José Francisco Pardo Ávila
Expediente 353/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Comisionado de Seguridad Ciudadana del Municipio de Morelia, Michoacán
- José Francisco Pardo Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada la sentencia en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, lo anterior, toda vez que en el expediente en que se actúa se concedió la suspensión de plano. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 353/2022, promovido a favor de José Francisco Pardo Ávila, por alegada violación de los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia y otras autoridades, con sede en esta ciudad; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama de las responsables la detención del peticionario de amparo, así como la incomunicación, golpes y azotes de que se dijo fue objeto el quejoso. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito; toda vez que se reclaman actos que afectan la libertad del peticionario de amparo que se atribuyen a autoridades residentes en esta ciudad, territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma, acto u omisión que no quedó acreditada. El agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, al rendir su informe justificado manifestó que únicamente es cierto el acto reclamado consistente en la detención del peticionario de amparo, toda vez que ello se debió al acaecimiento de hechos presumiblemente constitutivos de delito y probablemente realizados por el ahora quejoso, hechos por los cuales se inició la carpeta de investigación con número único de caso 1003202212051; y para corroborar su dicho remitió copia de dicha indagatoria, misma que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, tal rendición de informe implica una negativa respecto a los diversos actos consistentes en la incomunicación del peticionario de amparo, así como en los golpes y azotes de que también se dijo objeto. Por otro lado, se tiene que las diversas responsables Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana y elementos a su cargo, no rindieron informe justificado, no obstante estar debidamente notificados para ello, toda vez que sólo rindieron informe con relación a la suspensión de plano; sin embargo, no ha lugar a presumir ciertos los actos de referencia, relativos a la incomunicación, golpes y azotes que se indican en la demanda; lo anterior, toda vez que al rendir sus informes respecto a la suspensión de plano, el encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicha Comisión, señaló que en el centro de detención de dicha corporación, no obra registro del ingreso del peticionario de amparo, respecto de quien sólo tuvo conocimiento de que se puso a disposición del agente ministerial señalado como responsable. Luego, tales manifestaciones constituyen indicios que concatenados con las probanzas que obran en el expediente, permiten concluir en la existencia de los actos consistentes en la incomunicación, golpes y azotes que se reclaman en la demanda. En efecto, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, permiten establecer la inexistencia de los actos de incomunicación, golpes y azotes, en particular la ratificación de demanda, en la cual el quejoso directo señaló de manera expresa que no fue objeto de incomunicación, como tampoco de golpes o acto diverso de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; de igual modo, dentro de las constancias que obran en la carpeta de investigación de referencia, se cuenta con las diligencias llevadas a cabo el treinta de marzo del año en curso, a las dieciséis horas con treinta y ocho minutos, y a las veintiuna horas, mediante las cuales el ahora quejoso llevó a cabo designación de defensor de oficio y defensor particular, respectivamente. Luego, como se indicó, a pesar de la falta de informes de referencia, no es factible tener por presuntivamente ciertos los actos de incomunicación, golpes y azotes, que se imputan a las autoridades pertenecientes a la mencionada corporación policiaca. En las relatadas condiciones, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio por los actos reclamados que reclaman los peticionarios de amparo mencionados en el recuadro inmediato anterior. Al respecto, en vía de orientación, tiene aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto que se transcriben a continuación: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Resta agregar que no es obstáculo para llegar a la conclusión anotada, el certificado médico expedido al peticionario de amparo, con motivo de la detención de que fue objeto y que dio origen a la carpeta de investigación con número único de caso 1003202212051, en el que se concluyó que el peticionario de amparo tenía las lesiones que ahí se describen, mismas que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días, no lo incapacitan para el trabajo y no dejan secuelas médico legales. Ello, porque si bien dicho dictamen permite advertir una determinada condición física, lo cierto es que resulta insuficiente para atribuir su realización a las responsables, precisamente porque existe la manifestación expresa espontánea y ante la fe del actuario de la adscripción, en el sentido de que no fue objeto de incomunicación ni golpes o azotes, como de ningún acto de los prohibidos por el precepto 22 constitucional; máxime que si el quejoso considera que las alteraciones a su salud que fueron certificadas en la carpeta de referencia, son constitutivas de algún hecho delictuoso, tiene expedito su derecho para hacer valer el reclamo correspondiente en la vía y términos que estime pertinente. CUARTA. Norma, acto u omisión que sí quedó acreditada. El agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, al rendir su informe y con relación a la detención que reclama el peticionario de amparo, que señaló que éste fue puesto a su disposición por su probable responsabilidad en la comisión del delito de resistencia de particulares, motivo por el cual se aperturó la carpeta de investigación con número único de caso 1003202212051, y para acreditar su dicho, remitió copias de tal indagatoria, la que fue valorada en párrafos previos. Por su parte, las autoridades responsables adscritas a la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, no rindieron informe justificado; por tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo procedente es tener por presuntivamente cierta la detención que se les reclama. Tal acto privativo de libertad que además se encuentra corroborado con las constancias que la autoridad investigadora adjuntó a su informe justificado -valoradas con antelación-, de las que se observa que el treinta de marzo de dos mil veintidós, el peticionario de amparo fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito en comento. QUINTA. Improcedencia del juicio de amparo. No obstante la existencia de la detención de referencia, que según lo manifestado en la demanda de amparo, como se corrobora además con el informe de la responsable investigadora y constancias que se adjuntaron al mismo, así como la presunción de certeza decretada a las restantes, no se estudiará el fondo del asunto, en virtud de que en el caso opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De la interpretación que se realiza de la fracción citada, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Puntualizado lo anterior, tenemos que en el segundo supuesto se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad. Entonces, es factible considerar que en el caso, se actualiza la hipótesis referida, puesto que se reemplazó el acto reclamado en comento por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que viene a hacer cesar los efectos de la detención reclamada. En efecto, como se observa de las constancias relativas a la carpeta de investigación con número único de caso 1003202212051, si bien el peticionario de amparo fue detenido el treinta de marzo del año actual, y puesto a disposición de la referida autoridad investigadora; lo cierto es que en esa propia data, mediante acuerdo de dicha responsable, se decretó la libertad del quejoso bajo las reservas de ley, en atención a la solicitud que en ese sentido realizó su defensor particular, y toda vez que el ilícito que se le imputa en grado de probabilidad, no es de aquellos que tienen señalada prisión preventiva oficiosa. Por tanto, es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados, esto es, que durante la substanciación de este juicio, la autoridad responsable subsanó la omisión reclamada; por lo que es evidente que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos vulnerados y, por lo tanto, resultaría ocioso realizar un estudio sobre la constitucionalidad de omisiones que han desaparecido. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Francisco Pardo Ávila, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese, personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ADRIÁN RAMÍREZ BOLAÑOS. VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 353/2022, promovido a favor de José Francisco Pardo Ávila, por alegada violación de los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia y otras autoridades, con sede en esta ciudad; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama de las responsables la detención del peticionario de amparo, así como la incomunicación, golpes y azotes de que se dijo fue objeto el quejoso. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito; toda vez que se reclaman actos que afectan la libertad del peticionario de amparo que se atribuyen a autoridades residentes en esta ciudad, territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma, acto u omisión que no quedó acreditada. El agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, al rendir su informe justificado manifestó que únicamente es cierto el acto reclamado consistente en la detención del peticionario de amparo, toda vez que ello se debió al acaecimiento de hechos presumiblemente constitutivos de delito y probablemente realizados por el ahora quejoso, hechos por los cuales se inició la carpeta de investigación con número único de caso 1003202212051; y para corroborar su dicho remitió copia de dicha indagatoria, misma que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, tal rendición de informe implica una negativa respecto a los diversos actos consistentes en la incomunicación del peticionario de amparo, así como en los golpes y azotes de que también se dijo objeto. Por otro lado, se tiene que las diversas responsables Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana y elementos a su cargo, no rindieron informe justificado, no obstante estar debidamente notificados para ello, toda vez que sólo rindieron informe con relación a la suspensión de plano; sin embargo, no ha lugar a presumir ciertos los actos de referencia, relativos a la incomunicación, golpes y azotes que se indican en la demanda; lo anterior, toda vez que al rendir sus informes respecto a la suspensión de plano, el encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicha Comisión, señaló que en el centro de detención de dicha corporación, no obra registro del ingreso del peticionario de amparo, respecto de quien sólo tuvo conocimiento de que se puso a disposición del agente ministerial señalado como responsable. Luego, tales manifestaciones constituyen indicios que concatenados con las probanzas que obran en el expediente, permiten concluir en la existencia de los actos consistentes en la incomunicación, golpes y azotes que se reclaman en la demanda. En efecto, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, permiten establecer la inexistencia de los actos de incomunicación, golpes y azotes, en particular la ratificación de demanda, en la cual el quejoso directo señaló de manera expresa que no fue objeto de incomunicación, como tampoco de golpes o acto diverso de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; de igual modo, dentro de las constancias que obran en la carpeta de investigación de referencia, se cuenta con las diligencias llevadas a cabo el treinta de marzo del año en curso, a las dieciséis horas con treinta y ocho minutos, y a las veintiuna horas, mediante las cuales el ahora quejoso llevó a cabo designación de defensor de oficio y defensor particular, respectivamente. Luego, como se indicó, a pesar de la falta de informes de referencia, no es factible tener por presuntivamente ciertos los actos de incomunicación, golpes y azotes, que se imputan a las autoridades pertenecientes a la mencionada corporación policiaca. En las relatadas condiciones, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio por los actos reclamados que reclaman los peticionarios de amparo mencionados en el recuadro inmediato anterior. Al respecto, en vía de orientación, tiene aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto que se transcriben a continuación: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Resta agregar que no es obstáculo para llegar a la conclusión anotada, el certificado médico expedido al peticionario de amparo, con motivo de la detención de que fue objeto y que dio origen a la carpeta de investigación con número único de caso 1003202212051, en el que se concluyó que el peticionario de amparo tenía las lesiones que ahí se describen, mismas que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días, no lo incapacitan para el trabajo y no dejan secuelas médico legales. Ello, porque si bien dicho dictamen permite advertir una determinada condición física, lo cierto es que resulta insuficiente para atribuir su realización a las responsables, precisamente porque existe la manifestación expresa espontánea y ante la fe del actuario de la adscripción, en el sentido de que no fue objeto de incomunicación ni golpes o azotes, como de ningún acto de los prohibidos por el precepto 22 constitucional; máxime que si el quejoso considera que las alteraciones a su salud que fueron certificadas en la carpeta de referencia, son constitutivas de algún hecho delictuoso, tiene expedito su derecho para hacer valer el reclamo correspondiente en la vía y términos que estime pertinente. CUARTA. Norma, acto u omisión que sí quedó acreditada. El agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, al rendir su informe y con relación a la detención que reclama el peticionario de amparo, que señaló que éste fue puesto a su disposición por su probable responsabilidad en la comisión del delito de resistencia de particulares, motivo por el cual se aperturó la carpeta de investigación con número único de caso 1003202212051, y para acreditar su dicho, remitió copias de tal indagatoria, la que fue valorada en párrafos previos. Por su parte, las autoridades responsables adscritas a la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, no rindieron informe justificado; por tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo procedente es tener por presuntivamente cierta la detención que se les reclama. Tal acto privativo de libertad que además se encuentra corroborado con las constancias que la autoridad investigadora adjuntó a su informe justificado -valoradas con antelación-, de las que se observa que el treinta de marzo de dos mil veintidós, el peticionario de amparo fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito en comento. QUINTA. Improcedencia del juicio de amparo. No obstante la existencia de la detención de referencia, que según lo manifestado en la demanda de amparo, como se corrobora además con el informe de la responsable investigadora y constancias que se adjuntaron al mismo, así como la presunción de certeza decretada a las restantes, no se estudiará el fondo del asunto, en virtud de que en el caso opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De la interpretación que se realiza de la fracción citada, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Puntualizado lo anterior, tenemos que en el segundo supuesto se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad. Entonces, es factible considerar que en el caso, se actualiza la hipótesis referida, puesto que se reemplazó el acto reclamado en comento por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que viene a hacer cesar los efectos de la detención reclamada. En efecto, como se observa de las constancias relativas a la carpeta de investigación con número único de caso 1003202212051, si bien el peticionario de amparo fue detenido el treinta de marzo del año actual, y puesto a disposición de la referida autoridad investigadora; lo cierto es que en esa propia data, mediante acuerdo de dicha responsable, se decretó la libertad del quejoso bajo las reservas de ley, en atención a la solicitud que en ese sentido realizó su defensor particular, y toda vez que el ilícito que se le imputa en grado de probabilidad, no es de aquellos que tienen señalada prisión preventiva oficiosa. Por tanto, es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados, esto es, que durante la substanciación de este juicio, la autoridad responsable subsanó la omisión reclamada; por lo que es evidente que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos vulnerados y, por lo tanto, resultaría ocioso realizar un estudio sobre la constitucionalidad de omisiones que han desaparecido. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Francisco Pardo Ávila, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese, personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
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