José Guadalupe Fernández Ávila

Expediente 2208/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2208/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • José Guadalupe Fernández Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se tiene que a la fecha se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, con lo informado por el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan. II. Diferimiento de audiencia incidental. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia incidental a que se refiere el artículo 138 de la Ley de Amparo, señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Se recibe informe justificado. Por recibido el oficio signado por la presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Pruebas. Por otra parte, se tienen como pruebas de su parte las copias certificadas que remite en apoyo a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, vistas las constancias exhibidas por la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la Décima Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 2325/2019, de su índice. Luego, de las constancias que se acompañaron al informe de cuenta, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que el veintiuno de enero de dos mil veintidós, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio de origen. Luego, de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado dado que el veintiuno de enero de dos mil veintidós, se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio natural, por lo cual debe decirse que el acto reclamado, cesó sus efectos y, por ende, desapareció totalmente, lo cual implica que no se puede estudiar su constitucionalidad por haber dejado de surtir efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues fue sustituido procesalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve para justificar lo anterior, los criterios siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente" Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las catorce horas con once minutos del dos de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda este asunto, se pudo destacar que de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que no obran las constancias de notificación relativas a los oficios 42196/2021 y 42197/2021, del índice de este juzgado de Distrito, dirigidos al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, y a la Décimo Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, referentes al proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, en el cual, se le requirió a la autoridad responsable su informe de ley. II. Se reexpiden oficios. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, reexpídanse los oficios antes precisados; asimismo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que tan pronto estén disponibles los acuses respectivos, los incorpore al expediente electrónico de este asunto; lo anterior, con la finalidad de continuar con la prosecución judicial de este asunto. III. Diferimiento de la audiencia constitucional. Por lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual, informa que dicho órgano constitucional admitió el recurso de revisión 273/2021, interpuesto contra la sentencia dictada en este asunto; con lo que se da vista a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/maa

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