José Guadalupe Cruz Hernández

Expediente 666/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
666/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
22/09/2015

Partes del expediente

  • José Guadalupe Cruz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de dos de septiembre de dos mil quince, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables, del proveído de dos de septiembre pasado dictado en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse decretado el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, en vista de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias que como justificación a su informe remitió el Juez Primero de lo Civil de Salamanca, Guanajuato, siendo éstos los siguientes: A. ********************en su carácter de apoderado legal de ********************, en la vía ejecutiva mercantil y ejercicio de la acción cambiara directa demandó de ******************** la cantidad de $441,890.00 (cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos noventa pesos 00/100 m.n.) y demás prestaciones accesorias. B. La demanda en comento se radicó en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Salamanca, Guanajuato, bajo el número ********************. C. En providencia de ********************, entre otras cosas, se despachó auto con efectos de mandamiento en forma a fin de requerir de pago al demandado y, para el caso de que no lo hiciera, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de lo reclamado y, finalmente, se le emplazara a dicho controvertido. Esta resolución, y los actos tendientes a su ejecución, son los que constituyen los actos reclamados en el presente asunto. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $539,756.58 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De los numerales transcritos se desprende que: - Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. - Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto de la suerte principal es inferior a la suma prevista en el numeral 1340 del Código Mercantil, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil ********************, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Salamanca, Guanajuato, y el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que la parte quejosa, debe agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como el solicitante del amparo es la parte demandada en el citado juicio mercantil y no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo -revocación-, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; y, III. No se trate de un tercero extraño a procedimiento, porque el acto reclamado lo constituye el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dictado en contra del aquí quejoso. Es decir, no se le puede considerar tercera extraña al procedimiento en sentido estricto dado que es la parte demanda, y tampoco le reviste la calidad de tercero extraño por equiparación, en virtud de que se enteró del procedimiento seguido en su contra en el cual no se ha dictado la sentencia definitiva. Por ello, se afirma que el quejoso tiene a su alcance el señalado medio de defensa -revocación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. No pasa inadvertido que al momento de la presentación de la demanda de amparo, el quejoso manifestó que desconocía qué autoridad había emitido el acto reclamado y el número de expediente correspondiente, pues lo cierto es que cobró conocimiento de dichos extremos al ser notificado de la vista que se dio con el informe justificado rendido por el Juez Primero Civil de Salamanca, Guanajuato; esto en la inteligencia de que la improcedencia puede sobrevenir durante la tramitación del juicio de amparo. Tampoco es obstáculo que, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J.6/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO", la resolución reclamada constituya un acto dentro de juicio de imposible reparación. Ello, debido a que también la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de Distrito procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Finalmente, cabe señalar que el suscrito no soslaya el hecho de que ******************** a quien se le reconoció la calidad de tercera interesada en el presente juicio de amparo, no ha sido emplazada; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, ninguna afectación a sus derechos fundamentales se le irroga. De la misma manera, tampoco se inadvierte la jurisprudencia por contradicción de tesis 16/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO. SI EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA REVISIÓN ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ALGUNO AL QUE NO SE LE HA OÍDO EN EL JUICIO POR NO HABÉRSELE RECONOCIDO ESE CARÁCTER, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."; en la que se dispone que debe ordenarse la reposición del procedimiento cuando se advierta la existencia de algún tercero interesado al que no se le haya reconocido esa calidad; pero, esa hipótesis no se actualiza en el caso, ya que sí se le reconoció el carácter de tercera interesada a la antes nombrada. Además, se advierte que las tesis que contendieron y que dieron origen a la jurisprudencia de referencia, trataron el tema de si debía sobreseerse en el juicio por la falta de señalamiento de los terceros interesados, como requisito establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, o bien, el tribunal que conociera de la revisión debía ordenar la reposición del procedimiento para que oficiosamente se les llamara; supuesto que, como se dijo, no acontece en el caso, por lo que se estima que no es aplicable la jurisprudencia en cita. Máxime que en el caso no se deja en estado de indefensión a la tercera interesada ******************** pues lejos de implicarle un beneficio al escucharla en el presente juicio, ello le representaría una vinculación ociosa al proceso, ya que, como se estableció existe un motivo de improcedencia que genera el sobreseimiento del presente sumario.

  3. Principal

    Agréguense a sus autos los oficios de cuenta que remiten la Juez Interina Único Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, y el Comisario de Seguridad Pública Municipal de Villagrán, Guanajuato, el primero recibido vía fax, mediante los cuales rinden su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, téngase a la Juez oficiante manifestando que da contestación a los oficios 15051/2015 y 15052/2015, en virtud de que en ese partido judicial únicamente existe un Juzgado Civil de Partido. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ya obran los informes justificados solicitados a las autoridades señaladas como responsables, por tanto, se levanta la reserva ordenada en proveído de tres de agosto de dos mil quince y se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce la calidad de tercera interesada a: *********, con domicilio en ********. Por tanto, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda su emplazamiento en el domicilio antes precisado, por conducto de quien legalmente la represente. El funcionario encargado de realizar el emplazamiento, deberá correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio; hacerle de su conocimiento que se señalaron las nueve horas con diez minutos del tres de septiembre de dos mil quince para el desahogo de la audiencia constitucional y requerirla para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes, aun las que tuvieren que ser de carácter personal, se le practicarán mediante la publicación de lista en los estrados de este Juzgado, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Juez exhortado que no obstante que reciba la solicitud de emplazamiento en la misma fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional o con posterioridad a ella, atendiendo a los principios de prontitud, expeditez y en obvio de mayores dilaciones procesales, ordene llevar acabo la diligencia que se solicita, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Respecto a la diversa tercera interesada que señala el quejoso, acorde a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, no le resulta dicho carácter.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite el Juez Primero Civil de Partido, con sede en Salamanca, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se le tiene ofertando como prueba de su intención la documental que anexa, la cual se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia.

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