Jose Francisco Martinez Duran (Extinto)

Expediente 663/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
663/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Jose Francisco Martinez Duran (Extinto)

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto veintidós de julio del año en curso (foja 18), en el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte promovente para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el diez de julio de dos mil diecinueve (fojas 10 a 13), sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por María Isabel Martínez Hernández, quien se ostenta como representante legal de su extinto padre José Francisco Martínez Duran (parte agraviada dentro de la carpeta de ejecución de sentencia 14/2012/JESI/E); fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 663/2019-B. PREVENCIÓN. Ahora bien, previo a proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 108, fracciones I y IV, y 114, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes a que quede notificado, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: PRIMERO. Acredite con documento fehaciente el carácter con el que se ostenta en el presente juicio de amparo, esto es, como representante legal de la parte agraviada José Francisco Martínez Duran dentro de los autos de la carpeta de ejecución de sentencia 14/2012/JESI/E, ya que omitió acompañar a su escrito de demanda el documento con el que demuestre tal circunstancia. De ahí, que la ocursante no acredite tener la personalidad que refiere para ejercer la presente acción constitucional a nombre de la parte agraviada dentro de los autos de la carpeta de ejecución de sentencia 14/2012/JESI/E, circunstancia que debe estar fehacientemente justificada, tal como lo establecen los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." SEGUNDO.- Precise el acto reclamado que hizo consistir en "LA FALTA Y OMISIÓN DE ACORDAR FAVORABLEMENTE dentro de la CARPETA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA NÚMERO 14/2012/JESI/E. MI PETICIÓN DE ENTREGA DE LOS CONCEPTOS DE REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL Y MATERIAL". Ello es así, ya que en el apartado de "IV)..- ACTOS RECLAMADOS", refiere reclamar: "(.) a).- EL ARCHIVO DEFINITIVO de la referida CARPETA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA NÚMERO 14/2012/JESI/E. y LA FALTA Y OMISIÓN de ACORDAR FAVORABLEMENTE dentro de la CARPETA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA NÚMERO 14/2012/JESI/E. MI PETICIÓN DE ENTREGA DE LOS CONCEPTOS DE REPARACION DEL DAÑO MORAL Y MATERIAL que obran exhibidos legalmente por el Sentenciado José Florentino Carvajal Ocotlán dentro de la Causa Penal Número 379/2003 sustanciada ante el Juzgado de lo Penal de Tepeaca Puebla(.)" Asimismo, en el apartado de antecedentes, específicamente en su punto 4) de la demanda de garantías, asentó lo siguiente: "(.) solicite múltiples veces la entrega a mi favor de los diversos conceptos que por reparación de daño moral y material obraban a favor de mi extinto papá; sin embargo al no obtener respuesta favorable hasta el momento (.). De lo anterior se advierte, que la aquí promovente, no es clara en especificar si lo que reclama a la autoridad responsable consiste en: a) la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable al no acordar sus diversas solicitudes o b) algún acuerdo que haya recaído a las citadas peticiones, en sentido negativo. Para clarificar la prevención, es menester destacar qué debe entenderse por negativa y omisión. La primera, requiere la solicitud de los gobernados y la correspondiente respuesta de la autoridad responsable de negarse a actuar de determinada manera (acto positivo). La segunda, se trata de una abstención total por parte de las autoridades responsables a realizar determinados actos. Así, la promovente deberá precisar, si reclama por parte del Juez responsable una respuesta negativa de su parte o, en su caso, si se duele de una omisión. Para el caso de reclamar la negativa, deberá precisar la fecha de la determinación en la que la autoridad responsable emitió dicha respuesta, si fue verbal o escrita, así como la fecha en que tuvo conocimiento de la misma. En similar sentido, si reclama alguna omisión respecto de las diversas solicitudes que realizó, deberá precisar en qué fecha efectuó las mismas. En ese sentido, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad ordenadora, debe señalarse con claridad y precisión, ya que este órgano de amparo no puede presumirlo, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones IV y V (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame y narrarse los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y su antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Hágase del conocimiento de la promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que, de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado, los cuales técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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