José Gabriel Rodríguez Mena

Expediente 774/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
774/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2020

Partes del expediente

  • José Gabriel Rodríguez Mena

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la parte a quien le pudo causar perjuicio el acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el informe justificado que rindió la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, así como el anexo que acompañó. Atento a su contenido, se advierte que el tres de agosto de dos mil veinte se dictó resolución interlocutoria en el incidente de personalidad, que promovió el aquí quejoso en el expediente laboral ***; lo cual se hizo de su conocimiento hasta el ocho de septiembre de este año. Todo lo cual, se acreditó con las constancias relativas que remitió la responsable, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad oficiante que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ..." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9 98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ..." En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La denegación de justicia, al no dictar resolución definitiva en el incidente de falta de personalidad que promovió en el expediente laboral ***. Sin embargo, conforme a lo informado por la Presidente de la Junta responsable y las constancias que anexó a su informe de ley, se advierte que el tres de agosto de dos mil veinte se dictó resolución interlocutoria en el incidente de personalidad que promovió el aquí quejoso en el juicio de origen; lo cual se hizo del conocimiento del impetrante hasta el ocho de septiembre de este año. En ese sentido, si bien es cierto que la responsable dictó dicha resolución antes del cuatro de septiembre de este año, fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este asunto; también lo es, que dicha determinación no era del conocimiento de la parte quejosa, ya que se le notificó hasta el ocho de septiembre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a la fecha de presentación, según se advierte del acuse de recibo con la leyenda "Recibí acuerdo", firmado por el apoderado del quejoso en el juicio natural; que obra en la foja 24 de la copia certificada que remitió la responsable en apoyo a su informe. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. ..." En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a. J. 10 2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ..." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con un minuto del siete de octubre de dos mil veinte, para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA AL QUEJOSO Y AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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