezca de alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, deberá vigilarse que se le proporcione y atienda oportunamente. Atento a ello, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, informe las medidas adoptadas a fin de proporcionar el servicio médico y tratamiento de acuerdo al padecimiento que presenta el quejoso José Guadalupe Orozco Coria. Asimismo, las autoridades responsables deberán acreditar las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de plano, agregando al informe solicitado copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a las autoridades que ante la falta del informe requerido dentro del improrrogable plazo de VEINTICUATRO HORAS señalado, o de la remisión de dicho informe sin las constancias mencionadas, habrá la necesidad de imponerles una corrección disciplinaria consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan incurrir. Sirve de orientación al caso concreto que se analiza, la tesis de jurisprudencia I.4o. A.1 K, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1697, Tomo II, Libro 5, Abril de 2014, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. EL JUZGADOR PUEDE PROVEER SOBRE SU OTORGAMIENTO AUN CUANDO NO HAYA ADMITIDO A TRÁMITE LA DEMANDA, AL HABER PREVENIDO AL QUEJOSO PARA QUE LA ACLARE. Si bien es cierto que el artículo 126 de la Ley de Amparo, en torno a la suspensión de plano y de oficio en relación con actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una regla general en cuanto al momento en que debe proveerse al respecto, consistente en que debe hacerse en el auto de admisión, también lo es que tal regla no es absoluta ni restrictiva, ya que admite excepciones, como las contenidas en los artículos 15 y 48 de la propia ley, relativas a que la demanda sea promovida por cualquier persona en nombre del agraviado en el caso de que éste se encuentre imposibilitado para hacerlo, o cuando el juzgador estime que carece de competencia para conocer de la demanda y la remita al Juez o tribunal competente, en las que debe decretarse previamente dicha medida cautelar. En ese tenor, si la actualización de las excepciones referidas tiene su origen en la naturaleza relevante de los actos reclamados señalados, respecto de los cuales se colma un caso de urgencia para que el juzgador de amparo provea de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, sin haber admitido la demanda, también debe aplicar a aquellos casos en que ésta se presenta y el juzgador previene al quejoso a efecto de que la aclare, pues operan las mismas razones que el legislador tomó en cuenta para que se otorgara la suspensión de oficio y de plano sin admitir la demanda, en las hipótesis descritas". Ahora bien, a fin de vigilar el puntual cumplimiento que deben dar las autoridades responsables a la suspensión de plano otorgada, para este único fin, los oficios y anexos correspondientes se recibirán vía fax en este órgano jurisdiccional, dentro del plazo señalado -veinticuatro horas siguientes al en que sea recibido el oficio correspondiente, sin demérito de la recepción del oficio que contenga firma autógrafa de la autoridad responsable en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, o bien, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional. Para ello se informa que el número de fax es 01 443 3226960 extensión 1183. Asimismo, se autoriza la recepción de las constancias solicitadas por el correo institucional que es 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. SE DECLARA INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Orozco Coria, a través de su esposa Ana María Orozco Guillén, se advierte que acude en esta vía señalando como acto reclamado la falta de atención médica del quejoso directo. En consecuencia, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Ello es así, porque si bien es cierto que la falta de atención médica es un acto de naturaleza negativa u omisiva, cierto también resulta que genera efectos positivos sobre el quejoso directo José Guadalupe Orozco Coria, pues lo que se pretende es que cese el estado de necesidad de esa atención, lo cual impacta en su estado de salud, lo que se producirá en el lugar donde se encuentra recluido. Apoya lo anterior, la tesis II.2o.P.16 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con número de registro 2012019, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". De modo que debe ser un Juez de Distrito con jurisdicción en Uruapan, Michoacán, el que ha de conocer del asunto. Lo anterior conforme con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Consecuentemente, se toma en cuenta que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: [...] XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro. (lo subrayado es propio). En consecuencia, lo procedente es remitir la demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad. De ahí que, como ya se mencionó la competencia por razón de territorio no corresponda a un juzgado de distrito con residencia en esta ciudad, si no un juzgado que ejerza su jurisdicción en la localidad en la cual se ejecutará el acto reclamado. Remítanse los presentes autos y anexos, solicitando el acuse de recibo respectivo así como el informe de si acepta o no la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado de Distrito; con copias certificadas de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejos, para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Asimismo, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Xavier Nares Nieto y Marcelo Contreras Zavala, ya que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogados al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que la otra persona únicamente para oír y recibir notificaciones. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretario que autoriza y da fe.

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