José Franco Contreras

Expediente 366/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
366/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • José Franco Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo hubiera hecho; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y al tratase de un asunto totalmente concluido, por lo que no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, ya que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, es susceptible de destrucción, una vez que trascurran los tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 de aquel ordenamiento. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en los referidos ordenamientos, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos o garantía, toda vez que no fueron exhibidos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Visto el estado de autos que guarda el presente expediente, del que se advierte que en auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada de lo siguiente: Ficha de ingreso de veintidós de abril de dos mil veinte. Certificado médico de ingreso de veintidós de abril de dos mil veinte. Certificado médico de egreso de once de julio de dos mil veinte. Ficha de egreso once de julio de dos mil veinte. Copia de la licencia de conducir número 1007A3604701II, expedida por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito a nombre de José Franco Contreras. Copia de la credencial de elector de M. Isabel Contreras González con número de ocr 1606960000. Recibos de pago a nombre de José Franco Contreras de los meses de abril, mayo y junio. Copia de la credencial de elector de Fredy Magaña Hueramo con clave 1976094355722. A las referidas constancias se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indica: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Actualización de una causa de sobreseimiento En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Del precepto antes transcrito, se advierte que prevé el sobreseimiento del juicio de amparo cuando se demuestre claramente de las constancias de autos que no existe del acto reclamado en el juicio accionado. En el caso, los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Detencio´n; Privacio´n de libertad; Ingreso y permanencia en el Refugio para Varones denominado "Siquem, asociacio´n civil"; Incomunicacio´n; y, Golpes, agresiones fi´sicas o verbales. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el veintitrés de abril de dos mil veinte, fue privado de su libertad, pues adujo que se encontraba fuera de su domicilio cuando una camioneta tipo vans detuvo su marcha y descendieron cuatro sujetos, quienes -según su dicho- lo golpearon, lo esposaron y lo trasladaron a una cárcel particular a cargo de Fredy Magaña Hueramo, en la cual hasta la presentación de la demanda -diez de julio de dos mil veinte- se encontraba incomunicado, bajo reglas de comportamiento y condiciones impuestas por el Director de dicho centro. Sin embargo, las constancias allegadas por la autoridad responsable evidencian que por lo que ve a los actos reclamados que el quejoso hizo consistir en la detención, incomunicación, privación de la libertad y golpes, agresiones físicas y verbales, estos eran inexistentes al momento de presentar la demanda. Lo anterior, toda vez que existe una constancia de ingreso de veintidós de abril de dos mil veinte, en la cual obra estampada la firma del aquí quejoso con la que aceptó las clausulas y obligaciones para ingresar de manera voluntaria al refugio IQUEM A.C. para varones, para que fuera tratado de sus problemas de adicción y depresión. Asimismo, obra un certificado médico realizado al momento de ingresar -veintidós de abril de dos mil veinte-, en el cual se asentó que no tenía lesiones, que se encontraba en estado de delgadez extrema, así como alteración en su estado mental, lenguaje incoherente e incongruente, delirio de persecución, con aliento alcohólico. Por tanto, dichas constancias evidencian que el quejoso de manera voluntaria ingresó al Refugio Siquem s.a. aceptando las cláusulas y obligaciones impuestas por dicho centro, para que fuera tratado de sus adicciones a las drogas y depresión, lo que acredita que no se encontraba detenido, incomunicado ni privado de su libertad de manera ilegal, asimismo, la certificación médica revela que el quejoso al momento de ingresar a dicho centro no se encontraba lesionado ni golpeado. Por ende, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, al diez de julio de la presente anualidad, los actos reclamados consistentes en la detención, privación de la libertad, incomunicación y golpes, agresiones físicas y verbales son inexistentes, ya que el quejoso ingresó al Refugio Siquem a.c., de manera voluntaria para que sea tratado con su estado de depresión y adicción a las drogas. Por tanto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del numeral 63 transcrita en párrafos precedentes y, en consecuencia se procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Actualización de una causal de improcedencia Ahora, por lo que respecta al acto consistente en el ingreso y permanencia en el ingreso y permanencia en el Refugio para Varones denominado "Siquem, asociacio´n civil", se estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que el once de julio de dos mil veinte, el aquí quejoso egresó de dicho refugio, autorizando su salida Fredy Magaña Hueramo, autoridad responsable, documentales a las que se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al ser de naturaleza pública por haberse expedido por autoridad competente. Por tanto, si el quejoso Jóse Franco Contreras firmó la ficha de egreso del Refugio Siquem a.c. el once de julio de dos mil veinte, se estima que ha cesado sus efectos el acto reclamado por esta vía constitucional. De esta forma, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al acabar su actuación u omisión, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de dichos efectos; la que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho consustancial violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la vulneración, cuando la actuación reclamada sea de carácter positivo; y cuando sea de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y, a cumplir, por su parte, lo que la disposición constitucional o tratado internacional exija. Lo que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste y también todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Francisco Olvera Ochoa por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las trece horas con cincuenta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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