Jose Gerardo Rivero Molina

Expediente 727/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
727/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Jose Gerardo Rivero Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se acuerda: agréguese el escrito signado por José Gerardo Rivero Molina, autorizado de la parte quejosa. Ahora bien, en lo que atañe a la solicitud de copias por duplicado de las constancias que solicita en el escrito de cuenta, dígasele al ocursante que se acuerdan procedentes las mismas. Sin embargo, dado el esquema de trabajo que actualmente se sigue en los órganos del Poder Judicial Federal, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020, deberá ceñirse al siguiente procedimiento. Dependiendo de la cantidad de copias que resulten, para la obtención de las mismas, deberá hacerse en diversos momentos, es decir, podrá generar una primera cita con relación a este expediente, a partir de las once horas, -horario de apertura del módulo de fotocopiado que se encuentra en el edificio sede del Poder Judicial Federal en esta entidad- y hasta las catorce horas, tomando en consideración el horario de labores presenciales de este juzgado; precisando el motivo de la misma, obteniendo el código QR relativo, a través del sistema "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cita en la que acudirá al recinto judicial a iniciar el trámite relativo a la expedición de copias, dentro del cual, la logística establecida implica que una persona de este órgano -con resguardo del expediente- lo acompañará al módulo de fotocopiado que se encuentra dentro del edificio, -lugar únicamente autorizado para tal efecto-, a fin de que la promovente gestione lo relativo a la reproducción de las copias, como lo es el costo de la reproducción. En el entendido que, las citas tienen una duración de veinticinco minutos, y por tal circunstancia, probablemente no se obtengan en ese momento las copias pretendidas, por lo que tendrá que agendar una segunda cita, o las que sean necesarias, a fin de que se logre la totalidad de las mismas. Así, ya que se culmine con la fase de obtención íntegra de las copias, tendrá que procederse a su cotejo y certificación; por tanto, a fin de dar oportunidad a ello, previa promoción del interesado, en cuanto a que se ha obtenido la totalidad de las copias solicitadas, este Juzgado procederá a agendar una última cita a la promovente para que en el día y hora que le sean señalados, acuda a recoger las copias certificadas, acto del cual se deberá levantar constancia de entrega y recepción. Asimismo, a efecto de estar en coordinación para lo anterior, el ocursante deberá proporcionar un número de telefonía móvil o un correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales, en su caso. Finalmente, devuélvansele los documentos que solicita (fotografías), previa identificación oficial actualizada que presente a satisfacción de este Juzgado y previo recibo que deje en autos, teniendo por autorizada a la persona que señala para efecto de recoger lo que solicita en el ocurso de cuenta. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de doce de los corrientes, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con lo informado por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en representación de su titular, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a las partes, siendo la última en notificarse la parte tercero interesada, lo cual aconteció el dieciocho de febrero actual por lista, surtiendo efectos dicha notificación el diecinueve siguiente; por tanto, el aludido plazo de tres días transcurrió del veintidós al veinticuatro de febrero del año en curso, sin que la parte tercero interesada desahogara la vista, en cambio por auto de veintidós de febrero en curso, se agregó el escrito de la parte quejosa en el que desahogó dicha vista. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por las autoridades responsables, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el once de noviembre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acordara lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y lo hiciera del conocimiento de la aquí parte quejosa. Posteriormente, en auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la resolución de mérito, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. A fin de atender los efectos amparadores de la sentencia constitucional, el Gobernador Constitucional del Estado informó a este Juzgado Federal mediante misiva CJ/DCLP/00/405/2020, de nueve de diciembre de dos mil veinte, que ya había dado cumplimiento a la sentencia, pues autorizó el auxilio de la fuerza pública, lo cual realizó mediante oficio DGOB/0511/2020 de doce de noviembre del mismo año. Ante ello, en auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente sumario, se indicó que toda vez que el Gobernador del Estado de Yucatán, autorizó el auxilio de la fuerza pública solicitada, para lo cual giró una diversa misiva al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de que proporcionara los elementos policiacos para poder llevar a cabo la diligencia de mérito, se advirtió que dicho Secretario de Seguridad Pública del Estado, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requirió para que dentro del término de tres días, comunicara a este órgano jurisdiccional, las gestiones que hubiese realizado en relación el oficio referido DGOB/0511/2020, de doce de noviembre de dos mil veinte, signado por el citado Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Posteriormente, se recibió el oficio SSP/DJ/4179/2021 signado por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con el cual informó que la diligencia solicitada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en su oficio 463 derivado del juicio 871/2021, de su índice, en relación con el desalojo de los predios reclamados en este asunto, estaba programada para el nueve de febrero de dos mil veintiuno. Con lo anterior se observa que la sentencia amparadora ha quedado cumplida en sus términos; sin que sean obstáculo para arribar a la anterior conclusión, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en su escrito agregado y acordado el veintidós de febrero actual, en el que planteó que en relación con los predios reclamados, no se pudo concretar el desalojo por las razones que refirió, y por lo cual solicitó una prórroga para que realizara acciones tendentes a llevar a cabo el desalojo relativo.Al respecto, se le negó otorgarle la extensión solicitada, en virtud que de conformidad con los efectos de la sentencia, la protección constitucional que se concedió fue para el efecto de que se prestara por parte de la autoridad responsable el auxilio de la fuerza pública, lo que se advierte así realizó; sin que ello signifique, que si por razones ajenas a la autoridad no se pudo realizar, imposibilite dar por cumplida la sentencía de amparo, pues de estimarse así se estaría dando un efecto mas allá de lo concedido en la ejecutoria constitucional. De manera que si como ya quedó expuesto, el Gobernador Constitucional del Estado informó a este Juzgado Federal mediante misiva CJ/DCLP/00/405/2020, de nueve de diciembre de dos mil veinte, que ya había dado cumplimiento a la sentencia, pues autorizó el auxilio de la fuerza pública mediante oficio DGOB/0511/2020 de doce de noviembre del mismo año; y aunque éste no fue notificado directamente por la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del mismo con la vista que se le otorgó en el presente juicio de amparo, mediante auto de catorce de diciembre de dos mil veinte. Lo cual evidencia que la sentencia de amparo ha quedado cumplida en su totalidad, como se indicó; aunado al hecho de que el Secretario de Seguridad Pública, informó que se llevó a cabo la diligencia solicitada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en oficio número 463 derivado del expediente número 871/2010, para el apoyo de la fuerza pública autorizada por el Gobernador Constitucional del Estado, en diverso oficio DGOB/0511/2020, de doce de noviembre de dos mil veinte, sin que exista prueba en contrario. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de doce de los corrientes, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con lo informado por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en representación de su titular, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a las partes, siendo la última en notificarse la parte tercero interesada, lo cual aconteció el dieciocho de febrero actual por lista, surtiendo efectos dicha notificación el diecinueve siguiente; por tanto, el aludido plazo de tres días transcurrió del veintidós al veinticuatro de febrero del año en curso, sin que la parte tercero interesada desahogara la vista, en cambio por auto de veintidós de febrero en curso, se agregó el escrito de la parte quejosa en el que desahogó dicha vista. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por las autoridades responsables, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el once de noviembre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acordara lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y lo hiciera del conocimiento de la aquí parte quejosa. Posteriormente, en auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la resolución de mérito, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. A fin de atender los efectos amparadores de la sentencia constitucional, el Gobernador Constitucional del Estado informó a este Juzgado Federal mediante misiva CJ/DCLP/00/405/2020, de nueve de diciembre de dos mil veinte, que ya había dado cumplimiento a la sentencia, pues autorizó el auxilio de la fuerza pública, lo cual realizó mediante oficio DGOB/0511/2020 de doce de noviembre del mismo año. Ante ello, en auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente sumario, se indicó que toda vez que el Gobernador del Estado de Yucatán, autorizó el auxilio de la fuerza pública solicitada, para lo cual giró una diversa misiva al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de que proporcionara los elementos policiacos para poder llevar a cabo la diligencia de mérito, se advirtió que dicho Secretario de Seguridad Pública del Estado, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requirió para que dentro del término de tres días, comunicara a este órgano jurisdiccional, las gestiones que hubiese realizado en relación el oficio referido DGOB/0511/2020, de doce de noviembre de dos mil veinte, signado por el citado Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Posteriormente, se recibió el oficio SSP/DJ/4179/2021 signado por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con el cual informó que la diligencia solicitada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en su oficio 463 derivado del juicio 871/2021, de su índice, en relación con el desalojo de los predios reclamados en este asunto, estaba programada para el nueve de febrero de dos mil veintiuno. Con lo anterior se observa que la sentencia amparadora ha quedado cumplida en sus términos; sin que sean obstáculo para arribar a la anterior conclusión, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en su escrito agregado y acordado el veintidós de febrero actual, en el que planteó que en relación con los predios reclamados, no se pudo concretar el desalojo por las razones que refirió, y por lo cual solicitó una prórroga para que realizara acciones tendentes a llevar a cabo el desalojo relativo. Al respecto, se le negó otorgarle la extensión solicitada, en virtud que de conformidad con los efectos de la sentencia, la protección constitucional que se concedió fue para el efecto de que se prestara por parte de la autoridad responsable el auxilio de la fuerza pública, lo que se advierte así realizó; sin que ello signifique, que si por razones ajenas a la autoridad no se pudo realizar, imposibilite dar por cumplida la sentencía de amparo, pues de estimarse así se estaría dando un efecto mas allá de lo concedido en la ejecutoria constitucional. De manera que si como ya quedó expuesto, el Gobernador Constitucional del Estado informó a este Juzgado Federal mediante misiva CJ/DCLP/00/405/2020, de nueve de diciembre de dos mil veinte, que ya había dado cumplimiento a la sentencia, pues autorizó el auxilio de la fuerza pública mediante oficio DGOB/0511/2020 de doce de noviembre del mismo año; y aunque éste no fue notificado directamente por la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del mismo con la vista que se le otorgó en el presente juicio de amparo, mediante auto de catorce de diciembre de dos mil veinte. Lo cual evidencia que la sentencia de amparo ha quedado cumplida en su totalidad, como se indicó; aunado al hecho de que el Secretario de Seguridad Pública, informó que se llevó a cabo la diligencia solicitada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en oficio número 463 derivado del expediente número 871/2010, para el apoyo de la fuerza pública autorizada por el Gobernador Constitucional del Estado, en diverso oficio DGOB/0511/2020, de doce de noviembre de dos mil veinte, sin que exista prueba en contrario. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por SALVADOR RODRÍGUEZ ARCEO, autorizado por la parte quejosa, en el que plantea que en relación con los predios que menciona, no se ha podido concretar el desalojo por las razones que refiere, y solicita una prórroga de veinticinco días hábiles para que la parte quejosa realice acciones tendentes a llevar a cabo el desalojo relativo. Al respecto, no ha lugar a acordar la prórroga solicitada, en virtud de que de acuerdo a los efectos de la sentencia, no se concedió la protección constitucional para que se llevara a cabo el desalojo, sino para que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, diera contestación al oficio por el cual la juez de instancia le solicitó el auxilio de la fuerza pública, por tanto, las manifestaciones que realiza el autorizado del quejoso así como la petición que formula, escapan a los efectos de la concesión del amparo, como ya se indicó. Lo anterior, al margen de que la vista que se le otorgó fue en relación con lo informado por el Secretario de Seguridad Pública, en el sentido de que se llevó a cabo la diligencia solicitada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en oficio número 463 derivado del expediente número 871/2010 con el apoyo de la fuerza pública autorizada por el Gobernador Constitucional del Estado, en diverso oficio DGOB/0511/2020, de doce de noviembre de dos mil veinte. Por lo que una vez que concluya el plazo de la vista otorgada a las partes, este órgano jurisdiccional acordará lo conducente en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, con las constancias que obren en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

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