José Francisco García Pérez y Otros.
Expediente 896/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Francisco García Pérez
- José Francisco García Pérez y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicha determinación, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
POR LISTA: MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Director del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso José Francisco García Pérez reclamó de la aludida responsable y otra autoridad, la falta de emisión de dictamen de mecánica de hechos y responsabilidades, y todas las consecuencias, para presentarlo ante la Agencia del Ministerio Público Investigador de Zaachila, Oaxaca, en la averiguación previa 256/(ZAA)/2015. Ahora, en el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En efecto, respecto del acto de que se trata, se reitera que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión, en razón de que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, esto con motivo de que el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se rindió el dictamen del que se duele el quejoso, el cual fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público Investigador de Zaachila, Oaxaca, en la averiguación previa 256/(ZAA)/2015, el dieciocho de mayo del año en curso, esto con posterioridad a la presentación de la demanda (11-mayo-2016); en consecuencia, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 visible en la página treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Segunda Sala, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Finalmente, vista la razón del actuario adscrito de la que se advierte no fue posible entregar el oficio dirigido a Marco Antonio García García, perito en materia de Tránsito Terrestre del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, por los motivos que expone; sin embargo, no ha lugar a ordenar la notificación del mismo por vía citatorio como se asentó en dicha razón, en atención a que dicha comunicación fue emitida con motivo de la petición de informe justificado, el cual, por lo acordado en líneas anteriores, aparece que es cierto el acto reclamado. Ahora, a fin de notificar la presente determinación a dicha responsable hágase por conducto de su superior jerárquico, por lo que el oficio relativo acompáñese al Director del Instituto de Servicios Periciales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Director del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso José Francisco García Pérez reclamó de la aludida responsable y otra autoridad, la falta de emisión de dictamen de mecánica de hechos y responsabilidades, y todas las consecuencias, para presentarlo ante la Agencia del Ministerio Público Investigador de Zaachila, Oaxaca, en la averiguación previa 256/(ZAA)/2015. Ahora, en el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En efecto, respecto del acto de que se trata, se reitera que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión, en razón de que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, esto con motivo de que el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se rindió el dictamen del que se duele el quejoso, el cual fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público Investigador de Zaachila, Oaxaca, en la averiguación previa 256/(ZAA)/2015, el dieciocho de mayo del año en curso, esto con posterioridad a la presentación de la demanda (11-mayo-2016); en consecuencia, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 visible en la página treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Segunda Sala, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Finalmente, vista la razón del actuario adscrito de la que se advierte no fue posible entregar el oficio dirigido a Marco Antonio García García, perito en materia de Tránsito Terrestre del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, por los motivos que expone; sin embargo, no ha lugar a ordenar la notificación del mismo por vía citatorio como se asentó en dicha razón, en atención a que dicha comunicación fue emitida con motivo de la petición de informe justificado, el cual, por lo acordado en líneas anteriores, aparece que es cierto el acto reclamado. Ahora, a fin de notificar la presente determinación a dicha responsable hágase por conducto de su superior jerárquico, por lo que el oficio relativo acompáñese al Director del Instituto de Servicios Periciales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1329/2015, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Respecto de las pólizas 1652908 (uno, seis, cinco, dos, nueve, cero, ocho) expedida por ACE Fianzas Monterrey, por la suma de diez mil pesos moneda nacional, que exhibió la persona moral quejosa PEGASO PCS, Sociedad Anónima de Capital Variable, para garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida (fojas 125 y 133), en su oportunidad se proveerá lo correspondiente.
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