José Fidencio Pérez Segovia

Expediente 1451/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1451/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • José Fidencio Pérez Segovia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria del Incidente de Inejecución de Sentencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 796/2022-III-B, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el Incidente de Inejecución de Sentencia 9/2023, en la cual se resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto 796/2022, al Juez Primero de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, para los efectos indicados en la parte final de la presente ejecutoria." Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de incidente de inejecución de sentencia, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Reposición. En cumplimiento a la ejecutoria de la superioridad, se repone el procedimiento de ejecución, y se deja sin efecto el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, incluyendo la multa impuesta en el mencionado auto. Estado de autos. Ahora bien, la autoridad responsable Ayuntamiento de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, mediante oficio recibido en quince de agosto de dos mil veintitrés, comunicó que había dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que, se habían dejado insubsistentes las diligencias practicadas relativas al Procedimiento Administrativo de Ejecución respecto al bien inmueble materia del presente juicio de amparo, para lo cual, remitió las constancias consistentes en el cambio en el sistema de catastro a nombre del quejoso Dagoberto Martínez Esquivel, así como el oficio DEEF/56/2023 signado por el Jefe de Departamento de Inspección y Ejecución Fiscal, en el que informaba que se había dejado insubsistente todo lo actuado en el expediente Administrativo de Ejecución 6843/DITM/2012, para lo que este juzgador consideró, que aún no se había dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que no remitió constancias donde acredite fehacientemente haber dejado insubsistente todo lo actuado dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución de referencia. Asimismo, mediante oficio recibido en veintinueve de agosto de la presente anualidad, la autoridad responsable, comunicó que se encontraba imposibilitada para dar cumplimiento, toda vez que la posesión de la propiedad se encuentra a favor del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que, dentro de sus facultades, no podía hacer más diligencias para dar cumplimiento; sin embargo, es importante precisar que, dicha posesión en favor del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se deriva de las actuaciones que fueron realizadas dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución, materia del presente juicio de amparo, por lo que es evidente que no existe total cumplimiento al fallo protector, en razón de que, uno de los efectos del mismo, consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el embargo y remate realizados al inmueble multicitado. En efecto, las responsables no acreditaron las acciones tendentes a dejar insubsistente el embargo y remate realizados al inmueble multicitado, pues no han justificado las órdenes para cancelar la escritura pública número nueve mil seiscientos cuarenta y dos, volumen número doscientos trece, tirada ante la fe del Notario Público número 4, en ejercicio en el Distrito de Gómez Palacio, Durango, celebrada ante la solicitud del Tesorero Municipal del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, en la cual otorgó escritura de propiedad en favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo anterior es así, pues la protección constitucional otorgada por el indebido emplazamiento del quejoso, implica dejar sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la determinación que le puso fin, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, lo que incluye el remate y las adjudicaciones que pudieran haberse llevado a cabo, así como las inscripciones en el Registro Público, porque constituye una consecuencia lógico-jurídica de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 112/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, registro 162282, tomo XXXIII, abril de 2011, materia común, página 286, que dice lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE EXCESO EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO EL EFECTO DE LA CONCESIÓN FUE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA Y DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA DILIGENCIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA RESTITUIR AL DEMANDADO LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, AUNQUE ELLO NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA EJECUTORIA DE GARANTÍAS. Cuando se otorga la protección constitucional por la falta o el indebido emplazamiento al juicio del demandado y como consecuencia se ordena dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural a partir de esa diligencia, deben dejarse sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, lo que incluye el remate y las adjudicaciones que pudieran haberse llevado a cabo. En ese tenor, si la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ordena restituir al demandado en la posesión de un inmueble que ya había sido rematado y adjudicado a la parte actora, e incluso transmitido a un tercero, no incurre en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aun cuando ello no se haya establecido expresamente en la resolución, pues esa determinación obedece a las consecuencias lógico-jurídicas de dicha ejecutoria de garantías, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionen específicamente todos los actos que deben quedar insubsistentes, ya que la expresión "todo lo actuado" abarca cualquier diligencia o actuación llevada a cabo en el procedimiento". En ese sentido, se estima que las autoridades responsables incurrieron en un defecto en el cumplimiento del fallo protector, por lo que debe requerírseles para que subsanen las deficiencias advertidas. Requerimiento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Republicano Ayuntamiento de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que sean notificadas legalmente del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias que acrediten fehacientemente el cumplimiento total al fallo protector. En específico, las autoridades responsables deberán ordenar la cancelación de la escritura pública número nueve mil seiscientos cuarenta y dos, volumen número doscientos trece, tirada ante la fe del Notario Público número 4, en ejercicio en el Distrito de Gómez Palacio, Durango, así como la cancelación de la inscripción de la referida escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con residencia en Gómez Palacio, Durango; escritura pública celebrada ante la solicitud del Tesorero Municipal del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, en la cual otorgó escritura de propiedad en favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo anterior es así, en virtud de que, no basta con que la autoridad emita una determinación en la que señale que deja insubsistente cualquier actuación, diligencia, así como los actos derivados del procedimiento administrativo de ejecución tales como adjudicación, escrituración, y registro del inmueble materia del juicio de amparo, pues es necesario que materialice tal determinación y lo acredite a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para que efectivamente se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo expuesto, se invoca el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis 2ª.VIII/2014 (10ª.), libro 3, febrero de 2014, tomo II, página 1520, registro digital 2005473, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada". Apercibimiento. En el entendido de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ocupa el cargo de Tesorero Municipal del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por doscientos, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, porque no obran los informes justificados de las autoridades responsables foráneas Ministerio Público de la Federación Encargado de la Investigación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, con sede en la Ciudad de México y Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, ni los acuses relativos a los oficios en los que se les pidió. Acuerdo. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, requiérase a la empresa de servicios de paquetería exprés ESTAFETA Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, informe la fecha de entrega de los oficios 8552/2023 y 8549/2023, relativos a las autoridades responsables referidas. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de noviembre de dos mil veintitrés. Exhorto diligenciado. Visto el oficio signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Por tanto, téngase por devuelto debidamente diligenciado el exhorto 310/2023 del índice de este juzgado. Acuse de recibo. Resulta innecesario acusar de recibo del presente exhorto, dado que fue recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse de recibo respectivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Gestiones cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Tercero Familiar y Auxiliar en Materia Mercantil y Civil del Tercer Distrito Judicial con sede en Gómez Palacio, Durango y actuario de su adscripción, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite diversa constancia; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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