José Francisco Rojas Torres

Expediente 203/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
203/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • José Francisco Rojas Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d, de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintisiete de marzo del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado; se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en los autos incidentales derivados del juicio de amparo en que se actúa; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. No obsta a lo anterior, que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se le haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer fuera de audiencia en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que la responsable pueda recurrir el auto de que se trata. Asimismo, con base en lo dispuesto por la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS CINCO AÑOS a que hace referencia el párrafo que antecede. En cumplimiento a dichos dispositivos consérvese el auto y resolución en que fue concedida la medida cautelar solicitada y, en su oportunidad destrúyanse las demás actuaciones. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra recluido y asesor jurídico; mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, donde se advierte que no se encuentran notificados el agente del Ministerio Público de la adscripción y asesor jurídico, del auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio; en tales condiciones y en obvio de mayores dilaciones, se ordena al actuario adscrito lleve a cabo la notificación al representante social y asesor jurídico, del acuerdo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público adscrito y asesor jurídico.

  3. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del exhorto 98/2018-X, del índice de este juzgado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, deriva que la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que no remitió el certificado de libertad de gravámenes correspondiente, con el que acredite que el quejoso quedó registrado como propietario del bien inmueble relativo a la clave catastral ..., ubicado en calle de la ..., en las mismas condiciones en que se encontraba antes de los actos reclamados derivados del aludido procedimiento administrativo. Lo anterior es así, pues la protección constitucional otorgada por el indebido emplazamiento del quejoso, implica dejar sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, lo que incluye el remate y las adjudicaciones que pudieran haberse llevado a cabo, así como las inscripciones en el Registro Público, porque constituye una consecuencia lógico-jurídica de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 112/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, registro 162282, tomo XXXIII, abril de 2011, materia común, página 286, que dice lo siguiente: Lo que incluso manifestó el propio autorizado de la parte quejosa, mediante escrito que aparece agregado en las foja ciento cuarenta y dos de los presentes autos. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la autoridad responsable incurrió en un defecto en el cumplimiento del fallo protector, por lo que debe requerírsele para que remita la constancias respectivas respecto al mismo. Consecuentemente, de conformidad con el diverso numeral 192 de la ley en la materia, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días contados a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada dentro de los autos en que se actúa, en el sentido de remitir el certificado de libertad o gravamen del inmueble antes mencionado. En apoyo a lo expuesto, se invoca el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis 2ª.VIII/2014 (10ª.), libro 3, febrero de 2014, tomo II, página 1520, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: Así las cosas, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no cumplir con el requerimiento, se le impondrá una multa, equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponde a ..., esto con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de este año. Asimismo se continuará con el procedimiento que alude el dispositivo 193 de la Ley reglamentaria, esto es se abrirá el incidente de inejecución, según lo dispone la jurisprudencia 1ª./J./58/2008 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro y texto siguientes: En la inteligencia de que la responsabilidad en que se incurre por desacato al fallo constitucional, perdura durante el tiempo que dure en el encargo y subsiste aun cuando ya no estén en funciones, pudiendo ser enjuiciados por ese motivo, aunque hubieren dejado el encargo, por omitir cumplir la ejecutoria o cumplirla de manera extemporánea, en términos del numeral 195 de la Ley de Amparo, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 60/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, consultable en la página 7, de la Décima época, que dice: Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.

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