José Guadalupe Félix Terán
Expediente 989/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Guadalupe Félix Terán
Actuaciones
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas con cincuenta y nueve minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, consultable en la foja 265, Tomo XXIX, mayo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 167160 de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". Por otra parte, se hace constar que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan de la totalidad de constancias que obran agregadas en autos; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales, presuncional e instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las ofertadas las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 989/2021; y RESULTANDO Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado, José Guadalupe Félix Terán solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y el actuario adscrito a esta. En tres de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: CONSIDERANDO Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, dentro del juicio laboral 1239/2014 JE1. La omisión de realizar las diligencias encaminadas al emplazamiento de la totalidad de las demandadas en el citado juicio laboral. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a la junta laboral responsable y a su actuario, no obstante que al rendir sus informes justificados admitieron parcialmente la existencia de los actos reclamados, sin embargo del análisis íntegro del aludido informe se advierte su existencia, asimismo, dicha certeza se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo de las que se advierte la omisión impugnada. Causa de improcedencia actualizada En la especie respecto de los actos reclamados se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el caso, se llega a la firme convicción de que los actos reclamados derivados de las omisiones de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley, así como las diligencias encaminadas al emplazamiento de las partes han cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó las que les dio motivo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó se vulneraron en su perjuicio, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Ahora, en el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitidas por las responsables, se desprende que: La parte quejosa promovió demanda laboral ante la responsable radicada como juicio laboral 1239/2014 JE1, en contra de las demandadas a saber: Proguardias de Seguridad Privada sociedad anónima de capital variable; Grupo acosta verde; Administración Soriana sociedad anónima de capital variable; Centros Comerciales Soriana sociedad anónima de capital variable; y, Tienda Soriana sociedad anónima de capital variable. Mediante diligencias de tres, cuatro de septiembre de dos mil catorce, y once y doce de mayo de dos mil quince de tuvieron por emplazados a los demandados Administración Soriana sociedad anónima de capital variable; Centros Comerciales Soriana sociedad anónima de capital variable; y Tienda Soriana sociedad anónima de capital variable. Asimismo, en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, la junta responsable señaló el trece de noviembre siguiente, para el desahogo de la audiencia de ley y ordenó la notificación personal a las partes del contenido de dicha determinación, sin que se advierta constancia alguna que acredite que el emplazamiento de las demandadas restantes Grupo acosta verde y Proguardias de Seguridad Privada sociedad anónima de capital variable, se hubiere llevado a cabo. Finalmente, mediante diligencias de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el actuario responsable hizo constar la imposibilidad de emplazar a las demandadas mencionadas en el párrafo que antecede al resultar incorrectos los domicilios proporcionados para tal efecto. En efecto, toda vez que la parte quejosa combate el citado acto al considerar que la junta responsable fue omisa en señalar nuevamente fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como de realizar las diligencias encaminadas al emplazamiento de la totalidad de las demandadas dentro del juico laboral de origen, por ende, violatorias del artículo 17 constitucional, sin embargo, de las constancias que en copia certificada adjuntó el presidente de la junta laboral, se advierte que mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable al advertir dicha irregularidad, corrigió el procedimiento y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia bifásica establecida en la Ley Federal del Trabajo, circunstancia que ordenó hacer del conocimiento de la parte actora y demandada; asimismo, mediante diligencias de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el actuario responsable hizo constar la imposibilidad de emplazar a las demandadas mencionadas en el párrafo que antecede al resultar incorrectos los domicilios proporcionados para tal efecto. Consecuentemente, al haber señalado una fecha para el desahogo de la precitada audiencia y al haber hecho las diligencias encaminadas al emplazamiento de las demandas en el juicio natural; es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesaron en sus efectos las omisiones impugnadas, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y se restituyó a aquélla en el goce del derecho violado. Por su parte, sin que sea óbice a lo anterior que el emplazamiento de la parte demandadas aún no se haya llevado a cabo, toda vez que como ya quedo establecido, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la realizar las diligencias encaminadas al emplazamiento de la totalidad de las demandadas en el juicio laboral 1239/2014 JE1, lo que se traduce en una paralización del procedimiento por parte de las responsables, misma que con las constancias que anexaron a sus informes justificados acreditan que la omisión fuente de dicha paralización fue destruida al constituirse el actuario en el domicilio señalado para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento sin poder lograr el llamamiento al proceso al resultar incorrecto; imposibilidad que no puede ser atribuida a dicha autoridad, toda vez que el acto en reclamo consiste en la omisión en realizar la diligencia mencionada y no el resultado de ésta, máxime que en dicha contienda laboral fue la actora quien proporcionó el domicilio donde podía ser emplazada la parte demandada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas.". De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado.". Así, al haber cesado los efectos de los acto impugnados, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, en relación con la diversa fracción XXI del numeral 61 ambas de la Ley de Amparo, por los actos reclamados. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Guadalupe Félix Terán, respecto de los actos reclamados, por las razones expuestas en el considerando IV, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con cincuenta y nueve minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, once de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido de forma conjunta por el presidente y actuario, adscritos a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por ofrecida la documental que anexa. Requerimiento de Constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se sirvan remitir a este juzgado copia de todas las constancias que integran el juicio laboral 1239/2014JE1, bajo el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Celc.
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