José Francisco Camacho León
Expediente 221/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Francisco Camacho León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de videograbación que remitiera el licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congragación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de videograbación que remitiera el licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congragación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto que se reclama. Se explica. El quejoso, ********************, reclama la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el proceso penal 108/2021, por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en la que revocó la medida cautelar de prisión preventiva a la que se encontraba sujeto dicho imputado y en su lugar le impuso la diversa de presentación periódica el último viernes de cada mes. Sin embargo, respecto de dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el que podía obtener la revocación del acto reclamado de mérito. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, en virtud de que a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. Sentado lo anterior, con el fin demostrar la postura adoptada es pertinente invocar los artículos 160, 456, 467, fracción V y 479, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "..." Del segundo y último preceptos transcritos se obtiene que el procedimiento penal sólo admite los recursos de revocación y de apelación, así como que este último puede culminar con sentencia que confirme, modifique o revoque la resolución impugnada. Asimismo, de las dos restantes disposiciones normativas se tiene que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece expresamente la procedencia del recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el juez de control relativas a las medidas cautelares reguladas en dicho ordenamiento. En el caso, el impetrante, ***************, reclama la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la que el Juez de Control responsable revocó la medida cautelar de prisión preventiva a la que se encontraba sujeto dicho imputado y en su lugar le impuso la diversa de presentación periódica el último viernes de cada mes. Ante ello, es claro que la resolución reclamada es una decisión judicial emitida por un Juez de control, relativa a la imposición de una medida cautelar, expresamente prevista como tal en la fracción I, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, en su contra procede el recurso de apelación por disposición expresa de los artículos 160 y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, de las constancias y del disco versátil digital remitido por el Juez responsable no se advierte que el quejoso, previamente a acudir a este juicio de amparo, haya agotado el recurso de apelación contra la resolución que reclama, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En el entendido de que, en el caso, no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto. Al respecto, es pertinente abundar que si bien entre las excepciones al principio de definitividad que enuncia el inciso b), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se hace alusión a los autos que impongan medidas cautelares, tal referencia atañe únicamente a las que son restrictivas de libertad. Esto es, tratándose de medidas cautelares únicamente opera la exención de agotar el recurso ordinario procedente cuando aquéllas sean restrictivas de su libertad. En la especie, la medida cautelar cuya imposición combate el peticionario no restringe su libertad, pues sólo lo obliga a presentarse en determinada fecha ante el Tribunal a firmar el libro de control respectivo. Máxime que no se aprecia que el Juez responsable, al fijar la referida medida cautelar, haya formulado al quejoso apercibimiento alguno en el sentido de restringir su libertad personal para el caso de incumplir con aquélla. Si bien en términos del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el incumplimiento de la medida cautelar, el Ministerio Público puede solicitar la revisión de dicha medida, la que de conformidad con la interpretación armónica de los artículos 161 y 163, de dicho ordenamiento, puede culminar con la confirmación, modificación, revocación o incluso la sustitución de la medida; ello no necesariamente implica la emisión de una diversa medida que restrinja su libertad, o bien, un mandato de comparecencia o de captura. A lo que se suma lo dispuesto en el último párrafo del artículo 141 del citado ordenamiento nacional, que establece que en el caso de que se incumpla una medida cautelar, el Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión, pero el Juez de control la dictará sólo en el caso de que lo estime estrictamente necesario, esto es, el referido incumplimiento no hace ineludible el libramiento de una orden de aprehensión contra los incumplidos, toda vez que la autoridad judicial únicamente está facultada para emitirla cuando sea estrictamente necesario. En otras palabras, la posible afectación a la libertad personal del impetrante con motivo del incumplimiento de la medida cautelar de que se trata, a lo mucho podría constituir un acto futuro de realización incierta, pero no inminente. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca de Río Veracruz, al resolver el amparo en revisión 346/2018. Además, no procede efectuar una interpretación extensiva del inciso b), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, para incorporar como supuesto de excepción al principio de definitividad a las medidas cautelares que no son restrictivas de libertad, bajo el argumento de que su incumplimiento, en último término, podría dar lugar a la imposición de una medida que sí conlleve la restricción de su libertad, como sería la prisión preventiva. Ello, por lo siguiente: a) La claridad de la estructura lingüística del enunciado normativo revela la existencia de disposición expresa y clara en el sentido de que sólo en relación con los autos que imponen medidas cautelares restrictivas de libertad es innecesario agotar el recurso ordinario procedente; b) Acorde al postulado del legislador racional, de haber tenido éste la intención de que dicha excepción cobrara aplicación respecto de todas las medidas cautelares impuestas en el procedimiento penal, las habría enunciado en lo general, y no se habría referido expresamente a las "restrictivas de libertad". c) Asumir la postura de que la aludida excepción cobra aplicación respecto de todas las medidas cautelares que se impongan en el procedimiento penal, por considerar que su incumplimiento a la postre podría culminar con la restricción de su libertad, equivaldría a desvirtuar la efectividad de la precisión efectuada por el creador de la norma en torno a que aquélla solo opera respecto de las "restrictivas de la libertad", desconociendo así uno de los atributos del legislador racional: que no hace nada inútil. Luego, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (...) Al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada Ley. Se precisa que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia (...) En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Finalmente, no pasa inadvertido que no ha sido emplazada a este juicio la Fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz, quién tiene el carácter de tercera interesada; sin embargo, el sentido de esta resolución no le causa agravio alguno, por el contrario, resulta favorable a sus intereses. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia (...) Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado con anexo de cuenta, con su contenido, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación de este proveído, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Guárdese en la Secretaría de este Juzgado, para evitar su deterioro, el disco de videograbación que remite el Juez responsable. Notifíquese.
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