José Francisco Sifuentes Juárez

Expediente 256/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
256/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • José Francisco Sifuentes Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a uno de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que ordenó el archivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Valoración documental. Del mismo modo, el cuaderno incidental original es conservable y el duplicado destruible, en términos de los artículos 17 y 19 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; uno de agosto de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. Provéase lo conducente en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio de amparo. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; autorizada mediante oficio CCJ/ST/1960/2023, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, asistida de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación Adscrito; asimismo la secretaria certifica que el término otorgado al quejoso en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara lo que a sus interés legal conviniera respecto de la inexistencia de la autoridad responsable señalada como Policía Operativa adscrita a la Vicefiscalía, con sede en Gómez Palacio Durango, el cual transcurrió del diecinueve al veintiuno de abril de dos mil veintitrés. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata; en cuanto a la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, sin que hubiese desahogado la vista sobre la inexistencia de la autoridad responsable Policía Operativa adscrita a la Vicefiscalía, con sede en Gómez Palacio Durango, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, por lo que se tiene como inexistente a la autoridad antes mencionada. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio, esto es, las documentales ofrecidas por la parte quejosa y autoridad responsable. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que las partes no formularon alegatos. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, ******************** solicitó la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: A).-ORDENADORA: C. JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE DURANGO. Con domicilio en Avenida Morelos 326 Norte y Primero de Cobián Centro Gómez Palacio, Durango B.- EJECUTORA: C. ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE DURANGO, EL CUAL LLEVÓ A CABO EL ACTO RECLAMADO, Con domicilio en Avenida Morelos 326 Norte y Primero de Cobián Centro Gómez Palacio, Durango C).- POLICIA OPERATIVA ADSCRITO A LA VICEFISCALIA DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO IV.-ACTOS RECLAMADOS: A).- De la autoridad responsable denominada JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE DURANGO Y ACTUARIO ADSCRITO A ESTE JUZGADO, se reclama: 1.- Reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, relativo al proceso seguido dentro del juicio ejecutivo mercantil interpuesto en mi contra por: ******************** Por lo que se me dejó en total estado de indefensión y se violaron en mi perjuicio las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y que al respecto establecen << Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, e posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento>> B). De las AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORA se reclama: 1.- De las autoridades Ejecutoras reclamo la ejecución de todos y cada uno de los actos que reclamo de la ordenadora. C.- DE LA AUTORIDAD responsable denominada JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, RECLAMO la ilegal notificación efectuada por el actuario de la adscripción sin haber seguido las formalidades esenciales del procedimiento, que motivó que se iniciara en mi perjuicio un procedimiento a mis espaldas, sin que tuvieran la oportunidad de acudir a juicio y poder defenderme de la demanda, ya que todos los actos judiciales trascendieron al resultado del fallo y me dejaron en completo estado de indefensión, así como también la anulación o revocación de la orden de lanzamiento al haberse adjudicado y rematado el inmueble de mi propiedad identificado como ******************** D.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE denominada ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO MIXTO CIVIL también solicito la anulación de la orden de embargo del inmueble anteriormente descrito." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, fue admitida la demanda de amparo, misma que se registró con el número 256/2023-IV-A, motivo por el cual se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna; es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de un juez civil cuya ejecución se materializó en el lugar en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: El ilegal emplazamiento y como consecuencia, todo lo actuado dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Gómez Palacio, Durango, incluida la sentencia y los actos de ejecución de la misma, tales como la orden de lanzamiento del inmueble que se encuentra marcado con el número oficial ********************. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así expresamente lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las copias certificadas del Juicio Ejecutivo Mercantil ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Gómez Palacio, Durango, promovido por ******************** en contra de ******************** y ********************, que fueron allegadas a este contradictorio federal por la propia autoridad responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que en su rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual manera, cabe invocar por analogía, la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Procedencia del juicio constitucional. No se analizará el acto que el impetrante califica de inconstitucional, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia, cuestión que es de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo. Ahora, este juicio de derechos fundamentales, es improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación el numeral 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que el quejoso parte de una premisa equivocada, porque no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación que pretende hacer valer. En efecto, la parte quejosa carece del carácter de tercero extraño por equiparación al juicio de donde surgieron los actos reclamados, pues de la lectura de las constancias del juicio de origen, se advierte que el quejoso compareció a los autos del juicio de origen mediante escrito de fecha diez de diciembre de dos mil doce. Entonces, ese hecho impide que pueda considerarse como una persona ajena a la litis. Cabe precisar, que nuestro Máximo Tribunal Pleno ha dejado establecido lo que debe entenderse por la figura de tercero extraño contenida en la fracción VI, del artículo 107 de la Ley de Amparo, siendo aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, de manera tal que no pudo tener conocimiento de modo alguno, de la instauración de un juicio en su contra (tercero extraño a juicio por equiparación). Lo expuesto queda advertido en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 56 (registro 196932), del rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En relación a lo expuesto, cuando quien ejerce la acción de amparo se sujeta a la litis de donde emanan los actos reclamados, promoviendo el referido juicio de amparo contra la diligencia de emplazamiento reclamada, pierde el carácter de tercero extraña por equiparación, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios que correspondan. Ello se afirma, pues como ya se dijo, el quejoso compareció al juicio de origen mediante escrito firmado el diez de diciembre de dos mil doce y presentado ante el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Gómez Palacio, Durango, el trece de diciembre siguiente, según constancia que obra en autos, escrito que fue atendido por la autoridad responsable, en acuerdo de tres de enero de dos mil trece, en el que se le tuvo por contestando la demanda y oponiendo las excepciones y defensas. Más aún, en autos obra el diverso escrito del quejoso de fecha tres de abril de dos mil catorce, mediante el cual interpuso amparo directo contra la sentencia definitiva emitida en el sumario de origen, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que resolvió negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos ******************** y ********************. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J 39/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 93 (registro 189916), que dice lo siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.- La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." En el mismo sentido, se invoca la tesis IV. 2º. C. 37 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del Tomo XXV de Junio de 2007, página 1181, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 172130), del rubro: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO". Por tanto, ahora el quejoso no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, y al haber comparecido ante la autoridad responsable, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la legislación en consulta, debe sobreseerse este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO MARIA MAGDALENA JIMENEZ ORTIZ Y SE LE EMPLAZA A JUICIO:Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que le reviste el carácter de tercera interesada a María Magdalena Jiménez Ortiz, lo anterior, conforme al artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Emplazamiento. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción, para que emplace a juicio a la tercera interesada a María Magdalena Jiménez Ortiz, en el domicilio ubicado en calle Raúl López Sánchez número 750, colonia Luis Echeverría, código postal 27220, en esta ciudad; a fin que le corra traslado con copia del escrito inicial de demanda de amparo, el auto admisorio y el presente proveído, respectivamente. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las nueve horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil veintitrés. Comunica a autoridades. Se destaca a las partes que a partir de este momento procesal, de ser el caso de que la audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada. Y EL DIVERSO DE 21 DE FEBRERO DE 2023: Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por José Francisco Sifuentes Juárez, contra actos de la Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado de Durango, con sede en Gómez Palacio, Durango, y otras autoridades, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 256/2023-IV-A. Incidente de suspensión. Conforme a los artículos 125, 128, 129 y 130 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y por separado el incidente de suspensión que se solicita. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables el informe justificado relativo, que debe rendir dentro del término de quince días contados a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deben acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe justificado dentro del término conferido, se presumirán ciertos los actos reclamados, acorde a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de la materia, salvo prueba en contrario. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas del tres de abril de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. Se reserva acordar sobre el emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que emana el acto reclamado. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales que anexa a la demanda de amparo; las cuales se admiten, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizadas. En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados a los licenciados Luis Carlos López Soto y Cristina García Ortega, toda vez que su cédula profesional se encuentran debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por otra parte, únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones a Ilsse Anahí García Villalobos, Alan Alejandro Aragón Rodríguez y Uziel Salas Ibarra, por así haberse solicitado. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, en aras de una impartición de justicia pronta y expedida, como lo establece el artículo 17 Constitucional. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Asimismo, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Comunica a autoridades. Se destaca a las partes que a partir de este momento procesal, de ser el caso que la audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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