José Guadalupe Córdova Hernández

Expediente 643/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
643/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2018

Partes del expediente

  • José Guadalupe Córdova Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia.Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno.Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    aviso.- por este medio de lista se notifica al quejoso del proveido de veintidós de junio en curso, mediante el cual Téngase por recibida la demanda promovida por José Guadalupe Córdova Hernández, contra actos del Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 643/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Por acto intraprocesal. De una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley que lo regula, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo. El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber:  Que sean actos dentro de juicio.  Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia definitiva; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Ello, según se advierte de la tesis I.6o.C.28 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: En el caso se reclaman conductas derivadas del juicio mercantil ejecutivo 2139/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, asimismo, de las manifestaciones formuladas bajo protesta de decir verdad por el quejoso en los antecedentes del acto reclamado, se advierte que no se ha dictado sentencia definitiva. Por ello, el acto reclamado tiene la característica de ser dentro de juicio, al emanar de un procedimiento jurisdiccional en el que se ha presentado la demanda y no se ha dictado sentencia definitiva. El acto reclamado en concreto, se hace consistir en el auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho, autorizado en los autos del juicio mercantil ejecutivo 2139/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante la cual declaró improcedentes los agravios vertidos para revocar la determinación tomada en auto de tres de abril de dos mil dieciocho, por el que decretó como improcedente la admisión de la prueba confesional realizada en el diverso proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, medio de convicción ofrecido por el aquí quejoso a cargo del actor Luis Enrique Hernández Briseño. Con base en ello, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por la quejosa, por lo siguiente: Dicha determinación tiene como efecto la continuación del proceso de origen, por lo que sólo se pueden afectar los derechos procesales de la quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la solicitante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser actos que afecten derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la misma ley, respecto de los actos reclamados en estudio. sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P. /J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera" Cabe precisar que este juzgador no inobservó el criterio sostenido en las jurisprudencias que al rubro dicen: Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la ley de la materia, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, pues para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y, no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. No pasa inadvertido para este juzgador el hecho de que el quejoso suscriba la demanda como José Guadalupe Córdoba Hernández y en el proemio afirme que los es, José Guadalupe Córdova Hernández, así como el hecho de que en el capítulo de acto reclamado afirme que es el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mientras que en el punto "5" relativo a los antecedentes del acto reclamado afirma es el de treinta de mayo del año en curso, puesto se advierte que son errores mecanográficos, ya que de la copia simple que adjunta a efecto de acreditar su interés jurídico, se advierte que la responsable durante la secuela procesal del juicio natural asienta su nombre como se señaló en segundo término, además de los conceptos de violación se advierte que lo que combate es la inadmisión de la prueba confesional decretada en auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho. 1. Quejoso. i. José Guadalupe Córdova Hernández. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Zenón Gómez Jiménez y Sergio Álvarez Ojeda al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Eduardo Saldaña Pinto, por no existir registro en dicho sistema y, en iguales términos, a las diversas personas que menciona por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano