Jose Gerardo Reding Dominguez
Expediente 414/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Gerardo Reding Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA TERCERO INTERESADA ROCÍO ALVARADO PÉREZ, LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1341/2022-III; y, [ . . . ] Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de documento. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por ****, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención de veintidós del presente mes y año, y al efecto, amplía bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados. Actos reclamados Del escrito inicial de demanda y su aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: 1) El auto de ejecución de primero del mes y año en curso, dictado en el expediente laboral 1904/2021; 2) La orden e inscripción del embargo sobre un bien inmueble de su propiedad. Antecedentes del acto reclamado Ahora bien, la parte promovente narró bajo protesta de decir verdad como antecedentes del acto reclamado, lo que a continuación se sintetiza: 1. Que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, José Ruiz Hernández demandó en la vía ordinaria laboral a la aquí parte quejosa ante el Tribunal responsable, quedando registrada bajo el consecutivo 1904/2021 de su índice. 2. Previo emplazamiento, el quince de julio de dos mil veintidós, la parte reo dio contestación a la demanda instaurada en su contra; 3. Proseguido el juicio laboral, el veintitrés de enero pasado se dictó el laudo correspondiente, condenando a la parte demandada -aquí quejosa- al pago de las prestaciones demandadas por el actor. 4. El catorce de febrero siguiente, la parte quejosa promovió amparo directo ante la responsable, para lo que el Tribunal fijó la cantidad de $30,082.33 (treinta mil ochenta y dos pesos 33/100 moneda nacional) como garantía de posibles daños y perjuicios, misma que fue exhibida el veintidós de febrero siguiente. 4. De igual forma, se fijó la cantidad de $126,000.40 (ciento veintiséis mil pesos 40/100 moneda nacional) a efecto de garantizar la supervivencia del trabajador, sin ésta fuera presentada. 5. El primero de marzo del año en curso, se emitió el auto de ejecución de sentencia, determinación que constituye el primer acto reclamado; 5. Ante lo anterior, el seis de marzo siguiente, el actuario responsable realizó la diligencia de embargo sobre el bien inmueble propiedad del quejoso; lo que constituye el segundo acto reclamado en la presente instancia constitucional. Desechamiento. De lo anterior se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la citada legislación que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV de la ley de la materia, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento relativo, esto es, aquélla que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento o bien, aquella por la que se ordena el archivo definitivo del expediente; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento -que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución-. La interpretación del referido precepto permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual podrán impugnarse los vicios que se hubiesen cometido durante el mismo y que dejaran sin defensa al quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio jurisprudencial que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de dicho Alto Tribunal, visible en la página 75 del tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2004, Novena Época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que por "última resolución", debe entenderse como aquella determinación en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total -y no parcial- de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al efecto se invoca la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en el tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, en la página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Debe decirse también, que se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. De acuerdo con lo aquí expuesto de forma breve, podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional considera que respecto de la acción de amparo intentada por ****, por propio derecho y ****, quien aduce comparecer por propio derecho y en representación de la fuente de trabajo ubicada en calle Valladolid 162 y/o 182 y/o 382, fraccionamiento Españita de esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho mención, pues los actos reclamados se encuentran inmersos en la fase de ejecución de sentencia del expediente de origen, esto es, no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento relativo, es decir, aquélla que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento o bien, aquella por la que se ordena el archivo definitivo del expediente, tal y como lo exige el aludido precepto legal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual forma, el acto reclamado no tiene autonomía propia; en cambio, su finalidad directa e inmediata es ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. De lo expuesto se advierte que resulta notoriamente improcedente la acción intentada al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Decisión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de seis de los presentes mes y año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial con residencia en Salinas, San Luis Potosí, por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido. Diferimiento En consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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