José Gómez Hernández
Expediente 1004/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Gómez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Córdoba, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable Fiscal Tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz, remitió diversas constancias, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, y habida consideración que resulta innecesaria su conservación devuélvanse a su lugar de origen; solicitándole de la manera más atenta a la referida autoridad, el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a sus autos el oficio y anexo de cuenta, signados por el Fiscal Tercero de Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Número Uno, del Distrito Judicial XIV, con sede en esta ciudad; mediante el cual, remite copia debidamente certificada de la resolución y auto de veintiuno de marzo de dos mil veinte, dictados en la carpeta de investigación ************, de su índice; atento a su contenido, se advierte de manera indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la omisión de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, tal y como se adelantó en líneas precedentes, se arriba a la conclusión de que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el Fiscal Tercero de Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Número Uno, del Distrito Judicial XIV, con sede en esta ciudad, mediante resolución de veintiuno de marzo de dos mil veinte, dictada en la carpeta de investigación UIPJ-1/DXIV/3°/1410/2019, de su índice, determinó el no ejercicio de la acción penal y que se actualizaba una causal de sobreseimiento en dicha carpeta de investigación, resolución que fue autorizada por el Fiscal de Distrito de la aludida Unidad, el cual ordenó el archivo definitivo del citado expediente como concluido. Circunstancia que se acredita con la copia certificada de la resolución y auto de veintiuno de marzo de dos mil veinte, dictados en la carpeta de investigación en mención, del índice del Fiscal responsable, que adjuntó a su oficio 12698/2020, a las que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2°. En las condiciones apuntadas, como la parte quejosa reclamó en el presente juicio de amparo, el proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve, en la que el fiscal responsable, negó abstenerse de investigar y de decretar el no ejercicio de la acción penal, y toda vez que mediante resolución y auto de veintiuno de marzo de dos mil veinte, emitidos en la citada carpeta de investigación, determinó el no ejercicio de la acción penal, lo cual fue autorizado por el Fiscal de Distrito de dicha Unidad, mismo que ordenó el archivo definitivo del citado expediente como concluido, todos los efectos del acuerdo reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, se cita el contenido que informa la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, correspondiente al mes febrero de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es inconcuso que a la fecha cesaron los efectos del acto reclamado, motivo por el cual, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo y por ende, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración; es decir, las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de octubre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito signado por **************, autorizado con facultades amplias de la parte quejosa en el presente asunto; atento a su contenido, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizarán electrónicamente, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de le Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 55, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De igual forma, con fundamento en los artículos 77 y 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta electrónica. Lo anterior, en razón que cuenta con nombre de usuario *************, por lo que se presume que ya dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario denominado Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisados en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea//. En consecuencia, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 1004/2019.
- Principal
Córdoba, Veracruz, ocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese el escrito signado por Rogelio Manuel Reyes Camacho, autorizado con facultades amplias de la parte quejosa en el presente asunto; mediante el cual informa que en acuerdo de veintiuno de marzo del año en curso, dictado en la carpeta de investigación ************, del índice de la Fiscalía Tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz, se determinó que se actualizaba una causa de sobreseimiento en favor del quejoso *********** y que no ha lugar al ejercicio de la acción penal en contra de éste; por lo que, solicita se requiera al fiscal responsable para que remita copia certificada de dicha resolución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al citado fiscal, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la determinación de veintiuno de marzo del año en curso, dictada en la carpeta de investigación UIPJ1/DXIV/3°/1410/2019, de su índice, o en su caso manifieste la imposibilidad que tiene de dar cumplimiento a ello. Lo anterior, a fin de contar con todas las constancias que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa que podrá ir de cien a mil Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, en términos de lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
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