José Francisco Salcedo Flores

Expediente 1643/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1643/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • José Francisco Salcedo Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Colegiado informa admitió a trámite el impedimento formulado en autos. Ténganse por recibidos los comunicados 7685/2022 y 7686/2022, que signa el Secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante los cuales informa que se admitió a trámite el impedimento formulado por Eduardo Saúl González Fernández, apoderado legal de la parte tercera interesada Fraccionadora Puerta Del Bosque, sociedad anónima de capital variable, respecto del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, en su carácter del titular del Juzgado, y de la licenciada Nathali Cisneros Mendoza, en su calidad de secretaria encargada del despacho de este órgano federal, el cual se registró con el número 11/2022, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Informe solicitado. De la certificación secretarial, se advierte que se rindieron y entregaron los informes correspondientes del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, en su carácter del titular del Juzgado, y de la licenciada Nathali Cisneros Mendoza, en su calidad de secretaria encargada del despacho de este órgano federal, respecto a la recusación planteada por Eduardo Saúl González Fernández, apoderado legal de la parte tercera interesada Fraccionadora Puerta Del Bosque, sociedad anónima de capital variable, no obstante lo anterior, como lo solicita la superioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Amparo, reenvíense los informes respectivos. Solicita habilite acceso expediente electrónico. En atención a lo demás solicitado, infórmese que el expediente electrónico relativo al amparo indirecto en que se actúa, se encuentra disponible para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Quejoso se desiste del juicio de amparo. Vista la comparecencia de cuenta, mediante la cual los quejosos Eduardo Arturo mata Jiménez, María del Carmen Orta Gabriel y J Pascual Zumaya Sánchez, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mediante el cual ratifican su desistimiento formulado en autos; por ende, atento con lo solicitado, se les tiene por desistida del juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2023937, de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL." Se decreta el sobreseimiento del juicio. En mérito de lo anterior y tomando en cuenta que el juicio de garantías sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada y que el desistimiento es la abdicación o el abandono de algún derecho, el apartamiento de la acción y demanda, puesto que el apoderado de la moral quejosa manifiesta su voluntad de abandonar el ejercicio de ese derecho por no querer continuar con la acción ejercitada o con la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado; con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio quedando sin efecto legal alguno las providencias en él decretadas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con ocho minutos del ocho de septiembre de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. En otro orden de ideas, con apoyo en el numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme la presente determinación; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Lo anterior, virtud lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo sobreseyó el presente juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Nathali Cisneros Mendoza, Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Encargada del Despacho por vacaciones del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la autorización contenida en el oficio número CCJ/ST/2213/2022 de seis de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por la Secretaria Paulina Lizbeth Orozco Campos, que autoriza y da fe. NCM/PLOC/audelo

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a doce de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Francisco Salcedo Flores por propio derecho, contra actos de la persona jurídica denominada administración del Condominio San Martín del Tajo. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1643/2022. Decisión sobre la instancia constitucional. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene que ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad, complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: i. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los actos reclamados, en razón de que se limita a manifestar que le restringen de manera parcial el libre acceso a la vialidad colindante a su domicilio, sin que al efecto realice narración de antecedentes de las fechas en que fueron instalados los controles de acceso, bolardos, plumas electrónicas y portones. Esto es, deberá formular narración de antecedentes en el sentido de manifestar: -La fecha en que se realizó la instalación de los controles de acceso que afirma le impide la libre circulación. -La forma en que acontecieron los hechos materia de la restricción a la libre circulación materia del acto reclamado. -Si la instalación y administración de los controles de acceso fueron decisiones tomadas en actas de asamblea del condominio maestro denominado como "San Martín del Tajo" -Señale el nombre de la calle en el que se encuentran instaladas las controles de acceso que afirma le causan perjuicio, en razón de que no se advierte de manera clara si se encuentran instalados obstaculizando el tránsito de la avenida Prolongación López Mateos Sur, o sobre la diversa Boulevard San Martin del Tajo. -Manifieste si en el reglamento del condominio maestro al que fue sujeto con motivo de la adquisición de la unidad privativa que afirma es de su propiedad, se encuentran disposiciones relativas a la administración y control de acceso materia del acto reclamado. En razón que de la cláusula quinta de la escritura pública veinte mil ochocientos veintiséis, se advierte que se sometió a las disposiciones del reglamento de referencia. Además, son cuestiones que son necesarias se aclaren, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 114 en relación con la fracción V del arábigo 108 todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar" Fecha de conocimiento. Precise la data en que le fue realizado el primer acto de aplicación por el que afirma se le impide el libre tránsito y acceso a su domicilio, esto es, la limitación a la libre circulación para el acceso a su domicilio. Copias insuficientes. La parte promovente omitió exhibir copias suficientes de la demanda para correr traslado a las partes en el presente asunto, ya que sólo acompañó dos y son necesarias cinco para distribuirlas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, una para el tercero interesado, dos para el incidente de suspensión y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Consecuentemente, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del arábigo 114 de la ley de la materia, requiérasele parta que exhiba tres copias más de la demanda de garantías y cinco del escrito aclaratorio. Lo anterior sin perjuicio de que manifieste que en el presente sumario no existe tercero interesado, en razón de que también afirma bajo protesta de decir verdad que la vialidad a la que se le restringe el ingreso a su domicilio es de acceso público en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como el hecho de que la persona jurídica señalada como responsable carece de permiso municipal estatal o federal que le permita la instalación de controles de acceso en una vía pública, por lo que en su caso el mencionado municipio se vería afectado con la instalación de los mencionados controles en vialidades que son de estricto dominio del municipio. Este requerimiento se sustenta en los siguientes criterios: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional" "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de incumplir con los requerimientos hechos con anterioridad, dentro del lapso señalado, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. De igual forma desde estos momentos se formula prevención al promovente, en el sentido de que en caso de que durante el trámite del presente sumario o bien al resolverlo en definitiva, se desprenda que el quejoso afirmó hechos falsos u omitió los que le consten, queda expedita la facultad de la representación social para proceder en términos del artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, es decir, denuncia al Ministerio Público de la Federación por el delito de falsedad. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: José Francisco Salcedo Flores, por propio derecho. a. Autorización de consulta de expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Como lo solicita, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal; y, 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, al usuario "AARON_VZQZ". De igual forma, se le autoriza que la recepción de las notificaciones que deban de ser personales para la parte que representa, se le efectúen por el mismo medio electrónico. En el entendido que no ha lugar a tener por señalado domicilio procesal toda vez que las notificaciones se realizarán vía electrónica, de acuerdo a lo solicitado por el promovente. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Aarón José Vázquez Huerta, en razón de que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos del artículo 24 de la invocada norma, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversa personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. c. Se autoriza uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como lo solicita se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal. Asimismo, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Requerimiento de constancias para mejor proveer. En otro orden de ideas, a fin de estar en aptitud de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en su caso sobre la suspensión del acto reclamado, o bien la actualización de alguna causa de improcedencia o returno, con fundamento en el canon 17 constitucional, que prevé el derecho humano a una impartición de justicia pronta, se requiere a la administración del Condominio Maestro San Martín del Tajo y a la administración del Condominio San Martín del Tajo Uno, para que, dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten si los controles de acceso materia de los actos reclamados fueron instalados y administrados con motivo de decisiones tomadas en actas de asamblea de los condominios de referencia, la fecha en que fueron instalados y en su caso si los actos de limitación parcial a la circulación que refiere el quejoso, son ejecutados con motivo de que no se encuentra al corriente en el pago de las cuotas respectivas. En el entendido de que deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten su dicho, puesto que se itera, dicha información resulta necesaria a efecto de estar en oportunidad de advertir si se actualizan o no causas de improcedencia y en su caso proveer sobre la admisión y suspensión de los actos reclamados. Es pertinente precisar que en caso de que incumplan con lo solicitado, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, ello con fundamento en los artículos 259 y 237 ambos de la norma en comento. Cabe aclarar que el valor de las multas en Unidades de Medida y Actualización, resulta procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el suscrito Juzgador Federal se encuentra facultado para prevenir las demandas de amparo en la que advierta irregularidades, lo anterior encuentra fin en que sean aclaradas para estar en aptitud de fijar correctamente la Litis Constitucional y, en esta medida solicitar, a las autoridades que estime prudente las constancias o información necesaria. En efecto, los numerales 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este Juzgador se encuentra facultado para allegarse de todos los medios posibles, así como valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, para lograr su exacto cumplimiento. Dichos preceptos establecen: "Artículo 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes." "Artículo 80.- Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad." Como se advierte, el artículo 79, del código adjetivo en comento, determina que el juzgador, para conocer la realidad, como se expresó, puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las probanzas estén reconocidas por la ley y que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En congruencia con esas ideas, los numerales transcritos otorgan, sin límites temporales y sin las prohibiciones en materia probatoria establecidas en relación con las partes, las más amplias facultades para que se pueda decretar la aportación de toda clase de indicios. A más de que la facultad de analizar las demandas que ingresan a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, corresponde al suscrito y no a las autoridades requeridas. Entonces, a fin de que evitar demoras innecesarias deberá cumplir con lo solicitado en el plazo otorgado, o en su caso, señalar los motivos materiales o jurídicos que se lo impidan, en el entendido de que de resultar la información y constancias, de carácter reservado o sigilo, deberá informarlo y el suscrito procederá a hacer el resguardo correspondiente. En el entendido que está subsistente el apercibimiento decretado en auto de cuatro de los actuales. Resulta aplicable, la jurisprudencia del rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Igualmente resulta aplicable, por analogía, la tesis que al rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN." Exhortos a las partes. Dados los inconvenientes de la suspensión de labores de los órganos jurisdicciones, se exhorta a las partes a que, en la medida de lo posible, hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones en la misma vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Formas de notificar a las partes. De conformidad con el artículo 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a la autoridad responsable en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista, salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio. En el entendido de que, en este último caso, se comisiona al actuario de la adscripción para que hasta en tanto se reanuden las labores normales en el Poder Judicial Federal, envíe vía correo electrónico los oficios correspondientes y así las notifique, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé la prerrogativa constitucional de una impartición de justicia pronta y expedita, así como en las fracciones IX y XII del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19 en relación con el diverso Acuerdo General 21/2020. Lo anterior es así ya que de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que las notificaciones que deban hacerse por oficio a las autoridades (previstas a su vez en el precepto 26, en su fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan mediante cualquier medio oficial -incluido el correo electrónico- por razones de orden público, como la pandemia que ha sido decretada con motivo del SARS Co-V2 (COVID 19), lo que hace viable emplear el correo electrónico institucional para practicarle notificaciones, sin que en el caso sea necesario que dicha autoridad tenga celebrado un convenio de interconexión con el Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se le apercibe que de negarse sin causa justificada a recibir los oficios que se le envíen se procederá en términos de lo que dispone el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; Notificación por medio de portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Hágase de conocimiento de las partes que las notificaciones que no deban de ser personales se harán por medio del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, atento al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. No obstante que la fracción IV del artículo 29 de la norma que regula este proceso, establece que se publicará una síntesis de la resolución a notificar, proceda el actuario a la publicación íntegra del acuerdo en el citado portal. Correo electrónico de este juzgado. Se informa a las partes que el correo electrónico de este juzgado de Distrito es el siguiente: 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Notifíquese vía electrónica. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.

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