Jose Florencio Aranda Romero
Expediente 347/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Florencio Aranda Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hicieran en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el veinticinco de abril de dos mil dieciséis (fojas 88 a 102), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso José Florencio Aranda Romero, para que el Juez Municipal de lo Penal de Tehuacán, Puebla lleve a cabo los efectos siguientes: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis (fojas 68 a 76 del tomo de pruebas), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. 2. Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriendo su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 161 a 164). Mediante oficio 562 de seis de junio de dos mil dieciséis (foja 177) la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de término constitucional que emitió en el proceso 406/2014 el seis de junio de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, en el que se advierte que dejó sin efectos la resolución reclamada de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis y dictó otra en la que nuevamente decretó auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de abuso de confianza en contra del quejoso José Florencio Aranda Romero omitiendo llevar a cabo el efecto precisado (subrayado) siguiente: a) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. Lo anterior, pues si bien el juez responsable del cumplimiento, estableció con qué medios de prueba se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del citado delito, expresando las razones lógico jurídicas en que, a su parecer, apoyó su conclusión, otorgándoles valor probatorio a cada prueba en particular y relacionándolas con cada elemento del delito; también, fue omiso en referir cómo concatenó las citadas pruebas, si fue en forma individual o circunstancial, y tampoco refirió las razones por las cuales consideró que se demostraba el cuerpo de dicho ilícito. Atento a lo anterior, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis se tuvo por no cumplida la sentencia amparadora (fojas 195 a 197). Posteriormente mediante oficio 639 de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (foja 205), dicha responsable remitió la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora; sin embargo, atento a que no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria, mediante proveído de uno de julio de dos mil dieciséis se le requirió el cumplimiento, en el entendido de que debía dejar insubsistente la resolución materia del acto reclamado de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis y la diversa de seis de junio de dos mil dieciséis (con la que pretendió dar cumplimiento) (foja 215). Por oficio 680 de cinco de julio de dos mil dieciséis el Juez Penal Municipal responsable remitió a esta autoridad la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora, sin embargo, mediante proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis tampoco se tuvo por cumplida según se advierte a fojas 230 a 232. Ahora bien, mediante oficio 763 de uno de agosto de dos mil dieciséis (foja 239), la autoridad responsable Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de julio de dos mil dieciséis emitida en el proceso 406/2014, en la que se advierte que dicho juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dejó insubsistente las resoluciones de diecisiete de febrero, seis y veintisiete de junio, todas de dos mil dieciséis y con libertad de jurisdicción, dictó un nuevo auto de término constitucional en el que también decretó Auto de Formal Prisión o Preventiva en contra de Florencio Aranda Romero como probable responsable en la comisión del delito de Abuso de Confianza previsto y sancionado por los artículos 396 y 399, fracción III en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Julio César Pérez Romero y cumplió con los efectos siguientes: Analizó de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, expresando las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales relacionó con cada elemento del delito, concatenándolas en forma individual o circunstancial, y exponiendo las razones por las cuales consideró se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. Asimismo, en la resolución analizada no procedió a reclasificar el delito consignado de abuso de confianza, al establecer que con los elementos de prueba que obran en autos se acredita dicho ilícito. Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, remítanse al Juez Municipal de lo Penal del Distinto Judicial de Tehuacán, Puebla billetes de depósito con número de folio N 752584, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C, por la cantidad de $1,841.40 (un mil ochocientos cuarenta y uno pesos, cuarenta centavos, moneda nacional) mismo que se ordena transferir, toda vez que se encuentra dirigido a este órgano jurisdiccional y dos pólizas de fianza números 3088-04991-2 y 3088-04992-9, expedidas por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional) y $60,000.00 (sesenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), respectivamente, mismos que exhibió la parte quejosa en la referida incidencia para gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución que le fue concedido y, se le requiere para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo de los mismos, apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: No. Registro: 164,991. Jurisprudencia. Materia(s): Penal, Constitucional. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Marzo de 2010. Tesis: 1a./J. 135/2009. Página: 573. LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN CONCEDIDA DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SIGUE VIGENTE AUN CUANDO SE HAYA RESUELTO EN DEFINITIVA EL JUICIO DE AMPARO PRINCIPAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). La libertad provisional bajo caución concedida en el incidente de suspensión constituye un derecho fundamental de todo indiciado y procesado, que cobra autonomía del propio incidente e incluso del juicio principal, en virtud de que únicamente podrá revocarse cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo. En ese tenor, se concluye que terminado el juicio -lo cual incluye la debida ejecución del fallo- el aludido beneficio seguirá vigente y el juez de garantías debe devolver al juez de la causa natural, plena jurisdicción sobre la libertad personal del quejoso, en su caso, con las garantías ya exhibidas, o bien, con la determinación acerca del monto y forma de la caución, a partir de ese momento, aquél reasumirá en plenitud la jurisdicción indicada, lo que implica que ante el conocimiento de que el juicio de amparo ha concluido deberá solicitar al juez de control constitucional el envío de las garantías concedidas, si éste no lo ha hecho, y ordenar al inculpado su presentación para la continuación del proceso en libertad provisional; por su parte, el órgano de control constitucional habrá de acordar lo conducente para que de manera efectiva el agraviado quede, por lo que se refiere a dicho beneficio, a disposición del juez del proceso. Bajo esta premisa, con la finalidad de dar seguridad jurídica al agraviado, no deben quedar sin materia las incidencias procesales derivadas de la libertad provisional bajo caución concedida en el incidente de suspensión o los recursos intentados respecto de ellas en el juicio de amparo, mientras el juez natural no recobre plenamente la jurisdicción sobre la libertad personal del quejoso, sin importar que haya causado ejecutoria la sentencia dictada en el cuaderno principal.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JULIO CESAR PEREZ ROMERO LA RESOLUCION DE QUINCE DE AGOSTO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hicieran en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el veinticinco de abril de dos mil dieciséis (fojas 88 a 102), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso José Florencio Aranda Romero, para que el Juez Municipal de lo Penal de Tehuacán, Puebla lleve a cabo los efectos siguientes: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis (fojas 68 a 76 del tomo de pruebas), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. 2. Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriendo su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 161 a 164). Mediante oficio 562 de seis de junio de dos mil dieciséis (foja 177) la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de término constitucional que emitió en el proceso 406/2014 el seis de junio de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, en el que se advierte que dejó sin efectos la resolución reclamada de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis y dictó otra en la que nuevamente decretó auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de abuso de confianza en contra del quejoso José Florencio Aranda Romero omitiendo llevar a cabo el efecto precisado (subrayado) siguiente: a) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. Lo anterior, pues si bien el juez responsable del cumplimiento, estableció con qué medios de prueba se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del citado delito, expresando las razones lógico jurídicas en que, a su parecer, apoyó su conclusión, otorgándoles valor probatorio a cada prueba en particular y relacionándolas con cada elemento del delito; también, fue omiso en referir cómo concatenó las citadas pruebas, si fue en forma individual o circunstancial, y tampoco refirió las razones por las cuales consideró que se demostraba el cuerpo de dicho ilícito. Atento a lo anterior, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis se tuvo por no cumplida la sentencia amparadora (fojas 195 a 197). Posteriormente mediante oficio 639 de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (foja 205), dicha responsable remitió la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora; sin embargo, atento a que no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria, mediante proveído de uno de julio de dos mil dieciséis se le requirió el cumplimiento, en el entendido de que debía dejar insubsistente la resolución materia del acto reclamado de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis y la diversa de seis de junio de dos mil dieciséis (con la que pretendió dar cumplimiento) (foja 215). Por oficio 680 de cinco de julio de dos mil dieciséis el Juez Penal Municipal responsable remitió a esta autoridad la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora, sin embargo, mediante proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis tampoco se tuvo por cumplida según se advierte a fojas 230 a 232. Ahora bien, mediante oficio 763 de uno de agosto de dos mil dieciséis (foja 239), la autoridad responsable Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de julio de dos mil dieciséis emitida en el proceso 406/2014, en la que se advierte que dicho juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dejó insubsistente las resoluciones de diecisiete de febrero, seis y veintisiete de junio, todas de dos mil dieciséis y con libertad de jurisdicción, dictó un nuevo auto de término constitucional en el que también decretó Auto de Formal Prisión o Preventiva en contra de Florencio Aranda Romero como probable responsable en la comisión del delito de Abuso de Confianza previsto y sancionado por los artículos 396 y 399, fracción III en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Julio César Pérez Romero y cumplió con los efectos siguientes: Analizó de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, expresando las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales relacionó con cada elemento del delito, concatenándolas en forma individual o circunstancial, y exponiendo las razones por las cuales consideró se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. Asimismo, en la resolución analizada no procedió a reclasificar el delito consignado de abuso de confianza, al establecer que con los elementos de prueba que obran en autos se acredita dicho ilícito. Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, remítanse al Juez Municipal de lo Penal del Distinto Judicial de Tehuacán, Puebla billetes de depósito con número de folio N 752584, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C, por la cantidad de $1,841.40 (un mil ochocientos cuarenta y uno pesos, cuarenta centavos, moneda nacional) mismo que se ordena transferir, toda vez que se encuentra dirigido a este órgano jurisdiccional y dos pólizas de fianza números 3088-04991-2 y 3088-04992-9, expedidas por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional) y $60,000.00 (sesenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), respectivamente, mismos que exhibió la parte quejosa en la referida incidencia para gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución que le fue concedido y, se le requiere para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo de los mismos, apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: No. Registro: 164,991. Jurisprudencia. Materia(s): Penal, Constitucional. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Marzo de 2010. Tesis: 1a./J. 135/2009. Página: 573. LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN CONCEDIDA DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SIGUE VIGENTE AUN CUANDO SE HAYA RESUELTO EN DEFINITIVA EL JUICIO DE AMPARO PRINCIPAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). La libertad provisional bajo caución concedida en el incidente de suspensión constituye un derecho fundamental de todo indiciado y procesado, que cobra autonomía del propio incidente e incluso del juicio principal, en virtud de que únicamente podrá revocarse cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo. En ese tenor, se concluye que terminado el juicio -lo cual incluye la debida ejecución del fallo- el aludido beneficio seguirá vigente y el juez de garantías debe devolver al juez de la causa natural, plena jurisdicción sobre la libertad personal del quejoso, en su caso, con las garantías ya exhibidas, o bien, con la determinación acerca del monto y forma de la caución, a partir de ese momento, aquél reasumirá en plenitud la jurisdicción indicada, lo que implica que ante el conocimiento de que el juicio de amparo ha concluido deberá solicitar al juez de control constitucional el envío de las garantías concedidas, si éste no lo ha hecho, y ordenar al inculpado su presentación para la continuación del proceso en libertad provisional; por su parte, el órgano de control constitucional habrá de acordar lo conducente para que de manera efectiva el agraviado quede, por lo que se refiere a dicho beneficio, a disposición del juez del proceso. Bajo esta premisa, con la finalidad de dar seguridad jurídica al agraviado, no deben quedar sin materia las incidencias procesales derivadas de la libertad provisional bajo caución concedida en el incidente de suspensión o los recursos intentados respecto de ellas en el juicio de amparo, mientras el juez natural no recobre plenamente la jurisdicción sobre la libertad personal del quejoso, sin importar que haya causado ejecutoria la sentencia dictada en el cuaderno principal.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de julio de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de julio dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de veinticinco de abril de dos mil dieciséis (fojas 88 a 102), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso José Florencio Aranda Romero, para los efectos siguientes: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis (fojas 68 a 76 del tomo de pruebas), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. 2. Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Quinta Época: Amparo civil en revisión 1429/26.-Martínez Cuende Luis.-30 de abril de 1927.-Mayoría de nueve votos.-Disidente: Gustavo A. Vicencio.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil directo 2491/26.-Castilla viuda de Jiménez Carolina.-5 de octubre de 1927.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo administrativo en revisión 2677/25.-Azcárraga Pedro I.-15 de diciembre de 1927.-Mayoría de diez votos.-Disidente: Arturo Cisneros Canto.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 3126/27.-Banco Occidental de México, S.A.-11 de mayo de 1928.-Mayoría de ocho votos.-Disidente: S. M. Olea.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 888/29.-Cuautli Miguel y coagraviado.-29 de octubre de 1929.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 66, Tercera Sala, tesis 102". Dadas las condiciones relatadas en que es concedido el amparo solicitado por la parte quejosa, resulta innecesario ocuparse de los restantes conceptos de violación que expone la parte quejosa en el escrito de demanda los cuales están vinculados al fondo del asunto, tales como (que no se acreditan los elementos del cuerpo del delito, así como su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de despojo), aspectos que en su caso serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de considerar lo contrario, implicaría sustituir a la autoridad judicial del conocimiento, lo que se opone a la técnica del juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI. 2o. J/170, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, Materia Común, página 99, registro 220693, del tenor siguiente: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción". Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso, sino únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." (fojas 100 y 101). Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 161 a 164). Ahora bien, mediante oficio 639 de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (foja 205), la autoridad responsable Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, de las que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dejó insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis y, con libertad de jurisdicción, dictó otra en el mismo sentido (auto de formal prisión), y realizó lo siguiente: Estableció los medios de prueba con los que, dicho juzgador consideró, se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, previsto por el artículo 396 y sancionado por el diverso numeral 399, fracción III en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, expresó las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, les otorgó valor probatorio a cada prueba en particular y las relacionó con cada elemento del delito, concatenándolas en forma individual y circunstancial, y también expuso las razones por las cuales consideró que se demuestra el cuerpo de dicho ilícito (fojas 179 vuelta a 184). Sin embargo, incumple respecto de lo siguiente: En cuanto a la probable responsabilidad penal, refiere que con los mismos elementos de convicción que tomó en consideración para acreditar el cuerpo del delito, la conducta del quejoso se adecua a lo establecido en el artículo 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, no obstante estar obligado a desarrollar el estudio condigno en ese aspecto; debiendo expresar además las razones que tiene para considerarlo así, lo que implica también precisar y explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-; y, Omitió precisar ".de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". De lo anterior, resulta evidente que no se han agotado los extremos para los cuales fue concedida la protección constitucional, por parte de la autoridad encargada de su cumplimiento, luego, NO SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase nuevamente a la autoridad responsable encargada del cumplimiento Juez Municipal de lo Penal de Tehuacán, Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de CUMPLIMIENTO ÍNTEGRAMENTE A LOS EXTREMOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO EN LOS TÉRMINOS DECRETADOS EN LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS Y, EN ATENCIÓN, A LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE EN EL PRESENTE PROVEÍDO SE DESTACAN. Esto es, deberá dejar insubsistente la resolución materia del acto reclamado de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis y la diversa de seis de junio de dos mil dieciséis, con la que pretendió dar cumplimiento y con plenitud de jurisdicción dictar una nueva resolución en la que de cumplimiento íntegro a la ejecutoria amparadora. Signifíquese a dicha autoridad que continúa vigente el apercibimiento decretado por auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 161 a 164).
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Jose Fernando Rojano Garcia341/2021
- Jose Fernando Rosas Lozada694/2018
- Jose Fidel Aguilar Perez1168/2018
- JOSE FIDEL HERNANDEZ BAUTISA y otros1206/2019
- José Florencio Aranda Romero1222/2016
- Jose Florencio Aranda Romero1133/2016
- Jose Florentino Carvajal Ocotlan463/2018
- Jose Florentino Reyes Gomez1271/2016
- Jose Florentino Sanchez Gonzalez2075/2015
- Jose Flores Saiz766/2016
- Jose Flores Sanchez1247/2019
- JOSE FORTINO ESCOBAR ESCOBAR y Otros.823/2020