José Guadalupe Felix Teran

Expediente 1261/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1261/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • José Guadalupe Felix Teran
  • Actuario Notificador y Ejecutor de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte en la certificación de cuenta, no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa JOSE GUADALUPE FELIX TERAN, el contenido del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, que dice:Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte en la certificación de cuenta, no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por la por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante los cuales atiende el requerimiento efectuado en auto de diez de enero de dos mil veintitrés. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por sustitución; y, b) Por revocación. El primer supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. El segundo supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En el caso a estudio, respecto a los actos reclamados se actualizan ambas hipótesis antes reseñadas, cuestión que se expone a continuación. En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: El acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós dictado por la Junta responsable en el juicio laboral 1239/2014JE1, en el que se señaló fecha lejana para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Del actuario notificador adscrito a la Junta responsable, el haber omitido emplazar a la parte demandada en dicho juicio. Acerca del acto a), se acuerda lo siguiente: Al rendir su informe justificado, la presidente y el actuario, ambos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, aceptaron conjuntamente la existencia los actos reclamados, pues así se advierte de este. Sin embargo, en el informe de cuenta, aduce que desde el nueve de enero de dos mil veintitrés dictó un auto, en el que se señaló nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que se duele el quejoso, a saber, para las trece horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés, con lo que reemplazó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecinueve de septiembre de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Por ende, se dejó insubsistente la data fijada para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el citado auto reclamado de quince de agosto de dos mil veintidós. Cuestión que se corrobora del apéndice que acompañó a su informe justificado. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que la fecha determinada en el auto reclamado de quince de agosto de dos mil veintidós, fue sustituida por el acuerdo de nueve de enero de este año, en el que se señaló distinto día y hora para el desahogo de audiencia en comento, sin prejuzgar sobre el acatamiento a lo dispuesto en dicho numeral, en relación con los plazos establecidos en la ley obrera, y que debe atender la Junta una vez recibida la demanda. En cuanto al acto b), se acuerda a continuación: Como se precisó en el apartado anterior, las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado. Luego, se destaca que la parte demandada son las siguientes personas morales: Administración Sorina; Centros Comerciales Soriana; Grupo Acosta Verde; y, Proguardias. Todas sociedades anónimas de capital variable. En el aludido informe justificado, exhibieron copia certificada del acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós -consistente en un diferimiento de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del trabajo-, del que se desprende que la junta responsable aseveró que las demandadas precisadas en primer y segundo término, no asistieron a la audiencia que en esa fecha se ordenó celebrar, a pesar de que ya se encontraban notificadas, lo que supone que dicha parte ya fue emplazada a juicio. Después, en cuanto a la tercera de las demandadas mencionadas, la Junta responsable remitió en diverso informe en alcance, razón de imposibilidad de notificación levantada por el actuario, de la que se denota que no fue posible emplazar a la referida demandada, por los motivos que ahí expone, realizando así las acciones tendentes para llamar a juicio a dicha pasiva, de acuerdo a sus posibilidades y facultades. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado -omisión de emplazar- ya que ordenó su notificación a la referida pasiva en el domicilio proporcionado por la parte actora -aquí quejoso-, lo que pretendió realizar el actuario, empero infructuosamente, según se desprende de la razón actuarial levantada. En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que la demandada "Grupo Acosta Verde", aún no ha sido emplazada a juicio. Sin embargo, ello no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se advierte éste acató la orden de la Junta de trabajo y pretendió emplazar a dicha parte demandada. Puesto que, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razón actuarial levantada, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio cierto y correcto de la parte pasiva o, bien, manifestar en relación con la razón actuarial lo que a su interés convenga. De modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Por lo que, dependiendo de que si esto ocurre, el actuario estará en posibilidad de realizar lo conducente en cuanto al emplazamiento de la parte demandada. Se cita al respecto, en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Ahora bien, de todo lo anterior se colige que aquél auto en el que se había omitido fijar fecha para la audiencia y que irrogaba perjuicio al quejoso, fue sustituido procesalmente por diverso, con el que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado; en tanto que el emplazamiento de la consabida demandada, el actuario responsable acató la orden de la Junta de trabajo y pretendió notificar a esta; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de las razones actuariales levantadas por éste. De ahí, que con tales actuaciones efectuadas por las responsables, se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos de los reclamos constitucionales precisados como a) y b), en los supuestos de sustitución y revocación, respectivamente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados. Posteriormente, no pasa inadvertido por este juzgador, lo concerniente a la diversa moral demandada Proguardias sociedad anónima de capital variable, dicha circunstancia se provee en el siguiente apartado: Inexistencia del acto reclamado. Con respecto al acto reclamado que aquí se analiza, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, es decir, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Luego, de las constancias que integran el presenta asunto, se dilucida que la moral Proguardias sociedad anónima de capital variable, tiene su domicilio fuera de la competencia del fedatario público responsable, a saber, en Monterrey, Nuevo León. Por ende, no es atribuible al actuario señalado como responsable la omisión de emplazar a la parte demandada, ya que este no cuenta con las facultades necesarias para llamar a juicio a dicha moral. En las relatadas consideraciones, es evidente que el reclamo constitucional resultó inexistente y conforme con lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con un minuto del veinte de enero del año en curso-. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el contenido del auto de 19 enero 2023, que dice:Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por la por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante los cuales atiende el requerimiento efectuado en auto de diez de enero de dos mil veintitrés. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por sustitución; y, b) Por revocación. El primer supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. El segundo supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En el caso a estudio, respecto a los actos reclamados se actualizan ambas hipótesis antes reseñadas, cuestión que se expone a continuación. En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: El acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós dictado por la Junta responsable en el juicio laboral 1239/2014JE1, en el que se señaló fecha lejana para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Del actuario notificador adscrito a la Junta responsable, el haber omitido emplazar a la parte demandada en dicho juicio. Acerca del acto a), se acuerda lo siguiente: Al rendir su informe justificado, la presidente y el actuario, ambos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, aceptaron conjuntamente la existencia los actos reclamados, pues así se advierte de este. Sin embargo, en el informe de cuenta, aduce que desde el nueve de enero de dos mil veintitrés dictó un auto, en el que se señaló nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que se duele el quejoso, a saber, para las trece horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés, con lo que reemplazó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecinueve de septiembre de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Por ende, se dejó insubsistente la data fijada para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el citado auto reclamado de quince de agosto de dos mil veintidós. Cuestión que se corrobora del apéndice que acompañó a su informe justificado. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que la fecha determinada en el auto reclamado de quince de agosto de dos mil veintidós, fue sustituida por el acuerdo de nueve de enero de este año, en el que se señaló distinto día y hora para el desahogo de audiencia en comento, sin prejuzgar sobre el acatamiento a lo dispuesto en dicho numeral, en relación con los plazos establecidos en la ley obrera, y que debe atender la Junta una vez recibida la demanda. En cuanto al acto b), se acuerda a continuación: Como se precisó en el apartado anterior, las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado. Luego, se destaca que la parte demandada son las siguientes personas morales: Administración Sorina; Centros Comerciales Soriana; Grupo Acosta Verde; y, Proguardias. Todas sociedades anónimas de capital variable. En el aludido informe justificado, exhibieron copia certificada del acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós -consistente en un diferimiento de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del trabajo-, del que se desprende que la junta responsable aseveró que las demandadas precisadas en primer y segundo término, no asistieron a la audiencia que en esa fecha se ordenó celebrar, a pesar de que ya se encontraban notificadas, lo que supone que dicha parte ya fue emplazada a juicio. Después, en cuanto a la tercera de las demandadas mencionadas, la Junta responsable remitió en diverso informe en alcance, razón de imposibilidad de notificación levantada por el actuario, de la que se denota que no fue posible emplazar a la referida demandada, por los motivos que ahí expone, realizando así las acciones tendentes para llamar a juicio a dicha pasiva, de acuerdo a sus posibilidades y facultades. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado -omisión de emplazar- ya que ordenó su notificación a la referida pasiva en el domicilio proporcionado por la parte actora -aquí quejoso-, lo que pretendió realizar el actuario, empero infructuosamente, según se desprende de la razón actuarial levantada. En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que la demandada "Grupo Acosta Verde", aún no ha sido emplazada a juicio. Sin embargo, ello no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se advierte éste acató la orden de la Junta de trabajo y pretendió emplazar a dicha parte demandada. Puesto que, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razón actuarial levantada, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio cierto y correcto de la parte pasiva o, bien, manifestar en relación con la razón actuarial lo que a su interés convenga. De modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Por lo que, dependiendo de que si esto ocurre, el actuario estará en posibilidad de realizar lo conducente en cuanto al emplazamiento de la parte demandada. Se cita al respecto, en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Ahora bien, de todo lo anterior se colige que aquél auto en el que se había omitido fijar fecha para la audiencia y que irrogaba perjuicio al quejoso, fue sustituido procesalmente por diverso, con el que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado; en tanto que el emplazamiento de la consabida demandada, el actuario responsable acató la orden de la Junta de trabajo y pretendió notificar a esta; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de las razones actuariales levantadas por éste. De ahí, que con tales actuaciones efectuadas por las responsables, se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos de los reclamos constitucionales precisados como a) y b), en los supuestos de sustitución y revocación, respectivamente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados. Posteriormente, no pasa inadvertido por este juzgador, lo concerniente a la diversa moral demandada Proguardias sociedad anónima de capital variable, dicha circunstancia se provee en el siguiente apartado: Inexistencia del acto reclamado. Con respecto al acto reclamado que aquí se analiza, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, es decir, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Luego, de las constancias que integran el presenta asunto, se dilucida que la moral Proguardias sociedad anónima de capital variable, tiene su domicilio fuera de la competencia del fedatario público responsable, a saber, en Monterrey, Nuevo León. Por ende, no es atribuible al actuario señalado como responsable la omisión de emplazar a la parte demandada, ya que este no cuenta con las facultades necesarias para llamar a juicio a dicha moral. En las relatadas consideraciones, es evidente que el reclamo constitucional resultó inexistente y conforme con lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con un minuto del veinte de enero del año en curso-. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano