José Francisco Macías Sigala y Otros.

Expediente 370/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
370/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • José Francisco Macías Sigala y Otros.
  • Jesús Macías Sigala y Otros.
  • José Francisco Macías Sigala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformara con la sentencia engrosada el dieciséis de abril del año en curso en la que se sobreseyó en el presente juicio, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente así como el original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y se negó tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva. Por ende glósese el original del incidente de suspensión.En atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre el plazo para su destrucción, remítase al legajo correspondiente.Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.Finalmente, se ordena devolver al Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia de Puerto Vallarta, Jalisco, las constancias que remitió junto con su informe justificado.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    citatorio.- por este medio de lista se notifica al quejoso la SENTENCIA que dice: Zapopan, Jalisco, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: I Presentación y datos de la demanda Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el quince de febrero de dos mil diecinueve, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, José Francisco, Juan Manuel, Jesús y Salvador, todos de apellidos Macías Sígala, por derecho propio, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Reviste el carácter de autoridad ordenadora: a).- Resulta ser el Juez Cuarto De Lo Civil De Primera Instancia, con domicilio en el edificio de la Unidad Municipal Administrativa (UMA), Ubicada en la Calle Mezquital Número 604. (Planta Baja), Colonia Los Portales. con residencia en la Ciudad De Puerto Vallarta, Jalisco. Dentro de los autos del Juicio Sucesorio Testamentario. registrado con el Número de Expediente 852/2013. b).- Resulta ser El C. Secretario De Acuerdos Adscrito Al H. Juzgado Cuarto De Lo Civil De Primera Instancia. con domicilio en el edificio de la Unidad Municipal Administrativa (UMA), Ubicada en la Calle Mezquital Número 604, (Planta Baja), Colonia Los Portales. con residencia en la Ciudad De Puerto Vallarta, Jalisco. Dentro de los autos del Juicio Sucesorio Testamentario, registrado con el Número de Expediente 852/2013. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN EN QUE CADA AUTORIAD SE RECLAME: De la referida autoridad ordenadora, se le reclaman los siguientes actos: a).- La inconstitucionalidad de la resolución judicial en el dictado de la Sentencia Interlocutoria, con fecha 22 de Enero, del año 2019 y bajo protesta de decir la verdad nos dimos cuenta a través de nuestro Abogado Patrono Licenciado FIDEL SALCIDO JIMENEZ, el día 24 de Enero, del año 2019. b).- La inconstitucionalidad y por la consecuente privación de nuestros derechos que tutelan los Artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, violando nuestras garantías de audiencia, legalidad y seguridad Jurídica dentro de los autos del Juicio Sucesorio Testamentario, tramitado bajo el número de Expediente 852/2013, Radicado en el H. Juzgado Cuarto De Lo Civil De Primera Instancia, con residencia en la Ciudad De Puerto Vallarta, Jalisco. c).- La inconstitucionalidad de la resolución judicial en el dictado de la Sentencia Interlocutoria, con fecha 22 de Enero, del año 2019 y bajo protesta de decir la verdad nos dimos cuenta y nos impusimos de la misma, el día 24 de Enero, del año 2019. Ya que el A quo, no valoró las pruebas ofertadas por nuestra parte, dentro del Incidente De Oposición A La Rendición De Cuentas. Con lo nos causa, un daño de difícil reparación en nuestro patrimonio económico familiar, pues el A quo al aprobar la cuentas de la administración presentadas ante El H. Juzgado Cuarto De Lo Civil, de Puerto Vallarta, Jalisco, el día 17 de Mayo, del año 2018, por la C. MARÍA LUISA MACIAS SIGÁLA (ALBACEA). Viola nuestro derecho Constitucional en lo referente a que se nos administre justicia en forma neutral y que se dicte una sentencia apegada a derecho, que esté debidamente fundada y motivada, en la cual se tomen en cuenta las probanzas ofertadas de nuestra parte, se nos respeten nuestros derechos humanos y nuestra garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contempladas en los Artículos 1, 14, 16 y 17, De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. Pues el A quo Al dictar la Sentencia Interlocutoria de fecha 22 de Enero, del año 2019, no tomó en cuenta las probanzas y objeciones ofertadas de nuestra parte. No entró al estudio de los comprobantes exhibidos por la Albacea, ya que carecen de todo valor fiscal legal. Además la ALBACEA, exhibe contratos de prestación de servicios profesionales, con precios excesivos y fuera del arancel de abogados y para rematar, la ALBACEA reporta gastos y honorarios de un amparo en materia penal que fue SOBRESEIDO, por no existir el acto reclamado, gasto que no está debidamente sustentado, pero para rematar el A quo, no le da valor probatorio a dicha circunstancia y aprueba las cuentas en forma ligera. La ALBACEA, se está gastando el dinero de todos los herederos en pagos EXAGERADOS y no comprobados. Dejando a los suscritos Quejosos Amparistas, en completo estado de indefensión y causándonos un daño de difícil reparación en nuestro patrimonio económico familiar. Además es obligación del A quo, examinar de oficio, los presupuestos procesales y los elementos de la acción ejercitada, tal y como lo dispone el Artículo 88, Del Código De Procedimientos Civiles Para El Estado De Jalisco. Precepto que a la letra reza: Artículo 88.- Todo sentencio tiene o su favor lo presunción de haberse pronunciado según lo formo prescrito por el derecho, con conocimiento de causo y por el juez legítimo, con jurisdicción para dictarlo, bastando para considerarlo como tal, que contengo puntos resolutivos que estén debidamente motivados y fundamentados. Los jueces y tribunales tienen la obligación de examinar de oficio los presupuestos procesales y los elementos de la acción ejercitada. Violando lo dispuesto por La siguiente Jurisprudencia y que o lo letra reza: (Se transcribe)" (Transcripción literal) La parte quejosa señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14º, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. II Admisión y trámite Por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo en forma parcial, habida cuenta que se desechó respecto del acto que se reclamó al secretario de acuerdos adscrito al juzgado responsable, registrándose el presente juicio con el número 370/2019; se ordenó requerir a la autoridad responsable su informe de ley y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: I Aclaración en cuanto a las tesis y jurisprudencias que se invocarán Las tesis y jurisprudencias que se apliquen en este fallo y, que fueron las primeras emitidas y las segundas integradas en fecha anterior a la relativa a la entrada en vigor de la mencionada nueva Ley de Amparo (es decir, antes del tres de abril de dos mil trece), el suscrito juzgador estima viable su aplicación por no resultar su texto contrario a la legislación de que se trata (salvo que se haga acotación distinta en algún caso particular), según lo autoriza el Artículo Sexto Transitorio del propio cuerpo legal en comento. II Competencia Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado . Debido a que se reclama un acto del orden civil atribuido a una autoridad cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. III Fijación de la litis En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías , se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Resolución dictada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, por la Juez Cuarto de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, en los autos del juicio sucesorio testamentario 852/2013, que declaró improcedente el incidente de oposición a la rendición de cuentas presentadas por la albacea. IV Determinación acerca de la existencia de lo reclamado Por razón de método en principio debe analizarse si el acto reclamado en verdad existe, habida cuenta que de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo . Es cierto lo reclamado a la Juez Cuarto de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, consistente en la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de enero del presente año, cuyo contenido, en lo medular, quedó precisado en el considerando anterior, habida cuenta que así lo aceptó en su informe de ley (foja 67), lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del enjuiciamiento civil federal, aplicado en forma supletoria al de la materia. V Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo . Sobre el particular, mediante escrito de uno de abril de dos mil diecinueve (fojas 91 a 96), Everardo Loza García, autorizado de la tercero interesada María Luisa Macías Sígala, manifiesta que el presente juicio es improcedente, toda vez que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario establecido en la ley de la materia. Sí se concreta tal causa de improcedencia. En la especie, tal y como lo refiere la tercero interesada, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, dispone que: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado . Por su parte, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas (.)" De la lectura de la porción normativa transcrita se desprende que, para que el juicio de amparo sea procedente contra resoluciones judiciales, es necesario que la parte quejosa agote el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir primero a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de la Unión, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 61, fracción XVIII y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas" Por lo que en principio, se tiene que, cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, en todos los casos será improcedente el juicio de amparo y, por excepción, será procedente; verbigracia, cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas, en concordancia con el principio de definitividad. Al respecto, conviene referir el contenido de la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia" Como se vio, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución dictada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el incidente de oposición a la rendición de cuentas presentadas por la albacea. De la lectura del informe justificado que rindió la juez del conocimiento, así como de las copias certificadas del procedimiento de origen , se advierte que, efectivamente, en los autos del juicio sucesorio testamentario a bienes de José de Jesús Macías Sandoval y Martina Sígala Sandoval, el veintidós de enero de dos mil diecinueve, se dictó la resolución que declaró improcedente el incidente de oposición a la rendición de cuentas presentada por la albacea de la sucesión. Determinación que previo, a la promoción del juicio de garantías, debió se recurrida mediante el recurso ordinario correspondiente, como se verá a continuación: En el "Capítulo VI, De las Sucesiones", en la "Sección 6ª De la Rendición de Cuentas", del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, su artículo 899 señala lo siguiente: "Artículo 899. Si todos los interesados aprobaren las cuentas o no las impugnaren, el Juez las aprobará. Si alguno o algunos de los interesados no estuvieren conformes, se tramitará el incidente respectivo, pero será indispensable para que se le dé curso, precisar la objeción y que los que sostengan la misma pretensión nombren representante común. El auto que apruebe o repruebe las cuentas, será apelable en el efecto devolutivo" (Énfasis añadido) El precepto legal invocado es muy claro al establecer que el auto que apruebe o repruebe las cuentas, es apelable en el efecto devolutivo. En ese contexto, es inconcuso que la parte quejosa pudo obtener, a través del expresado recurso de apelación lo pretendido en la demanda en estudio; esto es, la modificación o revocación de la resolución reclamada, dado que era necesario que, previo a la solicitud del amparo, agotara el principio de definitividad que exige el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia; habida cuenta que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción que prevé la citada fracción, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución, en los que no es requisito necesario agotar los medios de impugnación ordinarios. Sin que se soslaye que el contenido del artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que establece: "Artículo 80. Los incidentes no suspenderán el procedimiento, se tramitarán con un escrito de cada parte. El término para contestar una demanda incidental es de cinco días. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos de demanda o contestación, fijando los puntos sobre los que verse y se citará para audiencia dentro del término de ocho días en que se reciba, se oirán las alegaciones y se citará para sentencia interlocutoria que deberá pronunciarse dentro de los ocho días siguientes. La resolución que decida un incidente no admite recurso. Se exceptúa de lo anterior los incidentes de nulidad de actuaciones, de competencia y las demás cuestiones incidentales que tienen previstos trámites especiales en este código para su substanciación. Cuando en cualquier etapa del juicio, se denuncien hechos delictuosos relacionados con el negocio, el juez o tribunal de los autos, los pondrá inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público para que proceda con arreglo a sus atribuciones. En los demás casos se procederá como lo previene el artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Si la denuncia se refiere a la falsedad de un documento presentado al juicio al comunicar los hechos al ministerio público, se le remitirá original y sellado el documento argüido de falso, el cual rubricarán el juez y el secretario, dejando en los autos, en lugar de aquél, copia autorizada. La preparación de las pruebas queda a cargo de las partes en la forma y términos previstos por el artículo 66 de este código" (Énfasis añadido) Porque si bien, dicho numeral prevé, en lo que interesa, que la resolución que resuelva un incidente no admite recurso; empero, dicha regla general tiene excepciones, las cuales están previstas en el propio artículo, en razón que al efecto se señala que se exceptúan los incidentes de nulidad de actuaciones, de competencia y las demás cuestiones incidentales que tienen previstos trámites especiales en el propio código para su substanciación. Por tanto, atendiendo a lo establecido en el último párrafo del artículo 80 de la legislación adjetiva civil local, en la especie, se surte la causa de excepción a la regla general, ya que en materia de sucesiones testamentarias, la resolución que aprueba o reprueba las cuentas del albaceazgo es apelable en efecto devolutivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 899 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Bajo esa óptica, al concretarse la referida causa de improcedencia, procede sobreseer en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ilustra el caso, la jurisprudencia: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- el amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común" En tales condiciones, el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, así como realizar pronunciamiento en torno a los criterios que invoca, por lo que resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Francisco, Juan Manuel, Jesús y Salvador, todos de apellidos Macías Sígala. Notifíquese personalmente. Lo sentenció y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con el secretario, licenciado Juan Alberto Ramírez Díaz, quien autoriza y da fe el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, que las labores de este juzgado lo permitieron. El juez El secretario LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA SENTENCIA DICTADA EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 370/2019. CONSTE. 9626

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito de Everardo Loza García, autorizado de la tercera interesada, visto su contenido, con fundamento en lo establecido en el precepto legal 124 de la Ley de Amparo, formula alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, expídanse las copias que solicita, previa razón que por su recibo se deje agregada en autos, conforme lo permitan las labores de este Juzgado.

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