Jose Gerardo Padilla Ruiz

Expediente 859/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
859/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • Jose Gerardo Padilla Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en este juicio, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia. Causa estado En tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo En virtud de lo anterior, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, debido a se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la caratúlala del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Se informa a la autoridad Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por el que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de julio de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta, por el que la autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado de San Luis Potosí, comunica el estado procesal que guarda el juicio ordinario civil registrado bajo el número de expediente 1287/2019, del Índice de la autoridad referida, del que deriva el acto reclamado. Prueba. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la autoridad responsable en cita, la documental que se adjuntó al oficio de cuenta, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. Luego, de la mencionada documental remitida por la autoridad responsable, se advierte que en este juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de emprender el examen de la cuestión planteada, resulta necesario precisar el contenido del citado precepto, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La hipótesis legal consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar la sentencia de fondo dentro del juicio ordinario civil 1287/2019 del índice de la autoridad responsable. Pues bien, del informe justificado rendido por la aludida responsable, y del anexo que acompaña en copia certificada, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable emitió la sentencia de fondo el siete de julio de dos mil veintitrés, cuya omisión se reclamó en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión de que se trata ya fue subsanada, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Documental que al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber emitido sentencia de fondo el siete de julio de dos mil veintitrés, cuya omisión se reclamó en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto reclamado fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido la vista respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable, toda vez que el sentido de la determinación que se pronuncia no les causa perjuicio alguno, dado que tratándose de actos que paralizan el juicio, se cristaliza una afectación tanto el actor como al demandado. Audiencia Constitucional Queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron invocados en esta determinación se citaron en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos Visto el estado de autos, y tomando consideración que el diverso acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la desocupación de los bienes inmuebles debidamente identificados en el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 111, fracción II, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que si lo estima conveniente, en el término de quince días, contado a partir de la legal notificación de esta determinación, amplíe su demanda respecto a los actos reclamados al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil de esta ciudad. En la inteligencia que de formular dicha ampliación, deberá acatar los requisitos previstos en el artículo 108, de la citada legislación1 Con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá al dictado de la sentencia únicamente respecto de los actos y autoridades señaladoss con anterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior por las consideraciones que se exponen, la tesis I.16o.T.11 K (10a.), sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a fojas 2305, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de 2019, tomo IV, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL EMPLAZAMIENTO, CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTEN NUEVOS DATOS QUE NO ERAN CONOCIDOS POR EL QUEJOSO, AUNQUE NO SE TRATE DE UN NUEVO ACTO, SINO DEL MISMO. Cuando en un juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio por equiparación contra el emplazamiento, del informe justificado rendido por el actuario adscrito a la autoridad responsable, se adviertan nuevos datos que no eran conocidos por el quejoso, aunque no se trate de un nuevo acto, sino del mismo, el Juez de Distrito debe notificárselos y requerirlo para que si lo estima conveniente amplíe su demanda; ello porque debe existir evidencia de que el interesado realmente se impuso de esos actos, ya que de esto dependerá si está en condiciones de controvertirlos. Lo anterior es así, pues el quejoso puede ampliar su demanda, formulando nuevos conceptos de violación contra los actos de autoridad que considere violatorios de sus derechos y, para su cómputo, es necesario tener certeza sobre la fecha en que los conoció, pues será a partir de ésta que esté en posibilidad de impugnarlos, en tanto que es hasta que está plenamente enterado del acto, que puede decidir si le agravia y preparar los argumentos en su contra pues, de no actuar así, se violan las normas del procedimiento, V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. por lo que el tribunal debe ordenar su reposición y respetar el término para la ampliación, de conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta y agréguese a los autos. Determinación En relación con la razón actuarial realizada por la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Jurisdiccional, téngasele por informando el impedimento que tuvo para poder emplazar a la tercera interesada. En consecuencia se reserva el emplazamiento de la tercera interesada Esperanza Escalante Vega, hasta en tanto se reciban las constancias remitidas por la responsable como apoyo a su informe de ley. Notifíquese.

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