José Felix Flores García

Expediente 366/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
366/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • José Felix Flores García

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el treinta de septiembre de la presente anualidad en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales o copia certificada exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, que en términos de los artículos 1° y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, que para ello exigen los citados artículos; y, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo primero, del referido Acuerdo General, este órgano jurisdiccional ha realizado la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se desprende ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa por auto de catorce de agosto de dos mil veinte, sin que la parte quejosa haya presentado promoción alguna al respecto; consecuentemente, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113, del mencionado ordenamiento legal, dispone que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que el quejoso señala como actos reclamados medularmente: La omisión de notificarle personalmente la sentencia definitiva emitida el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente agrario 1025/2018; La ejecución de los resolutivos noveno y décimo de la citada sentencia definitiva, en que respectivamente se ordena notificar dicha sentencia al Comisariado Ejidal de San José de Las Tapias, en Guadalupe, Zacatecas, para que registre como ejidatario del citado núcleo ejidal, conforme a lo dispuesto por los artículos 22 y 33, fracción II, de la Ley Agraria y, ordena la cancelación de los certificados parcelarios 1039228 y 1039229 expedidos en favor del quejoso, debiendo proceder a la emisión de los nuevos documentos que acrediten al tercero interesado, Juan Ramón Guzmán Pérez, como titular de los derechos descritos, en calidad de ejidatario del mencionado ejido, en sustitución del finado Jorge Flores Cervantes. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción X y 113, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que el quejoso José Félix Flores García, acude a la presente instancia constitucional doliéndose de actos realizados el por Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1, Registro Agrario Nacional en Zacatecas y, Comisariado Ejidal del Ejido San José de Tapias, en Guadalupe, Zacatecas, actos precisados con antelación. Actos que considera violatorios de los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Ahora bien, de la certificación asentada al inicio de la presente determinación, se advierte que el quejoso José Félix Flores García, mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, del que por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1, Registro Agrario Nacional en Zacatecas y, Comisariado Ejidal del Ejido San José de Tapias, en Guadalupe, Zacatecas, consistentes medularmente en la omisión de notificarle personalmente la sentencia definitiva emitida el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente agrario 1025/2018; la ejecución de los resolutivos noveno y décimo de la citada sentencia definitiva, en que respectivamente se ordena notificar dicha sentencia al Comisariado Ejidal de San José de Las Tapias, en Guadalupe, Zacatecas, para que registre como ejidatario del citado núcleo ejidal, conforme a lo dispuesto por los artículos 22 y 33, fracción II, de la Ley Agraria y, ordena la cancelación de los certificados parcelarios 1039228 y 1039229 expedidos en favor del quejoso, debiendo proceder a la emisión de los nuevos documentos que acrediten al tercero interesado, Juan Ramón Guzmán Pérez, como titular de los derechos descritos, en calidad de ejidatario del mencionado ejido, en sustitución del finado Jorge Flores Cervantes, juicio de amparo en el que se encuentran fijadas las once horas con diez minutos del seis de octubre de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia constitucional. Así es, de la lectura íntegra de la demanda que originó el mencionado juicio de amparo, se advierte que el también aquí quejoso José Félix Flores García, reclama de las mencionadas autoridades responsables, los actos precisados al inicio de la presente determinación; los cuales considera violatorios de los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Cabe precisar que el referido expediente se toma como elemento de prueba, sin necesidad que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes; ya que el mismo constituye un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba respecto de la demanda de amparo que ahora promueve el referido quejoso José Félix Flores García, pues la improcedencia del juicio constitucional es cuestión de orden público, y el suscrito puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance. Al respecto, es aplicable en lo conducente el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.9o.P.16 K (10a.), del tenor siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LA FACULTAD DEL JUZGADOR DE AMPARO PARA INVOCARLOS DEBE SER EJERCIDA CON RAZONABILIDAD Y LIMITARSE A CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS DE CONOCIMIENTO ACCESIBLE, INDUBITABLE Y SOBRE EL CUAL NO SE ADVIERTA DISCUSIÓN. De la interpretación conjunta del criterio jurisprudencial P./J. 74/2006, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se observa la facultad de los Jueces para invocar como hechos notorios circunstancias -de hecho- cuyo conocimiento sea de dominio público o forme parte de la cultura normal de determinado grupo o sector. Al respecto, como consecuencia del ejercicio de su función jurisdiccional y con base en la diversa jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), también emitida por el Pleno de la Suprema Corte citada, los Jueces de amparo están autorizados para invocar con ese carácter versiones electrónicas de resoluciones almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Empero, en forma alguna dicha potestad autoriza al juzgador para indagar más allá de lo públicamente cognoscible y disponible con motivo de su función judicial, pues hacerlo implicaría que la información obtenida no constituya propiamente un hecho notorio, sino el fruto de una pesquisa injustificada. En ese contexto, en aras de privilegiar la prerrogativa de acceso a la jurisdicción contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República, cuando el Juez cite como hecho notorio determinaciones que obran en expedientes diversos sometidos a su jurisdicción -por ejemplo, para verificar la firma del quejoso en otra demanda de amparo-, dicho ejercicio debe regirse por el principio de razonabilidad y limitarse a circunstancias fácticas de conocimiento accesible, indubitable y sobre el cual no se advierta discusión; máxime cuando las constancias invocadas son de antigüedad considerable." En consecuencia, es evidente que al promover el quejoso José Félix Flores García el juicio de amparo 353/2020-III, del índice de este juzgado, contra las mismas autoridades responsables que ahora señala en su demanda de cuenta, por los mismos actos reclamados, el cual se encuentra en trámite, de acuerdo a lo asentado en la certificación de cuenta, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Se afirma lo anterior, toda vez que los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Uno en Zacatecas Registro Agrario Nacional en Zacatecas y, Comisariado Ejidal del Ejido San José de Tapias, en Guadalupe, Zacatecas, son materia de otro juicio de garantías (353/2020-III), el cual se encuentra en trámite, puesto que por auto de veinticuatro de agosto de esta anualidad, fueron fijadas las once horas con diez minutos del seis de octubre de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia constitucional en dicho juicio, por lo que se reúnen los extremos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que se trata de dos juicios de derechos fundamentales promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, incluso, las violaciones constitucionales son las mismas; uno de los cuales se encuentra en trámite, de acuerdo a los razonamientos expuestos con antelación. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), publicada en la página doscientos sesenta y cinco del Libro 5, abril de dos mil catorce, Tomo I, materia común, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006145, del tenor: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia destacada y, al ser manifiesta e indudable, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por José Félix Flores García, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Uno en Zacatecas y otras autoridades, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que a lo anterior obste que mediante determinación de catorce de agosto de dos mil veinte, se apercibió a la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ahí prevenido, se admitiría la demanda de amparo, tal como fue planteada; sin embargo, las circunstancias que originaron dicha prevención, cambiaron ante la admisión de la demanda de amparo que originó el diverso juicio 353/2020-III del índice de este juzgado, que como quedó establecido, se formó con la demanda de amparo promovida por el propio quejoso en este juicio, contra los mismos actos que reclama de las mismas autoridades señaladas en el mencionado expediente de derechos fundamentales, el cual se encuentra en trámite; lo que actualizó la causal de improcedencia que motivó el desechamiento destacado en párrafos anteriores.

  3. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se desprende ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa por auto de catorce de agosto de dos mil veinte, sin que la parte quejosa haya presentado promoción alguna al respecto; consecuentemente, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113, del mencionado ordenamiento legal, dispone que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que el quejoso señala como actos reclamados medularmente: La omisión de notificarle personalmente la sentencia definitiva emitida el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente agrario 1025/2018; La ejecución de los resolutivos noveno y décimo de la citada sentencia definitiva, en que respectivamente se ordena notificar dicha sentencia al Comisariado Ejidal de San José de Las Tapias, en Guadalupe, Zacatecas, para que registre como ejidatario del citado núcleo ejidal, conforme a lo dispuesto por los artículos 22 y 33, fracción II, de la Ley Agraria y, ordena la cancelación de los certificados parcelarios 1039228 y 1039229 expedidos en favor del quejoso, debiendo proceder a la emisión de los nuevos documentos que acrediten al tercero interesado, Juan Ramón Guzmán Pérez, como titular de los derechos descritos, en calidad de ejidatario del mencionado ejido, en sustitución del finado Jorge Flores Cervantes. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción X y 113, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que el quejoso José Félix Flores García, acude a la presente instancia constitucional doliéndose de actos realizados el por Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1, Registro Agrario Nacional en Zacatecas y, Comisariado Ejidal del Ejido San José de Tapias, en Guadalupe, Zacatecas, actos precisados con antelación. Actos que considera violatorios de los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Ahora bien, de la certificación asentada al inicio de la presente determinación, se advierte que el quejoso José Félix Flores García, mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, del que por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1, Registro Agrario Nacional en Zacatecas y, Comisariado Ejidal del Ejido San José de Tapias, en Guadalupe, Zacatecas, consistentes medularmente en la omisión de notificarle personalmente la sentencia definitiva emitida el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente agrario 1025/2018; la ejecución de los resolutivos noveno y décimo de la citada sentencia definitiva, en que respectivamente se ordena notificar dicha sentencia al Comisariado Ejidal de San José de Las Tapias, en Guadalupe, Zacatecas, para que registre como ejidatario del citado núcleo ejidal, conforme a lo dispuesto por los artículos 22 y 33, fracción II, de la Ley Agraria y, ordena la cancelación de los certificados parcelarios 1039228 y 1039229 expedidos en favor del quejoso, debiendo proceder a la emisión de los nuevos documentos que acrediten al tercero interesado, Juan Ramón Guzmán Pérez, como titular de los derechos descritos, en calidad de ejidatario del mencionado ejido, en sustitución del finado Jorge Flores Cervantes, juicio de amparo en el que se encuentran fijadas las once horas con diez minutos del seis de octubre de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia constitucional. Así es, de la lectura íntegra de la demanda que originó el mencionado juicio de amparo, se advierte que el también aquí quejoso José Félix Flores García, reclama de las mencionadas autoridades responsables, los actos precisados al inicio de la presente determinación; los cuales considera violatorios de los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Cabe precisar que el referido expediente se toma como elemento de prueba, sin necesidad que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes; ya que el mismo constituye un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba respecto de la demanda de amparo que ahora promueve el referido quejoso José Félix Flores García, pues la improcedencia del juicio constitucional es cuestión de orden público, y el suscrito puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance. Al respecto, es aplicable en lo conducente el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.9o.P.16 K (10a.), del tenor siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LA FACULTAD DEL JUZGADOR DE AMPARO PARA INVOCARLOS DEBE SER EJERCIDA CON RAZONABILIDAD Y LIMITARSE A CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS DE CONOCIMIENTO ACCESIBLE, INDUBITABLE Y SOBRE EL CUAL NO SE ADVIERTA DISCUSIÓN. De la interpretación conjunta del criterio jurisprudencial P./J. 74/2006, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se observa la facultad de los Jueces para invocar como hechos notorios circunstancias -de hecho- cuyo conocimiento sea de dominio público o forme parte de la cultura normal de determinado grupo o sector. Al respecto, como consecuencia del ejercicio de su función jurisdiccional y con base en la diversa jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), también emitida por el Pleno de la Suprema Corte citada, los Jueces de amparo están autorizados para invocar con ese carácter versiones electrónicas de resoluciones almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Empero, en forma alguna dicha potestad autoriza al juzgador para indagar más allá de lo públicamente cognoscible y disponible con motivo de su función judicial, pues hacerlo implicaría que la información obtenida no constituya propiamente un hecho notorio, sino el fruto de una pesquisa injustificada. En ese contexto, en aras de privilegiar la prerrogativa de acceso a la jurisdicción contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República, cuando el Juez cite como hecho notorio determinaciones que obran en expedientes diversos sometidos a su jurisdicción -por ejemplo, para verificar la firma del quejoso en otra demanda de amparo-, dicho ejercicio debe regirse por el principio de razonabilidad y limitarse a circunstancias fácticas de conocimiento accesible, indubitable y sobre el cual no se advierta discusión; máxime cuando las constancias invocadas son de antigüedad considerable." En consecuencia, es evidente que al promover el quejoso José Félix Flores García el juicio de amparo 353/2020-III, del índice de este juzgado, contra las mismas autoridades responsables que ahora señala en su demanda de cuenta, por los mismos actos reclamados, el cual se encuentra en trámite, de acuerdo a lo asentado en la certificación de cuenta, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Se afirma lo anterior, toda vez que los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Uno en Zacatecas Registro Agrario Nacional en Zacatecas y, Comisariado Ejidal del Ejido San José de Tapias, en Guadalupe, Zacatecas, son materia de otro juicio de garantías (353/2020-III), el cual se encuentra en trámite, puesto que por auto de veinticuatro de agosto de esta anualidad, fueron fijadas las once horas con diez minutos del seis de octubre de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia constitucional en dicho juicio, por lo que se reúnen los extremos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que se trata de dos juicios de derechos fundamentales promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, incluso, las violaciones constitucionales son las mismas; uno de los cuales se encuentra en trámite, de acuerdo a los razonamientos expuestos con antelación. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), publicada en la página doscientos sesenta y cinco del Libro 5, abril de dos mil catorce, Tomo I, materia común, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006145, del tenor: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia destacada y, al ser manifiesta e indudable, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por José Félix Flores García, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Uno en Zacatecas y otras autoridades, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que a lo anterior obste que mediante determinación de catorce de agosto de dos mil veinte, se apercibió a la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ahí prevenido, se admitiría la demanda de amparo, tal como fue planteada; sin embargo, las circunstancias que originaron dicha prevención, cambiaron ante la admisión de la demanda de amparo que originó el diverso juicio 353/2020-III del índice de este juzgado, que como quedó establecido, se formó con la demanda de amparo promovida por el propio quejoso en este juicio, contra los mismos actos que reclama de las mismas autoridades señaladas en el mencionado expediente de derechos fundamentales, el cual se encuentra en trámite; lo que actualizó la causal de improcedencia que motivó el desechamiento destacado en párrafos anteriores.

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