José Francisco Camacho León
Expediente 342/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Francisco Camacho León
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el citado numeral, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan las presentes actuaciones, y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al promovente ************, por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, para que indicara si señalaba como autoridad responsable al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz; y como acto reclamado el consistente en la omisión de darle contestación a su petición, y de ser así, la fecha en que presentó su solicitud, el contenido de ésta última, así como a que autoridad le atribuye dicha omisión. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído referido y se tienen únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los que no fueron objeto de prevención. Ahora bien, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por José Francisco Camacho León, con fundamento en el artículo 112, se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13 A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama los siguientes actos: ? La prórroga de jurisdicción decretada en los autos del proceso penal 108/2021, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Amatlán de los Reyes, Veracruz. ? La orden de traslado del Centro de Reinserción Social, con residencia en la congregación La Toma, municipio de Amatlán, Veracruz, en el que se encuentra privado de su libertad, a un diverso centro de reclusión. Ahora, respecto el acto reclamado atribuido a las autoridades penitenciarias, consistente en la orden de traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haber agotado la parte quejosa, previo a acudir a esta vía, "la petición administrativa" que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que pudo obtener la modificación, revocación o nulidad del citado acto En efecto, de dicha disposición normativa deriva que el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad, que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado. En ese entendido, cabe destacar que de los artículos 1 y 2, así como primero y tercero transitorios Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se advierte que dicho ordenamiento tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social, y que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. La referida ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis y entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que se encuentra vigente desde el diecisiete de junio de dicha anualidad. Ahora, respecto al medio de defensa que debió tramitar el quejoso antes de acudir al juicio de amparo, los artículos 107 al 117 de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, comprendidos en los capítulos III y IV, relativos al procedimiento administrativo y a las controversias ante el Juez de Ejecución o de Control, regulan el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", el cual puede ser promovido para impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y de ser así, la subsanación de ésta. Asimismo, establecen que, en caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente, éste puede formular controversia ante el Juez de ejecución o control según corresponda, con el requisito de que se hubiera agotado la petición administrativa. En ese orden de ideas, la "petición administrativa" es un medio de defensa judicializado, idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, el cual se compone de dos instancias, debido a que en caso de recibir una respuesta negativa, el peticionario puede recurrirla ante el Juez de ejecución o de control. Ante tal panorama, si el quejoso reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social, con residencia en la congregación La Toma, municipio de Amatlán, Veracruz, en el que se encuentra privado de su libertad, a un diverso centro de reclusión, se concluye que el referido mecanismo de defensa y los preceptos resultan aplicables al caso, pues el citado acto surgió precisamente de la relación de hecho y de derecho que existe entre dichas autoridades y el peticionario del amparo. Luego, el impetrante debió promover, previamente al juicio de amparo, la referida petición administrativa, ante la propia autoridad penitenciaria que ordenó su traslado y, en su caso, impugnar la decisión relativa ante el Juez de control, medio de defensa previsto en la ley, mediante el cual pudo ser modificado o revocado tal acto; y al no haberlo hecho así, se configura la aludida causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Igual determinación se adopta respecto a la orden de traslado atribuida a las autoridades judiciales señaladas como responsables, toda vez que contra la resolución que ordena el traslado, procede el recurso de apelación, medio de defensa mediante el cual pudo ser modificado o revocado el acto reclamado, de conformidad con los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dicen: "Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." En el entendido de que, no se acredita alguna de las excepciones al principio de definitividad, por el contrario, los citados medios de impugnación, corresponden a mecanismos de defensa sencillos, rápidos y eficaces, sin mayores formalismos para que el interno reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; con lo cual se pueden impugnar decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria ante el Juez de control, así como las de las propias autoridades judiciales, a través del recurso de apelación. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común, Penal, Décima Época, con registro 2018548, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por otra parte, respecto el diverso acto reclamado consistente en la prórroga de jurisdicción decretada en los autos del proceso penal 108/2021, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Amatlán de los Reyes, Veracruz, en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que se obtiene de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los preceptos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la ley en cita, los cuales disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: .II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: .III.- La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." Preceptos de los que deriva que si el quejoso omite señalar como autoridad responsable a quien suscribió o realizó el acto reclamado, no es posible examinar su constitucionalidad, puesto que tal autoridad, al no haber sido llamada a juicio, se encuentra en desventaja para defender su legalidad. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso también señaló como acto reclamado la prórroga de jurisdicción decretada en los autos del proceso penal 108/2021, autorizada por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. Sin embargo, dado que dicha autoridad no había sido señalada inicialmente en su demanda de amparo como responsable, por proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que en plazo de cinco días computado legalmente manifestara si lo designaba con ese carácter; por tanto, al haber transcurrido el término referido según se advierte de la certificación secretarial de esta data, y no desahogar la prevención, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, y se tuvieron únicamente como autoridades responsables las que no fueron materia de prevención. En ese entendido, si el peticionario de amparo no señaló como autoridad responsable al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, el cual autorizó la prórroga de jurisdicción decretada en los autos del proceso penal 108/2021; entonces, es incuestionable que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad del acto que se le atribuye, debido a que la autoridad que lo ordenó no está señalada como responsable, por lo que cual se encuentra imposibilitada para defender su legalidad; motivo por el que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada. Como apoyo a lo anterior, se cita la tesis 2a CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento trece, Tomo IX, enero de 1999, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." También cobra aplicación al caso concreto, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, publicada en el apéndice de 1995, tomo VI, Parte TCC, visible en la página cuatrocientos cuarenta y dos, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVIII en relación con los artículos 11 y 116 fracción III del mismo ordenamiento legal". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Francisco Camacho León. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de tres días concedido en acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, para que el quejoso señalara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en la multicitada resolución, y se ordena notificarle este proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Córdoba, Veracruz. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *************, contra actos del Juez Ejecutor de Sentencia del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades. Notifíquese por lista de acuerdo al promovente del amparo, por así estar ordenado en autos
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, signado por el Juez Interino Municipal de Atoyac, Veracruz, con un anexo que al mismo acompaña, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 412/2021 (orden 546/2021), del índice de este juzgado, derivado del juicio de amparo en que se actúa, mismo que le fuera enviado para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara al promovente ***********, el proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, y lo requiriera para que en el plazo de tres días computado legalmente, señalara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir toda clase de notificaciones. Por tanto, al estar debidamente diligenciado la comunicación oficial referida, se tiene por debidamente notificado el referido peticionario de amparo; asimismo, dese de baja la referida comunicación oficial, haciendo las anotaciones en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0).
- Principal
Notifíquese personalmente
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