José Francisco Diaz Cravioto
Expediente 1815/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1815/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Francisco Diaz Cravioto
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y archívese el presente asunto como concluido. Valoración del expediente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. 8
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho contra actos de la Juez Penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto y Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Sin Detenido Robos IV, Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia, ambas del Estado de Hidalgo, atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Control de este Juzgado Federal, con el número 1815/2023-8-A. Ahora, a efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo de cuenta, este juzgado de distrito advierte que resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.].". El artículo transcrito alude a la definitividad, como uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el cual consisten en que, por tratarse este medio de control constitucional de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que, para su actualización, se necesita que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se encuentre previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Ahora bien, conviene precisar que acorde al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal acusatorio está constituido por tres etapas, entre ellas, la de investigación, que a su vez se divide en la inicial y la complementaria; esta última comprendiendo desde la formulación de la imputación hasta el cierre de la investigación. Además, que en términos del artículo 321 del referido texto procedimental penal, en la audiencia en que se formule la imputación se definirá el plazo para el cierre de la investigación complementaria, la cual será cerrada una vez transcurrido el plazo señalado por el Juez de Control, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado soliciten de manera justificada una prórroga para el cierre de la investigación. En el caso, acorde a la legislación procesal penal, contra el acto reclamado por el quejoso, consistente en la audiencia intermedia de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, por la que la Jueza Penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo en donde da por cumplido el descubrimiento probatorio hacia el quejoso y su defensa por parte del Ministerio Público, procede el recurso de revocación, por lo cual deviene improcedente el juicio de amparo. En efecto, el artículo 465 del Código Nacional, establece categóricamente lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta.". De lo anterior, es dable colegir que el recurso de revocación será procedente cuando se reclamen determinaciones de mero trámite pronunciadas por la autoridad judicial, el cual tiene como objeto que ese órgano lo examine nuevamente con el fin de confirmar, revocar o modificar lo impugnado. Asimismo, ese medio de defensa debe hacerse valer durante la audiencia en que se pronuncie la determinación, antes de que finalice aquella, o bien, por escrito cuando sean dictadas fuera de audiencia. En el caso, se estima que contra el punto resolutivo donde la autoridad responsable da por cumplido el descubrimiento probatorio hacia el quejoso y su defensa por parte del Ministerio Público, la parte quejosa debió recurrirla a través del recurso de revocación, por ser el medio de defensa idóneo para revocarlo. Lo anterior, pues se trata de una determinación emitida por una autoridad judicial, y al prever el código procesal un medio ordinario de defensa en su contra con el fin de confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada, resulta improcedente el juicio de amparo en su contra al no haberse agotado ese recurso previamente. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones contenidas en la referida fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, no se trata de un auto de vinculación a proceso y el quejoso no es tercero extraño a juicio en estricto sentido, ya que es el imputado en el proceso penal de donde deriva el acto reclamado, en tanto que el propio artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé expresamente el recurso idóneo para combatir la negativa aquí reclamada, por lo que no se encuentra sujeta a una interpretación adicional. Estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un proceso, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, ya que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Además, se precisa que tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en el inciso b) de la fracción XVIII analizada, en virtud de que no se trata de un acto que afecte la libertad personal del promovente. Entonces, es inconcuso que la parte quejosa debió agotar el medio de defensa que tenía a su alcance, antes de acudir a la presente instancia, esto es, el recurso de revocación, a fin de que pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Se cita en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2021251, de epígrafe: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO." Así como, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Tribunal Pleno, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2017117, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." También es aplicable al caso, por su contenido, la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 156 del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En conclusión, si el acto aquí reclamado no constituye un acto que restrinja directa o indirectamente la libertad del promovente del amparo ni tampoco importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial ni alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad antes reseñados, previo a la presentación de la demanda de amparo, el accionante estuvo en aptitud de agotar el medio ordinario que prevé la legislación procesal penal; empero, al no haberlo hecho así, tuvo como consecuencia faltar al citado principio y el resultado es la actualización de la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Desechamiento. En consecuencia, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada respecto del acto reclamado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo, por el motivo expuesto. Por otro lado, es de señalar que el motivo de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; empero, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. De igual forma, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a la promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, de título: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Acceso al expediente electrónico y notificaciones vía electrónica. Como lo solicita la parte quejosa y conforme a la certificación de cuenta, se autoriza el acceso al expediente electrónico a los usuarios registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto es, a "********************" y "********************"; asimismo, que las notificaciones que conforme al artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo deban hacerse en forma personal, se le realicen vía electrónica al mismo usuario a través del referido Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 37, 40, 41 bis, 61, 62 y 84 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que registre dicha solicitud. En la inteligencia de que los usuarios "********************" y "********************"; deberán ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiese enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Autorizados. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios a ******************** ********************y ********************, toda vez que se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, de las personas restantes, por no estar registradas las cédulas profesionales en el referido, únicamente se les autoriza para recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Expediente electrónico. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaría encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Correo electrónico y número telefónico. De conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se toma nota de los medios alternos de comunicación que indica el promovente en su demanda, en ese mismo sentido, requiérase a las partes -excepto al quejoso-, para el efecto de que proporcionen un correo electrónico y número de teléfono, toda vez que dichos medios alternos de comunicación únicamente se utilizaran para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en los casos en que se considere necesario. 8
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