Jose Florentino Sanchez Gonzalez

Expediente 2075/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2075/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
02/06/2017

Partes del expediente

  • Jose Florentino Sanchez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del ocho al veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, por medio del cual, en su carácter de superior jerárquico, informa las gestiones realizadas para que la autoridad responsable Agente del Ministerio adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, Segunda Mesa de Trámite Non dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de veinticuatro de abril pasado, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. CÚMPLASE.

  3. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 24 DE ABRIL DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito presentado ante esta autoridad el cinco de abril del año en curso (fojas 573 a 575); por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 334 a 340), se sobreseyó en parte y se negó en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que inconforme con dicho fallo, ésta interpuso recurso de revisión, que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el toca R-331/2016 (fojas 459 a 493), quien resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Florentino Sánchez González, respecto del acto reclamado al Subdirector de Desarrollo Administrativo y Planeación y Jefe del Depósito Oficial de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la ejecución del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en la averiguación previa número 1977/2015/RVPUE. TERCERO. Para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a José Florentino Sánchez González, contra el acto que reclamó del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de investigación de Robo de Vehículos, Segunda Mesa de Trámite Non de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, consistente en el auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en la averiguación previa número 1977/2015/RVPUE." Atento lo anterior, mediante auto de siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 494 a 497), este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de investigación de Robo de Vehículos, Segunda Mesa de Trámite Non de la Fiscalía General del Estado de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: "(.) Por tanto, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, y, con libertad de jurisdicción, emita otro, en el que subsane las diferencias de forma que han sido destacadas en esta ejecutoria, o en sentido diverso, según sea procedente. En el entendido que en el auto que emita deberá establecer con precisión los motivos y fundamentos por los que considere procedente su determinación, al margen del sentido de la misma, atendiendo a los delitos por los que se originó la indagatoria de origen y la diversa de Villahermosa, Tabasco y, con base en ello, deberá razonar, se reitera, de manera fundada y motivada si es procedente asegurar el vehículo, o bien ordenar su devolución al quejoso. Finalmente, es de precisarse que no es el caso de este tribunal colegiado se pronuncie con relación a los aspectos de fondo del acto reclamado y, en consecuencia, aborde el estudio de los restantes agravios hechos valer al respecto, en virtud de que por una parte, al hacerlo, se desconocería la obligación de la autoridad responsable de emitir un acto con la debida fundamentación y motivación, aunado a que como se ha destacado en párrafos precedentes, la autoridad de amparo no puede sustituirse a la de origen subsanando las deficiencias del acto que se reclama, pues ello contraría la técnica del juicio de amparo, aunado a que la existencia futura del acto reclamado se torna incierta por virtud del cumplimiento que a la ejecutoria respectiva dé la autoridad responsable, corriendo el riesgo entonces de emitir un pronunciamiento que realmente perjudique al aquí inconforme. En las relatadas condiciones, lo procedente es modificar la sentencia que se revisa, y así, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado al Subdirector de Desarrollo Administrativo y Planeación y Jefe del Depósito Oficial de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y, por otra, conceder el amparo solicitado a José Florentino Sánchez González, con relación al acto que atribuyó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de investigación de Robo de Vehículos, Segunda Mesa de Trámite Non, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para los Efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria. (.)." Así las cosas, mediante oficio 749 de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 559 a 571), el fiscal responsable remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en la averiguación previa 1977/2015/RVPUE, mediante las cuales en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En resolución de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto combatido de diecinueve de noviembre de dos mil quince, así como el de nueve de febrero de dos mil diecisiete con el que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, con fundamento en los artículos 14, 16 y 21 Constitucionales, 52 del Código Penal del Estado de Puebla, 73, 83, 108, 196, 199 y 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, 6, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, reiteró el aseguramiento del vehículo afecto consistente en el vehículo marca Jeep, tipo camioneta, modelo 2012, color vino, serie 1C4AJCAB7CD632610, placas de circulación WSH6346 del Estado de Tabasco; y, por ende la negativa de su devolución al aquí quejoso. Ello, bajo el argumento de que dicho automotor cuenta con reporte de robo, de once de septiembre de dos mil quince, según se advierte de la sábana de reporte de robo expedida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que es considerado como objeto del delito de la indagatoria 1977/2015/RVPUE, la cual se sigue por el ilícito de detentación de vehículo robado, previsto y sancionado por el artículo 375, fracción IX del Código Penal del Estado de Puebla, y por ende ser susceptible de ser asegurado con el único fin de que no se pierda, altere o destruya, esto, por la propia naturaleza de movilidad en uso diario del mismo; siendo dicha medida temporal y no definitiva, hasta en tanto se investiga la verdad de los hechos. Asimismo, dicha autoridad refiere que el automotor afecto es considerado como objeto del delito, por ser el objeto sobre el cual recayó la conducta desplegada por el quejoso José Florentino Sánchez González, quien lo conducía y lo tenía en su poder, ostentándose como propietario del mismo (foja 563 última parte). Asimismo, agregó que si bien la parte quejosa pretendió acreditar la propiedad del automotor afecto con las documentales consistentes en: 1. Original de la factura U1489, con endosos al reverso de la misma; 2. Tarjeta de circulación del vehículo afecto; y, 3. Original del contrato de compraventa de dicho automotor celebrado entre el quejoso José Florentino Sánchez González como comprador y como vendedor Israel Rodríguez Chávez de fecha doce de julio de dos mil quince; también lo es que, dichas documentales por sí mismas no desvirtúan el reporte de robo existente, según se advierte de la sábana de reporte de robo expedida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; aunado a que en actuaciones constan la verificación de comprobantes fiscales de la factura de referencia de donde se advierte que la misma es presumiblemente apócrifa (falsa), aunado a que se continúa con la investigación del origen de ésta, con la empresa que la expidió. Agrega que, si bien en actuaciones se advierte copia simple de la foja uno de la averiguación previa VHSA-11VA98/2015 de Villa Hermosa Tabasco, de la que se evidencia que la misma se inició por el delito de fraude, también lo es que no se cuenta con más datos, y toda vez que se trata de una copia simple la misma resulta insuficiente por carecer de valor probatorio alguno para desestimar lo aseverado por los elementos remitentes José Luis Coria Rojas y Jaqueline Cuautle Muñoz y la sabana de reporte de robo expedida por el Sistema de Seguridad Pública, los cuales refiere tiene valor probatorio en términos de los artículos 196 y 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Manifestó que si fuera el caso de que el vehículo afecto, fuera el objeto del delito de fraude (tipo penal diverso del de robo de vehículo), tal circunstancia no demerita en nada el aseguramiento decretado por la autoridad ministerial, pues el mismo persistiría al ser el vehículo objeto de delito, el cual afecta el patrimonio de una persona que se querelló y que espera que dicho vehículo regrese a su patrimonio. Y, que si bien el quejoso exhibió una garantía para gozar de libertad provisional bajo caución en dicha indagatoria, la misma de ninguna manera le otorga derecho alguno para que el objeto de investigación le sea devuelto. Igualmente, medio oficio 787/2017 (fojas 581 a 591), el fiscal responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación al aquí quejoso de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete que dictó en la indagatoria 1977/2015/RVPUE. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, respecto del escrito del quejoso presentado ante esta autoridad el cinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 573 a 575), por el cual contesta la vista otorgada en auto de treinta de marzo del mismo año, en el que refiere que la autoridad responsable no da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues no razona debidamente por qué la indagatoria iniciada en Villahermosa Tabasco, le da la posibilidad de sostener su reiterada negativa de devolverle el vehículo afecto, además de no establecer fundamento alguno para sostener el aseguramiento de dicho automotor. Asimismo, que la responsable no establece razonamiento alguno del por qué las pruebas que ofreció para acreditar la propiedad del vehículo afecto son insuficientes para ello. Que tampoco explica en qué consiste la sabana de reporte de robo; es decir, el por qué concluye que lo contenido en la misma lleva a la firme convicción de que efectivamente se tipifica el delito de robo, además de no especificar si la referida sabana se encuentra firmada o fue expedida por servidor público, por persona digna de fe pública; y tampoco explica por qué le concede pleno valor probatorio; además de no especificar quién fue el afectado por dicho robo, ni las circunstancias en que ello aconteció. Agrega el quejoso que la ley no faculta a la autoridad responsable al aseguramiento de un bien derivado del uso y posesión de vehículo robado, y que sea el mismo aseguramiento por el delito de fraude, por lo que dice se está en el supuesto de "nulla pena sine lege"; es decir, que no existe disposición legal alguna que sancione el uso y posesión de un vehículo defraudado. Manifestaciones que resultan infundadas, ya que como quedó establecido el fiscal responsable sí cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, al establecer de manera fundada y motiva el por qué insiste en el aseguramiento del vehículo afecto, y por ende la negativa de su devolución al aquí quejoso. Ello, en atención a que primeramente el representante social no le da valor probatorio a la averiguación previa VHSA-11VA98/2015 de Villahermosa, Tabasco, que se sigue por el delito de fraude, ya que refiere la misma obra en copia simple y por ende resulta insuficiente para desestimar lo aseverado por los elementos remitentes José Luis Coria Rojas y Jaqueline Cuautle Muñoz; así como la sabana de reporte de robo expedida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; medios de prueba que refiere tienen valor en términos de los artículos 196 y 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; de ahí lo infundado de la alegación del quejoso referente a dicha indagatoria. Asimismo, el representante social establece que las pruebas ofrecidas por el quejoso con las que pretendió acreditar la propiedad del automotor afecto, por sí mismas no desvirtúan el reporte de robo existente, según se advierte de la sábana de reporte de robo expedida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; aunado a que en actuaciones constan la verificación de comprobantes fiscales de la factura exhibida por el amparista de donde se advierte que la misma es presumiblemente apócrifa (falsa); aunado a que se continúa con la investigación del origen de ésta, con la empresa que la expidió. Y, respecto de sus alegaciones referentes a la valoración por parte del fiscal responsable de la sábana de reporte de robo del vehículo afecto expedida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de que no existe disposición legal alguna que sancione el uso y posesión de un vehículo defraudado, también resultan infundadas, en atención a que, la forma de valorar los medios de prueba que obran en la indagatoria, así como si existe o no disposición legal alguna que sancione el uso y posesión de un vehículo defraudado, no constituyen parte de los efectos de la ejecutoria de amparo, pues se refieren al fondo del asunto y la sentencia de amparo se concedió por vicios de forma (falta de fundamentación y motivación), por lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito presentado ante esta autoridad el cinco de abril del año en curso (fojas 573 a 575); por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 334 a 340), se sobreseyó en parte y se negó en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que inconforme con dicho fallo, ésta interpuso recurso de revisión, que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el toca R-331/2016 (fojas 459 a 493), quien resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Florentino Sánchez González, respecto del acto reclamado al Subdirector de Desarrollo Administrativo y Planeación y Jefe del Depósito Oficial de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la ejecución del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en la averiguación previa número 1977/2015/RVPUE. TERCERO. Para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a José Florentino Sánchez González, contra el acto que reclamó del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de investigación de Robo de Vehículos, Segunda Mesa de Trámite Non de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, consistente en el auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en la averiguación previa número 1977/2015/RVPUE." Atento lo anterior, mediante auto de siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 494 a 497), este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de investigación de Robo de Vehículos, Segunda Mesa de Trámite Non de la Fiscalía General del Estado de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: "(.) Por tanto, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, y, con libertad de jurisdicción, emita otro, en el que subsane las diferencias de forma que han sido destacadas en esta ejecutoria, o en sentido diverso, según sea procedente. En el entendido que en el auto que emita deberá establecer con precisión los motivos y fundamentos por los que considere procedente su determinación, al margen del sentido de la misma, atendiendo a los delitos por los que se originó la indagatoria de origen y la diversa de Villahermosa, Tabasco y, con base en ello, deberá razonar, se reitera, de manera fundada y motivada si es procedente asegurar el vehículo, o bien ordenar su devolución al quejoso. Finalmente, es de precisarse que no es el caso de este tribunal colegiado se pronuncie con relación a los aspectos de fondo del acto reclamado y, en consecuencia, aborde el estudio de los restantes agravios hechos valer al respecto, en virtud de que por una parte, al hacerlo, se desconocería la obligación de la autoridad responsable de emitir un acto con la debida fundamentación y motivación, aunado a que como se ha destacado en párrafos precedentes, la autoridad de amparo no puede sustituirse a la de origen subsanando las deficiencias del acto que se reclama, pues ello contraría la técnica del juicio de amparo, aunado a que la existencia futura del acto reclamado se torna incierta por virtud del cumplimiento que a la ejecutoria respectiva dé la autoridad responsable, corriendo el riesgo entonces de emitir un pronunciamiento que realmente perjudique al aquí inconforme. En las relatadas condiciones, lo procedente es modificar la sentencia que se revisa, y así, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado al Subdirector de Desarrollo Administrativo y Planeación y Jefe del Depósito Oficial de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y, por otra, conceder el amparo solicitado a José Florentino Sánchez González, con relación al acto que atribuyó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de investigación de Robo de Vehículos, Segunda Mesa de Trámite Non, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para los Efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria. (.)." Así las cosas, mediante oficio 749 de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 559 a 571), el fiscal responsable remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en la averiguación previa 1977/2015/RVPUE, mediante las cuales en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En resolución de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto combatido de diecinueve de noviembre de dos mil quince, así como el de nueve de febrero de dos mil diecisiete con el que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, con fundamento en los artículos 14, 16 y 21 Constitucionales, 52 del Código Penal del Estado de Puebla, 73, 83, 108, 196, 199 y 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, 6, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, reiteró el aseguramiento del vehículo afecto consistente en el vehículo marca Jeep, tipo camioneta, modelo 2012, color vino, serie 1C4AJCAB7CD632610, placas de circulación WSH6346 del Estado de Tabasco; y, por ende la negativa de su devolución al aquí quejoso. Ello, bajo el argumento de que dicho automotor cuenta con reporte de robo, de once de septiembre de dos mil quince, según se advierte de la sábana de reporte de robo expedida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que es considerado como objeto del delito de la indagatoria 1977/2015/RVPUE, la cual se sigue por el ilícito de detentación de vehículo robado, previsto y sancionado por el artículo 375, fracción IX del Código Penal del Estado de Puebla, y por ende ser susceptible de ser asegurado con el único fin de que no se pierda, altere o destruya, esto, por la propia naturaleza de movilidad en uso diario del mismo; siendo dicha medida temporal y no definitiva, hasta en tanto se investiga la verdad de los hechos. Asimismo, dicha autoridad refiere que el automotor afecto es considerado como objeto del delito, por ser el objeto sobre el cual recayó la conducta desplegada por el quejoso José Florentino Sánchez González, quien lo conducía y lo tenía en su poder, ostentándose como propietario del mismo (foja 563 última parte). Asimismo, agregó que si bien la parte quejosa pretendió acreditar la propiedad del automotor afecto con las documentales consistentes en: 1. Original de la factura U1489, con endosos al reverso de la misma; 2. Tarjeta de circulación del vehículo afecto; y, 3. Original del contrato de compraventa de dicho automotor celebrado entre el quejoso José Florentino Sánchez González como comprador y como vendedor Israel Rodríguez Chávez de fecha doce de julio de dos mil quince; también lo es que, dichas documentales por sí mismas no desvirtúan el reporte de robo existente, según se advierte de la sábana de reporte de robo expedida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; aunado a que en actuaciones constan la verificación de comprobantes fiscales de la factura de referencia de donde se advierte que la misma es presumiblemente apócrifa (falsa), aunado a que se continúa con la investigación del origen de ésta, con la empresa que la expidió. Agrega que, si bien en actuaciones se advierte copia simple de la foja uno de la averiguación previa VHSA-11VA98/2015 de Villa Hermosa Tabasco, de la que se evidencia que la misma se inició por el delito de fraude, también lo es que no se cuenta con más datos, y toda vez que se trata de una copia simple la misma resulta insuficiente por carecer de valor probatorio alguno para desestimar lo aseverado por los elementos remitentes José Luis Coria Rojas y Jaqueline Cuautle Muñoz y la sabana de reporte de robo expedida por el Sistema de Seguridad Pública, los cuales refiere tiene valor probatorio en términos de los artículos 196 y 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Manifestó que si fuera el caso de que el vehículo afecto, fuera el objeto del delito de fraude (tipo penal diverso del de robo de vehículo), tal circunstancia no demerita en nada el aseguramiento decretado por la autoridad ministerial, pues el mismo persistiría al ser el vehículo objeto de delito, el cual afecta el patrimonio de una persona que se querelló y que espera que dicho vehículo regrese a su patrimonio. Y, que si bien el quejoso exhibió una garantía para gozar de libertad provisional bajo caución en dicha indagatoria, la misma de ninguna manera le otorga derecho alguno para que el objeto de investigación le sea devuelto. Igualmente, medio oficio 787/2017 (fojas 581 a 591), el fiscal responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación al aquí quejoso de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete que dictó en la indagatoria 1977/2015/RVPUE. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, respecto del escrito del quejoso presentado ante esta autoridad el cinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 573 a 575), por el cual contesta la vista otorgada en auto de treinta de marzo del mismo año, en el que refiere que la autoridad responsable no da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues no razona debidamente por qué la indagatoria iniciada en Villahermosa Tabasco, le da la posibilidad de sostener su reiterada negativa de devolverle el vehículo afecto, además de no establecer fundamento alguno para sostener el aseguramiento de dicho automotor. Asimismo, que la responsable no establece razonamiento alguno del por qué las pruebas que ofreció para acreditar la propiedad del vehículo afecto son insuficientes para ello. Que tampoco explica en qué consiste la sabana de reporte de robo; es decir, el por qué concluye que lo contenido en la misma lleva a la firme convicción de que efectivamente se tipifica el delito de robo, además de no especificar si la referida sabana se encuentra firmada o fue expedida por servidor público, por persona digna de fe pública; y tampoco explica por qué le concede pleno valor probatorio; además de no especificar quién fue el afectado por dicho robo, ni las circunstancias en que ello aconteció. Agrega el quejoso que la ley no faculta a la autoridad responsable al aseguramiento de un bien derivado del uso y posesión de vehículo robado, y que sea el mismo aseguramiento por el delito de fraude, por lo que dice se está en el supuesto de "nulla pena sine lege"; es decir, que no existe disposición legal alguna que sancione el uso y posesión de un vehículo defraudado. Manifestaciones que resultan infundadas, ya que como quedó establecido el fiscal responsable sí cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, al establecer de manera fundada y motiva el por qué insiste en el aseguramiento del vehículo afecto, y por ende la negativa de su devolución al aquí quejoso. Ello, en atención a que primeramente el representante social no le da valor probatorio a la averiguación previa VHSA-11VA98/2015 de Villahermosa, Tabasco, que se sigue por el delito de fraude, ya que refiere la misma obra en copia simple y por ende resulta insuficiente para desestimar lo aseverado por los elementos remitentes José Luis Coria Rojas y Jaqueline Cuautle Muñoz; así como la sabana de reporte de robo expedida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; medios de prueba que refiere tienen valor en términos de los artículos 196 y 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; de ahí lo infundado de la alegación del quejoso referente a dicha indagatoria. Asimismo, el representante social establece que las pruebas ofrecidas por el quejoso con las que pretendió acreditar la propiedad del automotor afecto, por sí mismas no desvirtúan el reporte de robo existente, según se advierte de la sábana de reporte de robo expedida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; aunado a que en actuaciones constan la verificación de comprobantes fiscales de la factura exhibida por el amparista de donde se advierte que la misma es presumiblemente apócrifa (falsa); aunado a que se continúa con la investigación del origen de ésta, con la empresa que la expidió. Y, respecto de sus alegaciones referentes a la valoración por parte del fiscal responsable de la sábana de reporte de robo del vehículo afecto expedida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de que no existe disposición legal alguna que sancione el uso y posesión de un vehículo defraudado, también resultan infundadas, en atención a que, la forma de valorar los medios de prueba que obran en la indagatoria, así como si existe o no disposición legal alguna que sancione el uso y posesión de un vehículo defraudado, no constituyen parte de los efectos de la ejecutoria de amparo, pues se refieren al fondo del asunto y la sentencia de amparo se concedió por vicios de forma (falta de fundamentación y motivación), por lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

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