José Gilberto Pedraza Escobar
Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Gilberto Pedraza Escobar
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. III. Documentos irrecuperables. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. III. Documentos irrecuperables. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil dieciocho. REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por José Gilberto Pedraza Escobar, por propio derecho; regístrese en el libro de gobierno con el número 21/2018 y, fórmese el expediente de que se trata. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de nombrar u ordenar que se nombren trabajadores administrativos no agremiados al sindicato responsable, para los efectos que se sigan realizando los trámites de expedición de títulos profesionales. La negativa de prestar el trámite de expedición de títulos profesionales a través de sus miembros no agremiados. La omisión de garantizar el adecuado funcionamiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como los diversos trámites administrativos que realiza. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en relación con los actos reclamados, se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1° fracción I, y 5o. fracción II, del mismo ordenamiento legal. En este contexto, el arábigo 1o. de la Ley de Amparo en vigor, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen o vulneren los derechos humanos (otrora llamados garantías individuales), reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se sigue que la demanda constitucional es improcedente en contra de aquellos actos que no encuadren en el concepto de autoridad, por no reunir los requisitos esenciales para ejercer respecto de ellos un control de regularidad constitucional. Ahora, para que un acto jurídico de un particular pueda ser considerado como de autoridad, aunque sea por equiparación para efectos del juicio de amparo, es necesario que ese acto reúna iguales propiedades que el acto de autoridad formal. Así pues, la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, consigna las características que un acto debe reunir para que sea considerado como de autoridad, ya que precisa en su primer párrafo que es aquel que crea, modifica o extingue una situación jurídica, de forma unilateral y obligatoria. El acto de autoridad y el de los particulares convergen en que producen una mutación en la realidad, pues ambos tienen la capacidad de crear, reconocer, declarar, transmitir, modificar o extinguir situaciones concretas y particulares, porque una fuente material de las obligaciones es precisamente la voluntad de las personas (los convenios en sentido lato). No obstante lo anterior, esa mutación de la realidad no es igual porque cuando se trata de la autoridad se crea, modifica o extingue una situación jurídica que por ser pública la fuente de esa voluntad, resulta obligatoria y oponible a todas las personas (erga omnes). En cambio, la mutación de la realidad por virtud de la manifestación de la voluntad de un particular, por tener su origen en el ejercicio del libre albedrío, no es obligatoria, y, por ende, no es oponible a terceros. Así, un acto de autoridad que ejerce la función legislativa apreciado desde un punto de vista objetivo o material o sea prescindiendo de su autor y de la forma como se realiza y sólo se considera la naturaleza intrínseca del acto en el cual se concreta y exterioriza tiene los siguientes atributos: 1. Es general, la ley desde el punto de vista material se caracteriza por ser un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica general; es decir, por su naturaleza es abstracta e impersonal. 2. Es permanente, o sea que los derechos que otorga o las obligaciones que impone no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y puede ser modificada por otra ley. 3. Es imperativa, lo que implica la orden de someterse a sus disposiciones. 4. Es coercitiva, además del carácter general e imperativo de la ley, ésta debe tener los medios adecuados que garanticen su cumplimiento, es decir, la ley debe tener y tiene una sanción. En efecto, si la ley no se cumple voluntariamente, es necesario que el poder público intervenga e imponga su cumplimiento forzoso. Estas últimas dos características son las que nutren de obligatoriedad al acto materialmente legislativo, de tal suerte que, en los términos del párrafo segundo, fracción II, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, para que un acto de un particular sea "equivalente" a uno de naturaleza legislativo tendría que coincidir con todos esos aspectos. El acto administrativo desde el punto de vista material, es la manifestación unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de las autoridades administrativas, en el ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la satisfacción del interés general, que tiene por objeto, crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. Para que un particular pudiera emitir un acto equivalente a una función administrativa, tendría que satisfacer todos esos requisitos. El acto jurisdiccional desde el punto de vista material se caracteriza porque supone, en primer término y a diferencia de las otras funciones, una situación de duda o de conflicto preexistentes; también supone generalmente dos pretensiones opuestas cuyo objeto es muy variable; que pueden referirse a un hecho, actitud o acto jurídico que se estimen contradictorios con un derecho o una norma legal, o a un estado de incertidumbre sobre la interpretación, alcance o aplicación de una norma o de una situación jurídica. El acto se materializa, mediante la aplicación de la norma general al caso concreto para decidir el conflicto, incertidumbre, o la interpretación que origina la actividad del juzgador, generando con ello la cosa juzgada. Debe reiterarse que los requisitos que enumera el citado normativo son los siguientes: 1. Que se trate de un acto unilateral. 2. Que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas. 3. Que ello se realice con fundamento en una ley, y, 4. Que sea obligatoria. Es oportuno señalar que la obligatoriedad de la que habla el artículo 5o. de la Ley de Amparo, se refiere a aquella que se produce de forma inexcusable, que no es potestativa y que ante su inobservancia procede la imposición de una sanción. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que en cualquier relación jurídica, por ejemplo contractual, cuando una de las partes decidiera no cumplir con las obligaciones que personalmente le incumben, decisión que además es unilateral y sin aparente justificación, debe considerarse como acto de autoridad, y no simplemente incumplimiento de las obligaciones derivadas de un pacto comisorio. Violación a las obligaciones contractuales, cuya tutela debe ser canalizada a través de las acciones ordinarias previstas en las legislaciones civil, penal, administrativa o laboral. Lo contrario significaría que cualquier incumplimiento de los particulares, del Estado o de sus organismos descentralizados, de cualquier contrato, de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo, arrendamiento, compraventa, etcétera, deba ser considerado como acto de autoridad, lo que no es congruente con el espíritu de la reforma pues del análisis que se realice del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, suscrita por los Senadores Alejandro González Alcocer, José Murillo Karam y Tomás Torres Mercado, el once de octubre de dos mil once, se advierte la nítida intención de que el juicio de amparo no sustituya a los procedimientos ordinarios, pues al efecto se estableció: "Autoridad responsable y particulares. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban incoarse por vía constitucional." "A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos". Al respecto, cobra aplicación la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de la siguiente literalidad: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". También cobra aplicación al caso por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." De lo anterior se sigue que los actos reclamados en este juicio, en realidad, no son materia de análisis en el juicio de amparo. Ello es así porque el nombrar o no personal no sindicalizado para que atiendan trámites administrados de la máxima casa de estudios en situaciones de paros laborales de los trabajadores sindicalizados es una cuestión discrecional que solo corresponde al rector de dicha institución. Tema que se encuentra vinculado con la autonomía universitaria: corresponde a la institución resolver los conflictos que se presenten entre sus trabajadores, por lo que a través del juicio de amparo no es viable obligar a su rector el nombramiento del personal no sindicalizado para que atienda trámites exclusivos con la expedición de títulos pues, incluso, no se está en condición de verificar si esa casa de estudios cuenta con ese tipo de personal, al menos porque no aparece probado. Sirve de orientación la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 166045 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. CXIII/2009 Página: 135 "UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. SU COMISIÓN DE RECTORÍA NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL NOMBRAR A SU RECTOR. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversos precedentes que para estimar que se ha realizado un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal, al interpretar la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, precisó que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello implique, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines; de tal manera que la autonomía universitaria, manifestada en su facultad de autogobierno, dota a las universidades de capacidad para, entre otras cosas, tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano interior. En este orden, el examen de los artículos 1o., 2o., 8o., 9o. y 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo permite sostener que la Comisión de Rectoría de dicha Universidad es una de sus autoridades administrativas y, por ende, depositaria de su gobierno, por lo cual en ejercicio de la competencia ejecutiva de esa casa de estudios derivada de la autonomía que la Constitución General de la República le confiere, posee la atribución de designar al Rector; luego, el mecanismo conforme al cual la Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento de Rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad. Por lo tanto, no puede tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la señalada Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues atendiendo a la naturaleza jurídica del nombramiento del Rector de la citada Universidad, se llega a la conclusión de que aquella autoridad, a través de tales actos, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, máxime que la posición del aspirante a ese encargo no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investido dicho órgano." Por otra parte, debe destacarse otro motivo por el que se estima improcedente el amparo: desde este momento se advierte que los efectos de una eventual sentencia protectora provocarían transgresión al principio de relatividad. Cierto, contrario a lo que sostiene el quejoso en su demanda de amparo, visualizando los posibles efectos de una eventual concesión de amparo, sería imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos constitucionales violentados sin vulnerar el principio de relatividad de las sentencias constitucionales debido a que resultaría jurídicamente imposible otorgar la protección de la justicia federal para que, únicamente al peticionario se le atienda en su trámite de titulación. Por lo que de otorgarse el amparo vulneraría las normas o principios que lo rigen, casos en los cuales, como se dijo, la acción constitucional resulta improcedente; de lo contrario se llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio constitucional y, por ende, a la regularidad que busca preservar. Fundamenta al tema tratado, la jurisprudencia de la 2a./J. 36/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1060, que dice: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." Finalmente, por las premisas dadas de acuerdo con la forma en que se planteó la demanda de amparo, a las autoridades que se señalaron como responsables, incluso al Gobernador del Estado, no les asiste ese carácter dado que no están actuando con facultad de imperio. Máxime que, como se expuso, en atención con la autonomía universitaria le corresponde a la casa de estudios resolver sus conflictos internos sin la injerencia de diversas autoridades. Finalmente con los actos reclamados no se le está negando la expedición del título profesional porque de la documental que anexó se advierte que ya fue impreso. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual basta la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En términos del artículo 26 fracción I de la Ley de Amparo se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el que señala. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Isabel Escobar Huerta, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a David Escobar Huerta y el pasante de la carrera de licenciado en Derecho Luis Armando Pedraza Escobar. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Jesús Salud Méndez García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN SINTESIS DICE: Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil dieciocho. REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por José Gilberto Pedraza Escobar, por propio derecho; regístrese en el libro de gobierno con el número 21/2018 y, fórmese el expediente de que se trata. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de nombrar u ordenar que se nombren trabajadores administrativos no agremiados al sindicato responsable, para los efectos que se sigan realizando los trámites de expedición de títulos profesionales. La negativa de prestar el trámite de expedición de títulos profesionales a través de sus miembros no agremiados. La omisión de garantizar el adecuado funcionamiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como los diversos trámites administrativos que realiza. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en relación con los actos reclamados, se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1° fracción I, y 5o. fracción II, del mismo ordenamiento legal. En este contexto, el arábigo 1o. de la Ley de Amparo en vigor, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen o vulneren los derechos humanos (otrora llamados garantías individuales), reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se sigue que la demanda constitucional es improcedente en contra de aquellos actos que no encuadren en el concepto de autoridad, por no reunir los requisitos esenciales para ejercer respecto de ellos un control de regularidad constitucional. Ahora, para que un acto jurídico de un particular pueda ser considerado como de autoridad, aunque sea por equiparación para efectos del juicio de amparo, es necesario que ese acto reúna iguales propiedades que el acto de autoridad formal. Así pues, la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, consigna las características que un acto debe reunir para que sea considerado como de autoridad, ya que precisa en su primer párrafo que es aquel que crea, modifica o extingue una situación jurídica, de forma unilateral y obligatoria. El acto de autoridad y el de los particulares convergen en que producen una mutación en la realidad, pues ambos tienen la capacidad de crear, reconocer, declarar, transmitir, modificar o extinguir situaciones concretas y particulares, porque una fuente material de las obligaciones es precisamente la voluntad de las personas (los convenios en sentido lato). No obstante lo anterior, esa mutación de la realidad no es igual porque cuando se trata de la autoridad se crea, modifica o extingue una situación jurídica que por ser pública la fuente de esa voluntad, resulta obligatoria y oponible a todas las personas (erga omnes). En cambio, la mutación de la realidad por virtud de la manifestación de la voluntad de un particular, por tener su origen en el ejercicio del libre albedrío, no es obligatoria, y, por ende, no es oponible a terceros. Así, un acto de autoridad que ejerce la función legislativa apreciado desde un punto de vista objetivo o material o sea prescindiendo de su autor y de la forma como se realiza y sólo se considera la naturaleza intrínseca del acto en el cual se concreta y exterioriza tiene los siguientes atributos: 1. Es general, la ley desde el punto de vista material se caracteriza por ser un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica general; es decir, por su naturaleza es abstracta e impersonal. 2. Es permanente, o sea que los derechos que otorga o las obligaciones que impone no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y puede ser modificada por otra ley. 3. Es imperativa, lo que implica la orden de someterse a sus disposiciones. 4. Es coercitiva, además del carácter general e imperativo de la ley, ésta debe tener los medios adecuados que garanticen su cumplimiento, es decir, la ley debe tener y tiene una sanción. En efecto, si la ley no se cumple voluntariamente, es necesario que el poder público intervenga e imponga su cumplimiento forzoso. Estas últimas dos características son las que nutren de obligatoriedad al acto materialmente legislativo, de tal suerte que, en los términos del párrafo segundo, fracción II, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, para que un acto de un particular sea "equivalente" a uno de naturaleza legislativo tendría que coincidir con todos esos aspectos. El acto administrativo desde el punto de vista material, es la manifestación unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de las autoridades administrativas, en el ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la satisfacción del interés general, que tiene por objeto, crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. Para que un particular pudiera emitir un acto equivalente a una función administrativa, tendría que satisfacer todos esos requisitos. El acto jurisdiccional desde el punto de vista material se caracteriza porque supone, en primer término y a diferencia de las otras funciones, una situación de duda o de conflicto preexistentes; también supone generalmente dos pretensiones opuestas cuyo objeto es muy variable; que pueden referirse a un hecho, actitud o acto jurídico que se estimen contradictorios con un derecho o una norma legal, o a un estado de incertidumbre sobre la interpretación, alcance o aplicación de una norma o de una situación jurídica. El acto se materializa, mediante la aplicación de la norma general al caso concreto para decidir el conflicto, incertidumbre, o la interpretación que origina la actividad del juzgador, generando con ello la cosa juzgada. Debe reiterarse que los requisitos que enumera el citado normativo son los siguientes: 1. Que se trate de un acto unilateral. 2. Que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas. 3. Que ello se realice con fundamento en una ley, y, 4. Que sea obligatoria. Es oportuno señalar que la obligatoriedad de la que habla el artículo 5o. de la Ley de Amparo, se refiere a aquella que se produce de forma inexcusable, que no es potestativa y que ante su inobservancia procede la imposición de una sanción. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que en cualquier relación jurídica, por ejemplo contractual, cuando una de las partes decidiera no cumplir con las obligaciones que personalmente le incumben, decisión que además es unilateral y sin aparente justificación, debe considerarse como acto de autoridad, y no simplemente incumplimiento de las obligaciones derivadas de un pacto comisorio. Violación a las obligaciones contractuales, cuya tutela debe ser canalizada a través de las acciones ordinarias previstas en las legislaciones civil, penal, administrativa o laboral. Lo contrario significaría que cualquier incumplimiento de los particulares, del Estado o de sus organismos descentralizados, de cualquier contrato, de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo, arrendamiento, compraventa, etcétera, deba ser considerado como acto de autoridad, lo que no es congruente con el espíritu de la reforma pues del análisis que se realice del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, suscrita por los Senadores Alejandro González Alcocer, José Murillo Karam y Tomás Torres Mercado, el once de octubre de dos mil once, se advierte la nítida intención de que el juicio de amparo no sustituya a los procedimientos ordinarios, pues al efecto se estableció: "Autoridad responsable y particulares. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban incoarse por vía constitucional." "A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos". Al respecto, cobra aplicación la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de la siguiente literalidad: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". También cobra aplicación al caso por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." De lo anterior se sigue que los actos reclamados en este juicio, en realidad, no son materia de análisis en el juicio de amparo. Ello es así porque el nombrar o no personal no sindicalizado para que atiendan trámites administrados de la máxima casa de estudios en situaciones de paros laborales de los trabajadores sindicalizados es una cuestión discrecional que solo corresponde al rector de dicha institución. Tema que se encuentra vinculado con la autonomía universitaria: corresponde a la institución resolver los conflictos que se presenten entre sus trabajadores, por lo que a través del juicio de amparo no es viable obligar a su rector el nombramiento del personal no sindicalizado para que atienda trámites exclusivos con la expedición de títulos pues, incluso, no se está en condición de verificar si esa casa de estudios cuenta con ese tipo de personal, al menos porque no aparece probado. Sirve de orientación la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 166045 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. CXIII/2009 Página: 135 "UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. SU COMISIÓN DE RECTORÍA NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL NOMBRAR A SU RECTOR. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversos precedentes que para estimar que se ha realizado un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal, al interpretar la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, precisó que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello implique, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines; de tal manera que la autonomía universitaria, manifestada en su facultad de autogobierno, dota a las universidades de capacidad para, entre otras cosas, tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano interior. En este orden, el examen de los artículos 1o., 2o., 8o., 9o. y 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo permite sostener que la Comisión de Rectoría de dicha Universidad es una de sus autoridades administrativas y, por ende, depositaria de su gobierno, por lo cual en ejercicio de la competencia ejecutiva de esa casa de estudios derivada de la autonomía que la Constitución General de la República le confiere, posee la atribución de designar al Rector; luego, el mecanismo conforme al cual la Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento de Rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad. Por lo tanto, no puede tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la señalada Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues atendiendo a la naturaleza jurídica del nombramiento del Rector de la citada Universidad, se llega a la conclusión de que aquella autoridad, a través de tales actos, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, máxime que la posición del aspirante a ese encargo no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investido dicho órgano." Por otra parte, debe destacarse otro motivo por el que se estima improcedente el amparo: desde este momento se advierte que los efectos de una eventual sentencia protectora provocarían transgresión al principio de relatividad. Cierto, contrario a lo que sostiene el quejoso en su demanda de amparo, visualizando los posibles efectos de una eventual concesión de amparo, sería imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos constitucionales violentados sin vulnerar el principio de relatividad de las sentencias constitucionales debido a que resultaría jurídicamente imposible otorgar la protección de la justicia federal para que, únicamente al peticionario se le atienda en su trámite de titulación. Por lo que de otorgarse el amparo vulneraría las normas o principios que lo rigen, casos en los cuales, como se dijo, la acción constitucional resulta improcedente; de lo contrario se llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio constitucional y, por ende, a la regularidad que busca preservar. Fundamenta al tema tratado, la jurisprudencia de la 2a./J. 36/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1060, que dice: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." Finalmente, por las premisas dadas de acuerdo con la forma en que se planteó la demanda de amparo, a las autoridades que se señalaron como responsables, incluso al Gobernador del Estado, no les asiste ese carácter dado que no están actuando con facultad de imperio. Máxime que, como se expuso, en atención con la autonomía universitaria le corresponde a la casa de estudios resolver sus conflictos internos sin la injerencia de diversas autoridades. Finalmente con los actos reclamados no se le está negando la expedición del título profesional porque de la documental que anexó se advierte que ya fue impreso. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual basta la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En términos del artículo 26 fracción I de la Ley de Amparo se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el que señala. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Isabel Escobar Huerta, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a David Escobar Huerta y el pasante de la carrera de licenciado en Derecho Luis Armando Pedraza Escobar. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Jesús Salud Méndez García, secretario que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- José García Cruz330/2017
- José García Guerrero y Otros.598/2021
- José García Quintero1121/2019
- José Gerardo Pérez Silva1351/2019
- José Gerardo Talavera Pineda618/2023
- José Gerardo Villa Gutiérrez92/2017
- José Gilberto Pedraza Escobar.884/2017
- José Gilberto Pedraza Escobar167/2018
- José Guadalupe Hernández Barrera1124/2017
- José Guadalupe Morales Chávez110/2023
- José Guadalupe Mota Jiménez727/2021
- José Guadalupe Orozco Coria359/2018