José Francisco Acevedo de la Torre
Expediente 486/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Francisco Acevedo de la Torre
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito anexo y copias simples del mismo, presentado por el quejoso José Francisco Acevedo de la Torre, por el que da cumplimiento a las prevenciones realizadas por este juzgado en auto de once de marzo de dos mil veintidós; consecuentemente, se tiene por cumplida la citada prevención DESECHAMIENTO Ahora bien el artículo 112 de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha previene o admite la demanda por ende y toda vez que el artículo 113 de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano sin suspender el acto reclamado En acato a lo anterior es de indicarse que el quejoso José Francisco Acevedo de la Torre reclama del Juez Primero del Ramo Familiar de la capital el auto de quince de febrero de dos mil veintidós que negó admitir el recurso de apelación interpuesto contra los autos de cinco de enero y tres de febrero de dos mil veintidós Señalado lo anterior una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende En un principio, cabe destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión proscripción o destierro extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea nacionales Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal Cuando se trate de persona extraña al procedimiento Cuando se trate del auto de vinculación a proceso Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo De la literalidad del precepto legal transcrito se despende sin dificultad que el juicio de amparo es improcedente cuando el gobernado previo a acudir a este medio extraordinario de defensa no agotó el recurso ordinario establecido en la ley que rige el acto reclamado, en virtud del cual pueda modificarlo, revocarlo o confirmarlo es decir el juicio de amparo por regla general es procedente contra actos definitivos que no sean susceptibles de modificación o deinvalidación por recurso ordinario alguno, respetándose de esta forma el principio de definitividad rector del juicio de amparo De los antecedentes del acto reclamado, se advierte lo siguiente Que dentro del juicio de un divorcio voluntario, del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar de la capital promovido por el ahora quejoso y Teresa Cecilia García Bonilla, en cuestión de alimentos de su menor hijo se pactó lo conducente emitiéndose sentencia definitiva, en la que en cuanto a los alimentos del menor se estableció diverso pago quincenal, precisándose que una vez que se resuelva la situación laboral de la empresa Mexicana de Aviación o bien que el quejoso encontrara trabajo se otorgaría por concepto de pensión alimenticia el treinta por ciento del total de las percepciones, que sería descontada y enviada a la Central de Pensiones del Tribunal Superior de Justicia en el Estado El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, ordena girar oficio al pagador o encargado de área de recursos humanos de diversa empresa, ordenándole que descuente de las percepciones que recibe el trabajador, hoy quejoso, mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional, en forma quincenal. Que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la tercero interesada Teresa Cecilia García Bonilla, solicitó a la responsable que descontara el treinta por ciento del total de las percepciones del quejoso, a lo que recayó el auto de cinco de enero de dos mil veintiuno (sic), en que se le dijo que se estuviera a lo acordado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Así las cosas, mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintidós, el abogado patrono de la tercero interesada, insistió a la responsable, que girara exhorto para que se efectuara el descuento de la pensión alimenticia, consistente en un porcentaje del treinta por ciento del total de las percepciones que percibe el ahora quejoso; petición a la que recayó el auto de cinco de enero de dos mil veintidós, ordenó girar exhorto con los insertos necesarios al juez que corresponda por razón de turno y materia del distrito judicial de Apodaca, Nuevo León, para que gire oficio a la empresa denominada Aeroenlaces Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que se descuente al aquí quejoso el treinta por ciento de todas y cada una de las percepciones, una vez realizadas las deducciones de ley, con que cuenta el empleado de la mencionada empresa. Inconforme con ello el quejoso interpuso recurso de revocación, por conducto de su abogado patrono el treinta y uno de enero de esta anualidad, habiéndose dictado el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, en que se niega la admisión del citado recurso, por haberse presentado fuera de término Contra la citada determinación y el auto de cinco de enero de dos mil veintidós, el quejoso promovió recurso de apelación ante la autoridad responsable, Juez Primero del Ramo Familiar de la capital, la que mediante determinación de quince de febrero de dos mil veintidós, negó la admisión del citado recurso. Acto reclamado. Se afirma que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a estudio, si se atiende a que el acto reclamado, consistente en el auto de quince de febrero de dos mil veintidós, en que la autoridad responsable, Juez Primero del Ramo Familiar de la capital, negó admitir el citado recurso de apelación promovido contra los autos de cinco de enero y trece de febrero, ambos de la presente anualidad, que fueron precisados con antelación, carece de definitividad para efectos del juicio de amparo, toda vez que antes de solicitar la protección federal, debió el quejoso agotar el medio de defensa ordinario previsto para tal efecto, como en el caso, el recurso de queja previsto en el artículo 392, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, que dispone: Artículo 392. El recurso de queja contra el juez es procedente III Contra la denegación de la apelación La queja en contra de los jueces procede aun cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación Medio de defensa el anterior, que tiene por objeto confirmar, corregir o reponer los actos que lo motiven; recurso que el quejoso estaba obligado a agotar por haber tenido intervención en el juicio natural como parte actora, al haber advertido las irregularidades de que ahora se duele; por lo que al no haberlo hecho así, vulneró uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es, el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado, no es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política Mexicana, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales tampoco consiste el acto reclamado en orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue libertad bajo caución o se establezcan los requisitos para su disfrute, no decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal Además el quejoso, es parte actora natural en el juicio de divorcio voluntario del que deriva el acto reclamado, por ende, no es persona extraña al procedimiento de origen; tampoco nos encontramos en los supuestos que menciona el último párrafo de la fracción en consulta, en virtud que en el caso, el acto reclamado ni el recurso que debió agotar, están sujetos a interpretación adicional ni su interpretación legal es suficiente para determinarla Sentado lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Francisco Acevedo de la Torre, por su propio derecho, con sustento en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113 ambos de la Ley de Amparo
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, once de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Francisco Acevedo de la Torre, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas y otra autoridad; se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 486/2021-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. Ahora bien, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta irregularidades, puesto que la parte quejosa señala como acto reclamado, entre otros, el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, en que refiere, se negó la admisión del recurso de revocación promovido contra diverso auto de cinco de enero de la presente anualidad, que ordena descontar al aquí quejoso el treinta por ciento de todas y cada una de las percepciones, una vez realizadas las deducciones de ley, con que cuenta como empleado de diversa empresa; sin embargo, omite precisar el motivo por el que fue desechado el mencionado recurso de revocación. Aunado a lo anterior, de la lectura íntegra de los antecedentes del acto reclamado, se advierten incongruencias en su redacción, puesto que en la parte relativa (punto D9), señala el quejoso, que el diecinueve de enero de do mil veintidós, el abogado de la parte contraria, solicitó ante el juez responsable que ordenara descontar como pensión alimenticia, lo que sea del porcentaje del treinta por ciento del total de la percepciones del quejoso, a lo que según narra el quejoso, recayó auto de cinco de enero de dos mil veintidós, en que se ordenó girar exhorto para que descontar al aquí quejoso el treinta por ciento de todas y cada una de las percepciones, una vez realizadas las deducciones de ley, con que cuenta como empleado de diversa empresa. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia y bajo protesta de decir verdad: Realice la narración de los antecedentes, hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, de manera cronológica, sucinta y en su totalidad, pues del contexto de la demanda se asume la insuficiencia de datos para dilucidar la naturaleza y consecuencias de los actos que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos de manera cronológica, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa. En ese sentido, se hace énfasis que la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADO. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José Pedro Enrique Herrera Hernández, y únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, más no para promover, esto es, en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Uriel Berumen de la Torre, Christopher Eliu Rentería de la Torre y Adrián Guadalupe Núñez Alcalá, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciadas en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, en relación con el 26, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Valentín Gómez Farías, número ciento veinte (120), colonia C.N.O.P., en la ciudad de Zacatecas. Como lo solicita el quejoso, téngase como medio de comunicación no procesal los números telefónicos que proporciona, en términos de lo dispuesto por los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a efecto de agilizar la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso trámite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY. En la inteligencia que atendiendo a la carga de trabajo con que se cuenta dentro de este órgano jurisdiccional, la carencia de personal de manera presencial dentro de éste y el limitado tiempo que se puede permanecer en el mismo, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 9/2021 y 20/2021, del propio Pleno, el envío de oficios a las autoridades para su debida notificación del presente auto, así como de los subsecuentes en que sea necesaria la expedición de oficios, se deberá realizar conforme las cargas de trabajo de este juzgado lo permitan; lo anterior, con apoyo en la circular 1/2022, firmada por el licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de enero de dos mil veintidós
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