José Francisco García Pérez y Otros.
Expediente 1197/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Francisco García Pérez y Otros.
- José Francisco García Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el tres de agosto del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el ocurso signado por Virgen Inés Morgan Bautista autorizada del quejoso ....; visto su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídasele copia certificada de las constancias que solicita, por autorizada para recibirlas a la persona que señala, previa copia de su identificación y razón que se dejen en autos.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, y anexo que acompaña; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes. Luego, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciséis José Francisco García Pérez, reclamó en esta vía constitucional del Fiscal General del Estado de Oaxaca; Director de Averiguaciones y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y Agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, la falta del ejercicio de la acción penal y todas las consecuencias de hecho y de derecho que le causan perjuicio en la dilación de administración de justicia. Por su parte, la Agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, al rendir su informe justificado, si bien niega el acto reclamado; también lo es que realiza diversas manifestaciones que conllevan a su certeza, esto es, informó que el veintisiete de julio del año en curso, resolvió la averiguación previa número 256(ZAA)/2015, consignándola a la Juez Mixto de Primera Instancia de la Villa de Zaachila, Oaxaca, en la que se ejercitó acción penal en contra del quejoso José Francisco García Pérez, como probable responsable en la comisión del delito culposo que causó daños, cometido en perjuicio de Miguel Paz Hernández. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho transgredido, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, cierto, pues la parte quejosa en esencia se duele de la falta del ejercicio de la acción penal, por parte de la autoridad ministerial responsable, misma que informó que el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, resolvió la averiguación previa número 256(ZAA)/2015, y la consignó a la Juez Mixto de Primera Instancia de la Villa de Zaachila, Oaxaca, ejercitando acción penal en contra del quejoso José Francisco García Pérez, como probable responsable en la comisión del delito culposo que causó daños, cometido en perjuicio de Miguel Paz Hernández. Por lo que, en las relatadas condiciones, en esencia al reclamarse la falta del ejercicio de la acción penal, por parte de la autoridad ministerial responsable, en atención al principio de indivisibilidad de dicha institución, al haber acontecido tal ejercicio de la acción penal, es dable considerar que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que se suscitó con fecha posterior a la presentación de la demanda constitucional (cuatro de julio del año en curso). Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis). Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, y anexo que acompaña; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes. Luego, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciséis José Francisco García Pérez, reclamó en esta vía constitucional del Fiscal General del Estado de Oaxaca; Director de Averiguaciones y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y Agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, la falta del ejercicio de la acción penal y todas las consecuencias de hecho y de derecho que le causan perjuicio en la dilación de administración de justicia. Por su parte, la Agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, al rendir su informe justificado, si bien niega el acto reclamado; también lo es que realiza diversas manifestaciones que conllevan a su certeza, esto es, informó que el veintisiete de julio del año en curso, resolvió la averiguación previa número 256(ZAA)/2015, consignándola a la Juez Mixto de Primera Instancia de la Villa de Zaachila, Oaxaca, en la que se ejercitó acción penal en contra del quejoso José Francisco García Pérez, como probable responsable en la comisión del delito culposo que causó daños, cometido en perjuicio de Miguel Paz Hernández. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho transgredido, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, cierto, pues la parte quejosa en esencia se duele de la falta del ejercicio de la acción penal, por parte de la autoridad ministerial responsable, misma que informó que el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, resolvió la averiguación previa número 256(ZAA)/2015, y la consignó a la Juez Mixto de Primera Instancia de la Villa de Zaachila, Oaxaca, ejercitando acción penal en contra del quejoso José Francisco García Pérez, como probable responsable en la comisión del delito culposo que causó daños, cometido en perjuicio de Miguel Paz Hernández. Por lo que, en las relatadas condiciones, en esencia al reclamarse la falta del ejercicio de la acción penal, por parte de la autoridad ministerial responsable, en atención al principio de indivisibilidad de dicha institución, al haber acontecido tal ejercicio de la acción penal, es dable considerar que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que se suscitó con fecha posterior a la presentación de la demanda constitucional (cuatro de julio del año en curso). Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis). Notifíquese personalmente.
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