José Francisco Habib Abimerhi

Expediente 1498/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1498/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • José Francisco Habib Abimerhi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA III Téngase por recibido el oficio 8228 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; y el testimonio judicial de la resolución pronunciada por ese Cuerpo Colegiado en el toca 361/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por *, contra la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, junto con el expediente original 1498/2022-A y seis anexos. Determinación en la cual, la citada Superioridad en su primer punto resolutivo CONFIRMÓ la sentencia recurrida, y en el segundo punto, SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *. Acúsese recibo vía interconexión. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo, glósese a estos autos el expedientillo provisional formado con motivo del recurso de revisión en cita únicamente con las constancias que no obren en autos. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Finalmente, por economía procesal devuélvase a la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, los seis anexos que remitió, consistentes en copias certificadas del expediente ********************, de su índice; lo anterior, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos, sin necesidad de acusar recibos de los mismos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 6408, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por el quejoso JOSÉ FRANCISCO HABIB ABIMERHI, contra la sentencia dictada en este juicio, formándose por tal motivo el toca 361/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, a uno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito del quejoso JOSÉ FRANCISCO HABIB ABIMERHI, con el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio y formula agravios; por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; entréguese copia del escrito de revisión y de expresión de agravios a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, y déjese una copia simple en la Actuaría de este Juzgado para la parte tercero interesada "BASILIK SIETE", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en virtud de que a la misma se le realizan por lista las notificaciones del presente asunto. Hecho que sea, una vez que se hayan notificado a las partes y se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y una copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, y los anexos formados con las constancias remitidas por la autoridad responsable, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte el oficio de cuenta, suscrito por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual se pronuncia respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo. Asimismo, se desprende que mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable. Por tanto, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido es importante asentar que, por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Antonio Pulido Vega, misma que en proveídos de once y diecisiete de marzo de dos mil veinte, fue recurrida por el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México. Ahora, se aprecia que, por ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca 118/2021, la Superioridad, en su primer punto, confirmó la sentencia recurrida y, en su segundo punto, se concedió al quejoso Antonio Pulido Vega el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables y para los efectos precisados en el considerando sexto de la sentencia recurrida. Asimismo, el veintisiete de junio del año en curso, se requirió a las responsables su debido cumplimiento; las cuales estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto que las autoridades responsables desincorporen de su esfera jurídica los artículos 235, último párrafo; 235 bis, 237, último párrafo, 238, 245, fracciones II y IV, 247, último párrafo, 250 y 290, de la Ley General de Salud, los cuales constituyen un sistema normativo; lo anterior, únicamente respecto a las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para el uso lúdico o autoconsumo de cannabis, porque son inconstitucionales. De igual manera, deberá implicarse de la esfera jurídica del quejoso el capítulo 12 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en cuanto al código correspondiente al cáñamo (Cannabis Sativa), única y exclusivamente en lo que se refiere a la prohibición relacionada con dicho vegetal; sin que esta determinación implique, en su caso, la condonación de posibles gravámenes en materia tributaria. En el entendido que esta concesión implica la protección contra la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, de forma expresa o tácita, presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 4/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, visible en la página 491, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona. Así como, la jurisprudencia número 1a./J. 3/2019 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal, consultable en la página 489, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto: DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. Esta Primera Sala entiende que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección. De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. Estas experiencias se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada prima facie por el derecho al libre desarrollo de ésta. Así las cosas, esta Primera Sala concluye que la prohibición contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, efectivamente incide en el contenido prima facie del derecho fundamental en cuestión, toda vez que constituye un obstáculo jurídico que impide ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera. También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 9/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 496, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto: PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. En la cuarta y última etapas del test de proporcionalidad, corresponde comparar el grado de intervención en el derecho fundamental frente al grado de satisfacción de la finalidad constitucional perseguida. En este contexto, en el caso de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, corresponde contrastar la eficacia con la que el "sistema de prohibiciones administrativas" consigue proteger la salud de las personas y el orden público, frente al nivel de afectación que esa misma medida provoca en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege la prohibición aludida, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Desde este punto de vista, la afectación al libre desarrollo de la personalidad que comporta este "sistema de prohibiciones administrativas" puede calificarse como muy intensa, pues consiste en una prohibición prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de ésta, de tal manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho. En tal sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en que pueden realizarse dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que efectivamente tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas esas conductas. Consecuentemente, el "sistema de prohibiciones administrativas" ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. Y, la jurisprudencia número 1a./J. 8/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación, que refiere: DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. Asimismo, con fundamento en el artículo 78, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, tal protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación, por lo que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberán dejar insubsistente el oficio 193301EL350737, de veintiuno de junio de dos mil diecinueve y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud del quejoso, deberá emitir uno nuevo en el que se otorgue la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol), en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas como adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, para su uso y autoconsumo personal del citado estupefaciente." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la representante del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria, remitiendo para tal efecto, el oficio CAS/DEREPSQ/5113/2022, de diez de junio de dos mil veinte, signado por el Director responsable, en el cual otorgó al quejoso la autorización correspondiente para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, así como adquirir legalmente la semilla de cannabis (sativa, índice y americana), derivado del autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC". De igual manera, en el apartado de observaciones dejó insubsistente el oficio 193301EL350737, de veintiuno de junio de dos mil diecinueve y, en su lugar, otorgó la citada autorización sanitaria. De ahí, que en el caso deba considerarse que la responsable dio cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio. Al efecto, es evidente que con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo. Cuenta habida que se emitió a favor del quejoso, la autorización relacionada con las actividades lúdicas y recreativas relativas a los estupefaciente y psicotrópico antes aludidos y dejó insubsistente el oficio 193301EL350737; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Por otra parte, agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio signado electrónicamente por el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia emitida en el presente asunto. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a las manifestaciones que realiza, en virtud de lo acordado en el cuerpo del presente proveído, en el cual se tuvo por cumplido el fallo protector dictado en este asunto. Máxime que en el presente juicio, la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, no tiene que ejecutar acto alguno en el cumplimiento de la sentencia de mérito, pues se le reclamó la expedición de la Ley General de Salud, particularmente los artículos 235, último párrafo; 235 bis, 237, último párrafo; 238, 245, fracción II y IV, 247, último párrafo; 250 y 290; así como la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, específicamente su capítulo 12, en cuanto al código correspondiente al cáñamo (Cannabis Sativa), los cuales no pueden quedar insubsistentes por tratarse de disposiciones de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por tanto, resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria correspondiente en cuanto a los actos que constituyen el proceso legislativo de las leyes reclamadas, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos. Notifíquese personalmente, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Ilse Alpuche Aguilar, Secretario de Juzgado con quien actúa. Doy fe.

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