José Francisco Habib Abimerhi

Expediente 382/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
382/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • José Francisco Habib Abimerhi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio 5476, remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el veintiuno anterior, en el toca 120/2023, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de tres de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano su demanda de amparo; misma ejecutoria en la que aparece que la citada Superioridad, en su primer punto resolutivo, declaró infundado dicho recurso y en el segundo, confirmó el auto impugnado. Por tanto, acúsese recibo vía interconexión y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio 3840, remitido por interconexión, con evidencia criptográfica, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del escrito de interposición del recurso de queja presentado por el directo quejoso José Francisco Habib Abimerhi, contra el auto de tres de abril próximo pasado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió en el presente juicio de amparo 382/2023, del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 120/2023. De lo que esta Juzgadora Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ********************, con el que desahoga la prevención que se le realizó en auto de diez de marzo anterior; por tanto, téngase por cumplida dicha prevención, para los efectos a que haya lugar. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En ese sentido, previo a exponer las razones que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo y en su escrito aclaratorio, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la inconstitucionalidad del numeral 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con motivo de su primer acto de aplicación, contenido en el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio extraordinario hipotecario ********************, en el cual se fijó a la parte demandada, aquí quejosa, el término de veinte días para que entregue desocupado el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, cruzamiento con las calles ******************** y ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la rematadora persona moral ********************. En virtud del acto que se reclama y los antecedentes del caso, se estima que al respecto se actualiza la causal prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto de aplicación relativo al numeral tildado de inconstitucional, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución. Sobre esa base, en relación a la alegada inconstitucionalidad del artículo 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se estima conveniente precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no la ley considerada en abstracto. De igual forma, ha señalado que el Juez de Distrito debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de la protección constitucional la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por tanto, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, contra el acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Dicho criterio se encuentra recogido en la jurisprudencia 346, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, con el texto y rubro siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Asimismo, el criterio puede consultarse en la diversa tesis P. XVII/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, contra el acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese tenor, este órgano de control constitucional estima preferente el estudio de la procedencia del amparo con relación a la determinación en la que supuestamente se dio el primer acto de aplicación de la norma impugnada, que lo es el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio extraordinario hipotecario ********************, en el cual se fijó a la parte demandada, aquí quejosa, el término de veinte días para que entregue desocupado el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, cruzamiento con las calles ******************** y ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la rematadora persona moral ********************. Sentado lo anterior, debe decirse que los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que prevén la causal de improcedencia advertida con antelación, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del primero de los preceptos citados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo. Por su parte, la fracción IV del numeral 107 antes invocado, establece la procedencia del amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. En el párrafo segundo de dicho numeral, se prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, única y exclusivamente es procedente la acción constitucional contra la última resolución del procedimiento respectivo, entendida esta como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el párrafo tercero de dicho numeral, se dispone que tratándose del procedimiento de remate, sólo procede contra la resolución definitiva en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe precisar que estas reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto fueron instrumentadas por el legislador, con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución sin que múltiples amparos la obstaculizaran; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad está interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y respecto al procedimiento de remate la última determinación será la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 31, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En cuanto a las determinaciones impugnables en el procedimiento de remate, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) registro digital: 2011474, que señala: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por similitud de razón, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el particular, como se dijo, el acto reclamado se hizo consistir en la inconstitucionalidad del numeral 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con motivo de su primer acto de aplicación, contenido en el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio extraordinario hipotecario ********************, en el cual se fijó a la parte demandada, aquí quejosa, el término de veinte días para que entregue desocupado el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, cruzamiento con las calles ******************** y ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la rematadora persona moral ********************. Dicho acto de aplicación de la norma controvertida, es decir, el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente ********************, tiene como finalidad llevar a cabo la ejecución de la sentencia, empero, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, ni tampoco la última en el procedimiento de remate, pues aunque el proveído reclamado ordena la entrega de uno de los bienes adjudicados a la rematadora, lo cierto es que de los antecedentes del juicio de origen, se aprecia que previamente ya había sido dictada una orden de entrega del mismo bien inmueble, que la parte demandada, aquí quejosa, defiende en esta vía, como se aprecia a continuación. Ciertamente, de los antecedentes relatados por la propia parte quejosa en su escrito de demanda y escritorios aclaratorios, así como los que obran en autos del juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado, que también se promovió contra actos del propio juicio de origen ********************, el cual constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena agregar a estos autos, copia certificada de las constancias respectivas del citado juicio de origen, a fin de que sea tomado en consideración como corresponda; se aprecian los siguientes antecedentes: - El treinta y uno de agosto de mil dos mil siete, se dictó sentencia definitiva en autos del juicio extraordinario hipotecario ********************, promovido por ********************, contra ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** ******************** y ********************, en el que se condenó a los demandados a pagar las prestaciones reclamadas y se ordenó hacer trance y remate de los bienes embargados; misma que confirmó el Tribunal Superior del Estado de Yucatán en resolución de ******************** de marzo de dos mil ocho. - En auto de veintitrés de marzo de dos mil once, se reconoció a ********************, su carácter de cesionaria de los derechos de crédito y litigiosos que correspondían a ********************. - En audiencia de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual se suspendió y se verificó el trece de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el remate en primera almoneda del predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. - La parte demandada, a través del aquí quejoso, interpuso recurso de apelación, siendo que por ejecutoria de once de junio de dos mil dieciocho, la Sala Colegiada Civil y Familiar, confirmó el remate en el toca 338/2018. - En auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se requirió a la parte demandada, aquí quejosa, para que exhibiera el título de propiedad del citado inmueble rematado. - El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de origen otorgó en rebeldía de los demandados, la correspondiente escritura de adjudicación del referido predio, a favor de ********************. - En auto de veintidós de marzo del año dos mil veintidós, la responsable ordenó poner a ********************, en posesión de diversos bienes adjudicados, entre ellos el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en términos del numeral 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, por lo que se otorgó a esta última parte el término de tres días para que cumpla con lo anterior. - Contra dicho acuerdo, el demandado ********************, ahora quejoso, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el quince de junio de dos mil veintidós, el cual, se declaró parcialmente fundado, para el efecto de modificar el fundamento de la determinación. - Contra la citada resolución, dicho demandado promovió juicio de amparo, del cual conoció este Juzgado de Distrito con el número ********************, y en sentencia definitiva de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; siendo que esta última causó ejecutoria por auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós. - Por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se fijó a la parte demandada, aquí quejosa, el término de veinte días para entregar desocupado el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, cruzamiento con las calles ******************** y ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la rematadora persona moral ********************. En tanto que dicho proveído constituye el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional en este juicio de amparo. En virtud de lo anterior, resulta evidente que el proveído en el que se aplicó el arábigo combatido por la parte impetrante, se emitió en ejecución de sentencia, pero no constituye la última resolución, puesto que no es aquella que declara cumplida la sentencia, su imposibilidad u ordena el archivo del asunto; además, tampoco es ajena a la cosa juzgada, ya que precisamente su finalidad es ejecutar la sentencia condenatoria; asimismo, no constituye la última en el procedimiento de remate, pues las determinadas correspondientes ya habían sido dictadas previamente, toda vez que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de origen otorgó en rebeldía de los demandados, la escritura de adjudicación, y el siete de marzo de dos mil veintidós, ordenó la entrega del mismo bien inmueble a la parte demandada, fijándole el plazo de tres días para hacerlo, siendo que dicho proveído fue modificado en resolución de quince de junio de dos mil veintidós, en la cual, únicamente se varió el fundamento de la determinación. En tal virtud, el proveído en cuestión consiste en un nuevo requerimiento de desocupación del inmueble rematado, el cual tiene como finalidad darle cumplimiento la adjudicación derivada la sentencia condenatoria, por lo que aquél es consecuencias de ésta, por lo que es claro que dicha determinación forma parte del procedimiento de ejecución. A mayor abundamiento, el proveído mencionado no constituye la última resolución en el procedimiento de remate, pues anteriormente, en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable ya le había otorgado un plazo a la demandada, aquí quejosa, para que realizara entrega, entre otros, del bien inmueble en cuestión, el cual fue modificado por resolución de quince de junio de dos mil veintidós, siendo en ese momento, que se actualizó la hipótesis del tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo para su procedencia. Tan es así, que ya fue materia del juicio de amparo ********************, promovido por el propio quejoso ********************, en el que se le negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión impetradas. Ahora en el caso, el proveído en el que se aplicó la norma reclamada, corresponde a una segunda determinación de data siete de noviembre de dos mil veintidós, en el que la responsable nuevamente otorgó un plazo a la parte demandada, para que haga entrega del mismo bien inmueble, lo cual ya no se considera como la última resolución dictada en el procedimiento de remate, es decir, la procedencia del amparo ya no se rige por la hipótesis del tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, sino por el párrafo segundo de la propia fracción y numeral, pues al ya haberse dictado la última en el procedimiento de remate, este acto de aplicación, que es posterior, se trata de uno tendente a la materialización de una determinación judicial con categoría de cosa juzgada, en la cual han quedado decididos de manera definitiva los derechos sustantivos de propiedad y de posesión relativos al inmueble rematado a favor del adjudicatario, de modo tal que el mismo debe considerarse posterior al procedimiento de remate ya concluido. Lo anterior, pues los derechos y bienes que se afectan ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada, por lo que una vez concluida la etapa de remate, sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el Juez tiene que forzar al cumplimiento, ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que alguno de estos actos posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, en el juicio de referencia podrá reclamarse, vía amparo indirecto, como última resolución, la que encuadre en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, podrá promoverse contra la determinación que disponga de alguna forma su terminación, como podría ser, que se declare la prescripción de la acción para ejecutar la sentencia dictada, o la imposibilidad jurídica o material para lograr el cumplimiento de la ejecución de sentencia, o se ordene el archivo del expediente como asunto concluido, en la cual, en su caso, podrá reclamarse el artículo tildado de inconstitucional. En mérito de lo anterior, debido a que el acto de aplicación en cuestión, no se encuentra en alguno de los supuestos descritos en la párrafo que antecede, sino que se trata únicamente de un acto intermedio en el referido procedimiento de ejecución, pues de considerarlo nuevamente como la última determinación en el remate, se estaría en presencia de una pluralidad de resoluciones consideradas de la misma clase (última dictada en el procedimiento de remate), lo que va en contra de lo que el legislador quiso resguardar, estos es, la operatividad del sistema del juicio de amparo para evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias. Se cita en apoyo la tesis I.4o.C.77 C (10a.), con registro digital: 2023311, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5131, que dice: "REMATE. CONTRA ACTOS POSTERIORES A LA ÚLTIMA DETERMINACIÓN, NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate, el juicio de amparo indirecto procede exclusivamente contra la última resolución, precepto que ya ha sido interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), para determinar que por última resolución debe entenderse la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. En ese contexto, contra actos posteriores a la última resolución no procede el juicio de amparo indirecto, en razón de que se trata de actos tendentes a la materialización de una determinación judicial con categoría de cosa juzgada, en la cual han quedado decididos de manera definitiva los derechos sustantivos de propiedad y de posesión relativos al inmueble rematado a favor del adjudicatario, de modo tal que dichos actos deben considerarse como parte inescindible del procedimiento de remate ya concluido." Asimismo, se cita en apoyo la jurisprudencia tesis: 1a./J. 52/2020 (10a.), con registro digital: 2022499, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, que en su rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Así como la tesis I.12o.C.161 C (10a.), con registro digital: 2025729, emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, página 6653, que dice: "REMATE. ÚNICAMENTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN, CONTRA LA QUE DISPONE LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DEL INMUEBLE REMATADO, LO QUE OCURRA PRIMERO, POR LO QUE NO ES DABLE PROMOVERLO CONTRA OTRA QUE SE CONSIDERE DE LA MISMA CLASE (ÚLTIMA), ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE PRECLUSIÓN Y DE CONCENTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. El artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que tratándose del procedimiento de remate, para la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que, después de cumplirse con el principio de definitividad, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de la posesión de los bienes rematados, lo que ocurra primero, pudiendo reclamarse las pretendidas violaciones cometidas en ese procedimiento pues, en todo caso, debe atenderse al principio de preclusión procesal, así como al de concentración del procedimiento, entendido el primero como la pérdida del derecho de impugnación por haber dejado pasar el plazo (perentorio) que se tenía para hacerlo, así como por haberse interpuesto en contra de un acto posterior al que debió ser el objeto y materia de combate a través del juicio de amparo (indirecto) como medio extraordinario de defensa, lo que tiende a buscar orden, claridad y rapidez en la marcha del proceso, en especial, en la ejecución de la cosa juzgada, en tanto que, conforme al principio de concentración (también conocido como de unidad en el procedimiento), pueden plantearse y analizarse las violaciones cometidas en el curso del procedimiento de remate, cuando se promueva en contra de la última resolución que ahí se dicte, de manera que si el juicio de amparo indirecto únicamente puede promoverse contra la última resolución, que debe entenderse en singular y que se emita en el procedimiento de remate, ya no es dable establecer que al haberse emitido una última resolución pueda, de manera indistinta, promoverse contra otra que se considere de la misma clase (última dictada en el procedimiento de remate), en atención a que habrá operado la preclusión del derecho para impugnar esta segunda resolución, por no haberse controvertido la primera, puesto que el legislador quiso resguardar (como finalidad) la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, lo que sólo se obtiene restringiendo el derecho a impugnar mediante el citado juicio la resolución con la que concluya el procedimiento de remate, pues el principio de concentración procesal emana del de preclusión y ambos tienden a que el proceso se realice en el menor tiempo posible." En ese sentido, se estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en atención a que el acto de aplicación de la noma reclamada, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues no se trata de la prescripción de la acción para ejecutar la sentencia dictada en el juicio extraordinario hipotecario de origen, ni se manifestó la imposibilidad jurídica o material para lograr el cumplimiento de la ejecución de sentencia, tampoco se ordenó el archivo del expediente civil como asunto concluido, sino se trata de una decisión que está directamente vinculada con la ejecución de la cosa juzgada en el juicio natural. En consecuencia, y por lo que respecta al artículo 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, impugnado por la parte quejosa con motivo de su aplicación a través del proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, al haber resultado improcedente el juicio de amparo por lo que hace a dicho acto de aplicación, consecuentemente, también lo es por lo que respecta al invocado numeral. Por tanto, el juicio de amparo resulta igualmente improcedente respecto del precitado artículo 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado; lo que motiva que la demanda de amparo promovida en su contra, deba desecharse. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, del Volumen 217-228, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." En ese orden de ideas, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 890, Tomo VII del mes de mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ********************, con el que desahoga la prevención que se le realizó en auto de diez de marzo anterior; por tanto, téngase por cumplida dicha prevención, para los efectos a que haya lugar. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En ese sentido, previo a exponer las razones que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo y en su escrito aclaratorio, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la inconstitucionalidad del numeral 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con motivo de su primer acto de aplicación, contenido en el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio extraordinario hipotecario ********************, en el cual se fijó a la parte demandada, aquí quejosa, el término de veinte días para que entregue desocupado el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, cruzamiento con las calles ******************** y ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la rematadora persona moral ********************. En virtud del acto que se reclama y los antecedentes del caso, se estima que al respecto se actualiza la causal prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto de aplicación relativo al numeral tildado de inconstitucional, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución. Sobre esa base, en relación a la alegada inconstitucionalidad del artículo 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se estima conveniente precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no la ley considerada en abstracto. De igual forma, ha señalado que el Juez de Distrito debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de la protección constitucional la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por tanto, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, contra el acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Dicho criterio se encuentra recogido en la jurisprudencia 346, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, con el texto y rubro siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Asimismo, el criterio puede consultarse en la diversa tesis P. XVII/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, contra el acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese tenor, este órgano de control constitucional estima preferente el estudio de la procedencia del amparo con relación a la determinación en la que supuestamente se dio el primer acto de aplicación de la norma impugnada, que lo es el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio extraordinario hipotecario ********************, en el cual se fijó a la parte demandada, aquí quejosa, el término de veinte días para que entregue desocupado el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, cruzamiento con las calles ******************** y ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la rematadora persona moral ********************. Sentado lo anterior, debe decirse que los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que prevén la causal de improcedencia advertida con antelación, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del primero de los preceptos citados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo. Por su parte, la fracción IV del numeral 107 antes invocado, establece la procedencia del amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. En el párrafo segundo de dicho numeral, se prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, única y exclusivamente es procedente la acción constitucional contra la última resolución del procedimiento respectivo, entendida esta como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el párrafo tercero de dicho numeral, se dispone que tratándose del procedimiento de remate, sólo procede contra la resolución definitiva en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe precisar que estas reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto fueron instrumentadas por el legislador, con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución sin que múltiples amparos la obstaculizaran; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad está interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y respecto al procedimiento de remate la última determinación será la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 31, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En cuanto a las determinaciones impugnables en el procedimiento de remate, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) registro digital: 2011474, que señala: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por similitud de razón, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el particular, como se dijo, el acto reclamado se hizo consistir en la inconstitucionalidad del numeral 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con motivo de su primer acto de aplicación, contenido en el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio extraordinario hipotecario ********************, en el cual se fijó a la parte demandada, aquí quejosa, el término de veinte días para que entregue desocupado el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, cruzamiento con las calles ******************** y ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la rematadora persona moral ********************. Dicho acto de aplicación de la norma controvertida, es decir, el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente ********************, tiene como finalidad llevar a cabo la ejecución de la sentencia, empero, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, ni tampoco la última en el procedimiento de remate, pues aunque el proveído reclamado ordena la entrega de uno de los bienes adjudicados a la rematadora, lo cierto es que de los antecedentes del juicio de origen, se aprecia que previamente ya había sido dictada una orden de entrega del mismo bien inmueble, que la parte demandada, aquí quejosa, defiende en esta vía, como se aprecia a continuación. Ciertamente, de los antecedentes relatados por la propia parte quejosa en su escrito de demanda y escritorios aclaratorios, así como los que obran en autos del juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado, que también se promovió contra actos del propio juicio de origen ********************, el cual constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena agregar a estos autos, copia certificada de las constancias respectivas del citado juicio de origen, a fin de que sea tomado en consideración como corresponda; se aprecian los siguientes antecedentes: - El treinta y uno de agosto de mil dos mil siete, se dictó sentencia definitiva en autos del juicio extraordinario hipotecario ********************, promovido por ********************, contra ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** ******************** y ********************, en el que se condenó a los demandados a pagar las prestaciones reclamadas y se ordenó hacer trance y remate de los bienes embargados; misma que confirmó el Tribunal Superior del Estado de Yucatán en resolución de ******************** de marzo de dos mil ocho. - En auto de veintitrés de marzo de dos mil once, se reconoció a ********************, su carácter de cesionaria de los derechos de crédito y litigiosos que correspondían a ********************. - En audiencia de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual se suspendió y se verificó el trece de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el remate en primera almoneda del predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. - La parte demandada, a través del aquí quejoso, interpuso recurso de apelación, siendo que por ejecutoria de once de junio de dos mil dieciocho, la Sala Colegiada Civil y Familiar, confirmó el remate en el toca 338/2018. - En auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se requirió a la parte demandada, aquí quejosa, para que exhibiera el título de propiedad del citado inmueble rematado. - El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de origen otorgó en rebeldía de los demandados, la correspondiente escritura de adjudicación del referido predio, a favor de ********************. - En auto de veintidós de marzo del año dos mil veintidós, la responsable ordenó poner a ********************, en posesión de diversos bienes adjudicados, entre ellos el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en términos del numeral 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, por lo que se otorgó a esta última parte el término de tres días para que cumpla con lo anterior. - Contra dicho acuerdo, el demandado ********************, ahora quejoso, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el quince de junio de dos mil veintidós, el cual, se declaró parcialmente fundado, para el efecto de modificar el fundamento de la determinación. - Contra la citada resolución, dicho demandado promovió juicio de amparo, del cual conoció este Juzgado de Distrito con el número ********************, y en sentencia definitiva de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; siendo que esta última causó ejecutoria por auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós. - Por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se fijó a la parte demandada, aquí quejosa, el término de veinte días para entregar desocupado el predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, cruzamiento con las calles ******************** y ********************, de la colonia "********************, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la rematadora persona moral ********************. En tanto que dicho proveído constituye el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional en este juicio de amparo. En virtud de lo anterior, resulta evidente que el proveído en el que se aplicó el arábigo combatido por la parte impetrante, se emitió en ejecución de sentencia, pero no constituye la última resolución, puesto que no es aquella que declara cumplida la sentencia, su imposibilidad u ordena el archivo del asunto; además, tampoco es ajena a la cosa juzgada, ya que precisamente su finalidad es ejecutar la sentencia condenatoria; asimismo, no constituye la última en el procedimiento de remate, pues las determinadas correspondientes ya habían sido dictadas previamente, toda vez que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de origen otorgó en rebeldía de los demandados, la escritura de adjudicación, y el siete de marzo de dos mil veintidós, ordenó la entrega del mismo bien inmueble a la parte demandada, fijándole el plazo de tres días para hacerlo, siendo que dicho proveído fue modificado en resolución de quince de junio de dos mil veintidós, en la cual, únicamente se varió el fundamento de la determinación. En tal virtud, el proveído en cuestión consiste en un nuevo requerimiento de desocupación del inmueble rematado, el cual tiene como finalidad darle cumplimiento la adjudicación derivada la sentencia condenatoria, por lo que aquél es consecuencias de ésta, por lo que es claro que dicha determinación forma parte del procedimiento de ejecución. A mayor abundamiento, el proveído mencionado no constituye la última resolución en el procedimiento de remate, pues anteriormente, en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable ya le había otorgado un plazo a la demandada, aquí quejosa, para que realizara entrega, entre otros, del bien inmueble en cuestión, el cual fue modificado por resolución de quince de junio de dos mil veintidós, siendo en ese momento, que se actualizó la hipótesis del tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo para su procedencia. Tan es así, que ya fue materia del juicio de amparo ********************, promovido por el propio quejoso ********************, en el que se le negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión impetradas. Ahora en el caso, el proveído en el que se aplicó la norma reclamada, corresponde a una segunda determinación de data siete de noviembre de dos mil veintidós, en el que la responsable nuevamente otorgó un plazo a la parte demandada, para que haga entrega del mismo bien inmueble, lo cual ya no se considera como la última resolución dictada en el procedimiento de remate, es decir, la procedencia del amparo ya no se rige por la hipótesis del tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, sino por el párrafo segundo de la propia fracción y numeral, pues al ya haberse dictado la última en el procedimiento de remate, este acto de aplicación, que es posterior, se trata de uno tendente a la materialización de una determinación judicial con categoría de cosa juzgada, en la cual han quedado decididos de manera definitiva los derechos sustantivos de propiedad y de posesión relativos al inmueble rematado a favor del adjudicatario, de modo tal que el mismo debe considerarse posterior al procedimiento de remate ya concluido. Lo anterior, pues los derechos y bienes que se afectan ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada, por lo que una vez concluida la etapa de remate, sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el Juez tiene que forzar al cumplimiento, ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que alguno de estos actos posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, en el juicio de referencia podrá reclamarse, vía amparo indirecto, como última resolución, la que encuadre en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, podrá promoverse contra la determinación que disponga de alguna forma su terminación, como podría ser, que se declare la prescripción de la acción para ejecutar la sentencia dictada, o la imposibilidad jurídica o material para lograr el cumplimiento de la ejecución de sentencia, o se ordene el archivo del expediente como asunto concluido, en la cual, en su caso, podrá reclamarse el artículo tildado de inconstitucional. En mérito de lo anterior, debido a que el acto de aplicación en cuestión, no se encuentra en alguno de los supuestos descritos en la párrafo que antecede, sino que se trata únicamente de un acto intermedio en el referido procedimiento de ejecución, pues de considerarlo nuevamente como la última determinación en el remate, se estaría en presencia de una pluralidad de resoluciones consideradas de la misma clase (última dictada en el procedimiento de remate), lo que va en contra de lo que el legislador quiso resguardar, estos es, la operatividad del sistema del juicio de amparo para evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias. Se cita en apoyo la tesis I.4o.C.77 C (10a.), con registro digital: 2023311, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5131, que dice: "REMATE. CONTRA ACTOS POSTERIORES A LA ÚLTIMA DETERMINACIÓN, NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate, el juicio de amparo indirecto procede exclusivamente contra la última resolución, precepto que ya ha sido interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), para determinar que por última resolución debe entenderse la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. En ese contexto, contra actos posteriores a la última resolución no procede el juicio de amparo indirecto, en razón de que se trata de actos tendentes a la materialización de una determinación judicial con categoría de cosa juzgada, en la cual han quedado decididos de manera definitiva los derechos sustantivos de propiedad y de posesión relativos al inmueble rematado a favor del adjudicatario, de modo tal que dichos actos deben considerarse como parte inescindible del procedimiento de remate ya concluido." Asimismo, se cita en apoyo la jurisprudencia tesis: 1a./J. 52/2020 (10a.), con registro digital: 2022499, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, que en su rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Así como la tesis I.12o.C.161 C (10a.), con registro digital: 2025729, emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, página 6653, que dice: "REMATE. ÚNICAMENTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN, CONTRA LA QUE DISPONE LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DEL INMUEBLE REMATADO, LO QUE OCURRA PRIMERO, POR LO QUE NO ES DABLE PROMOVERLO CONTRA OTRA QUE SE CONSIDERE DE LA MISMA CLASE (ÚLTIMA), ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE PRECLUSIÓN Y DE CONCENTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. El artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que tratándose del procedimiento de remate, para la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que, después de cumplirse con el principio de definitividad, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de la posesión de los bienes rematados, lo que ocurra primero, pudiendo reclamarse las pretendidas violaciones cometidas en ese procedimiento pues, en todo caso, debe atenderse al principio de preclusión procesal, así como al de concentración del procedimiento, entendido el primero como la pérdida del derecho de impugnación por haber dejado pasar el plazo (perentorio) que se tenía para hacerlo, así como por haberse interpuesto en contra de un acto posterior al que debió ser el objeto y materia de combate a través del juicio de amparo (indirecto) como medio extraordinario de defensa, lo que tiende a buscar orden, claridad y rapidez en la marcha del proceso, en especial, en la ejecución de la cosa juzgada, en tanto que, conforme al principio de concentración (también conocido como de unidad en el procedimiento), pueden plantearse y analizarse las violaciones cometidas en el curso del procedimiento de remate, cuando se promueva en contra de la última resolución que ahí se dicte, de manera que si el juicio de amparo indirecto únicamente puede promoverse contra la última resolución, que debe entenderse en singular y que se emita en el procedimiento de remate, ya no es dable establecer que al haberse emitido una última resolución pueda, de manera indistinta, promoverse contra otra que se considere de la misma clase (última dictada en el procedimiento de remate), en atención a que habrá operado la preclusión del derecho para impugnar esta segunda resolución, por no haberse controvertido la primera, puesto que el legislador quiso resguardar (como finalidad) la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, lo que sólo se obtiene restringiendo el derecho a impugnar mediante el citado juicio la resolución con la que concluya el procedimiento de remate, pues el principio de concentración procesal emana del de preclusión y ambos tienden a que el proceso se realice en el menor tiempo posible." En ese sentido, se estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en atención a que el acto de aplicación de la noma reclamada, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues no se trata de la prescripción de la acción para ejecutar la sentencia dictada en el juicio extraordinario hipotecario de origen, ni se manifestó la imposibilidad jurídica o material para lograr el cumplimiento de la ejecución de sentencia, tampoco se ordenó el archivo del expediente civil como asunto concluido, sino se trata de una decisión que está directamente vinculada con la ejecución de la cosa juzgada en el juicio natural. En consecuencia, y por lo que respecta al artículo 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, impugnado por la parte quejosa con motivo de su aplicación a través del proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, al haber resultado improcedente el juicio de amparo por lo que hace a dicho acto de aplicación, consecuentemente, también lo es por lo que respecta al invocado numeral. Por tanto, el juicio de amparo resulta igualmente improcedente respecto del precitado artículo 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado; lo que motiva que la demanda de amparo promovida en su contra, deba desecharse. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, del Volumen 217-228, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." En ese orden de ideas, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 890, Tomo VII del mes de mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano