Jose Fidencio Perez Segovia
Expediente 720/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jose Fidencio Perez Segovia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, por medio del cual informa que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda promovida por José Fidencio Pérez Segovia, por tanto, archívese este asunto como totalmente concluido. Archivo y anotaciones. En consecuencia al no existir cuestión pendiente por tramitar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su 08/09/23 13:15:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6e.c0 FRANCISCO JAVIER IBARRA RIVERA integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de octubre de dos mil veintidós. Cumplimiento a la aclaración. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso José Fidencio Pérez Segovia y el licenciado Juan Armando Herrera Domínguez, en su carácter de Defensor Público Federal; atento a su contenido, téngaseles por cumplida la prevención formulada por este juzgado federal en proveído de nueve de septiembre del año en curso. Incompetencia por razón de territorio. En ese sentido, vista la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, este juzgado federal estima que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo por razón de territorio. En efecto, en primer lugar es preciso dejar establecido que las reglas generales de competencia relativas al juicio de amparo, previstas por el artículo 37 de la Ley de la Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De lo anterior surgen las hipótesis de competencia siguientes: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Fijado lo anterior, de la primera de las hipótesis pueden derivarse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a lo siguiente: a) el lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: 1. El acto aún no ha sido ejecutado, y 2. En virtud de las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, que es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. d) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos, actos de tracto sucesivo y actos consumados con efectos que se prolongan en el tiempo. Ahora, en la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "ES MI DESEO PELEAR COMO ACTO RECLAMADO LAS CIRCUNSTANCIAS DE MI DETENCIÓN 2. CONTRA LA RESOLUCION QUE DECRETO DE LEGAL LA DETENCION EN LAS CAUSAS 1269/2019 Y 1271/2019 Y CONTRA QUIEN EMITIO LA RESOLUCION LA C. JUEZ DE CONTROL DE PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS ORALES DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA LIC. KARINA MARTINEZ JIMENEZ JUEZA DE CONTROL EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIO GRANDE CON SEDE EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA". Una vez analizada la demanda y escrito aclaratorio en su integridad, se advierte que el quejoso reclama la las circunstancias de su detención, en especial la resolución que decretó de legal la detención en la causa penal 1269/2019 y su acumulada 1271/2019, del índice del Juzgado de Control en Materia Penal de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. Naturaleza de los actos reclamados. Ahora bien, dadas las características y naturaleza de los actos reclamados, relativos a la declaración de legal detención requieren de ejecución material, pues sus efectos se traducen en que el procesado permanezca con su libertad restringida y a disposición del juez de instancia, por lo que es claro que sus efectos se traducen al procedimiento y se materializan en el lugar donde éste se tramita. Así, a fin de establecer con precisión el principio de ejecución que se atribuye a los actos reclamados, conviene precisar, a manera de orientación, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los efectos de calificación de la detención tienen ejecución material, de ahí que algunos implican: 1) Dejar al inculpado cautelarmente privado de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva. 2) Dejar al ahora procesado a disposición del juez de primera instancia. Luego, tales efectos necesariamente se trasladan de manera directa al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, ello aun cuando el quejoso se encuentre recluido en otra jurisdicción, por lo que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido en contra de un acto que incide en el procedimiento, es el que radica en la jurisdicción del juez de la causa, pues es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido. Consideraciones sustentadas en jurisprudencia 1ª./J. 118/2011 (9ª.), con número de registro 160608, localizable en la página dos mil ciento ochenta y tres, libro III, Diciembre de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Sin que sea obstáculo para atribuir el principio de ejecución a los actos reclamados, el que no se reclame en la demanda de amparo en estudio, la vinculación a proceso, en tanto que la calificación de la detención relativa a la causa penal que se instruye en su contra; se traducen en la permanencia del quejoso en el Centro de Reinserción Social en el que se encuentra recluido y por ende, es un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo; pues tales actos son con motivo o derivan de la ejecución material del auto de bien preso dictado en el proceso penal de origen, del índice del Juzgado de Control en Materia Penal de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. Como ya se dijo, los actos reclamados tiene principio de ejecución, ya que tiene entre sus efectos que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del juez de la causa; de ahí que repercuten directamente en la libertad del procesado. Ello es así, pues los actos reclamados en el presente asunto, se enmarcan dentro de esta categoría relativa a los actos que tiene ejecución material, pues aunado a que su detención tuvo verificativo en el Poblado Villa Unión, Coahuila de Zaragoza, al analizar la constitucionalidad de la calificación de la detención y de existir alguna violación a los derechos fundamentales del detenido, la consecuencia jurídica sería determinar la ilicitud de los datos de prueba que hayan sido recabados con la detención, para que no sean considerados en los subsecuentes actos procesales, los cuales inciden directamente en la causa penal correspondiente. De modo tal que, los actos reclamados por el quejoso, al contar con un principio de ejecución, y se insiste, estos efectos se trasladan directamente al proceso penal. En consecuencia, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé entre otros supuestos que el juez competente para conocer de un amparo es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del juez de primera instancia, la ejecución material de dichos actos, será en el lugar de residencia del juez que conoce del proceso penal, y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo contra dichos actos se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de instancia que conoce del proceso penal, en el caso, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras. Regla de competencia aplicable. En efecto, lo es la contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo que ordena que será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame tenga ejecución, porque se reclaman entre otras cosas, la calificación de su detención en la causa penal que se instruye en su contra, la cual tiene un principio de ejecución. En ese sentido, los actos tendrán ejecución en la causa penal 1269/2019 y su acumulada 1271/2019, radicada ante el Juzgado de Control en Materia Penal de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, porque ahí es donde se busca que los derechos ejercidos por el quejoso produzcan su mayor beneficio, por tanto, el competente es el Juez de Tercero Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras. Lo anterior es así, aunque se mencione en la demanda que el impetrante está privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social en esta ciudad, puesto que la calificación de su detención sí tiene un principio de ejecución, como se precisó, ya que tiene entre sus efectos que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del juez de la causa; de ahí que repercuten directamente en el procedimiento que se le instruye, en interrelación con los efectos precisamente en la causa penal 1269/2019 y su acumulada 1271/2019 radicada ante el Juzgado de Control en Materia Penal de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que en el caso, debe privilegiarse la justicia expedita que se logra si la competencia del juicio de amparo recae en el juzgador de amparo con sede en el mismo lugar donde se substancia el procedimiento de donde derivan los actos, porque esa cercanía favorece la pronta solución del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, conforme a lo dispuesto por primer párrafo del referido artículo 37, y 48, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del Número y Límites Territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al Número a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por José Fidencio Pérez Segovia, y declina la misma en favor del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, jurisdicción en que se instruye el proceso penal contra el quejoso, puesto que como se precisó los actos reclamados tienen un principio de ejecución que se trasladan directamente a la libertad del procesado en interrelación con el proceso penal. Adicionalmente, debe considerarse que el criterio aquí sostenido, obedece, sobre todo, a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional. En tales condiciones, con apoyo en lo previsto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítanse la demanda original, constancia de notificación mediante la cual aclara su demanda de amparo y demás actuaciones efectuadas en el presente asunto, al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras. Acuse. Solicítese respetuosamente informe a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia declinada. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Escrito. Se tiene por recibido el escrito signado por el licenciado Juan Armando Herrera Domínguez, el cual se agrega para que obre como legalmente corresponda, mediante el cual informa que protesta el cargo conferido como representante legal del quejoso José Fidencio Pérez Segovia; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y proporciona correo electrónico oficial juan.herrera.dominguez@correo.cjf.gob.mx y teléfono. Acuerdo. En tales condiciones téngasele aceptando y protestando dicho cargo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Asimismo, se le tiene señalando como correo electrónico y teléfono el mencionado en líneas anteriores. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de no vulnerar el derecho de tutela judicial, con sustento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, expídase copia de la demanda de amparo, resolución de queja y auto de prevención de nueve de septiembre del presente año, las cuales deberán ser entregadas por conducto del actuario adscrito a este juzgado federal. Notifíquese personalmente al quejoso y asesor jurídico federal, debiendo hacerle entrega de las constancias referidas a este último.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de nueve de septiembre del año en curso. Acuerdo. Téngase a la autoridad ocursante por designando al licenciado Juan Armando Herrera Dominguez, como defensor público del quejoso José Fidencio Pérez Segovia, en la prosecución del presente juicio y por informando al profesionista de referencia dicha determinación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En tales condiciones, se requiere al licenciado Juan Armando Herrera Domínguez, a fin de que comparezca ante esta autoridad, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a manifestar si acepta y protesta el cargo que le ha sido conferido; debiendo exhibir cédula profesional que lo acredite como profesionista o nombramiento que lo acredite como tal. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al asesor jurídico federal.
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