José Guadalupe Casas Rodríguez
Expediente 685/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Guadalupe Casas Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de dos de octubre del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable Director del Centro Estatal de Prevención Social con sede en esta ciudad a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Con la finalidad de establecer si el fallo protector fue acatado a cabalidad, se procede a establecer los siguientes antecedentes: 1) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio, misma que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto de que el Director del Centro Estatal de Prevención Social con sede en esta ciudad: De inmediato diera respuesta por escrito al ocurso que le fue presentado por el quejoso el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete; y A la brevedad le notificara al agraviado dicha determinación. 2) En providencia de veintisiete de septiembre del presente año, se declaró la firmeza del fallo protector y se requirió a la autoridad responsable Director del Centro Estatal de Prevención Social con sede en esta ciudad para que en el término de tres días cumpliera con él. 3) Mediante oficio DGSP/CEPSC/J/1435-17, el Director del Centro Estatal de Prevención Social con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del comunicado DGSP/CEPSC/J/1382-17, de siete de septiembre del año en curso, dirigido al Director General del Sistema Penitenciario con sede en Guanajuato, Guanajuato; del diverso DGSP/CEPSC/J/1382-17, que expidió el ocho del mes y año en comento, así como del diverso SSP/SS/DGSP/0008341-17 de once de septiembre del presente año, signado por el Director General del Sistema Penitenciario en el Estado con sede en Guanajuato, Guanajuato, ambos dirigidos a *********, en los que obra una firma de recibo que se lee ********* y la fecha "12-09-17". 4) Ahora, del examen de las constancias remitidas por la responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tienen valor probatorio pleno, se desprende que el fallo protector fue cumplido cabalmente. Se afirma lo anterior, en virtud de que mediante oficio DGSP/CEPSC/J/1382-17, de fecha ocho de septiembre del año en curso, el Director del Centro Estatal de Prevención Social con sede en esta ciudad, le hizo saber al aquí quejoso que: En contestación al escrito de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual le solicitó su traslado al Centro Penitenciario de Acámbaro, Guanajuato, esa autoridad no tenía la facultad para determinar la reubicación de las personas privadas de su libertad en los diversos centros penitenciarios del Estado, siendo el Juez de Ejecución del lugar donde se encontraba recluido la autoridad que en todo caso debería autorizar su traslado voluntario; que su superior jerárquico la Dirección General del Sistema Penitenciario de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato era la facultada para determinar si el similar de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, reunía las condiciones y capacidad para poder albergarlo ya que contaba con los registros oficiales de ingresos y egresos, dado que era a quien todos los centros penitenciarios tenían la obligación de informar cabal y oportunamente respecto de los movimientos en la población; que por ello, mediante oficio DGSP/CEPSC/J/1382-17, de fecha siete de septiembre del año en curso, su petición había sido remitida a la Dirección General del Sistema Penitenciario quien en breve término le notificaría la respuesta a su solicitud. De igual manera, del comunicado SSP/SS/DGSP/0008341-17, de fecha once de septiembre del presente año, se advierte que el Director General del Sistema Penitenciario en el Estado con sede en Guanajuato, Guanajuato, le hizo saber al aquí quejoso ********* que: En seguimiento a su escrito a través del cual promovía su traslado voluntario del Centro de Prevención Social con sede en esta ciudad al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato, en atención a que su familia radica en la comunidad de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato, y a efecto de llevar a cabo su reinserción social, una vez que analizó su situación jurídico-administrativa, determinó que por el momento no era viable su traslado al Centro Penitenciario de Acámbaro, Guanajuato, ya que a la fecha, éste se encontraba al límite de su capacidad, por lo cual no era pertinente su ingreso en dicha institución, ya que con ello se acarrearían graves problemas y violaciones a sus derechos humanos, siendo un factor primordial de esa Dirección General la prevención en cuestiones de hacinamiento de las personas privadas de su libertad, aspecto prohibitivo en la carta magna; que sin embargo, una vez que se regulara y establecería la población penitenciaria en el centro penitenciario de su pretensión se haría un nuevo análisis a su petición. Dicho comunicado fue notificado al quejoso el doce de septiembre del año en curso. En esas condiciones, se estima que con los oficios DGSP/CEPSC/J/1382-17, de fecha ocho de septiembre del año en curso y el diverso SSP/SS/DGSP/0008341-17, de once del mes y año en comento, notificado este último al quejoso el doce de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Director del Centro Estatal de Prevención Social con sede en esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, como en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Director del Centro Estatal de Prevención Social con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año en curso, en la cual, en el primer resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos que reclamó al Director General de Ejecución Penitenciaria y Readaptación Social del Estado con sede en Guanajuato capital, al Director del Centro de Readaptación Social con sede en esta ciudad y al Director del Centro de Readaptación Social de Valle de Santiago, Guanajuato, consistente en el traslado de su persona del Centro Estatal de Prevención Social con sede en esta ciudad al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto a la omisión que se atribuyó al Director del Centro Estatal de Prevención Social con sede en esta ciudad, de pronunciarse respecto a lo solicitado en el escrito presentado por el quejoso el veintiocho de marzo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Director del Centro Estatal de Prevención Social con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita la constancia que así lo acredite, o manifieste el impedimento legal que tuviere para ello, apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.
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