Jose Fernando Sanchez Joffre
Expediente 855/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 39 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 22/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Fernando Sanchez Joffre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Se ordena agregar al expediente el oficio del Vice Fiscal General Adjunta en suplencia del Fiscal General del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco, por el cual da cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de uno de agosto del año en curso, y remite copia certificada de la constancia de notificación del oficio 21294/2019, dirigido al Agente del Ministerio Público Encargado de la Agencia de Robo de Vehículos, con sede en Ciudad de Carmen Campeche, por el que se notificó el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el presente juicio de amparo, lo anterior, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso y las demás partes omitieron recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO HA ALCANZADO ESTADO. Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Por otro lado, no pasa inadvertido que no obran las constancias de notificación de las autoridades señaladas como responsable: Agente del Ministerio Público encargado de la Agencia de Robo de Vehículos con residencia en ciudad de Carmen Campeche y Vicefiscal General Regional del Estado de Campeche con sede en ciudad del Carmen (sic), del proveído de tres de julio de dos mil diecinueve, sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues el aludido proveído no perjudica de alguna manera a dichas autoridades, ya que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior las siguientes tesis aisladas: "REVISION IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique" "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley)" . Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Además, descarto emitir oficio para notificar este acuerdo a las autoridades responsables, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado, aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o las demás partes desearan conocer el estado de este juicio, tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, dejo establecido que si las responsables pidieran conocer el estado procesal de este juicio, se les habrá de informar en caso de recibir oficio donde lo soliciten; lo mismo habrá de suceder con cualquier otra parte que presente escrito para conocer el estado procesal. Por otra parte, ordeno enviar las copias certificadas de la averiguación previa **** a la Agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación de Robo de Vehículos de Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin que haya lugar a requerirle acuse de recibo, pues se trata únicamente de copias. En último lugar, se deja establecido que ningún pronunciamiento debe hacerse para el incidente de suspensión, porque este nunca se formó en el presente juicio.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Vicefiscal General Regional, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, el cual se glosa sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante acuerdos de trece y veinticinco de junio del año en curso, se tuvo por recibido el mismo y se acordó lo procedente respecto del oficio. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento de multa realizado, con el que se le previno mediante proveído de doce de junio de dos mil diecinueve. Por otra parte, se glosa el diverso oficio signado por el Agente del Ministerio Público Titular adscrita a la Mesa de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Tradicional, con sede la Ciudad de Puebla, por el cual remite copia certificada de la notificación personal hecha al aquí quejoso ***, de la determinación de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro de la averiguación previa ***, de su índice, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del citado quejoso; ordenando el archivo definitivo. Ahora, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones se observa que el quejoso señaló como acto reclamado al referido agente responsable lo siguiente: (.) ".con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, me fue recibido por dicha autoridad un escrito en el que solicité la determinación correspondiente de la averiguación previa ***, pero resulta que hasta el día de hoy no se me notificado ninguna respuesta por parte de la autoridad responsable la petición que realice." Indagatoria que conforme a lo manifestado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, fue iniciada con motivo de su detención por el delito de robo de vehículo al comprar una motocicleta marca **o, color rojo, modelo 2006, con placas de circulación **, del Estado de Campeche, con número de serie ** y aparentemente dicho vehículo tenía reporte de robo; sin embargo y a pesar que el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, le solicitó determinara la averiguación previa no la ha realizado ni le ha notificado ninguna respuesta a su solicitud. Por otra parte, del Encargado del Despacho de la Fiscalía General Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el quejoso reclama la falta de seguimiento al oficio número 383/2017 de nueve de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la agente del Ministerio Público que tramita la averiguación previa **; a efecto de solicitar vía colaboración al representante social que conozca de la indagatoria ** de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que remita copias certificadas de esta última indagatoria iniciada en Ciudad del Carmen, Campeche, por el robo de la motocicleta identificada en párrafos anteriores. A su vez, del licenciado ***, agente del Ministerio Público encargado de la Agencia de Robo de Vehículos, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, reclama la falta de cumplimiento para remitir al agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, copias certificadas de la averiguación previa *** de la Fiscalía General del Estado de Campeche. En ese contexto, del contenido de las copias certificadas que acompañó la agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, aparece que con motivo de la remisión por parte del licenciado ***, agente del Ministerio Público encargado de la Agencia de Robo de Vehículos, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, de las copias certificadas de la averiguación previa **** de la Fiscalía General del Estado de Campeche; en resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del aquí quejoso citado quejoso. Porque de las diversas copias certificadas de la averiguación previa *** de la Agencia de Robo de Vehículos con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, iniciada con motivo de la denuncia formulada por **, persona que fuere el primer propietario de la motocicleta marca ***, color rojo, modelo 2006, con placas de circulación **, del Estado de Campeche, con número de serie **, número de motor ***, con motivo del robo de dicho automotor. Existe una diversa comparecencia de dicho denunciante de ocho de mayo de dos mil seis, en la cual informó que había recuperado la motocicleta de su propiedad. Por ese motivo, la agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, estimó que con ello queda acreditado que cuando el aquí quejoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad, la multicitada motocicleta ya había sido recuperada, pero faltaba dar de baja el reporte de robo de dicho automotor. Entonces, como en los autos de la averiguación previa *** obra ya la consulta realizada al Encargado del Centro de Información del Sistema Nacional Arturo Delgado Mendoza, quien informó que la motocicleta marca **, color rojo, modelo 2006, con placas de circulación ***, del Estado de Campeche, con número de serie ***, cuenta con reporte de vehículo recuperado y ya no tiene reporte de robo. En consecuencia estableció que la conducta atribuida al aquí quejoso no es constitutiva de delito conforme a la descripción típica contenida en el Código Penal del Estado de Puebla; por ello no ha lugar a ejercitar acción penal contra el aquí quejoso por el hecho denunciado. De ahí que ordenó el archivo definitivo de la AP-***, de su índice. Resolución que fue notificada al aquí quejoso el veintiocho de junio de dos mil diecinueve según constancia de esa misma fecha (foja 303 del juicio de amparo), en la que aparece firma de notificado del propio quejoso. Dichas documentales en copias certificadas anexas de la autoridad responsable (fojas 295 a 305), así como las diversas constancias de cuenta, constituyen una prueba documental pública que merece pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; por tanto, se desprende se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se afirma lo anterior, pues el quejoso reclama la omisión de dar respuesta a su solicitud realizada mediante escrito presentado ante la responsable el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la citada averiguación y su notificación; así como la falta de cumplimiento por parte del licenciado ***, agente del Ministerio Público encargado de la Agencia de Robo de Vehículos, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, de remitir las copias certificadas de la averiguación previa ** de la Fiscalía General del Estado de Campeche. Entonces es innegable que la omisiones aquí combatidas cesaron en sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección de la justicia de la unión solicitada. En esa virtud, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas, pues este juicio tenía como objeto obligar al licenciado ***, agente del Ministerio Público encargado de la Agencia de Robo de Vehículos, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, a remitir las copias certificadas de la averiguación previa *** de la Fiscalía General del Estado de Campeche, a su homólogo de la Fiscalía General del Estado de Puebla y respecto a este último a pronunciarse respecto al ejercicio o inejercicio de la acción penal respecto al aquí quejoso. Lo cual ya realizó en resolución dictada el veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, en la averiguación previa ** de su índice, al pronunciar la contestación a su escrito y su respectiva notificación personal al aquí quejoso. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esa virtud, al actualizarse la causal de improcedencia invocada de manera manifiesta e indudable, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo 855/2018-V, promovido por ***con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. "(.) De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha señalada para las diez horas con treinta y dos minutos del doce de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Vicefiscal General Regional, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, el cual se glosa sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante acuerdos de trece y veinticinco de junio del año en curso, se tuvo por recibido el mismo y se acordó lo procedente respecto del oficio. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento de multa realizado, con el que se le previno mediante proveído de doce de junio de dos mil diecinueve. Por otra parte, se glosa el diverso oficio signado por el Agente del Ministerio Público Titular adscrita a la Mesa de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Tradicional, con sede la Ciudad de Puebla, por el cual remite copia certificada de la notificación personal hecha al aquí quejoso ***, de la determinación de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro de la averiguación previa ***, de su índice, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del citado quejoso; ordenando el archivo definitivo. Ahora, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones se observa que el quejoso señaló como acto reclamado al referido agente responsable lo siguiente: (.) ".con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, me fue recibido por dicha autoridad un escrito en el que solicité la determinación correspondiente de la averiguación previa ***, pero resulta que hasta el día de hoy no se me notificado ninguna respuesta por parte de la autoridad responsable la petición que realice." Indagatoria que conforme a lo manifestado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, fue iniciada con motivo de su detención por el delito de robo de vehículo al comprar una motocicleta marca **o, color rojo, modelo 2006, con placas de circulación **, del Estado de Campeche, con número de serie ** y aparentemente dicho vehículo tenía reporte de robo; sin embargo y a pesar que el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, le solicitó determinara la averiguación previa no la ha realizado ni le ha notificado ninguna respuesta a su solicitud. Por otra parte, del Encargado del Despacho de la Fiscalía General Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el quejoso reclama la falta de seguimiento al oficio número 383/2017 de nueve de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la agente del Ministerio Público que tramita la averiguación previa **; a efecto de solicitar vía colaboración al representante social que conozca de la indagatoria ** de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que remita copias certificadas de esta última indagatoria iniciada en Ciudad del Carmen, Campeche, por el robo de la motocicleta identificada en párrafos anteriores. A su vez, del licenciado ***, agente del Ministerio Público encargado de la Agencia de Robo de Vehículos, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, reclama la falta de cumplimiento para remitir al agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, copias certificadas de la averiguación previa *** de la Fiscalía General del Estado de Campeche. En ese contexto, del contenido de las copias certificadas que acompañó la agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, aparece que con motivo de la remisión por parte del licenciado ***, agente del Ministerio Público encargado de la Agencia de Robo de Vehículos, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, de las copias certificadas de la averiguación previa **** de la Fiscalía General del Estado de Campeche; en resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del aquí quejoso citado quejoso. Porque de las diversas copias certificadas de la averiguación previa *** de la Agencia de Robo de Vehículos con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, iniciada con motivo de la denuncia formulada por **, persona que fuere el primer propietario de la motocicleta marca ***, color rojo, modelo 2006, con placas de circulación **, del Estado de Campeche, con número de serie **, número de motor ***, con motivo del robo de dicho automotor. Existe una diversa comparecencia de dicho denunciante de ocho de mayo de dos mil seis, en la cual informó que había recuperado la motocicleta de su propiedad. Por ese motivo, la agente del Ministerio Público de la Mesa de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, estimó que con ello queda acreditado que cuando el aquí quejoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad, la multicitada motocicleta ya había sido recuperada, pero faltaba dar de baja el reporte de robo de dicho automotor. Entonces, como en los autos de la averiguación previa *** obra ya la consulta realizada al Encargado del Centro de Información del Sistema Nacional Arturo Delgado Mendoza, quien informó que la motocicleta marca **, color rojo, modelo 2006, con placas de circulación ***, del Estado de Campeche, con número de serie ***, cuenta con reporte de vehículo recuperado y ya no tiene reporte de robo. En consecuencia estableció que la conducta atribuida al aquí quejoso no es constitutiva de delito conforme a la descripción típica contenida en el Código Penal del Estado de Puebla; por ello no ha lugar a ejercitar acción penal contra el aquí quejoso por el hecho denunciado. De ahí que ordenó el archivo definitivo de la AP-***, de su índice. Resolución que fue notificada al aquí quejoso el veintiocho de junio de dos mil diecinueve según constancia de esa misma fecha (foja 303 del juicio de amparo), en la que aparece firma de notificado del propio quejoso. Dichas documentales en copias certificadas anexas de la autoridad responsable (fojas 295 a 305), así como las diversas constancias de cuenta, constituyen una prueba documental pública que merece pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; por tanto, se desprende se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se afirma lo anterior, pues el quejoso reclama la omisión de dar respuesta a su solicitud realizada mediante escrito presentado ante la responsable el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la citada averiguación y su notificación; así como la falta de cumplimiento por parte del licenciado ***, agente del Ministerio Público encargado de la Agencia de Robo de Vehículos, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, de remitir las copias certificadas de la averiguación previa ** de la Fiscalía General del Estado de Campeche. Entonces es innegable que la omisiones aquí combatidas cesaron en sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección de la justicia de la unión solicitada. En esa virtud, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas, pues este juicio tenía como objeto obligar al licenciado ***, agente del Ministerio Público encargado de la Agencia de Robo de Vehículos, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, a remitir las copias certificadas de la averiguación previa *** de la Fiscalía General del Estado de Campeche, a su homólogo de la Fiscalía General del Estado de Puebla y respecto a este último a pronunciarse respecto al ejercicio o inejercicio de la acción penal respecto al aquí quejoso. Lo cual ya realizó en resolución dictada el veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, en la averiguación previa ** de su índice, al pronunciar la contestación a su escrito y su respectiva notificación personal al aquí quejoso. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esa virtud, al actualizarse la causal de improcedencia invocada de manera manifiesta e indudable, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo 855/2018-V, promovido por ***con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. "(.) De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha señalada para las diez horas con treinta y dos minutos del doce de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
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