José Gregorio García Juárez

Expediente 1022/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1022/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • José Gregorio García Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el doce de julio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los siguientes términos. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trigésimo Primero, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio 3168/2022, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, y en auto de veinticuatro de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trigésimo Primero, con residencia en Xalapa, Veracruz, se advierte que por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario. de su índice, únicamente en la parte conducente en la que se admitieron las pruebas ofrecidas en dicho sumario natural, consistentes en la inspección judicial, pericial en materia de grafoscopía y dactiloscopia, e informes. Posteriormente, en ese mismo auto, con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente sobre la admisión o no de las referidas probanzas, pues a ese respecto indicó, en primer término, que las pruebas consistentes en la inspección judicial y el informe no debían admitirse, dado que la primera de ellas "no estaba relacionada con los hechos controvertidos", y la segunda versaba sobre un aspecto "no cuestionado". En cambio, determinó admitir la pericial en materia de grafoscopía y dactiloscopia, ya que dijo "se trata sobre un punto controvertido en el juicio", esto es, sobre la autenticidad de la firma que supuestamente el extinto Hilario Sánchez Palacios plasmó sobre "lista de sucesiones" que obra en la Notaría Pública Número 7 de la Decimoquinta Demarcación Notarial, con sede en Orizaba, Veracruz, precisando además los términos en que se desahogaría, y sobre qué documentos en específico se practicaría. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercero interesado, por así estar ordenado en autos

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el doce de julio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los siguientes términos. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trigésimo Primero, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio 3168/2022, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, y en auto de veinticuatro de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trigésimo Primero, con residencia en Xalapa, Veracruz, se advierte que por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario. de su índice, únicamente en la parte conducente en la que se admitieron las pruebas ofrecidas en dicho sumario natural, consistentes en la inspección judicial, pericial en materia de grafoscopía y dactiloscopia, e informes. Posteriormente, en ese mismo auto, con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente sobre la admisión o no de las referidas probanzas, pues a ese respecto indicó, en primer término, que las pruebas consistentes en la inspección judicial y el informe no debían admitirse, dado que la primera de ellas "no estaba relacionada con los hechos controvertidos", y la segunda versaba sobre un aspecto "no cuestionado". En cambio, determinó admitir la pericial en materia de grafoscopía y dactiloscopia, ya que dijo "se trata sobre un punto controvertido en el juicio", esto es, sobre la autenticidad de la firma que supuestamente el extinto Hilario Sánchez Palacios plasmó sobre "lista de sucesiones" que obra en la Notaría Pública Número 7 de la Decimoquinta Demarcación Notarial, con sede en Orizaba, Veracruz, precisando además los términos en que se desahogaría, y sobre qué documentos en específico se practicaría. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercero interesado, por así estar ordenado en autos|

  3. Principal

    NO ACUDIÓ AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el doce de julio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los siguientes términos. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trigésimo Primero, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio 3168/2022, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, y en auto de veinticuatro de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trigésimo Primero, con residencia en Xalapa, Veracruz, se advierte que por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario. de su índice, únicamente en la parte conducente en la que se admitieron las pruebas ofrecidas en dicho sumario natural, consistentes en la inspección judicial, pericial en materia de grafoscopía y dactiloscopia, e informes. Posteriormente, en ese mismo auto, con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente sobre la admisión o no de las referidas probanzas, pues a ese respecto indicó, en primer término, que las pruebas consistentes en la inspección judicial y el informe no debían admitirse, dado que la primera de ellas "no estaba relacionada con los hechos controvertidos", y la segunda versaba sobre un aspecto "no cuestionado". En cambio, determinó admitir la pericial en materia de grafoscopía y dactiloscopia, ya que dijo "se trata sobre un punto controvertido en el juicio", esto es, sobre la autenticidad de la firma que supuestamente el extinto Hilario Sánchez Palacios plasmó sobre "lista de sucesiones" que obra en la Notaría Pública Número 7 de la Decimoquinta Demarcación Notarial, con sede en Orizaba, Veracruz, precisando además los términos en que se desahogaría, y sobre qué documentos en específico se practicaría. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercero interesado, por así estar ordenado en autos

  4. Incidental

    NO ACUDIÓ AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el doce de julio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los siguientes términos. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trigésimo Primero, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio 3168/2022, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, y en auto de veinticuatro de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trigésimo Primero, con residencia en Xalapa, Veracruz, se advierte que por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario. de su índice, únicamente en la parte conducente en la que se admitieron las pruebas ofrecidas en dicho sumario natural, consistentes en la inspección judicial, pericial en materia de grafoscopía y dactiloscopia, e informes. Posteriormente, en ese mismo auto, con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente sobre la admisión o no de las referidas probanzas, pues a ese respecto indicó, en primer término, que las pruebas consistentes en la inspección judicial y el informe no debían admitirse, dado que la primera de ellas "no estaba relacionada con los hechos controvertidos", y la segunda versaba sobre un aspecto "no cuestionado". En cambio, determinó admitir la pericial en materia de grafoscopía y dactiloscopia, ya que dijo "se trata sobre un punto controvertido en el juicio", esto es, sobre la autenticidad de la firma que supuestamente el extinto Hilario Sánchez Palacios plasmó sobre "lista de sucesiones" que obra en la Notaría Pública Número 7 de la Decimoquinta Demarcación Notarial, con sede en Orizaba, Veracruz, precisando además los términos en que se desahogaría, y sobre qué documentos en específico se practicaría. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercero interesado, por así estar ordenado en autos

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