Jose Francisco Manuel Veana Rivera
Expediente 999/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Francisco Manuel Veana Rivera
- Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula de la Fiscalía General del Estado de Puebla (José Luis Azucena Silva)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por escrito recibido el catorce de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el quince siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, José Francisco Manuel Veana Rivera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Lo es el Agente de Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Abogado José Luis Azucena Silva; 2. Cualquier otro Agente de Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que por alguna razón administrativa, actualmente se encuentre a cargo de la integración de la carpeta de investigación de la obrantes en la carpeta de investigación NUAT 244/2019/UAT/CHOLULA y su acumulada CDI1887/2018/CHOLULA; IV. ACTO U OMISIÓN RECLAMADA: 1. La OMISIÓN de proveer, acordar y/o pronunciarse respecto de la solicitud de fecha 08 de septiembre de dos mil veintiuno, de expedición de copias cotejadas de los registros de la carpeta de investigación NUAT 244/2019/UAT/CHOLULA y su acumulada CDI1887/2018/CHOLULA. 2. En su caso la solicitud de intervención judicial para formular imputación en contra del suscrito. (.)" En acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 999/2021, y se previno al quejoso para que: "(.) .ÚNICO. Precise la denominación correcta de la siguiente autoridad señalada como responsable: "Cualquier otro Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que por alguna razón administrativa, actualmente se encuentre a cargo de la integración de la carpeta de investigación NUAT 224/2019/UAT/CHOLULA y su acumulada CDI1887/2018/CHOLULA;" (.)" Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, José Francisco Manuel Veana Rivera desahogó la prevención de referencia, precisando que no conocía la denominación completa y correcta del fiscal que conoce de la indagatoria de origen. En auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se requirió al promovente para que compareciera ante este juzgado de Distrito a reconocer la firma de su escrito de desahogo, lo que sucedió el veintiocho siguiente. De ahí que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por un parte se desechó la demanda respecto del acto consistente en la solicitud de intervención judicial para formular imputación en su contra; admitiéndose por el restante acto reclamado, con incidente de suspensión, se solicitaron los informes a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Sentado lo anterior, este órgano de control constitucional considera que se actualiza, de forma manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa se duele de la omisión del 1-2. José Luis Azucena Silva, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de acordar, dentro de la carpeta de investigación 1887/2018/CHOLULA y su acumulada NUAT 244/2019, su petición contenida en el escrito de presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, atinente a la solicitud de copias fotostáticas cotejadas de todos los registros que integran dicho expediente. Ahora, de las constancias que obran en autos, valoradas anteriormente, se advierte que la responsable atendió y acordó favorablemente la petición de la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil veintiuno, lo que le notificó a la autorizada del solicitante (Alejandra González Tamayo) el cinco de noviembre de dos mil veintiuno. En ese contexto, se tiene que si bien a la fecha de presentación de la demanda, el escrito petitorio había sido acordado sin notificárselo al solicitante, lo cierto es que ello ocurrió durante la tramitación de este controvertido constitucional. De tal suerte que es indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable acordó de conformidad con las peticiones del hoy quejoso y le notificó la respuesta correspondiente, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, por conducto de una de las personas que autorizó en el escrito de referencia para "recibir y gestionar" dichas reproducciones. Al respecto conviene destacar que este juzgador no se encuentra facultado para hacer el análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación efectuada se siguieron, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis. Se invoca en apoyo, en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Por tanto, han quedado destruidos en forma total e incondicional todos los efectos del acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la omisión reclamada. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse, de manera manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia estudiada -cesación de efectos-, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia este juicio constitucional respecto del acto reclamado. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de diez de junio de dos mil once- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. No se desatiende que a la fecha en que se dicta la presente determinación no han transcurrido los ocho días de vista que se concedieron a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la ley de la materia, lo que podría constituir una violación a las reglas del procedimiento del juicio, en términos del artículo 93, fracción IV, de la propia ley. No obstante ello, debe indicarse que la causal de improcedencia que ahora se analiza se actualizó de manera manifiesta, notoria e indudable, por lo que el juez de Distrito se encuentra en aptitud de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, habida cuenta que al ser la improcedencia del juicio de amparo una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. En ese sentido, en aras de cumplir con la garantía de prontitud en la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio aun y cuando no haya fenecido la vista otorgada en términos del aludido artículo 117, pero siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta, notoria e indudable. De modo que, de interpretar de manera rigorista la indicada fracción IV, del artículo 93, implicaría desconocer el aludido principio, pues a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para respetar la aludida vista, cuando resulte incuestionable que a partir de la revisión de las constancias recabadas en el juicio se aprecie la causa de inviabilidad analizada. Además, conllevaría desconocer la figura del sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, del que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, señaló es procedente decretar cuando la causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Estimar lo contrario -afirmó-, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al aludido artículo 17 Constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En suma, el quejoso, en términos del artículo 93, fracción VII, de la Ley de Amparo, tendrá la oportunidad de ofrecer los elementos de prueba que considere conducentes para desestimar la causal de improcedencia ante el Tribunal Colegiado, en caso de que se recurra esta determinación por medio del recurso de revisión. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinticuatro minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio señalado en la demanda de amparo; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese a sus autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable: 1. y 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula de la Fiscalía General del Estado de Puebla: José Luis Azucena Silva; por tanto, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. Por otro lado, con fundamento en el párrafo quinto del precepto legal invocado, en relación con el diverso 119 de la indicada Ley, ténganse como pruebas de la citada autoridad responsable las documentales que anexa. Notifíquese por lista a las partes.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. .I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 999/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Francisco Manuel Veana Rivera, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por José Francisco Manuel Veana Rivera, por propio derecho, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución del acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, el acto reclamado en el presente asunto es: La omisión de proveer, acordar o pronunciarse respecto a la solicitud de ocho de septiembre del año en curso, en la que la parte quejosa solicitó la expedición de copias certificadas de los registros de la carpeta de investigación NUAT 224/2019/UAT/CHOLULA y su acumulada CDI1887/2018/CHOLULA. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo 1 1. y 2. Fiscal investigador adscrito a la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula, Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (José Luis Azucena Silva). Aceptó La citada autoridad responsable, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto que se le reclama; y, refirió que ya fue acordado y notificado al quejoso respecto a la solicitud de expedición de copias certificadas; sin embargo, no existe constancia que acredite que ello efectivamente aconteció. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. En ese sentido, no obstante la certeza del acto reclamado, atento a su naturaleza (acto omisivo), debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, por las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la abstención de las autoridades responsables a actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues el acto reclamado consiste en la omisión de proveer, acordar o pronunciarse respecto a la solicitud de ocho de septiembre del año en curso, en la que solicitó la expedición de copias certificadas de los registros de la carpeta de investigación NUAT 224/2019/UAT/CHOLULA y su acumulada CDI1887/2018/CHOLULA; de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Por lo expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Francisco Manuel Veana Rivera, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se forma por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 999/2021, promovido por José Francisco Manuel Veana Rivera, por propio derecho, contra el acto que reclama del 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula de la Fiscalía General del Estado de Puebla, abogado José Luis Azucena Silva, y de otra autoridad. CUESTIONES PRELIMINARES. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la quejosa la protección de la Justicia Federal. Por tanto, a fin de proveer respecto de la suspensión provisional solicitada resulta indispensable atender al marco jurídico legal que condiciona su procedencia, a saber, los artículos 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente, de los que deriva que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, consistente en: La omisión de proveer, acordar o pronunciarse respecto a la solicitud de ocho de septiembre del año en curso, en la que solicitó la expedición de copias certificadas de los registros de la carpeta de investigación NUAT 224/2019/UAT/CHOLULA y su acumulada CDI1887/2018/CHOLULA. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Atento a la naturaleza del acto reclamado (omisión), debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la abstención de las autoridades responsables a actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues el acto reclamado consiste en la omisión de proveer, acordar o pronunciarse respecto a la solicitud de ocho de septiembre del año en curso, en la que solicitó la expedición de copias certificadas de los registros de la carpeta de investigación NUAT 224/2019/UAT/CHOLULA y su acumulada CDI1887/2018/CHOLULA; de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." INFORME PREVIO. En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda y escrito aclaratorio a las autoridades señaladas como responsables, y requiéraseles su informe previo, que deberán rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalarán: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuye. 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes (de estar en el supuesto). Dicho informe lo podrán rendir vía fax al número telefónico (222) 303 7276 o al correo institucional de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA): i) En caso de que se nieguen a recibir la notificación derivada del juicio de garantías; o ii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo haga sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmara una falsedad o negara la verdad; o, en su caso remitieran constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado arábigo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Para la celebración de la audiencia incidental, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; lo anterior tomando en cuenta que el uno y dos de noviembre del año en curso, son considerados días inhábiles, de conformidad a lo establecido en la circular 9/2021, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Herminio Cano Benítez, Francisco Javier de Unanue y Breton, Alejandra González Tamayo y Jesús Manuel Calonge Romero, ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx; y, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Justino Muñoz Rosas y Luis Alberto Rosas Olaya, por así haberse solicitado expresamente. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el referido para tal efecto en la demanda de amparo. Sin que haya lugar a tener como medio de notificación el correo electrónico que proporciona la parte quejosa, pues la Ley de Amparo no lo contempla para tal efecto; sin embargo, de conformidad con el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tiene dicho correo electrónico como medio para establecer contacto, en caso de que ello se estime necesario. ACCESO ELECTRÓNICO. Toda vez que la parte quejosa solicita que se le autorice el acceso al expediente electrónico, a través de Jesús Manuel Calonge Romero, autorizado procesal designado por la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con nombre de usuario: "JESUSMANUELCALONGEROMERO", se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación -doce de junio de dos mil veinte-, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se acreditó que Jesús Manuel Calonge Romero es titular del usuario "JESUSMANUELCALONGEROMERO", el cual se encuentra vigente, se concede al antes mencionado, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que lo anterior implique que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, ya que no fue expresamente solicitado por la parte quejosa. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR SU JUICIO EN LÍNEA. ( Con fundamento en los artículos 5, 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. MEDIOS ELECTRONICOS. Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PERSONALMENTE POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNA, AL OFICIAL JUDICIAL "A" ADSCRITO A ESTE JUZGADO, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Jose Francisco Conchouso Paz900/2019
- Jose Francisco Conchouso Paz191/2020
- Jose Francisco Conchouso Paz805/2020
- José Francisco Conchouso Paz956/2020
- Jose Francisco Gerardo Pumarada Carbajal829/2021
- Jose Francisco Gerardo Pumarada Carbajal767/2021
- Jose Francisco Martinez Duran (Extinto)663/2019
- Jose Francisco Martinez Fuentes224/2022
- Jose Francisco Martinez Fuentes867/2021
- Jose Francisco Martinez Fuentes651/2022
- Jose Francisco Martinez Fuentes853/2023
- Jose Francisco Martinez Fuentes695/2023