José Francisco Díaz Cravioto
Expediente 1763/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1763/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Francisco Díaz Cravioto
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Exhorto diligenciado. Agréguese a los autos las constancias del exhorto 486/2023-4-A (orden 1322/2023) del índice de este juzgado federal, devuelto por la Secretaria de Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual se devuelve diligenciada dicha comunicación oficial. Dese de baja el comunicado de referencia en el libro de gobierno. Realícese la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 4
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estudio del cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente expediente. Por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio. Sentencia. Al respecto el seis de julio de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia en el presente juicio, misma que concluyó en el siguiente punto resolutivo: Término legal Parte Auto Notificación Surte efectos Inicio cómputo Termina cómputo Quejosa 31 de agosto de 2023 01 de septiembre de 2023 04 de septiembre de 2023 05 de septiembre de 2023 07 de septiembre de 2023 "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Jesús Beltrán Villa, en contra de la autoridad y acto precisados en el considerando segundo y para los efectos precisados en el considerando quinto." Ejecutoria. Mediante auto de catorce de agosto anterior, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la concesión de amparo. Efectos de la concesión de amparo. Asimismo, los efectos de la protección federal otorgada fueron para que la autoridad responsable: "1. Deje sin efectos la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintidós en el incidente de liquidación de laudo, emitida en el juicio laboral 308/2003 y acumulado 836/2005-5; y, 2. Emita una nueva resolución en la que reitere todas aquellas consideraciones que no fueron materia de estudio de este fallo y las que se consideraron legales, y con libertad de jurisdicción, resuelva el incidente de liquidación planteado por Juan Jesús Beltrán Villa, pero atendiendo a las consideraciones vertidas en este fallo." En ese sentido, en acuerdo de treinta y uno de agosto anterior, se recibió el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el que remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de agosto anterior, emitido en el incidente de liquidación de sentencia emitida en el expediente laboral 308/2003 y su acumulado 836/2005-5, de la cual se advierte lo siguiente. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Presidente de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la diversa de veinte de septiembre de dos mil veintidós, motivo por el cual se tiene por cumplido el efecto número uno de la ejecutoria. Ahora bien, en la interlocutoria de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, declaró procedente el incidente de liquidación planteado por el actor Juan Jesús Beltrán Villa, sin embargo, estimó incorrecta la planilla de liquidación de laudo presentada por éste, indicando las razones por las cuales los cálculos del actor eran incorrectos, al haberse expresado en nuevos pesos, debiendo hacerlo en pesos, y exponiendo el salario correcto para la cuantificación de la pensión. De igual forma, realizó el cálculo del monto materia de la liquidación, incluyendo el concepto de "ayuda de despensa" para el cálculo de la base salarial y las diferencias del pago de pensión, siendo ésta de $27.14 (veintisiete pesos con catorce centavos), precisando que el periodo de cuantificación sería del cinco de junio de dos mil diecinueve al siete de enero de dos mil veintidós. A su vez, en relación con las diferencias provenientes del aguinaldo, señaló el monto correspondiente por cada anualidad, asentando en una tabla los incrementos acreditados y los montos a devolver, del periodo comprendido del cinco de junio de dos mil diecinueve al siete de enero de dos mil veintidós. Por cuanto hace a la prestación identificada como "descuentos indebidos", indicó que el cálculo de la misma comprendería del cinco de junio de dos mil diecinueve al siete de enero de dos mil veintidós, no al uno de julio de dos mil veintiuno, sobre la cantidad de $1,967.00 (mil novecientos sesenta y siete pesos) mensuales, resultando un total de $72,287.25 (setenta y dos mil doscientos ochenta y siete pesos con veinticinco centavos). De ese modo, la junta responsable realizó los cálculos que estimó correspondientes y condenó a la demandada Comisión Federal de Electricidad, a pagar al actor, la cantidad de $112,524.43 (ciento doce mil quinientos veinticuatro pesos con cuarenta y tres centavos) salvo error u omisión, por concepto de diferencias e incrementos de pensión, aguinaldos, y devolución de descuentos de pensión, lo que dijo, corresponden al periodo comprendido del cinco de junio de dos mil diecinueve, al veinte de septiembre de dos mil veintidós, tal y como se estableció en el laudo de dos de octubre de dos mil quince. De tal forma, como se aprecia en el párrafo que antecede, la autoridad responsable dio cumplimiento total a los efectos de concesión de amparo. Información que fue corroborada con las constancias que remitió la autoridad responsable aludida, documentales que se valoran de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable acató los efectos del fallo protector; por ende, se considera que la sentencia de amparo ha quedado cumplida de manera total, sin excesos ni defectos, en términos de la jurisprudencia 9/2016 de la Segunda sala del Alto Tribunal, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD." Conocimiento de las partes y anotación. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, previas las anotaciones en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE). Finalmente, se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo..M-IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, contra actos de la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1763/2023-4-A. Estudio de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis correspondiente. Al respecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que el juzgador, al analizar la demanda de amparo, deberá interpretar el escrito en su integridad en un sentido amplio y no restringido, para determinar con exactitud la intención del promovente y los actos reclamados por éste. Por tanto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa comparece a instar el presente juicio de amparo señalando como actos reclamados el siguiente: La resolución dictada en audiencia de reposición del procedimiento de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal ********************, derivada de la carpeta de investigación con número único de caso ********************, en la que se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de fraude, y se omitió realizar debate sobre la medida cautelar de prisión preventiva y sobre la etapa de investigación complementaria. Al respecto, este órgano constitucional considera que respecto de dicho acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, porque la quejosa consintió tácitamente el acto del que se duele, ya que promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo que para tal efecto establece el precepto 17 del dispositivo legal en cita, como se demuestra a continuación. Los preceptos antes citados por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a tales ordinales, el plazo para la interposición del juicio de amparo, es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para acreditar lo anterior se toma en cuenta que, no obstante lo señalado por el solicitante de amparo en su ocurso de cuenta, en donde bajo protesta de decir verdad mencionó tener conocimiento del acto reclamado desde el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, pues en esa fecha se le notificó que la diversa ejecutoria de amparo emitida en el expediente 696/2023 del índice de este juzgado federal, estaba cumplida, no puede tomarse en consideración para el cómputo del término para presentar la demanda de amparo contra el acto que aquí reclama. Lo anterior, toda vez que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el término para promover la demanda contra actos dictados en cumplimiento a una sentencia de amparo, no debe contarse a partir de que el quejoso es notificado, se haga sabedor o tiene conocimiento del auto que declara cumplida la sentencia de amparo, pues tales supuestos no están contemplados en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 5, de rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En ese sentido, debe partirse de la premisa de que el acto que se reclama, fue emitido dentro de un procedimiento judicial penal, y del que el quejosa tuvo conocimiento el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, pues estuvo presente en la audiencia de reposición de procedimiento, incluso el quejoso solicitó que su situación jurídica se resolviera en la misma audiencia, de acuerdo a lo manifestado por el Juez Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante oficio 22047/2023, recibido en este juzgado en el diverso juicio de amparo 696/2023-2-B, y que se invoca como hecho notorio en término del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles; documentales que se valoran de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, en el presente caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, los quince días para promover la demanda de derechos, deben computarse a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto que se reclame. Bajo ese panorama, el presente juicio protector de derechos fundamentales se ubica dentro del primer supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo; puesto que la parte quejosa fue notificada del acto que a través de esta vía excepcional combate, desde el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por lo que en términos fracción I y último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esa notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el veinticuatro de agosto pasado, por lo que es a partir del día hábil siguiente (veinticinco del citado mes y año) en que empezó a correr el plazo de los quince días que otorga el artículo 17 de la ley de la materia para la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, si la demanda se presenta hasta el cinco de octubre de dos mil veintitrés, es inconcuso que había transcurrido el término de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para ese fin, de ahí que su promoción es extemporánea. Lo anterior se refleja en el siguiente cuadro: Notificación del acto reclamado. Inicio de cómputo Termina cómputo. Presentación de la demanda 23 de agosto de 2023 25 de agosto de 2023 18 de septiembre de 2023 05 de octubre de 2023 Máxime que el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción del citado artículo 17, fracción IV, de la Ley de amparo, pues en el caso no se reclama la aplicación de una norma general, no se trata de la sentencia definitiva condenatoria dictada en el proceso penal, no se impugnan actos que tengan por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión o disfrute de los derechos agrarios, tampoco se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ni de actos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en comento; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, es indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la misma por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Desechamiento de la demanda. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en por el artículo 61, fracciones XIV de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de derechos que nos ocupa, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento sustantivo invocado. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa, tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Domicilio. Por otro lado, en virtud de que el promovente señaló un domicilio para recibir notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. No obstante lo anterior, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de esta determinación, y el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que, en el ámbito de su competencia territorial y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario de su adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle ******************** número ********************, despacho ********************, colonia ********************, alcaldía ********************, código postal ********************, y notifique de manera personal a la parte quejosa el presente proveído. Asimismo, deberá requerirlo para que en dicha diligencia o en el plazo de tres días señale domicilio procesal en Pachuca de Soto, Hidalgo, o bien, en el área conurbada; apercibidos que de no hacerlo así dentro del término que al efecto se le concede, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en un lugar visible y de fácil acceso de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. Hágase del conocimiento del homologo que se le faculta para que en caso de ser necesario habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo la diligencia en cuestión; lo anterior, con fundamento en el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Autorizados. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a******************** y ********************, toda vez que se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, de las personas restantes, por no estar registradas las cédulas profesionales en el referido, únicamente se les autoriza para recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos. Consulta electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el acceso al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, conforme al nombre de usuario que se proporciona en el escrito que se provee, de conformidad con los artículos 37, 40,41 bis, 61, 62 y 84 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que registre dicha solicitud a efecto de que se permita el acceso respectivo a los usuarios "********************" y "********************". Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles. Autorización de medios electrónicos. En atención a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, permítase a la parte quejosa, así como a sus autorizados, que se impongan del contenido de los acuerdos mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que los mismos serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número de teléfono. Por otra parte, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se toma nota de los medios alternos de comunicación que indica el promovente en su demanda, en ese mismo sentido, requiérase a las partes -excepto a la quejosa-, para el efecto de que proporcionen un número de teléfono y una cuenta de correo, toda vez que dichos medios alternos de comunicación únicamente se utilizarán para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en los casos en que se considere necesario. 4
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